Adán López Pérez

Expediente 925/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
925/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • Adán López Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, por la que se sobreseyó por auto el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Por tanto, igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la suspensión provisional y definitiva en el mismo. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de prueba, asimismo el disco que adjuntó a su informe justificado, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Agente del Ministerio Público Litigante de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el diecinueve del mes y año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el informe justificado que rinde el Juez de control del sistema de justicia penal, acusatorio y oral, Región Morelia, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que al realizar una minuciosa búsqueda el Sistema Integral de Administración Judicial, se inició la causa penal 824/2022 contra Adán López Pérez, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en agravio de Roxana Marlene Méndez Rodríguez y los niños de iniciales ICLM y JYMR. Que el ministerio público solicitó audiencia para formular imputación en contra del ahora quejoso, el doce de agosto del presente año tuvo verificativo la audiencia de formulación de imputación, donde a petición del imputado se decretó la duplicidad del plazo constitucional para resolver la situación jurídica; sin embargo, éste no compareció, por lo que se dictó orden de aprehensión en su contra. Posteriormente en audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso, en cumplimiento a la orden de aprehensión, la que tuvo lugar el veintiséis de agosto del año en curso, a las quince horas con cuarenta y dos minutos, se decretó por un lado, auto de vinculación a proceso a Adán López Pérez, por el delito de violencia familiar en agravio de Roxana Marlene Méndez Rodríguez, previsto y sancionado en el numeral 178 del Código Penal del Estado; y por el otro, auto de no vinculación a proceso, al citado quejoso por el delito de violencia familiar en agravio de los menores ICLM y JYMR, razón por la cual, se decretó la inmediata libertad a Adán López Pérez, única y exclusivamente por lo que a esa causa se refiere, para que cumpla con las medidas cautelares impuestas. Ahora, por ser preferente su estudio este Juzgado de Distrito examina de oficio la procedencia del juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al respecto, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando por virtud de cambio de situación jurídica se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en la nueva situación jurídica. La citada causa de improcedencia se actualiza cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio. b) Que se haya pronunciado una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto reclamado en el amparo. c) Que no se pueda decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que se deban considerar consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que exista autonomía o independencia entre el acto reclamado en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que ésta pueda subsistir, con independencia de que el acto reclamado resulte o no inconstitucional. En tal virtud, la regla general consiste en que cuando el acto emana de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de conceder el amparo se afectara ésta y, por ello, se deben reputar consumadas de forma irreparable las violaciones alegadas, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico. Dicha causa de improcedencia se actualiza en los procedimientos que sean formal o materialmente juicios, porque su existencia se basa en la creación de una etapa o estado procesal diferente, característica fundamental de un proceso que se desarrolla en diversas etapas sucesivas. En ese sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 51, publicada en la página 39 del Tomo VI, Materia Común, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En la especie, dentro del presente juicio de amparo se reclama la orden de aprehensión emitida por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, de las constancias que remitió el juez responsable como soporte de su informe justificado, se advierte que en audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso, en cumplimiento a la orden de aprehensión, la que tuvo lugar el veintiséis de agosto del año en curso, a las quince horas con cuarenta y dos minutos, se decretó por un lado, auto de vinculación a proceso a Adán López Pérez, por el delito de violencia familiar en agravio de Roxana Marlene Méndez Rodríguez, previsto y sancionado en el numeral 178 del Código Penal del Estado; y por el otro, auto de no vinculación a proceso, al citado quejoso por el delito de violencia familiar en agravio de los menores ICLM y JYMR, razón por la cual, se decretó la inmediata libertad a Adán López Pérez, única y exclusivamente por lo que a esa causa se refiere, para que cumpla con las medidas cautelares impuestas dentro de la causa de origen. Por tanto, es claro que la orden de aprehensión emitida contra el peticionario de amparo dentro de la causa penal de origen originó una situación jurídica diversa a aquélla en que se encontraba al momento de la presentación de la demanda, habida cuenta que no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, pues ello implicaría desconocer la diversa que surgió a virtud de la orden de aprehensión; por tanto, las violaciones que se pudieron cometer en el acto reclamado se deben considerar consumadas de manera irreparable. Lo anterior, es así porque la situación jurídica del quejoso ya no deriva de la orden de aprehensión, el cual generó diverso estatus jurídico, ya que se le vinculó a proceso, aunado a que dicho auto guarda autonomía con el acto reclamado, ya que puede subsistir, con independencia de que el acto reclamado resultara o no inconstitucional. En consecuencia, dado que a la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a las diversas autoridades responsables al no reclamarse por vicios propios. Sustenta lo anterior la jurisprudencia VI. 2º J/7, de registro 230811, cuyo rubro dice "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS". El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la misma, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la misma impartición de justicia, de acuerdo a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento de lo anterior la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386, del tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior, sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, de donde se desprende que el Juez de Distrito no se encuentra obligado a dar vista a la parte quejosa con las causas de improcedencia advertidas de oficio. Sustenta lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia VI. 1. T.J/I, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2007628, Materia común, pagina 2421, octubre 2014 de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO." Asimismo, apoya lo anterior la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a), décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2017544, Materia Penal, página 2482, agosto de 2018, tomo III, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para tal efecto. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las doce horas con cuarenta minutos del nueve de septiembre de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 925/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta con el escrito registrado con el número y hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva, en términos del artículo 141 de la Ley de Amparo. Enseguida, el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. El juez acuerda: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da nueva cuenta con el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación y hace constar que las demás partes no los formularon. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tienen por formulados los alegatos de mérito en términos de lo que establece el artículo 144 de la Ley de Amparo y por plecluído el derecho de las demás partes para formularlos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primero. La parte quejosa señala como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: Autoridad responsable: 1. Jueces de Control y Enjuiciamiento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, que integra el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral; 2. Agente del Ministerio Público de Litigación de la Fiscalía especializada en delitos de violencia familiar y de género de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; 3. Coordinador General de la Policía de investigación de la fiscalía general del estado de Michoacán; y, Comandante de la 21 Veintiuna Zona Militar. Todos ellos con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: La orden de aprehensión, detención, comparecencia y o presentación así como su ejecución. SEGUNDA. El Comandante de la 21 Veintiuna Zona Militar, con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo manifestó que no es cierto el acto que se le reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, por lo que procede negar la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia publicada en la página 133, Tomo ll, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados, Julio 1995, cuyo rubro expresa: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". Tercero. Las autoridades responsables Juez de Control y Enjuiciamiento del sistema de justicia penal, acusatorio y oral, Agente del Ministerio Público de Litigación de la Fiscalía Especializada en delitos de Violencia Familiar y de Género de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo manifestaron que son parcialmente los actos reclamados. Ahora bien, el Juez de Control y Enjuiciamiento del sistema de justicia penal, acusatorio y oral, informó que al realizar una minuciosa búsqueda el Sistema Integral de Administración Judicial, se inició la causa penal 824/2022 contra Adán López Pérez, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en agravio de Roxana Marlene Méndez Rodríguez y los niños de iniciales ICLM y JYMR. Que el ministerio público solicitó audiencia para formular imputación en contra del ahora quejoso, el doce de agosto del presente año tuvo verificativo la audiencia de formulación de imputación, donde a petición del imputado se decretó la duplicidad del plazo constitucional para resolver la situación jurídica; sin embargo, éste no compareció, por lo que se dictó orden de aprehensión en su contra. Posteriormente en audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso, en cumplimiento a la orden de aprehensión, la que tuvo lugar el veintiséis de agosto del año en curso, a las quince horas con cuarenta y dos minutos, se decretó por un lado, auto de vinculación a proceso a Adán López Pérez, por el delito de violencia familiar en agravio de Roxana Marlene Méndez Rodríguez, previsto y sancionado en el numeral 178 del Código Penal del Estado; y por el otro, auto de no vinculación a proceso, al citado quejoso por el delito de violencia familiar en agravio de los menores ICLM y JYMR, razón por la cual, se decretó la inmediata libertad a Adán López Pérez, única y exclusivamente por lo que a esa causa se refiere, para que cumpla con las medidas cautelares impuestas. Acorde a lo expuesto, este juzgado de Distrito estima que en el caso, se actualizó un cambio de situación jurídica al advertir que el acto reclamado quedó consumado por lo que lo que procede es negar la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se R E S U E L V E: UNICO. Se niega a Adán López Pérez, la suspensión definitiva del acto reclamado en términos de las consideraciones segunda y tercera de esta interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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