Addy Raissa Cachón López

Expediente 1478/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1478/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
12/09/2022

Partes del expediente

  • Addy Raissa Cachón López

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de trece de julio de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General de Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de julio de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Actuario de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al respecto, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, en virtud que el trece del julio del año en curso, se sobreseyó en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aplicable, de conformidad con el oficio de autorización número CCJ/ST/C/1268/2022 de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, asistido del licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de julio de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al que acompaña diversas constancias relacionadas con el acto reclamado. Ahora bien, de la lectura del informe justificado y constancias anexas al mismo, se advierte la existencia de las causales de improcedencias previstas en la fracción XXI del artículo 61 y IV del numeral 63 de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, en esencia, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la autoridad responsable de contestar la petición formulada mediante escrito de diez de mayo del año en curso, presentado el once del mismo mes y año, en autos del juicio laboral 739/2017 y la negativa, por parte del actuario responsable, de realizar la diligencia de requerimiento de pago del laudo y/o embargo. Sin embargo, de la lectura de las constancias que remitió la Junta responsable, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo aplicable, se advierte que el veinticuatro de junio de mil veintidós, dicha responsable dio contestación a la petición formulada mediante escrito de diez de mayo del año en curso, presentado el once del mismo mes y año, en autos del juicio laboral 739/2017. Lo anterior es posterior a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el nueve de junio de dos mil veintidós, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este Órgano de Control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Por su parte, respecto del diverso acto reclamado al Actuario adscrito a la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en la omisión de realizar la diligencia de requerimiento de pago de laudo y/o embargo, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que no se ha ordenado o comisionado a dicho Actuario a realizar dicha diligencia. Lo anterior, porque quedó demostrado que hasta antes del veinticuatro de junio de mil veintidós, la autoridad responsable ordenadora no había decretado auto de requerimiento de pago de laudo y embargo; por tal motivo, dicha omisión reclamada es inexistente. En las relatadas consideraciones, es obvio que en el caso operan las causales de improcedencia, previstas en la fracción XXI del artículo 61 y fracción IV del diverso numeral 63 de la Ley de Amparo; motivando el sobreseimiento en este juicio de amparo, por lo tanto, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Robustece lo anterior, la tesis XIII.1º.P.T.27 K (10ª) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2019803, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día de hoy trece de julio de dos mil veintidós a las doce horas con cincuenta minutos. Por otra parte, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el alegato ministerial número 561/2022 signado por el Agente del Ministerio Público Federal en auxilio de la adscrita al Juzgado a este Juzgado, mediante el cual formula alegatos y solicita se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte en el presente juicio. Lo anterior, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, en virtud que en esta propia fecha, se sobreseyó en el presente juicio. Como lo solicita la representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, expídasele copia certificada del presente acuerdo para los efectos que corresponda. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aplicable, de conformidad con el oficio de autorización número CCJ/ST/C/1268/2022 de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, asistido del licenciado Sergio Manuel López Hernández, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de junio de dos mil veintidós. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que la autoridad señalada como responsable que tiene su residencia en la Ciudad de México, aún no han rendido su informe previo ni obra en autos el acuse de recibo del oficio con el que se le solicitó el mismo, por tanto, para evitar mayores dilaciones reenviase el oficio mediante el cual se solicitó, por la vía acelerada Estafeta. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia Incidental señalada para el día de hoy y se fijan para su celebración ocho horas con cincuenta y cinco minutos del uno de julio de dos mil veintidós. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables de este asunto, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002576, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

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