Adan Rodríguez Vasquez
Expediente 92/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 92/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 06/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Adan Rodríguez Vasquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, seis de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el cinco de abril de dos mil diecinueve (fojas 54-57), en la que se sobreseyó en el juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido, el original del incidente de suspensión glósese a este expediente y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del citado acuerdo general, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en el que se negó la suspensión definitiva y no se tramitó incidente de violación a la suspensión provisional. Finalmente, hágase saber que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se pondrán a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurado que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. IV-A
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 92/2019, promovido por ADÁN RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, por propio derecho, contra las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero, por las razones expuestas en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese. MESA IV-A
- Incidental
R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ADÁN RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese. IV-A
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA, VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos; advirtiéndose que no ha transcurrido el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a partir de que las autoridades responsables Juez de Control de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; Agente Estatal de Investigaciones, con sede en Juchitán, Zaragoza, Oaxaca; Primer Secretario de Acuerdos encargado del Despacho del Juzgado Penal por ministerio de ley, con sede en Tonalá, Chiapas; Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas; Encargado de la Comandancia Regional Zona Istmo Costa, (denominación correcta de la autoridad señalada como Comandante Operativo de la Policía Especializada dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas), residente en Tonalá, Chiapas; Director General de la Policía Especializada, residente en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas y Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigación, con residencia en la ciudad capital (fojas 23, 25, 28, 29, 32, 33, 37 38), respectivamente, rindieron sus informes justificados; en consecuencia, a efecto de que las partes estén en aptitud de imponerse del contenido de los citados informes, preparar y ofrecer en su caso, las pruebas que estimen pertinentes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para llevarla a cabo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, Tomo XI, del mes de Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 191995, bajo el rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Notifíquese. IV-A
Quedan 12 actuaciones en este expediente
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