Adan Rodríguez Trejo
Expediente 478/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 478/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Adan Rodríguez Trejo
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso a), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Gloria Paulina Aza Plascencia, Jueza Séptima de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, quien actúa con Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO.- NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA DE LA DETERMINACIÓN DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A LA PARTE QUEJOSA, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, suscrito por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; por medio del cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Se tiene como delegados a los profesionistas que señala en el oficio de cuenta, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen como pruebas de la responsable en comento las documentales que anexa a su informe, las que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias que acompañó el presidente responsable se advierte que existen elementos probatorios que acreditan la actualización de una causal de improcedencia que jurídicamente permite sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En efecto, para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo no es necesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional y al dictado de la sentencia, sino que puede decretarse durante su tramitación y antes de la celebración de dicha audiencia, siempre que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable, de suerte tal que, aun cuando el quejoso exhiba mayores pruebas, sea imposible desvirtuar la causa de improcedencia, o aun cuando no se haya dado vista a las partes del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues estimar lo contrario, dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de dicho informe justificado, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el caso. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en la justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, con número de registro 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como la diversa jurisprudencia II.2o.P. J/23 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, página 991, con número de registro 173878, que a continuación se inserta: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto." En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Del contenido del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo será improcedente, entre otros casos, cuando hayan cesado los efectos jurídicos del acto reclamado. Conforme a los criterios jurisprudenciales sustentados por nuestro máximo Tribunal, se entiende que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éste es suspendido o acabado, esto es, cuando se revoca o deroga el acto combatido de manera que no produce efecto alguno en la esfera de derechos de la gobernada, como si el acto jamás hubiera nacido. Para que se actualice la cesación de efectos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino es necesario que, aun sin hacerlo, destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, con número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que el quejoso reclama la omisión de acordar la admisión de la liquidación del laudo, atinente a las cuotas al fondo de pensiones que el demandado debió cubrir a la Dirección de Pensiones de Gobierno del Estado, planteada ante la responsable mediante escrito fechado y recibido el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en los autos del expediente laboral 142/2011/E-5 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Al respecto, de las constancias allegadas por la autoridad responsable se desprende que en proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, se acordó el escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en el que se tuvo al apoderado jurídico del actor -aquí quejoso- interponiendo el incidente de liquidación de laudo de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que se ordenó dar vista y correr traslado a la demandada para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho convenga, auto que fue notificado al aquí quejoso por lista de estrados publicada el veinte de octubre del año en curso. Documentales, a las cuales se concede valor probatorio indiciario y pleno respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, permite constatar que ya cesaron los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, pues dejó de existir la omisión de acordar lo relativo a la admisión del incidente de liquidación de laudo planteado por el aquí quejoso en los autos del expediente laboral 142/2011/E-5 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; por tanto, las cosas volvieron al estado en que estaban antes de la violación reclamada en la demanda de amparo, como si el acto nunca hubiese existido. En ese contexto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En esa virtud, se deja sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, suscrito por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; por medio del cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Se tiene como delegados a los profesionistas que señala en el oficio de cuenta, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen como pruebas de la responsable en comento las documentales que anexa a su informe, las que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias que acompañó el presidente responsable se advierte que existen elementos probatorios que acreditan la actualización de una causal de improcedencia que jurídicamente permite sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En efecto, para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo no es necesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional y al dictado de la sentencia, sino que puede decretarse durante su tramitación y antes de la celebración de dicha audiencia, siempre que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable, de suerte tal que, aun cuando el quejoso exhiba mayores pruebas, sea imposible desvirtuar la causa de improcedencia, o aun cuando no se haya dado vista a las partes del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues estimar lo contrario, dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de dicho informe justificado, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el caso. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en la justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, con número de registro 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como la diversa jurisprudencia II.2o.P. J/23 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, página 991, con número de registro 173878, que a continuación se inserta: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto." En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Del contenido del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo será improcedente, entre otros casos, cuando hayan cesado los efectos jurídicos del acto reclamado. Conforme a los criterios jurisprudenciales sustentados por nuestro máximo Tribunal, se entiende que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éste es suspendido o acabado, esto es, cuando se revoca o deroga el acto combatido de manera que no produce efecto alguno en la esfera de derechos de la gobernada, como si el acto jamás hubiera nacido. Para que se actualice la cesación de efectos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino es necesario que, aun sin hacerlo, destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, con número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que el quejoso reclama la omisión de acordar la admisión de la liquidación del laudo, atinente a las cuotas al fondo de pensiones que el demandado debió cubrir a la Dirección de Pensiones de Gobierno del Estado, planteada ante la responsable mediante escrito fechado y recibido el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en los autos del expediente laboral 142/2011/E-5 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Al respecto, de las constancias allegadas por la autoridad responsable se desprende que en proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, se acordó el escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en el que se tuvo al apoderado jurídico del actor -aquí quejoso- interponiendo el incidente de liquidación de laudo de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que se ordenó dar vista y correr traslado a la demandada para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho convenga, auto que fue notificado al aquí quejoso por lista de estrados publicada el veinte de octubre del año en curso. Documentales, a las cuales se concede valor probatorio indiciario y pleno respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, permite constatar que ya cesaron los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, pues dejó de existir la omisión de acordar lo relativo a la admisión del incidente de liquidación de laudo planteado por el aquí quejoso en los autos del expediente laboral 142/2011/E-5 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; por tanto, las cosas volvieron al estado en que estaban antes de la violación reclamada en la demanda de amparo, como si el acto nunca hubiese existido. En ese contexto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En esa virtud, se deja sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante la licenciada María Santos Flores Martínez, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. ********************Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra los actos que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, que considera violatorios del derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro.********************Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 478/2021. Digitalización.********************Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado.********************En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número ********************, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal.********************Admisión.********************Ahora bien, toda vez que de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer de la presente demanda de amparo; en esas circunstancias, con fundamento en los artículos 1, párrafo primero, 2, 33 fracción IV, 107, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite.********************Incidente de suspensión.********************Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión respectivo, toda vez que no se solicita expresamente; ni se advierte que deba tramitarse de oficio.********************Fecha y hora de la audiencia constitucional.********************Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo y 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.********************Informe justificado.********************Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir en el plazo de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, en el que exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; bajo el apercibimiento que de ser omisas en rendir dicho informe, se presumirá cierto el acto que se les atribuye, salvo prueba en contrario; haciendo de su conocimiento que pueden rendir su informe justificado a la cuenta de correo oficial de este órgano jurisdiccional "7jdo9cto@correo.cjf.gob.mx". Para lo anterior, remítase copia simple de la demanda de amparo.********************Sanción en caso de omitir la rendición del informe justificado.********************Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en el supuesto de no rendir el informe justificado o rendirlo, pero sin remitir las constancias necesarias para la solución del juicio, podrá ser sancionada, en su caso, con una multa de cien a mil veces el valor diario de unidad de medida y actualización, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo.********************Apoya lo anterior la tesis número XXIV.2o.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, enero de 2017, Tomo IV, página 2548, con número de registro 2013419, de rubro siguiente:********************"INFORME JUSTIFICADO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE APERCIBIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL SOLICITARLO SOBRE LAS CONSECUENCIAS QUE GENERA SU FALTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 115 Y 117 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."****************************************Intervención del Agente del Ministerio Público Federal, adscrito a este juzgado.********************En otro contexto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, fracción IV y 26, fracción III de la Ley de Amparo, dese la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, corriéndole traslado con la copia del escrito de demanda de amparo y notificándole mediante lista de acuerdos las resoluciones que se emitan en el presente asunto.********************Resulta aplicable la jurisprudencia número VI. 3o. J/2, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, julio-diciembre de 1988, página 673, con número de registro 230793, de rubro y texto siguiente:********************"NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA. En los términos del artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo de la competencia de los juzgados de Distrito, se harán al Ministerio Público por medio de lista que se fijará en lugar visible en el juzgado; por tanto, si de las constancias del juicio se observa que la notificación del auto admisorio se realizó por medio de lista al representante social, tal notificación debe considerarse ajustada a derecho. Consecuentemente, resulta infundada la argumentación que se hace consistir en que la referida notificación debió hacerse por oficio o en forma personal, dado que no hay ninguna disposición en la Ley de Amparo que así lo establezca."****************************************Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-1, julio-diciembre de 1988, página 334, con número de registro 230205, de rubro: ********************"MINISTERIO PÚBLICO. NOTIFICACIONES AL ADSCRITO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO. SURTEN EFECTOS POR LISTA."********************Causas de sobreseimiento.********************Hágase saber a las partes que si cesan los efectos del acto reclamado u ocurren causas notorias de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato, según lo dispone el artículo 64 de la Ley de Amparo, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; ello conforme al artículo 251 de la Ley de Amparo.********************Tercero interesado.********************Se reserva proveer respecto al emplazamiento del tercero interesado, hasta que se cuente con el informe justificado de la responsable y las constancias que, en su caso, remitan en apoyo al mismo, de donde se desprenda a quién le recae tal carácter. ********************Pruebas.********************Respecto a la prueba documental que ofrece el quejoso, consistente en las constancias que integran el expediente ******************** del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; resérvese acordar lo conducente hasta en tanto obre en autos el informe justificado y las constancias que en su apoyo remita la responsable.********************Domicilio. ********************Se tiene como domicilio de la promovente el ubicado en ********************, número ********************, casi esquina con ******************** de la ********************, en esta ciudad.********************Autorizados.********************Asimismo, se tienen como autorizados de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por tratarse de un asunto laboral.****************************************Reproducción electrónica.********************Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número I.13o.T.15 K (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo III, página 1560, con número de registro 2007298, que a la letra dice: ********************"ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."****************************************Expedición de copias.********************En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integren el presente juicio y de las remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia.********************Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito.********************En el entendido de que a efecto de que se haga la entrega de la copias que lleguen a solicitar las partes, éstas deberán generar la cita correspondiente en el Portal Judicial de la Federación, en el micro sitio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para acudir a este juzgado federal, y al efecto se otorgara un código QR, que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional -en un horario de las trece horas con treinta minutos a las diecisiete horas, de lunes a viernes-, en la inteligencia de que el límite máximo de la duración de la cita es de veinticinco minutos; por lo que, se le exhorta a presentarse puntualmente en el horario elegido; asimismo, deberá cumplir con las medidas sanitarias establecidas en el acuerdo en mención, ya que en caso de incumplimiento se podrá restringir el acceso o, en su caso, se procederá a su expulsión del recinto, de conformidad con el artículo 7 del ordenamiento multicitado.********************Protección de datos personales.********************Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial.********************Habilitación actuarial.********************Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado.********************Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, conforme a lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1253, Libro XVI, de Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2002576, de rubro:********************"NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."****************************************Exhortación para utilizar el "juicio en línea".********************En otro aspecto, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de las personas y la propagación del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que en la medida de lo posible accedan a las herramientas tecnológicas necesarias para efecto de continuar con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea".********************Cabe precisar que en el caso de que la anterior exhortación no sea atendida por la totalidad de las partes, no será posible que el presente asunto se trámite mediante el esquema denominado "juicio en línea", en tanto que para que ello sea posible, resulta necesario que todas y cada una de las partes cuenten con acceso a medios electrónicos.********************Ahora bien, en relación con el oficio derivado del presente acuerdo, dirigido a la autoridad responsable cuyas actividades se encuentran suspendidas con motivo de la contingencia sanitaria generada por el virus COVID-19, se instruye al Actuario de la adscripción, a efecto de que tal comunicación quede en su resguardo hasta en tanto la autoridad correspondiente reanude sus actividades, y una vez que ello acontezca proceda a su entrega de manera inmediata.********************Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL).********************Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas.********************Notifíquese. ********************Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante la licenciada María Santos Flores Martínez, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe. ************************************************************
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