Adán de la Cruz Gallegos
Expediente 537/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 537/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Adán de la Cruz Gallegos
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado que rinde la Subdirectora de Área en la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, en ausencia del Director de Amparo y Derechos Humanos, por el Titular de dicha Unidad, y éste a su vez del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, en su denominación correcta; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan valer lo que a su derecho convenga. DOMICILIO Y DELEGADOS Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene reiterando como delegados de la responsable, a las personas que menciona; asimismo, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita. Notifíquese.- MESA I-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe relativo a la suspensión de plano, firmado por la Jefa de Departamento de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, en ausencia de los Subdirectores de Área, por el Titular de dicha Unidad, y éste a su vez del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, en su denominación correcta; téngase acatando el cumplimiento de la suspensión de plano decretada en proveído de trece de diciembre del año en curso (fojas 6 a 11), de conformidad a los numerales 126 y 158 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y DELEGADOS Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de la responsable, a las personas que menciona; asimismo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita. Notifíquese.Así lo acordó y firma Mario Alberto Gómez Rétiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz; ante el Secretario que autoriza y da fe Julio César Tolentino Trejo.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Se tienen por recibidos y se ordenan agregar a los autos los informes relativos a la suspensión de plano y el justificado que rinde el Subdirector de Seguridad Penitenciaria, encargado de dar respuesta a los asuntos jurídicos de la Dirección General de Reinserción Social, en ausencia del Director General de Reinserción Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; respecto del primero, téngase acatando el cumplimiento de la suspensión de plano decretada en proveído de trece de diciembre del año en curso (fojas 6 a 11), de conformidad con los numerales 126 y 158 de la Ley de Amparo. Y con relación al segundo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan valer lo que a su derecho convenga. DELEGADOS Y DOMICILIO Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley en comento, téngase a la autoridad responsable, señalando como delegados a los profesionistas que menciona y para tal efecto el domicilio que indica. Cabe precisar que son de tomarse en cuenta los informes referidos, pues no obstante que se remitieron vía correo, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificado por este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 216635, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." Notifíquese MESA I-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Adán de la Cruz Gallegos, por propio derecho, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, residente en la Ciudad de México, Director General de Reinserción Social en el Estado de Oaxaca y Director del Centro de Internamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, que hace consistir sustancialmente en: Orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, hacía otro Centro Penitenciario del Estado de Oaxaca o de la República Mexicana y su ejecución. Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 537/2019. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Toda vez que se encuentra ajustada a derecho, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, de la Constitución General de la República, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda. REQUERIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídanse a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, donde expondrán las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento, y según el caso, acompañarán copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización a que se refieren los artículos segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los resolutivos primero de la Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos y profesionales, vigentes a partir del 1 de enero de 2016, y segundo de la Nota Aclaratoria a dicha resolución, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil quince, como corrección disciplinaria en términos de lo que establece el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 238 de la ley de la materia. En la inteligencia de que dichos informes podrán anticiparlo vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; o por fax al número telefónico (971) 71-4-54-93, y su confirmación de recepción y envío a las extensiones 1066 ó 1077, sin perjuicio que de optar por la vía ordinaria, se remitan en la temporalidad requerida; lo anterior, a efecto de no diferir la celebración de la audiencia constitucional, y de esta manera resolver con la mayor expedites posible, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 constitucional y dentro del término establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Con el mismo fundamento, apercíbase que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, o de no comunicar las causas notorias de sobreseimiento que se produzcan, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en congruencia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con veinticinco minutos del trece de enero de dos mil veinte, para la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no mediante misiva, toda vez que corresponde a este Juzgado la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán hacerse mediante oficio, pues de ser la hipótesis, se realizará en forma personal a través del aludido medio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación, así como las que el Juez considere trascendentes y las que establece dicho numeral; y tal diferimiento se considerará de mero trámite, haciendo énfasis a dicha autoridad que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervenga. A lo anterior resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la décima época, con número de registro 2002576, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, de enero de dos mil trece, tomo 2, página 1253, cuyo rubro y texto se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Se previene a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 64, de la Ley de Amparo; y, en caso de no hacerlo así, se les impondrá una multa por el equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en el diverso 251 de la propia legislación. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado. DETERMINACIÓN RESPECTO AL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que se integre incidente de suspensión relativo a los actos atribuidos a las autoridades, consistente en la orden de traslado y su ejecución; dado que son materia de la suspensión de oficio y de plano respecto de los cuales se proveerá en este juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, que precisa que dicha suspensión se concederá cuando se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal y dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia, número 1a./J. 58/2016 (10a.), con registro 2013066, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo II, libro 36, del mes de noviembre de 2016, publicado en la página 865, correspondiente a la Décima Época, con el rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA.- Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede de oficio y de plano la suspensión, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que las responsables se abstengan de trasladar al quejoso Adán de la Cruz Gallegos, del centro penitenciario en el que actualmente se encuentra recluido a otro diverso y se garantice su integridad en ese lugar. Se solicita a las autoridades responsables informen dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la legal notificación de este acuerdo, sobre el cumplimiento dado a esta determinación, apercibidas que de no cumplir con lo ordenado se les sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo. De igual forma, a efecto de respetar los derechos fundamentales del quejoso Adán de la Cruz Gallegos, se concede la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que a dicho peticionario no se le prive de una estancia acorde a su dignidad humana y una cama para sí mismo; sin que dicha medida se traduzca en que se está modificando el acto reclamado, pues no incorpora nuevos actos ni tampoco la desborda, sino que únicamente puntualiza la existencia de otros derechos relacionados con la orden de traslado reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, con registro 2017871, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, visible a página 1538, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto son: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. EL JUEZ DE DISTRITO NO MODIFICA LA MATERIA DEL AMPARO SI AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE AQUÉLLA, HACE MENCIÓN DESTACADA DE LOS DERECHOS DEL QUEJOSO A CONTAR CON UNA ESTANCIA ACORDE A SU DIGNIDAD HUMANA Y UNA CAMA PARA SÍ MISMO, PARA EL ÚNICO EFECTO DE QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CONTINÚEN RESPETÁNDOLO. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de todas las autoridades del Estado Mexicano de respetar los derechos humanos y, en el ámbito de sus competencias, garantizar su ejercicio y reparar cuando se cometen violaciones en su contra; en ese sentido, resulta acorde a la competencia de las autoridades que conozcan del juicio de amparo, que potestativamente, al conceder la suspensión de plano respecto de una orden de traslado de un centro de reclusión a otro, efectúen una mención destacada de los derechos que asisten al quejoso de contar con una estancia acorde a su dignidad humana y una cama para sí mismo, aun cuando no hayan sido señalados como actos reclamados, para el único efecto de que las autoridades responsables continúen respetándolos, pues al no haberse reclamado su disfrute éste se presume, al tratarse de prerrogativas fundamentales de las personas privadas de la libertad dentro de un centro carcelario, en términos de los artículos 9, fracción I y 30 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como de la regla 19 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la Organización de las Naciones Unidas; en la inteligencia de que con dicho proceder el juzgador no modifica la materia del amparo, pues no incorpora nuevos actos ni tampoco la desborda, sino que únicamente puntualiza la existencia de otros derechos fundamentales relacionados con el acto inicialmente reclamado." En la inteligencia de que dichos informes podrán anticiparlos a las direcciones de correo electrónico señaladas en líneas que anteceden o a los números ya precisados. Para mayor celeridad se ordena al actuario adscrito a este Juzgado, remitir los respectivos oficios vía correo electrónico o fax. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en las oficinas que ocupa la Defensoría Pública Federal, ubicada en avenida Tampico número 106, en esta ciudad y autorizado para oír y recibir notificaciones a Aquiles Felipe Carrasco, en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en el artículo 108, fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables; previa vista que para conocimiento de tal eventualidad se otorgue personalmente, sin contestación alguna se tendrá como efecto declarar su inexistencia, se dejará de tenerlas con tal carácter, así como cesará toda comunicación con ellas, y se continuará con el trámite del juicio. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega de los oficios correspondientes a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente; sin ulterior acuerdo, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza al secretario del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese.
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