Adan José Calvillo Romero
Expediente 709/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 709/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Adan José Calvillo Romero
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal, no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 288, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental, atendiendo a que carece de valor jurídico e histórico, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. Ahora bien, en virtud de que obran documentos que se estiman de valor o interés para la parte quejosa, que exhibió como prueba en el escrito inicial de demanda, requiérase al oferente, para que dentro del término de noventa días, realice cita respectiva para su entrega a la siguiente liga https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/home, esto como una medida para evitar posibles contagios relacionados con el virus COVID-19, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con el presente expediente. Ahora, toda vez que el juicio en que se actúa se encuentra totalmente concluido, se ordena el archivo definitivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Por otra parte, téngase por recibido el escrito del quejoso Adán José Calvillo Romero, con el que refiere que no promoverá recurso alguno en contra de la inadmisión del juicio en que se actúa; asimismo, solicita la devolución de los documentos exhibidos con su escrito inicial de demanda, autorizando a las personas que refiere en el ocurso que se acuerda, para recoger la documentación en mención. De lo anterior este juzgado toma conocimiento sin lugar hacer mayor pronunciamiento al respecto en razón a lo apuntado en párrafos que anteceden. Finalmente, en relación a los documentos dígase que deberá de estarse a lo acordado en líneas que anteceden, en las cuales se hizo pronunciamiento respecto los documentos en mención. Notifíquese por correo electrónico a la parte quejosa.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de octubre de dos mil veinte. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve **** por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra de la autoridad y los actos que enseguida se precisan: Autoridad responsable Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México. SYM Grúas, sociedad anónima de capital variable. Actos reclamados La omisión de dar respuesta a la solicitud vía telefónica interpuesta por el quejoso. La negativa de devolución del vehículo **** que dice es de su propiedad. IMPROCEDENCIA DE DEMANDA Ahora bien, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - - - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. - - - Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.). El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio. De lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que les produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro y texto: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Ahora bien, en el caso que nos ocupa el quejoso señala como actos reclamados: La omisión de dar respuesta a la solicitud vía telefónica interpuesta por el quejoso. La negativa de devolución del vehículo ******que dice es de su propiedad. En ese contexto, previamente al juicio de amparo, el quejoso debió interponer recurso de inconformidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 186 y 187 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; o bien, el juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 229, fracciones II y IV, del propio ordenamiento local. Dichos preceptos prescriben: Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. Artículo 187. El recurso de inconformidad procede en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y (.) Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: (.) II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación. (.) IV. Los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código. (.) Lo anterior es así, en virtud de que los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no exigen mayores requisitos para otorgar dicha medida que los que establecen los numerales 128 a 158 de la Ley de Amparo. Por lo que, al no existir excepción al principio de definitividad, el quejoso se encuentra obligado a agotar los medios ordinarios de defensa que prevé el ordenamiento procesal administrativo que rige el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia PC.II.A.J/3A(10a), del Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito de rubro y texto: SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional. Por consiguiente, en virtud de que la parte quejosa reclama diversos actos de carácter administrativo que atribuye a diversas autoridades de la misma naturaleza, previamente a acudir al juicio de amparo, debió proceder de la siguiente forma: 1. Debió interponer optativamente el recurso de inconformidad, previsto en los citados artículos 186 y 187 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; y después debió agotar el juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 229, fracciones II y IV, del propio ordenamiento local. 2. O bien, debió agotar de manera directa, pero obligatoria, el juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 229, fracciones II y IV, del citado ordenamiento administrativo local. Apoya a lo anterior, la tesis II.3o.A.116 A (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto: SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO AUXILIAR DE ARRASTRE Y TRASLADO DE VEHÍCULOS ESTÁN OBLIGADOS A CUMPLIRLAS, CUANDO SEAN SEÑALADOS COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN EL JUICIO DEL QUE DERIVAN. De conformidad con el artículo 7.26, fracciones XVII y XXI, del Código Administrativo del Estado de México son obligaciones de los concesionarios del servicio público de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos, remitirlos de manera directa e inmediata al depósito autorizado más cercano al lugar en donde se haya solicitado su prestación y, tratándose del servicio auxiliar de arrastre y traslado, deben entregar una factura fiscal. En estas condiciones, si un concesionario de este último servicio traslada un vehículo al corralón y expide el comprobante relativo, como consecuencia de la petición realizada por un oficial de tránsito, no puede considerarse como un simple particular, de cuyos actos no deba conocer el Tribunal de lo Contencioso Administrativo local, habida cuenta que no actuó por sí solo, como una manifestación de voluntad propia, sino que lo hizo en estricto cumplimiento al numeral citado. Por tanto, si una empresa prestadora del servicio referido fue señalada como autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo e, incluso, contestó la demanda entablada en su contra, en términos del artículo 279 del Código de Procedimientos Administrativos de la entidad, está obligada a cumplir la sentencia favorable al actor y, consecuentemente, la Sala Regional del conocimiento puede requerirla al efecto e imponerle la multa correspondiente en caso de renuencia, sin que ello viole sus derechos fundamentales. Cabe mencionar que el artículo 1 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece: Artículo 1. Las disposiciones de este Código son de orden público e interés general y tienen por objeto regular el acto y el procedimiento administrativo ante las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, los municipios y los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal con funciones de autoridad, así como el proceso administrativo ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo del Estado de México. Salvo disposición expresa en contrario, el presente ordenamiento no es aplicable a los integrantes de la Legislatura del Estado de México, a la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de México, a los consejos tutelares de menores, a las materias laboral y electoral, ni a los conflictos suscitados entre los integrantes de los ayuntamientos, y por la elección de las autoridades auxiliares municipales. Para efectos de este Código, se entiende por: I. Acto administrativo, la declaración unilateral de voluntad, externa y de carácter individual, emanada de las autoridades de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal, que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica concreta; II. Procedimiento administrativo, la serie de trámites que realizan las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública estatal o municipal, con la finalidad de producir y, en su caso, ejecutar un acto administrativo. Conforme a dicho precepto por acto administrativo debe entenderse la declaración unilateral de voluntad, externa y de carácter individual, emanada de las autoridades de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal, que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica concreta. En la especie, los actos que reclaman el quejoso encuadran en la citada definición legal, pues con su dictado se ve afectada su situación jurídica concreta en cuanto a su esfera patrimonial. Amén de que, los actos reclamados no se encuentran dentro de las excepciones previstas en el segundo párrafo del citado artículo 1 del ordenamiento procesal referido, a saber: Que se trate de los integrantes de la Legislatura del Estado de México. Que se trate de actos relativos a la Universidad Autónoma del Estado de México. Que se trate de actos relativos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Que se trate de actos relativos a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de México. Que se trate de actos relativos a los consejos tutelares de menores. Que se trate de actos relativos a las materias laboral y electoral. Que se trate de actos relativos a los conflictos suscitados entre los integrantes de los ayuntamientos. Que se trate de actos relativos a la elección de las autoridades auxiliares municipales. Ahora bien, como lo establece el artículo 111 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, los particulares podrán promover el juicio contencioso administrativo por un actos administrativos o fiscales que afecten en sus derechos e intereses legítimos, en consecuencia, en el caso en concreto el quejoso al ver afectado si interés legítimo por los actos que por esta vía combaten, están en aptitud de combatirlos a través del juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior, atendiendo a la situación de hecho en que se ubican respecto de los actos combatidos por esta vía y tal y como lo establece el artículo 11 del código adjetivo al verse afectados los particulares sus derechos e intereses legítimos, deben promover el juicio contencioso administrativo medio a través del cual pueden restituirse el goce de sus derechos. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia en esencia radica en que los actos reclamados no son definitivos para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. Es indudable, ya que esta situación no podría ser desvirtuada con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. EXHORTO A LAS PARTES DE CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Toda vez que la demanda que nos ocupa se presentó de manera física; por tanto, con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia con el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea, y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para tal efecto, el Consejo de la Judicatura Federal, mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que a partir de esa data se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal ***** y contar con la credencial para votar con fotografía como identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos ***** DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este juzgado, en virtud de que así lo solicitó expresamente en el escrito de demanda. CORREO ELECTRÓNICO Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa en su escrito de demanda refirió un correo electrónico scamposrodea@hotmail.com, y dadas las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, se tienen como medio alternativo de comunicación, esto mientras continúen vigentes las medidas sanitarias derivadas de la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19. AUTORIZADOS En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a los restantes para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé en su parte final el segundo párrafo del numeral en cita. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Y FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente Notifíquese; por correo electrónico a la parte quejosa.
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