Adela Fernández Córdova
Expediente 1133/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1133/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 10/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Adela Fernández Córdova
- Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, diez de mayo de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 1133/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, diez de mayo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de trece de febrero de dos mil veintitrés (fojas 75-78), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, del estado de autos se aprecia que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda exhibió diversas constancias como pruebas de su parte, en tales condiciones, en términos por lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se ordena la devolución de los documentos exhibidos en su escrito inicial de demanda, siempre y cuando obren agregadas en autos, previa razón de entrega, y copia certificada que de los mismos que se deje en autos o en su caso previa constancia de desglose." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley."Boca del Río, Veracruz, diez de mayo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de trece de febrero de dos mil veintitrés (fojas 75-78), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, del estado de autos se aprecia que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda exhibió diversas constancias como pruebas de su parte, en tales condiciones, en términos por lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se ordena la devolución de los documentos exhibidos en su escrito inicial de demanda, siempre y cuando obren agregadas en autos, previa razón de entrega, y copia certificada que de los mismos que se deje en autos o en su caso previa constancia de desglose."
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de mayo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de trece de febrero de dos mil veintitrés (fojas 75-78), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, del estado de autos se aprecia que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda exhibió diversas constancias como pruebas de su parte, en tales condiciones, en términos por lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se ordena la devolución de los documentos exhibidos en su escrito inicial de demanda, siempre y cuando obren agregadas en autos, previa razón de entrega, y copia certificada que de los mismos que se deje en autos o en su caso previa constancia de desglose. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de diez de mayo del presente año que a la letra dice: En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de trece de febrero de dos mil veintitrés (fojas 75-78), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, del estado de autos se aprecia que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda exhibió diversas constancias como pruebas de su parte, en tales condiciones, en términos por lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se ordena la devolución de los documentos exhibidos en su escrito inicial de demanda, siempre y cuando obren agregadas en autos, previa razón de entrega, y copia certificada que de los mismos que se deje en autos o en su caso previa constancia de desglose. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
SENTENCIA Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 1133/2022, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el seis de diciembre de dos mil veintidós, por medio de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Boca del Río, Veracruz, y turnado el día siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito, ADELA FERNÁNDEZ CÓRDOVA, por propio derecho y en representación de la menor con iniciales IEPP, promovió juicio de amparo contra actos del 1. Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, y otras autoridades, mismos que serán precisados en el considerando segundo de la presente sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia. SEGUNDO. Prevención y Admisión. Luego de subsanar la prevención de la demanda que se hizo mediante acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, por auto del veinte siguiente (fojas 31-34) se acordó dar trámite a la demanda de mérito; solicitar el informe justificado a las autoridades responsables; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; emplazar al tercero interesado, Luis Ángel Peña Fernández a quien se ordenó emplazar al presente juicio; lo que de hecho así se hizo (fojas 38-39) sin que hubiera comparecido a juicio, y fijar fecha y hora para celebrar audiencia constitucional, que tuvo lugar el día y hora fijado para tal efecto. TERCERO. Ampliación de demanda. Mediante acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintitrés (fojas 107-109) se tuvo por ampliada la demanda de amparo, respecto de actos del 3. Juez Municipal de Medellín de Bravo, Veracruz, a quien se solicitó su informe justificado. Finalmente, al haber quedado integrada la litis del presente juicio, con los informes de las autoridades responsables (fojas 41-42 y 118) así como el emplazamiento del tercero interesado (fojas 38-39) la audiencia constitucional tuvo verificativo en la fecha y hora prevista para tal efecto, sin que hasta el momento obre constancia en el sentido de que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo vigente, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII, y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo, del Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, por cuestión de la vía, en virtud de que se reclama la ilegalidad del emplazamiento por quien se ostenta como tercera extraña a juicio por equiparación, lo que es impugnable en amparo indirecto. Por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia en todas las materias. Finalmente, por cuestión del territorio, toda vez que la ejecución del acto reclamado tuvo lugar dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de las demandas de amparo, de las constancias de los autos, y conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia, se precisa que los actos reclamados a las autoridades responsables, en la estricta esfera de sus facultades, son: Del 1. Juez y 2. Actuario adscritos al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, así como del 3. Juez Municipal de Medellín de Bravo, Veracruz, son: La falta de emplazamiento o la ilegalidad del que se realizó de la parte quejosa en el juicio Ordinario Civil 811/2022 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz; así como todas sus consecuencias y demás actos que le suceden al primigeniamente reclamado. Respecto de la existencia del citado juicio civil, la quejosa adujo que tuvo conocimiento el día veintinueve de noviembre de dos mil veintidós; lo cual, en su caso, se cita sólo para determinar la oportunidad de la promoción del presente juicio. Así pues, establecida la fijación clara y precisa de los actos reclamados, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, la existencia de dichos actos se encuentra o no probada respecto de las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Inexistencia de actos. Aun cuando al rendir su respectivo informe justificado, las autoridades responsables, 1. Juez y 2. Actuario adscritos al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz (fojas 41-42) así como el 3. Juez Municipal de Medellín de Bravo, Veracruz (foja 118) reconocieron la existencia del juicio natural; sin embargo, negaron la existencia del emplazamiento combatido; por lo cual debe tenerse por desvirtuada en el presente juicio, resultando procedente sobreseer en el mismo, según se verá a continuación. MARCO JURÍDICO El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo es del contenido siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; (.)" Del numeral trascrito se desprende que debe decretarse el sobreseimiento en los juicios de amparo, cuando apareciere claramente demostrado de las constancias de autos, que no existe el acto reclamado, o cuando no se haya probado su existencia en la audiencia constitucional. Cabe destacar que se han sostenido criterios aislados, en los que se alude que aun cuando la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifiesta que es cierto el acto que se reclama, ello no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario. Es decir, debe sobreseerse en el juicio cuando se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. Incluso se ha sostenido que, cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; de manera que si obra en autos constancia de la inexistencia de tal acto, queda desvirtuada aquella presunción. Por identidad a lo analizado, orientan lo anterior las tesis que son del contenido siguiente: SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis. ACTO RECLAMADO. PRESUNCION DE CERTEZA, CUANDO NO OPERA. De acuerdo con el artículo 149 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; de manera que si obra en autos constancia de la inexistencia de tal acto, queda desvirtuada aquella presunción. INFORME JUSTIFICADO, FALTA DE. SE DESVIRTUA LA PRESUNCION DE CERTEZA SI EL ACTO RECLAMADO NO EXISTE. Cuando de las constancias de autos aparece claramente demostrado que no existe el acto reclamado, debe sobreseerse en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, aun cuando opere la presunción de certeza derivada del artículo 149 del propio ordenamiento legal en cita por haber omitido las autoridades responsables rendir su informe justificado. ANTECEDENTES Previo a proceder al análisis de la existencia de los actos reclamados, se estima conveniente hacer la relatoría de los antecedentes que se desprenden de las copias certificadas del juicio ordinario civil 811/2022 de origen, y que, en lo que al caso importa, son referidos en la siguiente forma: 1.- El juicio ordinario civil de origen fue promovido ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, por el tercero interesado, Luis Ángel Peña Fernández, en contra de la aquí quejosa, ADELA FERNÁNDEZ CÓRDOVA, de quien demandó la guardia y custodia preferente, respecto de su menor hija con iniciales IEPP (fojas 45-49). 2.- Luego de que se admitiera la demanda (fojas 58-59) se giró despacho al 3. Juez Municipal de Medellín de Bravo, Veracruz, para el efecto de que se realizara el emplazamiento de la parte demanda y, quien, mediante acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veintidós, si bien ordenó realizar el emplazamiento encomendado, devolvió (sin diligenciar) el despacho que recibió, al concluir que el domicilio señalado para tal efecto no era claro para llevar a cabo el emplazamiento reclamado, según la razón levantada el doce de agosto de dos mil veintidós (fojas 120). Las anteriores, en lo que al caso importa, son las actuaciones existentes hasta el momento en que se rindió el informe justificado en el presente juicio de amparo. SUBSUNCIÓN En el contexto anterior, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, ante la inexistencia de los actos combatidos. Debe resaltarse que el indebido reconocimiento del acto reclamado que hacen las autoridades responsables, está vinculado con la existencia del juicio ordinario civil de origen y, en su caso, la orden de emplazamiento que se decretó realizar en el mismo. Así, es de resaltarse que dicho reconocimiento no incluye el emplazamiento de que se duele la parte quejosa, por lo que es posible afirmar que no existe el emplazamiento combatido del que se duele la parte quejosa a pesar del reconocimiento de la existencia del aludido juicio civil, al cual, desde luego, tiene expedito su derecho para concurrir directamente a solicitar que se le emplace al mismo. CONCLUSIÓN En los términos antes apuntados y considerando que, conforme a la hipótesis antes señalada, debe sobreseerse en el presente juicio promovido por ADELA FERNÁNDEZ CÓRDOVA, por propio derecho y en representación de la menor con iniciales IEPP, al haber quedado acreditado, de las constancias que integran el mismo, la inexistencia de los actos aquí reclamados. En congruencia con lo anterior, se precisa que no se analizarán los argumentos alegados vía conceptos de violación por la peticionaria de amparo, al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, lo cual es acorde al criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la jurisprudencia que es del rubro "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 74, 75, 76, y demás aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ADELA FERNÁNDEZ CÓRDOVA, por propio derecho y en representación de la menor con iniciales IEPP, contra el acto y autoridades referidas en los dos últimos considerandos de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte tercero interesada la sentencia engrosada el catorce de abril de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos.
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