Adela Domínguez Molina

Expediente 917/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
917/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
09/03/2022

Partes del expediente

  • Adela Domínguez Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de marzo de dos mil veintidós. De la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia en la que se SOBRESEYÓ en el juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el ocho de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-7). SEGUNDO. Trámite. Por auto de once de octubre siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la autoridad responsable su informe justificado y, dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita (fojas 10-14). Se tuvo por agregado en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 19-21). El veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se acordó: requerir a la parte quejosa manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto de la contestación dada por la autoridad responsable a la queja que formuló (fojas 40-41). Luego, el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se certificó que la parte quejosa no amplió su demanda de amparo dentro del plazo que para ello se le concedió, por lo que se ordenó continuar el presente juicio en los términos planteados en el escrito inicial de demanda (foja 46). Integrado que estuvo el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales.CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, en Boca del Río, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo del Acuerdo General 03/2013. Por la vía, en virtud de que se reclama la omisión de una autoridad administrativa de dar contestación a una solicitud, que atenta contra el derecho fundamental de petición previsto en el artículo 8° constitucional, impugnable en amparo indirecto. La materia, en razón que se actúa como órgano de instrucción en materias penal, laboral y civil, así como de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues la omisión reclamada prescinde de ejecución material. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, se aprecia que consiste en: La omisión del Delegado en Veracruz de la Procuraduría Federal del Consumidor, de dar trámite a la queja promovida en contra del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) contenida en el formato de trámite de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. El Director de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Golfo-Centro, en Veracruz, Veracruz, al rendir su informe justificado negó la existencia de la omisión que se le atribuye, pues sostuvo que al momento de la presentación de la demanda se encontraba en tiempo para resolver sobre la presentación de la queja, ya que no habían transcurrido los tres meses con que cuenta para resolver sobre las peticiones de la quejosa, como lo establece el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Sin embargo, tal como lo manifestó la responsable en su informe de ley, al momento de la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto, no se había dado trámite a la queja presentada por la quejosa en contra del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS). Lo que se corrobora, con las constancias que remitió como justificación de sus actos, pues de las mismas se aprecia que hasta el trece de octubre de dos mil veintiuno radicó dicha queja, señalando fecha para la audiencia de conciliación (fojas 19-36). Documentales que tienen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. De lo anterior, se aprecia la certeza de la omisión reclamada por la quejosa, ya que la autoridad responsable radicó y dio trámite a la queja presentada por la solicitante del amparo el trece de octubre de dos mil veintiuno, esto es, con posterioridad al ocho de octubre del citado año, en que se presentó la demanda de amparo con que se formó este expediente. De ahí, que dicha negativa queda desvirtuada, lo anterior en observancia además de la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, a criterio de este juzgador, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, puesto que cesaron los efectos de la omisión reclamada, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El referido numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Hasta aquí el marco legal. ANTECEDENTES Previo a explicar el motivo de improcedencia que se actualiza, se relatan brevemente los siguientes antecedentes del acto reclamado, obtenidos de la constancia que exhibió la quejosa y de las remitidas por la autoridad responsable, que permitirán su comprensión: 1). Mediante queja presentada el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, ante la Procuraduría Federal del Consumidor en Veracruz, Veracruz, Adela Domínguez Molina (aquí quejosa) formuló queja en contra del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) por no contar con servicio de agua potable, así como la existencia de datos falsos sobre adeudos, entre otros. 2). El veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se recibió en este Juzgado de Distrito el informe justificado de la aludida autoridad señalada como responsable, en el que negó la existencia de la omisión reclamada, argumentando que al momento de la presentación de la demanda se encontraba en tiempo para resolver sobre la presentación de la queja, ya que no habían transcurrido los tres meses con que cuenta para resolver sobre las peticiones de la amparista, tal como lo establece el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y que además el trece de octubre de dos mil veintiuno radicó la queja formulada por la amparista bajo el número de expediente PFC.VER.B.3/002433-2021, lo cual fue notificado a la quejosa el quince de octubre siguiente (fojas 19-21). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la segunda, pues en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que la autoridad responsable emitió un nuevo acto que incide en la omisión de dar trámite a la queja que le formuló la parte quejosa, sustituyéndose la omisión por esa respuesta. Lo anterior se desprende de las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación de sus actos, de donde se aprecia que trece de octubre de dos mil veintiuno radicó la queja presentada por la quejosa, bajo el número de expediente PFC.VER.B.3/002433-2021 y, señaló las nueve horas con cuarenta minutos del uno de febrero de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia de conciliación (fojas 22-24). Dicha radicación fue notificada a la aquí quejosa en el domicilio que señaló para tal efecto, mediante cédula de notificación de quince de octubre de dos mil veintiuno (foja 33) lo que demuestra que la quejosa tiene conocimiento pleno de la tramitación realizada por la autoridad responsable a la queja que presentó. Asimismo, con base en dicha respuesta, mediante proveído de veintiséis de octubre de la anualidad pasada, se requirió a la quejosa a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto de la contestación efectuada por la autoridad responsable (el acuerdo de radicación de trece de octubre de dos mil veintiuno emitido en el expediente PFC.VER.B.3/002433-2021) sin que al efecto lo hubiese hecho así. Por lo anterior, el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se certificó que la parte quejosa no amplió su demanda de amparo dentro del plazo concedido para ello, por lo que se ordenó continuar el presente juicio por la autoridad y los actos reclamados en el escrito inicial de demanda. De lo anterior, se observa que la parte quejosa tuvo conocimiento pleno de radicación del expediente PFC.VER.B.3/002433-2021 en que se dio trámite a su queja; por ende, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, al haber desaparecido en su totalidad la omisión que reclama, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8° de la Constitución Federal. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 205/2008 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Se destaca que, si bien, dichas jurisprudencias son anteriores a la Décima Época, aun así son aplicables a la Ley de Amparo vigente, atento que no se oponen a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. CONCLUSIÓN En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia analizado. Por tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Adela Domínguez Molina, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. De la certificación que antecede se desprende que el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo, transcurrió sin que lo hubiera hecho; ello es así, ya que la notificación se realizó vía correo electrónico el tres de noviembre del presente año, por lo que conforme al artículo 22 de la Ley de Amparo, la misma surtió sus efectos el cuatro del mismo mes y año, por lo que el plazo empezó a contar del cinco al veintiséis de noviembre del año en curso, sin contar, los días inhábiles conforme al 19 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, conforme a lo decretado en el auto veintiséis de octubre, se continúa el presente juicio únicamente en relación con la autoridad y actos señalados en el escrito inicial de demanda. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de quince días hábiles otorgado a la parte quejosa en proveído de veintiséis de octubre de la presente anualidad a fin de que, si así lo desea, amplíe su escrito de demanda por cuanto hace a la contestación realizada por el 1. Director de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Golfo-Centro, con residencia en Veracruz, Veracruz, fenece el veintiséis de noviembre de la presente anualidad. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Ingrid Alvarez Cruz, con quien actúa y da fe.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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