Adán Alberto Beltrán Martínez

Expediente 835/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
835/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
07/12/2020

Partes del expediente

  • Adán Alberto Beltrán Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA 4.- VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por ADÁN ALBERTO BELTRÁN MARTÍNEZ; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase a la JUEZ DE CONTROL DE LA REGION JUDICIAL NUEVE DE CENTRO, TABASCO, la copia certificada de audio y video en formato "DVD", que envió como anexo a su informe justificado, constancia que se manejó por cuerda separada. Notifíquese.

  2. Incidental

    MESA 4.-. VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y se negó y concedió la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, asistido de Marseye Sánchez Bautista, Secretaria con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a las diez horas con cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 835/2020-4, promovido por Adán Alberto Beltrán Martínez. Acto seguido, el secretario da cuenta en este momento, con el oficio 32871, signado por la Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, al que anexa copia certificada de audio y video en formato "DVD" que contiene la acta mínima de audiencia inicial, vinculación a proceso y plazo de cierre de investigación complementaria de once de noviembre de la presente anualidad relativa a la causa penal 722/2020 de su índice, registrado con el folio 8389. El Juez acuerda: Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, al que anexa copia certificada de audio y video en formato "DVD" que contiene la acta mínima de audiencia inicial, vinculación a proceso y plazo de cierre de investigación complementaria de once de noviembre de la presente anualidad relativa a la causa penal 722/2020 de su índice, y en virtud de que las referidas constancias resultan necesarias para resolver el presente asunto respecto al sentido que se dará a la resolución, dese cuenta con su contenido en la etapa procesal correspondiente. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el juez de distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las constancias que adjuntó la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, a su informe justificado, consistentes en copia certificada del acta mínima de solicitud de orden de aprehensión de veintinueve de septiembre de dos mil veinte y copia certificada audio y video en formato "DVD" que contiene la audiencia ante mencionada relativas a la causa penal 722/2020, así como las que anexó la referida autoridad a su oficio 32871, consistente en copia certificada de audio y video en formato "DVD" que contiene la acta mínima de audiencia inicial, vinculación a proceso y plazo de cierre de investigación complementaria relativa a la citada causa penal, las cuáles obran por cuerda separada, a fin de evitar el daño de éste por el manejo del expediente. Al respecto el juez de distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tiene por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho de las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 835/2020-4, promovido por Adán Alberto Beltrán Martínez, contra actos de la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el uno de octubre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la misma fecha en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional en esa misma fecha, Adán Alberto Beltrán Martínez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad. Fiscal Especializado en Violencia de Genero de Villahermosa, con sede en esta ciudad. EJECUTORAS Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial, con sede en esta ciudad de Villahermosa. Coordinador de división de Detectives de la Policía Ministerial, con sede en esta ciudad de Villahermosa. ACTOS RECLAMADOS "La orden de aprehensión, detención, comparecencia y/o presentación emitida por las autoridades responsables en contra del quejoso y su ejecución." SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En proveído de dos de octubre de dos mil veinte (fojas 6 a 11), se registró la demanda bajo el expediente 835/2020-4, se admitió la demanda de que se trata, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La orden de aprehensión, detención, comparecencia y/o presentación emitida por las autoridades responsables en contra del quejoso y su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Fiscal del Ministerio Público adscrita a la unidad de Investigación de la Fiscalía de Violencia de Género, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, detención, comparecencia y/o presentación emitida en contra del quejoso Adán Alberto Beltrán Martínez, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna con la que desvirtuara tales negativas. Ante tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio por la inexistencia de actos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS. La Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, al rendir su informe justificado admite la existencia del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión emitida el veintinueve de septiembre de dos mil veinte dentro de la causa penal 722/2020, de su índice, en contra del quejoso Adán Alberto Beltrán Martínez. Lo que se corrobora con la copia de las constancias que anexó a su informe justificado la juez responsable, consistentes en copia certificada del acta mínima de solicitud de orden de aprehensión de veintinueve de septiembre de dos mil veinte y copia certificada audio y video en formato "DVD" que contiene la audiencia ante mencionada relativas a la causa penal 722/2020, así como las que anexó la referida autoridad a su oficio 32871, consistente en copia certificada de audio y video en formato "DVD" que contiene la acta mínima de audiencia inicial, vinculación a proceso y plazo de cierre de investigación complementaria relativa a la citada causa penal, las cuáles obran por cuerda separada, para su consulta y se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Así también, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013 Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por su parte, las autoridades responsables ejecutoras denominadas Comisario de la Delegación Regional y Coordinador de División de Detectives ambos de la Policía Ministerial, con sede en esta ciudad de Villahermosa, a la fecha no han rendido informe justificado en virtud de que en auto de dieciséis de octubre del presente año se acordó la razón acuarial signada por el actuario adscrito a este juzgado, en el cual hizo costar la imposibilidad que tuvo para entregar los referidos oficios; y, en consecuencia, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días aclarara la denominación de dichas autoridades a efecto de que puedan ser llamadas a juicio en que se actúa, se desitiera de dicho señalamiento o acreditara la existencia de las mismas, sin que hasta la fecha obre constancia de notificación correspondiente. Sin embargo, ante la aceptación de la autoridad ordenadora del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión de veintinueve de septiembre de dos mil veinte dictada en la causa penal 722/2020 de su índice, a dichas autoridades en razón de jerarquía y funciones les compete ejecutar actos de esa naturaleza; por tanto, en aras de garantizar la administración de justicia pronta y expedita, y a fín de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, se tiene por presuntivamente cierto los actos de ejecución reclamados a las citadas autoridades responsables. QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. No obstante lo anterior, en el presente asunto se advierte que se actualiza una causal de improcedencia cuyo estudio es preferente al fondo, sea que las partes lo aleguen o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 533, Tomo VI, Materia Común, Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, que establece: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, la quejosa reclama en esta vía constitucional, la orden de aprehensión de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, emitida en su contra por la Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 150, párrafo primero, en relación con el 148, párrafo segundo, del Código Penal del Estado de Tabasco, en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales J.M.M. Sin embargo, como se adelantó, en el presente juicio de amparo ha sobrevenido una causal de improcedencia, prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo el cual señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." De la interpretación de este precepto se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra un acto que emane de un procedimiento judicial en el que opere un cambio de situación jurídica que consuma de forma irreparable las violaciones reclamadas y que no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. Esta hipótesis de improcedencia se materializa cuando concurren los siguientes requisitos: A. El acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. B. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución en el procedimiento del que dimana el acto reclamado. C. La nueva determinación produzca un cambio de situación jurídica en relación con la parte quejosa, que imposibilite decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el amparo y, por ende, las violaciones reclamadas en éste son irreparables, o bien, que a pesar de que el acto reclamado sea inconstitucional a nada práctico conduciría otorgar la protección federal porque la nueva situación creada -al no ser materia en el amparo- no cambiaría el estado que guardan las cosas. D. Exista autonomía entre el acto reclamado y el nuevo, de tal forma que este último subsista con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Al respecto, sirve de apoyo la tesis 2a. CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, diciembre de 1996, página 219, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." El primer requisito descrito se actualiza conforme a las constancias de autos, de las que se advierte que el acto reclamado fue dictado en la causa penal 722/2020, en contra de Adán Alberto Beltrán Martínez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 150, párrafo primero, en relación con el 148, párrafo segundo, del Código Penal del Estado de Tabasco, en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales J. M. M., con lo que se demuestra que el acto reclamado dimana de un procedimiento que, por naturaleza, es materialmente jurisdiccional, por lo que es evidente que se cumple el primer requisito. En cuanto al segundo supuesto, se destaca que la demanda de amparo fue presentada a las diez horas con veintiún minutos del uno de octubre de dos mil veinte y que el día de hoy (diecisiete de noviembre de dos mil veinte) se tuvo por recibido el oficio 32871 de once del presente mes y año, al que anexó copia certificada de audio y video en formato "DVD" que contiene la acta mínima de audiencia inicial, vinculación a proceso y plazo de cierre de investigación complementaria de once de noviembre del presente año, relativa a la causa penal 722/2020, en la cual se advierte que la juez responsable, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Adán Alberto Beltrán Martínez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 150, párrafo primero, en relación con el 148, párrafo segundo, del Código Penal del Estado de Tabasco, en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales J. M. M; medio de prueba al que se le concede pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202, del Código procesal aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del tenor: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De esta suerte, se ha evidenciado que, con posterioridad a la emisión la determinación consistente en la orden de aprehensión reclamada por la quejosa se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, con lo cual cambió la situación jurídica del quejoso Adán Alberto Beltrán Martínez, y es esta actuación es la que ahora rige su actual situación jurídica. Respecto del supuesto mencionado en el inciso C, es menester exponer que el quejoso Adán Alberto Beltrán Martínez se encuentra sujeto a lo resuelto en el auto de vinculación a proceso de once de noviembre de dos mil veinte, dictado en la causa 722/2020, del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región Nueve de Centro, Tabasco. Así que, este cambio de situación jurídica evidencia que no puede analizarse la constitucionalidad del acto reclamado en esta instancia constitucional, consistente en la orden de aprehensión de veintinueve de septiembre de dos mil veinte dictada en contra del quejoso Adán Alberto Beltrán Martínez, por la Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región Nueve de Centro, Tabasco, en razón de que en el supuesto de que se declarara inconstitucional se podría afectar el nuevo acto consistente el auto de vinculación a proceso citado. Finalmente, se advierte colmada la última de la hipótesis, esto es, que el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada por la Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región Nueve de Centro, Tabasco, en la causa penal 722/2020, en contra del referido quejoso y el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso en la misma causa, fueron producidos en distintos momentos dentro del procedimiento penal del que emanan, por lo que existe autonomía entre dichas actuaciones, lo que significa que el citado auto de vinculación a proceso puede subsistir con independencia de que el acto aquí reclamado sea o no inconstitucional. Al respecto, sirve de apoyo la tesis 1a./J. 17/2008, Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Junio de 2008, página 270, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En las circunstancias narradas, debe concluirse que en el particular se surte la causal de improcedencia contenida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, en esa medida, lo que se impone es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en cuanto a dicho acto reclamado. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que pase inadvertido para el suscrito el hecho de que no se encuentren emplazados al presente juicio la tercera interesada víctima de identidad reservada de iniciales J. M. M, en virtud que el sentido de la presente resolución no le causa ningún perjuicio, ya que no es contraria a sus intereses legales. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia: P./J. 46/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 396, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, Novena Época, que establece: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EMPLAZAMIENTO DE POSIBLES TERCEROS INTERESADOS. SU FALTA NO PROVOCA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE QUE LA SENTENCIA QUE SE DICTE NO SERÁ CONTRARIA A SUS INTERESES. Encontrándose una controversia constitucional en estado de resolución y advirtiéndose de su estudio que no se llamó a juicio a posibles terceros interesados, no procede reponer el procedimiento si de su análisis se desprende que el sentido de la resolución que se dicte no será contrario a sus intereses y, por ende, no les causará agravio alguno; además, a nada práctico conduciría y únicamente retardaría el procedimiento y la resolución del asunto." Así como, la Tesis del Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 2008, Página 45, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado.". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de dos de octubre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Adán Alberto Beltrán Martínez, contra el acto reclamado y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista; de la certificación de cuenta se advierte que del contenido de la demanda de amparo promovida por ADAN ALBERTO BELTRÁN MARTÍNEZ, no se advierte que haya señalado domicilio alguno para recibir citas y notificaciones. Ahora, agréguese a los autos la constancia suscrita por el Actuario Judicial de este órgano de control constitucional, de la cual se desprende que no fue posible llevar a cabo la notificación del acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veinte, al quejoso ADAN ALBERTO BELTRAN MARTÍNEZ, toda vez que el promovente del amparo no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir citas y notificaciones. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista el acuerdo en comento, así como los subsecuentes proveídos, aun los de carácter personal, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. ACUERDO VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por la JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL NUEVE DE CENTRO, TABASCO, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del acta mínima de audiencia privada (solicitud de orden de aprehensión), de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, celebrada en la causa penal 722/2020; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la constancia que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ella al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, téngase a la Juez responsable anexando a su informe un disco en formato DVD de audio y video, que contiene la audiencia mencionada con anterioridad, por lo que resguárdese la constancia en disco compacto en la mesa de trámite de este órgano jurisdiccional, a fin de evitar el daño de éste por manejo del expediente; quedando a disposición de las partes para su consulta, en el entendido de que, si es su deseo imponerse del mismo, su reproducción se realizará en las instalaciones de este Juzgado de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 455/2012 entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito) (actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito), pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental publica de actuaciones al tratarse de una simple fijación o registro, por los medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y publica contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental publica lato sensu, tendiente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embrago, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que se, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora, del contenido del informe rendido por la autoridad responsable, se desprende que es cierto el acto reclamado toda vez que el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se decretó orden de aprehensión en contra de ADAN ALBERTO BELTRAN MARTÍNEZ, por su probable responsabilidad en el delito de VIOLACION, previsto y sancionado por el artículo 150 párrafo primero en relación al 148 párrafo segundo, del Código Penal del Estado, cometido en agravio de la victima de identidad reservada de iniciales J.M.M, dentro de los autos de la causa penal 722/2020; por lo anterior, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado en el presente asunto a la citada víctima de identidad reservada. Asimismo, que la Fiscal del Ministerio Público de la Federación María Caridad Vázquez Asunción, fue quien solicitó la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso ADAN ALBERTO BELTRAN MARTÍNEZ, por lo anterior, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesada en el presente asunto. Luego, toda vez que del informe justificado no se advierte a que fiscalía se encuentra adscrita la fiscal en mención, ni tampoco se advierte domicilio alguno del tercero interesado antes citado, solicítese a la autoridad responsable Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, a efecto de que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que sea notificada del presente proveído, informe a que Fiscalía del Ministerio Público de la Federación, se encuentra adscrita la Fiscal mencionada en el párrafo que antecede; asimismo, proporcione el domicilio actual y correcto de la victima de identidad reservada de iniciales J.M.M, y el nombre de la persona que lo representa legalmente, a efecto de estar en aptitud de emplazarlos al presente juicio. Por otra parte, agréguese a los autos la constancia suscrita por el actuario de este Juzgado, de la que se advierte no fue posible entregar los oficios siguientes, por los motivos que se exponen: 15961/2020, dirigido al Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial con sede en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 15962/2020, dirigido al Coordinador de División de Detectives de la Policía Ministerial con sede en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Por lo anterior, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, dése vista con lo anterior, por el término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, para que aclare la denominación de dichas autoridades a efecto de que puedan ser llamadas al juicio en que se actúa, se desista de dicho señalamiento o acredite la existencia de las mismas, apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto, en el plazo señalado, se dejará de tener como tal y se tendrán sus actos como inexistentes. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 153/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 440, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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