Adán Obed García González
Expediente 968/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 968/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 12/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Adán Obed García González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
El licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo III-968/2022-V, pues transcurrió del dieciocho de noviembre al dos del mes y año en curso, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, se hace constar que no obran documentos originales para ordenar su devolución a las partes, no fueron exhibidos valores, sí obran constancias en un tomo por separado para ser devueltas a su remitente y sí se aperturó incidente de suspensión. Morelia, Michoacán, doce de diciembre de dos mil veintidós. Doy fe. El doce de diciembre de dos mil veintidós, el secretario da cuenta al Juez dentro del juicio de amparo III-968/2022-V, con el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, doce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de quince de noviembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de Leonardo Rojas Barragán esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito del quejoso Lorenzo Sesmas Ortega, por medio del cual ofrece prueba testimonial a cargo de Jina García González y Silvia Roque Alemán; por tanto, se desecha la citada probanza toda vez que este juzgado analizará el acto reclamado tal y como aparece probado ante la autoridad responsable dentro del juicio de origen. Aunado a lo anterior, la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado negó el acto reclamado, en el que argumentó que si bien se tramitó un incidente sobre actualización del monto de la pensión alimenticia, el mismo no fue admitido; por lo que resulta ocioso el desahogo de las testimoniales ofrecidas por la parte quejosa. Apoya en lo conducente, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, tomo IV, página 2888, con número de registro 2012641 de rubro y texto: "PRUEBAS EN EL AMPARO, NO RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. ALCANCE DE LA EXCEPCIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 75 de la Ley de Amparo establece como regla general que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante aquélla. A su vez, en su segundo párrafo contempla una excepción, a saber, que tratándose del amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiera tenido la oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Para fijar el correcto alcance de la excepción que consagra el citado precepto, debe atenderse al artículo 1o. de la Ley de Amparo, partiendo de la naturaleza y finalidad del juicio de garantías que, como la propia norma lo define, tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución y tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Así, puede decirse que el juicio de amparo no constituye una nueva o segunda o tercera instancia del procedimiento del orden común, donde puedan recibirse las pruebas que no se desahogaron con anterioridad, ni dicho juicio, que es autónomo, tiene por objeto decidir directamente sobre acciones, excepciones o pretensiones que se plantean en el procedimiento ordinario, pues lo que en él se juzga, es exclusivamente si el acto reclamado vulnera derechos humanos, siendo por esta razón que el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la responsable, tomando en consideración sólo los elementos que tuvo ante sí y pudo esa autoridad ponderar, dado que lo que se juzga es precisamente su actuación. Por ello, si el quejoso es parte en el juicio respectivo y no ha tenido oportunidad de rendir la prueba que justifique su derecho, porque se desechó o por cualquier otra causa, el remedio no puede consistir en que el Juez de amparo reciba la prueba, sino en obligar a la autoridad responsable a que lo haga, siempre y cuando los conceptos de violación relativos se consideren fundados. Estimar lo contrario, implicaría desnaturalizar el juicio constitucional, atribuyendo al Juez de Distrito facultades equivalentes a las de las autoridades responsables, incluso la de resolver directamente el conflicto planteado ante éstas, bajo el argumento de que el quejoso no pudo antes rendir la prueba. De ahí que la disposición de que se viene haciendo mérito deba entenderse aplicable al supuesto del amparo promovido por terceros extraños, dado que son éstos los que no podrían haber rendido pruebas ante las responsables, y aun en este caso, las pruebas admisibles tendrían que estar vinculadas con la demostración de la violación del derecho de audiencia, y nunca con el fondo de la controversia correspondiente, toda vez que estas últimas tendrían en todo caso que desahogarse ante aquellas autoridades, dentro de la obligación de éstas de otorgar audiencia al quejoso, en caso de concederse el amparo. También debe tenerse presente que la posibilidad de rendir pruebas en el amparo tampoco existe cuando la ley que rija el asunto no la establezca para el procedimiento correspondiente, pudiendo presentarse al respecto dos situaciones: La primera, cuando la ley de la materia, válidamente, no contemple dicha posibilidad, como podría suceder, por ejemplo, si concluyó el periodo probatorio, si se pretende rendir prueba contra presunciones legales que no la admitan, o en la segunda instancia de un juicio, cuando la ley no las permite, o por cualquier otra causa; casos en los que evidentemente no cabría que en el amparo se admitiesen las propias pruebas, precisamente por ser válida la prohibición de hacerlo. La segunda situación que podría presentarse sería la consistente en que la ley, indebidamente, no permitiese rendir pruebas; en cuya hipótesis la solución no podría ser la de recibirlas en el juicio constitucional, para resolver de esa manera, directamente, el conflicto sometido ante la responsable, sino la de declarar la inconstitucionalidad de la ley, con las consecuencias inherentes, según la situación concreta de que se tratase". Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en Uruapan, Michoacán. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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