Adán Tapiz Ceseña
Expediente 387/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 387/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/09/2019
Partes del expediente
- Adán Tapiz Ceseña
Actuaciones
- Principal
Visto; el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que no se interpuso recurso de revisión en contra del proveído dictado el treinta de agosto de dos mil diecinueve, que sobreseyó en este juicio de amparo fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro que corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto décimo tercero del propio Acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días hábiles a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por tanto, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo mencionado.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que el seis de agosto del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al en que surtiera efectos su notificación realizara lo siguiente: "[.] Único. Exhiba dos copias del escrito de demanda, toda vez que son necesarias para poder correr traslado a las partes [.]" En ese contexto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por Damián Gilberto Fierro Velázquez, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en autos. Por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite en la demanda de amparo promovida por Adán Tapiz Ceseña, contra la omisión de dar contestación a una petición realizada mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil diecinueve que, reclama de la Tesorera Municipal del XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California; sin que sea el caso formar el incidente de suspensión, en virtud de que no fue solicitado. Se señalan las diez horas con seis minutos del nueve de septiembre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, al que deberá anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, las que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes al que reciban el oficio en que se le solicita, apercibida que de no hacerlo en el plazo que se fija, se le impondrá en lo individual, una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, como lo dispone el artículo 260 fracción II, de la Ley Amparo; asimismo, háganse del conocimiento de la referida autoridad las penas en que incurren con la omisión de rendir su informe justificado en el plazo solicitado, así como al afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la ley de la materia. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que si bien se le otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un plazo menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éstos por lo menos con ocho días hábiles previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará en lo particular, la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir los oficios que se le giren en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, que establece el ordinal 245 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causa de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras en lo individual a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, que establece el ordinal 251 de la ley de la materia. De igual forma, el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables; en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6º.P.14K, con número de registro 2017604, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2608, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "AUTORIDAD RESPONSABLE. PREVIO A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE AMPARO NO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y REQUERIRLO NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE AQUÉLLA, SI CON ANTERIORIDAD LO APERCIBIÓ QUE DE NO EXISTIR CON LA DENOMINACIÓN SEÑALADA EN SU DEMANDA O SER ÉSTA IMPRECISA, SIN MAYOR TRÁMITE SE TENDRÍA COMO INEXISTENTE. La actuación del Juez de amparo de declarar la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables y suspender toda comunicación con éstas es legal, si previo a decretarla medió requerimiento anterior, en el que se apercibió al quejoso para que en caso de que las autoridades responsables no existieran con la denominación que señaló en su demanda o fuera imprecisa, sin mayor trámite se tendrían como inexistentes, pues el quejoso debía especificar su denominación correcta, después de señalarse ese apercibimiento, y no tener una actitud omisa para con el proceso de amparo, de no verificar la denominación exacta de las autoridades responsables; de manera que no corresponde al Juez recurrido, el dar vista y requerir al quejoso nuevamente para que señalara la denominación cierta de las autoridades. Aunado a que no existe precepto legal que prevea que, admitida la demanda de amparo y efectuado el apercibimiento respectivo, el Juez Federal deba realizar otro requerimiento a efecto de que se aclare su verdadera denominación." Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, de la ley de la materia, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte, la documental que anexó a su escrito de demanda relacionada con el acto que en este juicio se estudiará, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana y la instrumental de actuaciones; las cuales se admiten y se tienen por desahogadas por su propia naturaleza, de las que se hará relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. Finalmente, con fundamento en el artículo 5o., fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo.
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