Adán Sánchez González

Expediente 965/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
965/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
19/11/2021

Partes del expediente

  • Adán Sánchez González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación secretarial, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que María del Carmen Beltrán Hernández, apoderada legal del quejoso Adán Sánchez González, hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase a la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, la copia certificada del expediente laboral 61/2008, de su índice, el cual obra por cuerda separada en dos tomos. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 965/2021-9, promovido por Adán Sánchez González, por conducto de su apoderada legal María del Carmen Beltrán Hernández, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veinte de agosto de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito y recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el veinticuatro siguiente, y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, Adán Sánchez González, por conducto de su apoderada legal María del Carmen Beltrán Hernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 LA OMISIÓN DE ACORDAR LA EMISIÓN DEL LAUDO CORRESPONDIENTE EN EL EXPEDIENTE LABORAL NÚMERO 61/2008 (.) AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El siete de septiembre de dos mil veintiuno, previa aclaración, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el número de expediente 965/2021-9; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral 61/2008, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, en proveído de siete de octubre del presente año, se tuvo a la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, pretendiendo rendir su informe justificado; sin embargo, este no se tuvo por rendido en virtud de la falta de la firma autógrafa en el mismo. No obstante, de la copia certificada del expediente laboral 61/2008, remitido por la autoridad responsable se advierte que no es cierto el acto reclamado, pues si bien mediante auto de seis de mayo del año en curso otorgó el término de tres días hábiles a las partes para presentar sus alegatos por escrito, el veintisiete de septiembre siguiente dictó un vistos en el cual regularizó el procedimiento toda vez que en el citado acuerdo de seis de mayo, se asentó mal el nombre de las partes, y ordenó turnar los autos al actuario adscrito para su notificación, asimismo en acuerdo de cuatro de octubre del presente año, declaró cerrada la instrucción en el juicio laboral de origen y ordenó turnar los autos a uno de los dictaminadores de dicha junta para la emisión del laudo correspondiente; constancias que obran en autos y a las que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De lo anterior, se dio vista a la parte quejosa en proveído de ocho de octubre de dos mil veintiuno, en términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, el cual le fue notificado oportunamente, sin que a la fecha de la celebración de la audiencia constitucional ofreciera prueba alguna que demostrara que la aludida controversia laboral, al momento de la presentación de la demanda de amparo (veinte de agosto de dos mil veintiuno), se encontraba en aptitud de emitir el laudo correspondiente, aun cuando la carga procesal le correspondía, acorde a lo dispuesto en el numeral 119 del aludido ordenamiento jurídico. En ese contexto, el acto reclamado es inexistente, toda vez que, como como ya se dijo, la autoridad responsable no se encontraba en aptitud legal de emitir el laudo respectivo dentro del juicio laboral de origen. Lo anterior es así, debido a que para emitir el laudo es necesario que en dicho expediente exista certificación realizada por la junta responsable donde se haga constar que no quedan pruebas pendientes por desahogar, hecho lo anterior, se otorgara a las partes vista por el plazo de tres días a fin que realicen las manifestaciones que consideren pertinentes para salvaguardar su esfera jurídica; y, transcurrido dicho plazo si las partes no hacen manifestaciones al respecto, se procederá al cierre de instrucción y posteriormente a la emisión del laudo respectivo; lo cual en el caso que nos ocupa no acontece, por lo que, es evidente que aún no se estaba en condiciones de emitir la resolución en el sumario de origen. Al respecto, los ordinales 885, 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo vigente, disponen lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." Artículo 888.- La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta". Como se puede apreciar, el presupuesto procesal indispensable para que surja la obligación de emitir el laudo correspondiente dentro de un procedimiento laboral es que una vez concluido el desahogo de las pruebas y que las partes hayan formulado sus respectivos alegatos, la Junta Laboral, previa certificación que ya no quedan medios de convicción pendientes por desahogar, procederá a otorgar vista a las partes por el término de tres días para que éstas se manifiesten sobre dicha certificación y una vez transcurrido dicho plazo, hagan o no manifestación, se les tendrá por desistidos de los medios probatorios que en su caso pudieran quedar y entonces llegado esa etapa, se procederá a emitir el auto que decrete cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo. Por el contrario, de las constancias que remitió la autoridad responsable, si bien se advierte que el seis de mayo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable otorgó el término de tres días hábiles a las partes para que formularan sus alegatos, también lo es que dicho auto fue regularizado por el diverso acuerdo de veintisiete de septiembre del presente año, en virtud de que se habían asentado mal los nombres de las partes, por lo que hasta en el proveído de cuatro de octubre siguiente, decretó el cierre de instrucción en el juicio laboral de origen y ordenó turnar los autos al dictaminador para la emisión del laudo correspondiente; por ende, se considera que la autoridad responsable al momento de presentar la demanda de amparo no se encontraba en aptitud legal de dictar el laudo relativo. Al respecto, sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Adán Sánchez González, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada del expediente laboral 61/2008; al respecto, no se hace mayor pronunciamiento, en virtud de que, en auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad oficiante remitió copia certificada del expediente laboral citado con antelación formándose un tomo de pruebas por cuerda separada. En ese contexto, dada la voluminosidad de la constancia remitida por la autoridad oficiante, para facilitar el manejo del presente juicio, fórmese el tomo II de pruebas por cuerda separada de este asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en el proveído de siete de octubre del presente año, remite copia certificada del expediente laboral 61/2008; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la constancia que anexó, de la que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora, en virtud de lo voluminoso de la constancia remitida por la autoridad oficiante, para facilitar el manejo del presente juicio, fórmese el tomo I de pruebas por cuerda separada de este asunto. Notifíquese.

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