Adán Pelayo Rodríguez
Expediente 559/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 559/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/11/2019
Partes del expediente
- Adán Pelayo Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, proveniente del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído dictado por este juzgado el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, mismo que se registró bajo recurso de queja 246/2019.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL PROMEVENTE.Ensenada, Baja California, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en auto de siete de octubre del año en curso, se requirió a la parte impetrante de derechos fundamentales, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, bajo protesta de decir verdad manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California; en la inteligencia que de ser así, debía precisar qué acto le reclama; así como los demás requisitos previstos por el artículo 108 de la Ley de Amparo. Dicha prevención se realizó en razón que como se dijo en ese proveído, si bien, el quejoso aducía que la omisión reclamada era de naturaleza administrativa, del estudio integral de la demanda, se advertía que se encontraba vinculada al incumplimiento de una condena determinada del laudo de tres de junio de dos mil dieciséis, emitido dentro del juicio laboral burocrático 993/2011-VII, del índice del Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, por lo que se trata de una omisión vinculada al cumplimiento de una condena determinada en un laudo laboral emitido por el tribunal antes indicado y no una omisión administrativa independiente a dicho juicio. En cumplimiento a la prevención, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso Adán Pelayo Rodríguez, dentro del cual manifestó que no era su deseo señalar como autoridad responsable al Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California; lo anterior en virtud de precisar que la referencia señalada a un juicio laboral burocrático se hizo con el único fin de establecer el antecedente que dio origen al acto reclamado. En ese contexto, se tiene al promovente cumpliendo con la prevención formulada en auto de siete de octubre del año en curso; en consecuencia, provéase lo conducente respecto al escrito inicial y aclaratorio de demanda. Ahora, cabe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, impone la obligación al juez de Distrito de examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivos manifiestos e indudables de improcedencia, el de desecharla de plano. En el caso, el quejoso controvierte la omisión de las autoridades responsables pertenecientes al Ayuntamiento de Ensenada, de contemplar en el presupuesto de egresos el importe de las cantidades correspondientes a los conceptos de indemnizaciones, prestaciones y otorgamiento de derechos a que fue condenado dentro del juicio laboral burocrático 993/2011-VII, mediante laudo de fecha tres de junio de dos mil dieciséis, en el figuró como parte demandada. Sobre dicho tópico existe jurisprudencia cuya aplicación resulta obligatoria para este juzgador, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, que establece que los actos relativos al cumplimiento de un laudo en el que los ayuntamientos figuren como parte demandada en un juicio laboral, como es en el caso la omisión reclamada, no son actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En ese sentido, es importante resaltar que el auto inicial de demanda, excepcionalmente puede constituir la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, como lo son aquéllos en los que para llegar a esa conclusión, no se requiere de un análisis exhaustivo, ya que ello es de obvia constatación, sin que pueda modificarse tal determinación con los elementos que aporten las partes al procedimiento; lo anterior de conformidad con la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro once, octubre de dos mil catorce, tomo II, página mil doscientos veinticuatro, materia común, con número de registro 2007580, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." [Énfasis añadido]. En ese orden de ideas, en relación con lo manifiesto e indudable de una causa de improcedencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 32/2004, estableció lo siguiente: "[.] De este precepto se deduce que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por tanto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho que no puede ponerse en duda. En esos términos, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, atendiendo a las manifestaciones de la parte quejosa o a la naturaleza de los actos reclamados. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. [.] En estas condiciones, la causa de improcedencia que se analiza es manifiesta e indudable, en virtud de que se deduce de las manifestaciones hechas por el quejoso en su demanda de garantías, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados y a la aplicación directa del artículo 111 constitucional, sin que sea necesario que las autoridades responsables rindan su informe justificado o que las partes alleguen elementos de prueba al procedimiento de amparo, pues en términos generales se reclama la iniciación del procedimiento tendente a la declaración de procedencia, previsto en los capítulos III y IV del título segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y como actos concretos de aplicación la pretensión de retirarle al quejoso la inmunidad procesal y, en algunos casos, la resolución de la Cámara de Diputados por la que se nombra la sección instructora, de donde deriva su naturaleza política. [.]" [Énfasis añadido]. Incluso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 309/2018, en cuanto a la naturaleza de los actos reclamados, como causa manifiesta e indudable de improcedencia, determinó lo siguiente: "[.] Lo hasta aquí expuesto lleva a demostrar la posibilidad del desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida por este Máximo Tribunal, pues al ser obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación, no existe ninguna razón lógica para que ésta sea obviada o pueda variar la naturaleza de los actos; sostener lo contrario implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía pueda revisar un criterio obligatorio que se dio como resultado de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. Máxime que es el propio quejoso quien al instar la acción constitucional tiene la obligación de señalar con precisión los actos reclamados, en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo, de modo que si éste es claro en el escrito de demanda respecto a los actos, es innecesario esperar los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, pues con independencia de su contenido, la naturaleza de los actos definida mediante jurisprudencia de este Alto Tribunal, no variaría. Consecuentemente, cuando ante el Juez de Distrito se presenta una demanda de amparo y de las manifestaciones de la parte quejosa o de sus anexos, se desprende que la naturaleza de los actos reclamados ha sido definida mediante jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello constituye una causa notoria y manifiesta de improcedencia que hace innecesario esperar a examinar los informes justificados y las pruebas aportadas en el juicio, porque de ninguna manera podría superarse el criterio jurisprudencial que resulta de observancia obligatoria en toda la República Mexicana. [.]" [Énfasis añadido]. Dicha ejecutoria dio origen a la Jurisprudencia 2/2019 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página: 1008; registro: 2019230, de título y consideraciones siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Como se aprecia, en la ejecutoria citada se indicó que es factible el desechamiento de la demanda de amparo, cuando la naturaleza del acto reclamado ha sido definida mediante jurisprudencia por el alto tribunal, lo cual impide cualquier posibilidad de que, el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto, sea superado. En ese sentido, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 5 fracción II, de la Ley de Amparo, al existir jurisprudencia de carácter obligatorio para este juzgado que establece que los actos relativos al incumplimiento de un laudo emitido en un juicio laboral en el que los Ayuntamientos sean parte demandada, no son actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal respectiva exista un procedimiento para ejecutarlo y en el caso, que la legislación de Baja California, cuenta con una gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos, entre otros, como el emplear medidas de apremio contra las personas físicas que tienen la calidad de empleados o funcionarios públicos municipales, a quienes corresponde llevar a cabo en nombre y representación de los Ayuntamientos, las adecuaciones e incorporaciones presupuestarias para satisfacer la condena decretada en un laudo dentro de un procedimiento laboral. Por lo que es patente de manera indudable y manifiesta, que el juicio de derechos fundamentales que se promueve contra la omisión de contemplar el importe de las cantidades correspondientes a los conceptos de indemnizaciones, prestaciones y derechos a los que fue condenado el Ayuntamiento de Ensenada, en el laudo de tres de junio de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral burocrático 993/2011-VII, para dar cumplimiento al referido laudo, resulta improcedente al no tratarse de actos de autoridad para efectos de juicio de amparo, actualizándose con ello, la causa improcedencia, prevista en en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Las jurisprudencias referidas y que sirven de sustento a lo anterior son: La jurisprudencia 2ª/.J. 34/2018, registro 2016588, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 478, Tomo I, Libro 53, abril de 2018, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AYUNTAMIENTOS, EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." La jurisprudencia PC.XV.J/36, con número de registro 2018239, sustentada por el Pleno de éste Circuito, publicada el veintiséis de octubre del año en curso, visible en la página 1527, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE LAUDOS EN LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE LOS AYUNTAMIENTOS FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA. LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA 2a./J. 34/2018 (10a.), DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ES APLICABLE A LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA [ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA PC.XV. J/21 A (10a.)]. En la jurisprudencia citada en primer término, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó temáticamente que el incumplimiento a un laudo pronunciado en un juicio laboral en el que un Ayuntamiento figuró como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal respectiva exista un procedimiento para ejecutarlo, y aclaró que ello acontece cuando se establecen mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales, sin que obste que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública; exégesis que es aplicable a la legislación del Estado de Baja California. Así, en relación con la conclusión alcanzada, este Pleno de Circuito se aparta del criterio sostenido en la jurisprudencia PC.XV. J/21 A (10a.), en la medida en que derivó de la consideración de que el artículo 85, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, establece una excepción al principio de igualdad procesal en favor de los Municipios y/o Ayuntamientos y sus dependencias, al otorgarles el privilegio de no ser sujetos a ejecución forzosa, ni aplicación en su contra de los medios de apremio; no obstante, de nueva reflexión sobre el tema, mediante una interpretación armónica y sistemática del primer párrafo del artículo 85 citado y de los numerales 51, fracciones III y IV, 141, 142 a 144 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, se concluye que la prerrogativa a favor de los Ayuntamientos de no ser sujetos a medidas de apremio, es aplicable única y exclusivamente cuando se dirigen contra los bienes que constituyen su patrimonio, de modo que no contiene una prohibición general de emplear medidas de apremio, como la multa, contra las personas físicas que tienen la calidad de empleados o funcionarios públicos municipales a quienes corresponde llevar a cabo -en nombre y representación de los Ayuntamientos- las adecuaciones e incorporaciones presupuestarias para satisfacer la condena impuesta en un laudo, ya que lo que protege es el patrimonio municipal. Tampoco impide que el órgano jurisdiccional, una vez agotada la medida de apremio, conforme a los numerales 311 del Código Penal para el Estado de Baja California, 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y su correlativo 226 del Código Procedimientos Penales para el Estado de Baja California (abrogado), formule denuncia ante el Ministerio Público por la posible comisión del delito de desobediencia. Además, el referido artículo 144 ordena al Tribunal de Arbitraje proveer la pronta y expedita ejecución de los laudos, por lo que también puede dictar todas las medidas necesarias en la forma y los términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual, el diverso precepto 141 mencionado, pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y, el 51, fracciones III y IV, también referido, señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza. Interpretación bajo la cual es dable concluir que en la legislación del Estado de Baja California sí existe un procedimiento que garantiza la plena ejecución de los laudos pronunciados en los juicios laborales en los que los Ayuntamientos figuraron como parte demandada, a través de una amplia gama de instrumentos legales que correspondan a ese fin." [Énfasis añadido] En relatadas condiciones, dado que en el presente caso se encuentra definida la naturaleza de los actos reclamados, a través de jurisprudencia emitida por el alto tribunal como del pleno de éste circuito judicial, como un acto que no proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello, actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por lo que lo que, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 del ordenamiento legal antes invocado.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL PROMEVENTE.Ensenada, Baja California, siete de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve Adán Pelayo Rodríguez, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California y otras autoridades; fórmese expediente 559/2019, anótese su ingreso en el libro de este juzgado. Ahora bien, previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo a que se refiere el párrafo que antecede, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, 114 fracción I de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las partes, aclare su escrito de demanda en relación a los antecedentes del acto reclamado, es decir, para que bajo protesta de decir verdad, precise lo siguiente: Único: Manifieste si desea señalar como autoridad responsable al Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California; en la inteligencia que de ser así, deberá precisar qué acto le reclama; así como los demás requisitos previstos por el artículo 108 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que si bien precisa que el acto reclamado lo considera una omisión de carácter administrativo, lo cierto es que, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la omisión que se reclama de las autoridades responsables, es relativa al incumplimiento del laudo de tres de junio de dos mil dieciséis, emitido dentro del juicio laboral burocrático 993/2011-VII, del índice de dicho tribunal; esto es, se trata de una omisión vinculada al cumplimiento de una condena determinada en un laudo laboral emitido por el tribunal antes indicado y no una omisión administrativa independiente a dicho juicio. Lo anterior, a fin de fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto que reclama. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia IV.3o.A. J/18 (9a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 3709, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, con número de registro 160485, del tenor siguiente: "REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA. A fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que el quejoso señale el acto reclamado con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar el acto cuya inconstitucionalidad alega, el Juez de Distrito está obligado a requerir al promovente en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo para que la aclare y, en caso de no hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión debe ordenar la reposición del procedimiento para que se formule el requerimiento de mérito, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano revisor velar por que se satisfaga tal extremo." En la inteligencia que esta prevención deberá ser desahogada por el promovente y no por conducto de sus autorizados, ya que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse conforme a lo dispuesto por el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo. Lo cual tiene sustento, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XXIV, Julio de 2006, página 348, del rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Quedando apercibida la parte promovente que de no cumplir con la prevención antes mencionada dentro del plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de derechos fundamentales, lo anterior, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 307, Octava Época, Tomo XIII, febrero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN. Cuando en términos de lo previsto en el primer párrafo, del artículo 146, de la Ley de Amparo, el juez de Distrito previene al promovente del juicio de garantías para que colme alguno de los requisitos necesarios de la demanda, establecidos en el precepto 116 del propio ordenamiento, con el apercibimiento de ley, verbigracia exprese el acto reclamado o lo precise y, el promovente incumple con satisfacer tal requerimiento, debe concluirse que ulterior auto de desechamiento de esa demanda se ajuste a lo ordenado en el segundo párrafo, del dispositivo legal invocado en primer término." En otro tenor, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente, el que señala en su demanda y como autorizados de su parte en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fernando Antonio Aguilar Gudiño, Ana Karenina Aguilar Gudiño, Teódulo Alejandro Robles Robles y Aurelio Ontiveros Anguiano, cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, no así Edgar Eduardo Ibarra Orozco y Gustavo Adolfo Sánchez Moreno, toda vez, que como se desprende de la certificación secretarial no cuentan con cédula profesional registrada en el citado sistema. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualesquiera de los actuarios de este juzgado, realicen las notificaciones que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, lo cual deberá ser supervisado por la secretaría del juzgado. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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