Adán Montoya Inzunza
Expediente 21/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 21/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/12/2019
Partes del expediente
- Gaudencio Baltazar Torres Aispuro
- Adán Montoya Inzunza
- Adán Montoya Inzunza y Otros.
- Edgar Vázquez Flores y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que los quejosos Adán Montoya Inzunza, Edgar Vázquez Flores y Pablo Alberto Padilla Amador, se reservaron realizar manifestación alguna respecto de la vista otorgada en proveído de doce de diciembre pasado; por tanto, una vez que transcurra el plazo de quince días concedido en el auto de referencia, acuérdese lo conducente. Sin que resulte necesario realizar mayor pronunciamiento respecto del quejoso Gaudencio Baltazar Torres Aispuro, toda vez que el trece de diciembre pasado, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, únicamente por lo que hace a dicho quejoso. Finalmente, agréguense a los autos para que obren como correspondan el oficio y anexo de cuenta que remite la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales, en atención a lo solicitado por este Juzgado en proveído de nueve de diciembre pasado, remite copia certificada de las constancias solicitadas en relación con el expediente 463/2019 de su índice, de lo que este órgano jurisdiccional proveerá lo conducente al momento de emitirse la resolución correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a diez de diciembre de dos mil diecinueve. Informe justificado. Agréguese a los autos los oficios de cuenta que firma el Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, con residencia en Mexicali, Baja California, con los cuales en relación al informe justificado que se le requirió al "Director de Centro de Reinserción Social y de Adolescentes con sede en Mexicali, Baja California," que fue señalado como autoridad señalada como responsable por la parte quejosa en el presente asunto; hace del conocimiento que la denominación correcta de la citada autoridad responsable es "Director de Centros de Reinserción Social, con residencia en Mexicali, Baja California", dependiente de la Subsecretaría a su cargo, por lo que rinde el respectivo informe justificado. En ese orden, dese vista a las partes con el citado informe justificado por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Informes justificados. Agréguense a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar los informes justificados rendidos por las autoridades responsables en el oficio y telegrama de cuenta, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días hábiles para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Con fundamento en el precepto 119, del citado ordenamiento legal, se tiene por admitida y desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, la prueba documental que adjuntó al informe la autoridad responsable Subsecretario del Sistema Penitenciario, con residencia en Mexicali, Baja California. Diferimiento. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que actualmente se encuentra transcurriendo el término de la vista que se les dio a las partes en el presente juicio, mediante proveído de esta misma fecha; consecuentemente, a fin de dar tiempo a lo anterior, es el caso de diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las diez horas con veinte minutos del siete de enero de dos mil veinte. Lo anterior con apoyo en la tesis jurisprudencial número 54/2000, derivada de la contradicción de tesis 29/98, entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aprobada por el Pleno de ese máximo Tribunal en sesión privada celebrada el veintiocho de marzo de dos mil, misma que es del literal siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Ahora, en virtud que la autoridad responsable Subsecretario del Sistema Penitenciario, con residencia en Mexicali, Baja California, al rendir su informe justificado manifestó que el acto reclamado que se reclama en el presente juicio de amparo, es el mismo acto que se reclamó y fue materia en los siguientes juicios de amparo: - Juicio de Amparo 463/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. - Juicio de Amparo 612/2018, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. - Juicio de Amparo 510/2019, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. En ese contexto, solicítese a los citados órganos jurisdiccionales, a fin de que a la brevedad posible y de no tener inconveniente alguno, remitan a este Juzgado copia certificada de la sentencia dictada en los juicios de amparo señalados con anterioridad, así como del auto que la declaró ejecutoriada y de la demanda de garantías. En otro aspecto, visto el estado procesal de los autos, por medio de los cuales se advierte que a la fecha, el defensor público, que le fue asignado a la parte quejosa, Gabriel Rodríguez López, no ha comparecido ante este Juzgado Federal para protestar el cargo que le fue conferido. Sin embargo, la suscrita, considera que con el fin de salvaguardar el debido proceso, se estima procedente dejar sin efectos el requerimiento formulado a dicho profesionista, en virtud de que la Ley de Amparo no exige a los abogados autorizados en términos amplios, conforme al artículo 12, de la Ley en la Materia, de aceptar y protestar el cargo conferido, pues dichos autorizados están facultados tanto para oír y recibir notificaciones en nombre del quejoso, así como para promover e interponer recursos que consideren pertinentes. Lo cual mantiene armonía con el principio ateniente a una efectiva defensa del quejoso, acorde con los lineamientos establecidos por el legislador en los artículos 20, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior queda sustentado en la tesis por analogía 2ª. LXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que a la letra dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. LA ENUMERACIÓN DE SUS FACULTADES EN ESE PRECEPTO ES ENUNCIATIVA. La enumeración de facultades que establece esa disposición en favor del autorizado para intervenir en términos amplios en el juicio de amparo es enunciativa y no limitativa, pues además de precisar las de interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir que se dicte sentencia para evitar la consumación del plazo de la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal, señala la de realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, que entraña una diversidad importante de facultades de representación, cuyo ejercicio dentro del juicio debe entenderse que se inicia con la presentación de la demanda de garantías en la que se confiere tal representación y subsiste mientras exista un acto que realizar en relación con el juicio constitucional." Máxime, que en el caso, exista la voluntad del quejoso de que las notificaciones aun las de carácter personal, se extienda a su autorizado, como lo establece la tesis III.2º.P.21 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, viernes 8 de noviembre de 2019, Decima Época, que establece lo siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO." Por ende, y con el fin de salvaguardar el derecho del quejoso a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se reitera al licenciado Gabriel Rodríguez López, el deber que tiene de asistir al quejoso en el trámite del presente juico de amparo.
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