Addy Patricia Sabido Baquedano y Otros.
Expediente 601/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 601/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Addy Patricia Sabido Baquedano y Otros.
- Addy Patricia Sabido Baquedano
Actuaciones
- Principal
Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 601/2020-I, promovido por José Razu Seba, por propio derecho y en representación de sus hijas menores de edad de iniciales S. S. y S. todas R. J. , en contra del acto que reclama del Juez Tercero de Oralidad Familiar, turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado y otra autoridad, por estimarlo violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil veinte, José Razu Seba, por propio derecho y en representación de sus hijas menores de edad de iniciales S. S. y S. todas R. J. promovió amparo indirecto en contra del acto que reclama del Juez Tercero de Oralidad Familiar, turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, Actuario de esa adscripción y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que consiste en el auto de ocho de julio de dos mil veinte dictado por dicho juez en el expediente 175/2020, en el que ordenó al quejoso el abandono del domicilio conyugal, señaló días y horas para convivir con sus hijas y le impuso pago de pensión alimenticia; y de las autoridades ejecutoras, la diligencia de escucha de las menores y la ejecución de las medidas del acuerdo referido. Segundo. Radicación y admisión de demanda. Por razón de turno tocó recibir la demanda a este juzgado de Distrito, que tras cumplirse con la prevención formulada, por auto de dieciséis de julio de dos mil veinte, admitió la demanda de amparo, dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, designó represente especial a las menores de edad y ordenó emplazar a la tercero interesada. Tercero. Primera ampliación de demanda. Con motivo del escrito de ampliación de demanda del quejoso José Razu Seba, presentado el cinco de agosto de dos mil veinte, por auto de siete del citado mes y año, se tuvo por ampliada la misma, únicamente respecto del acto consistente en la omisión de acordar las pruebas en psicología y toxicología que requirió se practicaran a María Nelly Johansen Correa, atribuido al Juez Tercero de Oralidad Familiar, turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, pero se desechó la ampliación de los diversos actos atribuidos al Actuario adscrito al Juzgado mencionado y a la Encargada de la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado; por lo que corrió traslado a las partes y se requirió el informe justificado respectivo. Cuarto. Segunda ampliación de demanda. En diverso escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, el quejoso José Razu Seba, promovió diversa ampliación de demanda de amparo, la que por auto de dos de septiembre del año referido se admitió a trámite, respecto al acto reclamado al mencionado juez responsable, señalado como la omisión de acordar la solicitud realizada en escrito presentado el veinte de agosto del año referido; se corrió traslado a las partes y se solicitó el informe justificado correspondiente. Quinto. Trámite. Seguido con el curso del procedimiento, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede, por lo que es procedente dictar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos cuya ejecución se realizó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama los actos siguientes: Del Juez Tercero de Oralidad Familiar, turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado: El auto de ocho de julio de dos mil veinte dictado en el expediente 175/2020, relativo al procedimiento especial de divorcio incausado, en el que negó medidas de protección y estableció medidas provisionales consistentes en el abandono del domicilio conyugal por parte del quejoso, custodia y días y horas para convivencia con sus hijas y le impuso pago de pensión alimenticia. La omisión de acordar las pruebas en psicología y toxicología que solicitó se practicaran a María Nelly Johansen Correa. La omisión de acordar las solicitudes realizadas en escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veinte, relativas a dar vista al Consejo de la Judicatura del Estado con irregularidades que estimó ocurridas en el procedimiento familiar de origen y sobre el cambio de custodia provisional de sus hijas menores de edad, con base en pruebas ofrecidas en dicho escrito. Del Actuario adscrito al Juzgado responsable y del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán: La intervención en la diligencia de escucha de las menores y la ejecución de las medidas del acuerdo referido de ocho de julio de dos mil veinte. Tercero. Inexistencia de actos reclamados. En atención al orden en que fueron reclamados los actos, cabe destacar que el Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Jugados Civiles, Mercantiles y Familiares del Poder Judicial del Estado de Yucatán, al rendir su informe justificado se adhirió a lo manifestado por el titular del Juzgado responsable en su respectivo informe, siendo impreciso en pronunciarse en cuanto a los actos atribuidos; sin embargo, de las documentales derivadas del procedimiento de origen que fueron remitidas por la autoridad judicial, no se advierte que el citado Actuario hubiera tenido intervención en la diligencia de escucha de las menores implicadas; por lo tanto, dicho acto se tiene por inexistente. Por su parte, el Director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación de esa dependencia, en su informe justificado manifestó que no es cierto el acto que se le reclama; esto es, la intervención en la diligencia de escucha de las menores y la ejecución de las medidas decretadas en el acuerdo de ocho de julio de dos mil veinte, dictado por el juez responsable, lo anterior sin prueba en contrario, y sin que de las constancias remitidas por la autoridad judicial se desvirtúe la manifestación, por lo que el acto atribuido se tiene por inexistente. En tales condiciones procede sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos destacados, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Actos existentes. El Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado (denominación correcta), al rendir su inicial informe justificado, manifestó que es cierto el acto primigeniamente reclamado, esto es, el auto dictado el ocho de julio de dos mil veinte en el expediente 175/2020, relativo al procedimiento especial de divorcio incausado, en el que se pronunció sobre medidas provisionales; lo que se corrobora de las copias certificadas del expediente, que remitió en apoyo a su informe; por lo que los actos reclamados se consideran existentes. Además, el mencionado Juez responsable al rendir los diversos informes justificados negó los actos reclamados motivo de las ampliaciones de demanda, que consisten en la omisión de acordar las pruebas en psicología y toxicología que solicitó se practicaran a María Nelly Johansen Correa y la diversa solicitud realizada en escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veinte, respectivamente; sin embargo, de las propias constancias remitidas como sustento de sus informes, se advierte la certeza de esos actos al momento de promoverse las ampliaciones relativas y reclamarse los mismos, por lo que se tienen por existentes. A su vez, el Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Jugados Civiles, Mercantiles y Familiares del Poder Judicial del Estado de Yucatán, rindió su informe justificado en términos imprecisos, adhiriéndose a lo manifestado por el Juez responsable en cuanto a los actos atribuidos, en lo que interesa, respecto a la ejecución de las medidas del acuerdo de ocho de julio de dos mil veinte; sin embargo, de las constancias en consulta se desprende su participación en el acto en el ámbito de su competencia, que son las notificaciones; de manera que se tiene por existente. Quinto. Improcedencia respecto de los actos de omisión de acordar pruebas psicológicas y de toxicología y de pronunciarse por las solicitudes. En principio, debe examinarse si surge en el presente juicio alguna causal de improcedencia haciendo uso el que resuelve de la facultad que le otorga el artículo 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de estudio preferente. Al respecto, este resolutor de amparo advierte que en relación con los actos reclamados en contra de la autoridad responsable Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, de omisión de acordar las pruebas en psicología y toxicología que solicitó se practicaran a María Nelly Johansen Correa y, las solicitudes del diverso escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veinte, relativas a dar vista al Consejo de la Judicatura del Estado con irregularidades que estimó ocurridas en el procedimiento familiar de origen y sobre cambio de custodia provisional de sus hijas menores de edad, con base en pruebas ofrecidas en dicho escrito, todo ello en el expediente 175/2020, relativo al procedimiento especial de divorcio incausado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ...". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de las copias certificadas que el Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado remitió en apoyo a su respectivo informe justificado, al que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: El día veintiuno de agosto de dos mil veinte, el citado juez dictó acuerdo en el que proveyó sobre la referida prueba en psicología que la aquí parte quejosa solicitó se practicara a María Nelly Johansen Correa. En el citado acuerdo dictado el veintiuno de agosto de dos mil veinte, en lo que interesa, también se pronunció sobre la diversa solicitud de dar vista al Consejo de la Judicatura del Estado con supuestas irregularidades del procedimiento, a lo cual el juez indicó que dejaba a salvo los derechos del aquí quejoso, para que los ejercitara en la vía y forma legal que corresponda; además, en relación al cambio de custodia provisional, proveyó en el sentido de que previamente era necesario requerir a la tercera interesada el cumplimiento al régimen de convivencia y sobre el cuidado de las hijas menores de edad, ordenó la realización de un estudio social en el predio del abuelo de sus hijas, valoraciones psicológicas de ambos padres y las menores y, en cuanto a las pruebas ofrecidas en el escrito de mérito para sustentar su solicitud, se le admitió la documental, un USB, no se admitió la escucha de menores y se previno al oferente sobre la valoración psicológica de la madre. Por diverso proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, al cumplirse la prevención formulada, se pronunció respecto de la admisión de la prueba restante de toxicología, ofrecida en el escrito de solicitud de cambio de custodia provisional, girándose de los oficios respectivos y quedando así emitido el pronunciamiento sobre la solicitud de cambio de custodia y ordenado el desahogo de las pruebas que el juez estimó necesarias para ese fin. El primero de los referidos acuerdos fue notificado el veinticuatro del citado mes de agosto y el segundo el nueve de septiembre del año mencionado, respectivamente. Las anteriores determinaciones fueron posteriores a la fecha de presentación de las ampliaciones de demanda relativas a dichos actos, que en su orden datan del cinco y treinta y uno de agosto de dos mil veinte. Por lo tanto, es evidente que cesaron los efectos de los actos omisivos reclamados; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los mismos, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre ellos. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Sexto. Análisis de los conceptos de violación. Al no existir diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse de oficio, se procede estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a través de los conceptos que la parte quejosa expresó y están contenidos en su escrito de demanda, los que aquí se tienen por reproducidos con apoyo en la jurisprudencia 2ª/J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." La parte quejosa adujo que la autoridad responsable viola el artículo 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, que tutelan la protección de derechos humanos, de legalidad, seguridad jurídica e impartición de justicia, ya que estima que no se atendió el interés superior de las menores involucradas al emitir la determinación reclamada en el expediente 175/2020, del procedimiento especial de divorcio incausado, en el que se pronunció sobre medidas provisionales. Se duele que la autoridad responsable actuó con parcialidad y no valoró adecuadamente las pruebas ofrecidas, como el video donde se advierte alterada la tercera interesada, que el juez consideró que no podía establecerse si era como resultado de algún acto cometido por el quejoso, lo que éste estima ilógico, pues de ser así, aquella lo pudo hacer valer en la vía y forma adecuada, y si no lo hizo era porque no existió tal; de modo que él sí acreditó la conducta violenta ejercida por aquella, al verse ambos interactuando, incluso en presencia de sus hijas menores. Que la valoración del juez fue subjetiva y careció de fundamento y razón, sin reunir características de objetividad, singularidad y racionalidad, cuando la prueba aportada derivaba de hechos objetivos probados, con cuya valoración se infringieron los principios de legalidad e igualdad de género. En diverso concepto de violación la parte quejosa resintió las consideraciones del juez responsable, en relación con falta de pago de colegiaturas y entrevista realizada a una de sus hijas menores, de que por ello no acudió a la olimpiada de matemáticas. Señaló el quejoso que la manifestación de la madre y la menor era falsa, pues adujo que él acompañó a su hija a la competición, sin que hubiera podido aportar la constancia expedida a la menor, al no ser punto controvertido al solicitar las medidas provisionales. También indicó que siendo verdad que sus tres hijas estudiaban en un Instituto en el que obtuvieron buenas calificaciones y donde hacía lo posible porque permanecieran, debido a una situación económica difícil había realizado un convenio de pago para cubrir las colegiaturas, pero eso no era motivo para que la tercera interesada ejerciera violencia en su contra y para que el juez justificara la actitud de aquella ante la falta de pago, pues era erróneo ese criterio, que no era congruente ni lógico estimar que se pusiera en peligro la subsistencia, al no poder tener a sus hijas en una escuela de paga. Y que la manifestación de la madre y de la menor de sus hijas en el sentido de que ésta no acudía a montar por falta de pago, era falsa, ya que al margen de que no era una actividad esencial para su sano desarrollo, sí había ido a la clase del sábado once de julio de dos mil veinte, pero aún de no poder solventarlo, no denotaba falta de obligación de su parte, pues sería injusto que al ser tres sus hijas, sólo pagara a una de ellas, ni justificaba que su contraparte ejerciera violencia en su contra. En otro motivo de disenso, la parte quejosa combate la valoración de la escucha de menores, por una parte señaló que no se tomó en cuenta el motivo por el que una de sus hijas comenzó con terapia, que fue a solicitud de la escuela y después las tres menores fueron a valoración psicológica con la licenciada Leonor Cuevas Cervera, la cual obra en autos; por lo que aun existiendo contradicciones entre lo dicho por las menores con aquélla y en la audiencia de escucha, resultaba que una de sus hijas mintió en la entrevista, pues sí había acudido a la olimpiada de matemáticas porque el quejoso la llevó, sin poner en riesgo sus estudios , pues concluyó el curso con mención honorífica; además que continuaba con sus clases de equitación; por lo que el juez debió advertir que existía alienación parental con su madre. Que también fue contradictoria la valoración judicial de las otras dos menores, pues por una parte señaló que ellas no manifestaron que su madre las maltratara, pero no ponderó que sí expresaron que su mamá no les gritaba, sólo a su papá, lo que debió relacionar con el contenido de los videos que él ofreció para demostrar la violencia que dirigía tanto en contra de ellas como de él, por encontrarse presentes cuando ocurren las agresiones. Que de haber advertido el juez las contradicciones, debió haber ordenado exámenes para determinar si existía alineación parental de la madre o del quejoso, ya que es una forma de violencia. En un motivo de disenso distinto, el quejoso se duele de la falta de fundamentación y motivación del acto, mediante razonamientos lógico jurídicos de que las conductas encuadran en la norma; al señalar que el juez consideró que ya se había presentado una demanda de divorcio en diverso expediente 84/2015 ante su propia potestad, e invocó en sus conclusiones peticiones de ese diverso procedimiento, las que son ajenas a lo expuesto por las partes. De ahí que si fue el quejoso quien solicitó las medidas precautorias a favor de sus hijas por hechos posteriores a la demanda de divorcio, resultaba incongruente que se le condenara a salir del domicilio y a pagar pensión alimenticia, con base en una solicitud diversa que realizó el siete de septiembre de dos mil quince, sin considerar que desaparecieron los motivos que originaron aquella decisión cuando pretendía que sus hijas tuvieran un hogar formado con sus progenitores, y que al demandar el divorcio y medidas provisionales de las que derivó la resolución reclamada, las circunstancias eran otras, ya que obedecen a una amenaza real e inminente que no fue valorada debidamente, pues no reúne características esenciales de objetividad, singularidad y racionalidad, esto es, la prueba aportada deriva de hechos objetivos probados y la determinación es subjetiva y plurívoca en cuanto a los resultados posibles. Que la conclusión de la autoridad responsable para dictar las medidas cautelares se apoyó en el juicio de guarda y custodia promovida por la aquí tercera interesada y en hechos subjetivos que no guardan relación; que ni siquiera realizó una ponderación, ni citó normas o valores y principios, ni demostró con argumentos los aspectos fácticos del caso; por lo que resultó un acuerdo vago, impreciso, dogmático que no permite atacar el acto, por lo que deja a la parte quejosa en estado de indefensión, ante la deficiencia de fundamentación y motivación. Que la determinación que resultó prácticamente una condena para el quejoso y violatoria del interés superior de las menores; por lo que es contraria a la buena fe y la lealtad procesal dispuesta en el artículo 15 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. Además, la parte quejosa se duele que la resolución de las citadas medidas provisionales de abandono de domicilio conyugal, pensión alimenticia y fijación de convivencia, viola el principio de igualdad entre hombre y mujer, pues la autoridad se extralimitó en sus funciones, al no existir prueba que justifique su determinación, ya que no obstante ser quien promovió el juicio de divorcio y las medidas cautelares, sin que la tercera interesada hiciera denuncia por alguna agresión, omitió el enlace lógico jurídico de lo pretendido con las medidas cautelares por las que ni siquiera se pronunció y, como no tuvo derecho de réplica o de negar los elementos aportados en su contra, quedó en completa indefensión. En otro argumento, la parte demandante de amparo señaló que la tercera interesada continuaba agrediéndole verbalmente, en el sentido de que le quitaría a sus hijas, que por lo contactos que ella tenía, obtuvo la grabación de la audiencia de escucha, que ya sabía de la resolución del juez antes de que la notificaran y que lo iba sacar de la casa; que por tanto podría ser el motivo por el que la autoridad responsable emitió la determinación incongruente, infundada e inmotivada: Además, que de lo antes narrado exhibía grabaciones en USB como prueba en esta instancia de amparo. Que por los comentarios que le hizo la tercera interesada y que le afirmaba que nadie podía hacerle nada, ya que su hermano es Jefe del Departamento de Informática de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, es por lo que el promovente estimaba que en el juzgado responsable existía fuga de información que le impedía una adecuada defensa. También argumentó la parte quejosa, que en relación con la orden de salir del domicilio, pagar la pensión alimenticia y fijarle días y horas de convivencia, no era congruente con la petición formulada; además de que las menores le manifestaban tener miedo a su madre y que tenían que decir lo que ella les dijera; que de existir duda en la autoridad, en términos del numeral 79 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, debió recabar pruebas para dictar medidas en protección de los derechos de seguridad, seguimiento y terapias de las menores, pero no solamente tomar en cuenta lo que dijo una de las menores y no lo dicho por las dos restantes; además, ante la duda debió separar a la supuesta agresora del domicilio de aquellas, en protección a su interés superior por encima del de sus padres. En apoyo a sus conceptos de violación, la parte quejosa invocó las tesis de rubros: "PROTECCIÓN DE LA FAMILIA COMO DERECHO HUMANO EN EL DERECHO INTERNACIONAL. SU CONTENIDO Y ALCANCE", "SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL EN MATERIA FAMILIAR. SU TRATAMIENTO Y PONDERACIÓN JUIDICIAL DEBEN ENFOCARSE SOBRE LOS PARÁMETROS DE PROTECCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y DE EQUIDAD DE GÉNERO", "GUARDIA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4,228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO]" y la de "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA INVOLUCRA UNA VALORACIÓN DE PARTE DEL JUEZ". Los conceptos de violación son inatendibles en una parte e infundados en otra. En principio, resultan inatendibles los conceptos de violación formulados en relación con el régimen de convivencia entre el padre con sus hijas menores de edad, en virtud que de las constancias remitidas en alcance por el juez responsable, y en concreto la grabación de audio y video de la audiencia preliminar de ocho de octubre de dos mil veinte, celebrada en el procedimiento de origen, se advierte que ambos padres acordaron que la citada convivencia se llevaría a cabo cada semana, los días martes y jueves, de las cinco de la tarde a las ocho de la noche y, cada quince días de las seis de la tarde del viernes a las cinco de la tarde del domingo, fijándose como lugar de entrega y recepción, la caseta de la privada donde se encuentra el domicilio en el que habitan las menores. Ahora bien, en relación con los restantes motivos de molestia de la parte quejosa, se advierte del análisis a la resolución reclamada, que al pronunciarse la autoridad responsable sobre la solicitud de medidas de protección para las menores de edad involucradas y diversas medidas provisionales establecidas, expuso razonamientos que sirvieron de base para decidir sobre cada una de ellas; pronunciándose sobre los datos aportados y recabados de oficio; además, citó los fundamentos legales que prevén la materia, así como principios y tesis de criterios con interpretaciones sobre los temas abordados en el auto de comento. Contrario a lo argumentado, se advierte justificado lo anterior en las consideraciones que sustentaron el acto reclamado, pues es evidente que al plasmar su decisión, el operador jurídico aplicó en ella el interés superior del menor como fundamento del sentido determinado, conforme a las constancias remitidas con el informe justificado, valoradas en el considerando de existencia del acto reclamado, dan cuenta de que el asunto de origen de número 175/2020, es un procedimiento especial de divorcio incausado, en el cual se encuentran involucradas menores de edad. Esto porque bajo el enfoque de la máxima protección a los derechos de las hijas menores, el juez emitió el pronunciamiento de ocho de julio de dos mil veinte, respecto a la petición de medidas de protección a favor de ellas, tocante a la valoración de la prueba consistente en videos exhibidos por el aquí quejoso en el escrito inicial del procedimiento, con la pretensión de demostrar violencia familiar sufrida por sus hijas menores de edad, de la cual realizó una apreciación objetiva, al señalar que únicamente denotaban conflictos de la pareja, entendidos por su voluntad de no continuar casados, evidenciada de las manifestaciones de María Nelly Johansen Correa y del propio quejoso quien promovió el procedimiento natural; además se originaban de problemas económicos y falta de pago de colegiaturas por parte del promovente. Como se ha anticipado, fue ajustado a derecho el examen relativo del juez responsable, donde expuso que luego de examinar los videos y de entrevistar a las menores de edad, no advertía hechos de violencia en su contra y que por tanto no estaban en peligro con su madre. Destacó el juzgador natural que en los videos aparecía alterada la señora y que cuestionaba al promovente por la falta de pago de colegiaturas, y que sobre ese hecho también comentó una de las menores de edad durante la diligencia de escucha, refiriéndose a que si su papá no pagaba ella no podría ir a la olimpiada de matemáticas. También advirtió el responsable que los videos se grabaron en una habitación, por lo que no podían determinarse los sucesos previos a que la hoy tercera interesada ingresara a la misma, ni la causa de su molestia y si ésta era consecuencia de algún acto del aquí quejoso, quién a su vez también realizaba señalamientos ofensivos como que ella tenía "machos" y en otras ocasiones hacía provocaciones. Además, tomó en cuenta que de las entrevistas psicológicas hechas a las menores involucradas por la profesionista Leonor Elena Cuevas Cervera, contratada por el promovente -quejoso-, se contradecían con lo dicho por ellas en la diligencia de escucha; ya que la mayor de ellas dijo a la psicóloga que la relación con su papá era muy buena, siempre estaba con él y le tenía confianza, que siempre le apoyaba yendo a sus competencias de montar a caballo; que aquella en ocasiones le había dado una bofetada por no hacer las cosas que ella quería y que a veces también pasaba eso con sus hermanas, que se sentía más a gusto con el papá; mientras que en la escucha, la misma menor dijo que su mamá o el chofer la llevaban a clases de equitación, que su papá dejó de pagar las clases y ya no iba a montar, que con su mamá se llevaba muy bien y estaba más unida a ella y sus hermanas también. Que le gustaba salir a pasear con su papá y también con su mamá, que cuando se portaba mal era su mamá quien la corregía, que era quien daba más atención y estaba pendiente de ella y de sus hermanas, a quienes ayudaba a estudiar; sin que refiriera alguna agresión de su mamá. El juez responsable también analizó que había contradicciones respecto a las dos restantes hijas, la más pequeña y la mediana, que ante la psicóloga contratada por su ascendiente habían dicho una, que su mamá le pegaba si se portaba mal y a su papá lo "educaba" y la otra, que cuando era chiquita no le pegaba, pero cuando empezó a crecer si lo hacía; mientras que en la audiencia de escucha no expresaron ningún acto de violencia por parte de su madre o algún hecho del que se infiriera que se encontraban en riesgo al vivir con su mamá; más bien una de ellas al ser interrogada precisó que a ella no le golpeaba ni gritaba, que sólo a su papá le gritaba. La autoridad responsable destacó además, como hecho notorio de su conocimiento, que en el diverso expediente 84/2015 de procedimiento especial de divorcio incausado promovido por el propio promovente, propuso a la tercera interesada la guarda y custodia de las menores, como reconocimiento tácito de que ella ha asumido el cuidado de aquellas. Así fue que la autoridad responsable con base en esa serie de datos y no sólo el expediente de antecedentes, como adujo el quejoso, concluyó declarando que no accedía a otorgar las medidas de protección solicitadas por el promovente; además, citó como apoyo la tesis de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL DERECHO DE LOS MENORES A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA NO PUEDE ESTAR DETERMINADO POR UNA REGLA FIJA EN RAZÓN DE SU EDAD". Determinación que, distinto a la afirmación de la parte quejosa, a criterio de este resolutor de amparo, fue emitida bajo un criterio de objetividad y racionalidad, de conformidad con los datos puestos en conocimiento del responsable; ya que además de haber corroborado este juzgador de amparo el contenido de los videos de la audiencia de escucha, también constató el alcance del resto de las pruebas valoradas sobre esa cuestión en particular en el acto reclamado, como son las valoraciones psicológicas y grabaciones en video. Sin que sea correcto lo percibido por la parte quejosa, en el sentido de que en sus consideraciones la autoridad responsable tuvo por ciertas las manifestaciones relativas a la falta de pago de colegiaturas del promovente y que motivó que una de las menores no acudiera a la competencia de matemáticas; sino que contrariamente, del acto reclamado se desprende que la autoridad apreció, desde un punto de vista lógico y racional, que esas expresiones referidas eran motivos de conflicto exclusivamente entre los cónyuges, en el contexto de su separación emocional y su deseo de no seguir casados, pero no dio por acreditadas en sí mismas esas expresiones. Por lo que es irrelevante si las menores de edad concluyeron satisfactoriamente el curso escolar y si una de ellas realmente acudió a la competencia mencionada. Y en cuanto a que si hubiera algún acto cometido que diera lugar al ánimo alterado que la tercera interesada mostrada en los videos, ésta no lo hizo valer en la vía y forma adecuada y que él sí acreditó la conducta violenta de aquella, viéndoles interactuar a ambos; esto de ninguna manera riñe con lo considerado al respecto en el acto reclamado, pues ahí se hizo referencia a que no se conocía lo ocurrido en los momentos previos a la grabación, ni qué hecho dio motivo a la alteración mostrada por la tercera -esto no aparece registrado en el video-; además, que el promovente emitió comentarios provocadores; circunstancia que este resolutor de amparo corrobora del material en consulta. En todo caso, se corrobora lo correcto de las consideraciones de la autoridad, en el sentido de que los conflictos se suscitan entre la pareja, pero no estaban dirigidos a las hijas menores, ni se acreditó que constituyan peligro para ellas. En ese sentido, en los razonamientos vertidos por la autoridad responsable no se detectó en su criterio y consideraciones, alguna señal de parcialidad, subjetividad o infracción a la equidad de género, como lo adujo la parte quejosa; en cambio, las pruebas ofrecidas al respecto fueron valoradas objetivamente, tanto en sí mismas como en su contraste con los demás elementos convictivos, es decir, no aislada sino de manera integral; por lo que fue así, que con base en la aplicación de una sana lógica y ajustado a derecho, estableció mediante la expresión de consideraciones acordes a la naturaleza del caso, que no se acreditaba que las menores de edad estuvieran en un riesgo por convivir con su madre, que ameritara otorgamiento de medidas de protección solicitadas por el promovente. Lo anterior, refleja que la negativa de brindar las medidas protectoras se realizó mediante la motivación y fundamentación evidente de la propia determinación. En cuanto concierne a la fijación de las medidas provisionales del procedimiento, el juez de origen procedió conforme a lo dispuesto en el artículo 510 del Código de Procedimiento Familiar del Estado de Yucatán. Por principio abordó lo conducente al domicilio conyugal, al advertir la voluntad de uno de los integrantes de ya no continuar con el vínculo matrimonial, por lo que devenía como un hecho ordinario, y como medida anticipada a la nueva situación jurídica, que uno debía separarse del domicilio conyugal. Así, la autoridad responsable determinó que la ahora tercera interesada conservaría el domicilio conyugal, en atención a que no se acreditó que tuviera empleo, que a su favor tenía el ser ama de casa y que necesitaba alimentos; además, que de conformidad con el numeral 24 del Código de Familia del Estado, la habitación es uno de los elementos que conforman los alimentos y, que lo habitaría con sus hijas menores de edad, ya que a aquella se le concede la custodia provisional de ellas; por lo que se fijó el término de tres días al promovente para que abandonara el domicilio conyugal. En cuanto a la custodia, el juez de origen dio importancia a la opinión de las menores, en el sentido de que es la madre quien las ayudaba en las tareas y quien recibía los correos de la escuela, infiriéndose que es la tutora en las instituciones, que inclusive en los videos reclamaba al promovente la falta de pago de las colegiaturas, lo que denotaba su interés en la educación de las menores; además, que en la escucha de éstas, dijeron que ella era la encargada del cuidado en mayor medida. También acertadamente y conforme a derecho, el operador jurídico ponderó que en términos del artículo 4° constitucional, fuente de las Leyes de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, es derecho de las menores conservar el domicilio en donde actualmente habitaban y el entorno en el que se han desarrollado; esto es, el derecho a un hogar donde vivir y preservar el modo de vida existente desde el momento de su nacimiento; además que con esa medida se consideraba garantizado el interés superior de dichas menores, al evitar el conflicto porque ambos progenitores vivieran en el mismo domicilio, protegiéndoles el derecho a una vida libre de violencia por dicho conflicto. Sobre este último aspecto, es visible el nivel de hostilidad entre ambos, mostrándose muy alterada la tercera interesada, en tanto que el video proporcionado por el actor, evidencia, como lo hizo notar la responsable, que él es quien directamente realiza las grabaciones en un cuarto (ocultando la cámara), inclusive se observa que involucra para ello a una de sus hijas menores. Por lo que la determinación judicial se ajusta a legalidad, al proteger el derecho de las menores; además que la autoridad sustentó en los criterios aplicables a las instituciones jurídicas sobre las que se pronunció y al caso tratado, de rubros: "DOMICILIO CONYUGAL. LA SALIDA DE ÉL ES UNA CONSECUENCIA NECESARIA QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA AL DICTAR MEDIDAS PROVISIONALES PARA LA SUBSISTENCIA, INTEGRIDAD Y DESARROLLO DE LOS DIVORCIANTES E HIJOS" y "GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES DE EDAD. LA SALIDA DEL ASCENDIENTE DEL DOMICILIO EN QUE SE EJERCERÁ, ES MEDIDA PROVISIONAL QUE PROCEDE DECRETARLA DE OFICIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)". Y en cuanto al señalamiento del quejoso de que las menores declararon de manera contradictoria ante la psicóloga y en la audiencia de escucha, debido a una alienación parental para con la madre, que estima como forma de violencia, por lo que el juez debió ordenar exámenes al respecto; cabe destacar que si el accionante lo apreció en esa forma, pudo hacerlo valer ante el juez del conocimiento en su momento. Con independencia de lo anterior, de los autos en consulta se desprende que precisamente a señalamientos de las partes, en un posterior acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veinte, el juez natural ordenó valoraciones psicológicas, inclusive de ambos padres. En el orden seguido, la responsable abordó la cuestión del régimen de convivencia, para lo cual en principio partió de que las menores habían manifestado tener buena relación con sus padres y estaban acostumbradas a ambos, por lo que con apego al numeral 23 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 9, inciso 3) de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativos al respeto al derecho de los menores de convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, la autoridad fijó la modalidad en que las menores de edad involucradas tendrían convivencia con su progenitor no custodio. Además, el juez requirió a las partes que se abstuvieran de conductas propiciatorias de rechazo o desprecio con alguno de los padres y miembros de su familia, y los apercibió con multa para el caso de incumplimiento. Por lo que corresponde a la pensión alimenticia provisional, la fijó a favor de las menores de edad y de la señora tercera interesada, a cargo del actor -quejoso-, la cantidad de quince mil pesos, sin centavos, moneda nacional, de manera mensual que debería depositar en el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado. En cuanto a dicho concepto que debe atender a la capacidad económica del que debe otorgarlos y la necesidad de quien deba recibirlos, el juez del asunto apreció de manera objetiva porque se corrobora de los autos, que en el formato estandarizado para solicitar órdenes de protección, la parte actora manifestó dedicarse al comercio y que ganaba treinta mil pesos, sin centavos; a su vez, que como los alimentos son de orden público e inaplazables, la autoridad tuvo en cuenta la presunción de necesitar los alimentos la señora tercera interesada por ser ama de casa, y sus hijas menores de edad; esto con, con independencia del uso del domicilio conyugal, para así cumplir con la obligación de proporcionar vivienda, la que forma parte de los alimentos. Se invocó como apoyo al respecto, la tesis titulada: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS)". En lo conducente a la custodia, la autoridad responsable atendió el señalamiento de una supuesta infidelidad de la señora, tercera interesada, pronunciándose en el sentido de que no era causa de pérdida de aquel derecho, pues no existen las causales de divorcio ni sus penas; además, que los videos de internet tipo "influencer" que al parecer aquella subía, no daban lugar a la pérdida de la custodia, por las razones señaladas en la tesis de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DICHO PRINCIPIO NO PUEDE SERVIR DE MEDIDA IDÓNEA PARA RESTRINGIR A LA MADRE LA GUARDA Y CUSTODIA, POR DEDICARSE COMO FORMA DE TRABAJO A LA PROSTITUCIÓN". Luego, la circunstancia de que en el procedimiento de origen se encuentren involucrados menores de edad, obligan al Juez responsable a que en toda determinación que emita, proceda a la luz del interés superior del menor protegido en el artículo 4° constitucional, respecto a los infantes implicados, a fin de que no resulten afectados sus derechos, ya que como operario del derecho se encuentra obligado a velar por ellos. De manera que el sustento y el móvil de las determinaciones judiciales que se dicten, es y debe ser siempre el interés superior del menor, pues es a la luz de este principio constitucional que se suple la deficiencia de la queja, con la finalidad de hacerlo operativo y lograr la protección efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los casos litigiosos que les afecten, como es el procedimiento de origen. En ese orden, se advierte de la resolución reclamada, que el juez responsable efectuó el análisis de la situación particular de su atención, en la que sopesó que ante la decisión manifiesta de los cónyuges de no continuar con el matrimonio y que de los elementos aportados y recabados se conocían temas de reclamos y conflicto entre ellos; que como medida anticipada ante el inminente cambio de su situación legal y evitar a las menores el ambiente conflictivo entre los cónyuges, y que la señora al dedicarse al hogar y tener derecho, como sus hijas, a los alimentos que incluían la vivienda, se arribó a la decisión lógica, congruente y racional, de que la madre permaneciera viviendo con sus hijas en el domicilio que habían habitado; de modo que procedió correctamente y, como mandata el precepto constitucional, aplicó el principio del interés superior del menor al emitir la decisión sentada en la citada resolución. Orienta al respecto el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia 18/2014 (10a.) aprobada por la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Jurisprudencia, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, registro 2006011, visible en la página 406, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. ****." También brinda apoyo la tesis 1a. CCCLXXIX/2015 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, página 256, tesis aislada(Constitucional), registro 2010602, que dice lo siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO. ****" Por lo tanto, se advierte que contrariamente a la percepción del quejoso, fue necesario que para valorar el interés de las menores, la responsable hiciera un estudio comparativo entre los intereses concurrentes, por lo que examinó las circunstancias específicas del caso para poder decidir la solución estable, justa y equitativa, especialmente para sus hijas, cuyo interés debe primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer a las menores, principio consagrado en el numeral 4° constitucional; por lo que efectivamente constituye el fundamento legal aplicado en el acto reclamado. Además, este resolutor de amparo reitera que no advierte que en el auto reclamado que determinó medidas provisionales, se realizara una aplicación inequitativa, desproporcional, mucho menos ilegal de las pruebas y del principio de interés superior de la niñez; más bien, un evidente confrontación entre los padres, que justifica la separación física de uno de ellos, para a su vez aislar a sus hijas del citado conflicto al poner distancia entre las partes involucradas, por ser su derecho que debe protegerse, así como de recibir alimentos y convivir con ambos padres en los términos que convengan. Pensar de otra forma implicaría pasar por alto la obligación del Estado, a través del juez como operador jurídico, de propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el pleno ejercicio de sus derechos, de conformidad con el artículo 4o. Constitucional y los numerales 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño y, 17 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando surgieran cambios o alteraciones en las circunstancias de los menores que, en el caso, motivaron la resolución respectiva, en el que con base en los datos que los autos contenían, se privilegió el interés superior de las infantes frente a otros principios relacionados con derechos de su padre, aquí quejoso. Habida cuenta que las medidas decretadas tienen el rango de ser provisionales, sujetas a modificación, en caso de cambiar las circunstancias examinadas. Sin que pasen inadvertidos los argumentos del quejoso, relacionados con la versión de que la tercera interesada tiene "contactos", que hay fuga de información y que su hermano al parecer es Director de Informática en la Fiscalía General del Estado y eso le imposibilita su defensa; sin embargo, al margen de que esas alusiones, ambiguas en el primer caso, sean o no verdad, pues no se advierten acreditadas en autos, cabe destacar que el quejoso es parte actora del asunto de origen y, por tanto, tiene pleno acceso al expediente y a intervenir en la forma que considera conveniente en defensa de sus intereses, sin que se advierta en concreto alguna irregularidad del procedimiento en relación al acto reclamado. En el entendido que en su caso, se encuentran expeditos sus derechos para que de estimarlo necesario los haga valer en la vía y forma conveniente. Por lo tanto, es claro que con la determinación arribada, la juez responsable no transgredió los derechos del quejoso, sino que su ejercicio jurisdiccional consistió en armonizar los derechos que se encontraban involucrados, esto es, los de cada uno de los padres y de los hijas menores de edad, en relación con la custodia y alimentos provisionales y el interés superior de las éstas, preservando la esfera de derechos más adecuada y completa, sin menoscabo del bienestar de ellas. Brinda apoyo a la anterior consideración, en lo conducente, la tesis II.1o.13 C (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007477, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, visible en la página 2425, Tesis Aislada(Constitucional, Civil), que dice: "GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA. PROTECCIÓN MÁS AMPLIA DEL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES. ****" En vista de lo anterior, se corrobora que la resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada, en la medida que de la integridad de dicho acto, se advierte que se ponderaron los derechos concurrentes de cada uno de los padres y de las propias menores de edad, esto es, que la autoridad responsable no se apoyó únicamente en el interés superior de la niñez, como sin razón adujo el quejoso, sino que procedió con base en los diversos artículos tanto, constitucionales como de las Leyes que protegen los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, del Código de Familia y del Código de Procedimientos Familiares, ambos para el Estado, que tutelan las referidas figuras jurídicas que concurren y las facultades de actuar e intervenir de la responsable, y de los criterios interpretativos, que por tanto, al ser atinentes, satisfacen la fundamentación y motivación del acto. En ese contexto, es evidente que no se violaron en perjuicio del quejoso, derechos humanos, principios de seguridad jurídica y legalidad protegidos, mucho menos el interés superior de las menores implicadas. Sin que sea procedente que para efectos de esta sentencia de amparo se tomen en cuenta las pruebas documentales y grabadas (USB) que exhibió la parte quejosa en esta instancia, diversas a las que ofreció en el procedimiento de origen; la razón de ello es porque al ser parte del procedimiento de origen, tuvo oportunidad de exhibirlas en el mismo, y si son posteriores al acto reclamado, la autoridad responsable no estuvo en aptitud de tomarlas en cuenta al emitirlo; en tanto que por disposición del artículo 75 de la Ley de Amparo, la sentencia debe apreciar el acto reclamado como fue probado ante la autoridad, sin que se advierta que en el caso se actualice alguna de las excepciones del citado numeral. Por consecuencia, al resultar infundados e inatendibles los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección constitucional solicitados por la parte quejosa. Consideración que se hace extensiva a los actos de ejecución del auto reclamado existente, respecto del Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Poder Judicial del Estado de Yucatán, por no reclamarlos por vicios propios. No pasan inadvertidos los alegatos formulados por la representante especial de los menores de edad, parte quejosa; sin embargo, este resolutor no se encuentra obligado a analizarlos, puesto que no forman parte de la litis constitucional, en términos de la jurisprudencia número 43 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 27, Tomo VI, Parte SCJN, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Séptimo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se Resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Razu Seba, por propio derecho y en representación de sus hijas menores de edad de iniciales S. S. y S. todas R. J., contra los actos que reclama del Juez Tercero de Oralidad Familiar, turno Vespertino y Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, por los actos y por los motivos señalados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Razu Seba, por propio derecho y en representación de sus hijas menores de edad de iniciales S. S. y S. todas R. J., contra los actos que reclama del Juez Tercero de Oralidad Familiar, turno Vespertino y Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, por los razonamientos expuestos en el sexto considerando de este fallo. Tercero. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe, hasta hoy ocho de enero de dos mil veintiuno, que las labores lo permitieron.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 1934/2020 remitido por el Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, mediante el cual remite diversas constancias relativas a los actos reclamados en el presente juicio de amparo; oficio y documentales que se ordenan agregar a estos autos para que obren como correspondan y para ser tomadas con consideración en el momento procesal oportuno. De conformidad con los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, se ordena formar el cuaderno auxiliar III con las constancias que el juez responsable adjuntó a su oficio de cuenta, en el entendido que el cuaderno auxiliar de referencia queda formalmente vinculado al presente juicio de amparo y a disposición de las partes para su consulta. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
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