Adan Rodríguez Castillo
Expediente 26/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Adan Rodríguez Castillo
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de febrero de dos mil veintidós. Causa estado Vista la certificación secretarial que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se desprende que el auto de veinticuatro de enero del año en curso, donde se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Se ordena archivo Al no existir tramite pendiente que realizar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d) del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Demanda de amparo e identificación de partes. Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 26/2022. Digitalización. Procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. El expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fundamento del desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que la Juzgadora de Distrito debe examinar la demanda de garantías, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Desechamiento. Del análisis de la demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, teniendo en cuenta que no se tiene la certeza jurídica de que haya sido estampada la firma autógrafa de Adán Rodríguez Trejo, lo que trae como consecuencia que se deba desechar de plano la demanda de amparo. El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita.". De la lectura del último precepto se advierte que la promoción del juicio de amparo es un acto personalísimo, esto es, que sólo podrá promoverse por el directamente interesado, salvo en los casos de excepción, cuando se trate de una causa criminal y en los que la propia ley lo permita. Correlativo a ello, el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Principio que reproduce el diverso artículo 6 de la propia Ley de Amparo, al señalar que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, principio que rige en todos los casos, salvo las causas criminales y los casos que expresamente lo permita la propia ley. En tal sentido, la persona física dentro de los procedimientos por escrito expresan su voluntad a través de la firma, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales, y cuando no saben hacerlo, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe la manifestación de voluntad del interesado. De ahí que, si la firma autógrafa es un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. En el caso que nos ocupa, de la simple observación del escrito de demanda que se provee, se advierte que no obra la firma autógrafa en la demanda promovida por Adán Rodríguez Trejo, si no que se trata de una copia, por lo que, al carecer de ella no puede expresar la voluntad de la suscriptor, y ante tal omisión dicho ocurso no tiene ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y la firma en original, y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que solo en esa hipótesis se pueda acordar conducentemente; por lo que no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a los artículos 6 y 108, ambos de la Ley de Amparo, por carecer de este requisito formal y esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa extraordinario; de ahí que si ésta no se encuentra suscrito por la interesada, debe entenderse que no existe la manifestación de la voluntad respecto de dicho promovente, por lo tanto la demanda resulta improcedente; deficiencia que no puede mandarse prevenir, ni mucho menos tenerse por enmendada mediante un ocurso o su ratificación, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el artículo 108 del indicado ordenamiento legal. Lo anterior, después de una revisión minuciosa de las cuatro copias fotostáticas que se adjuntaron al escrito de cuenta, a efecto de correr traslado a las partes, se observa que en ninguna de ellas obra estampada la firma autógrafa del promovente. Sin que en el caso, el acto reclamado por el solicitante de amparo se ubique en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, pues reclama la omisión de resolver la liquidación del laudo relativo al fondo de pensiones, por lo que es evidente que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en cuyos casos para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en nombre del directamente agraviado, aunque sean menores de edad; de ahí que el asunto no se ubique en el supuesto de excepción previsto en el arábigo 3º, párrafo último, del citado ordenamiento legal. En las condiciones apuntadas, al advertirse tal motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por quien se ostenta como ***. Autorizados. Asimismo, se tienen como autorizados de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Maximiliano Castillo Balleza y Romina Verónica Castillo Riaño, toda vez que se trata de un asunto en materia laboral y la quejosa resulta ser la parte trabajadora en el juicio de origen. Domicilio. Se tiene señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Jardín Hidalgo, número ciento trece (113), esquina con Pedro Antonio de los Santos, de la zona Centro, de esta ciudad. Reproducción electrónica. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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