Adán Israel Cuadras Rosas

Expediente 513/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
513/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
29/08/2022

Partes del expediente

  • Adán Israel Cuadras Rosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el diez de agosto de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción I y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos de los artículos 21, inciso c), y 20, fracción II, inciso a), ambos del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo 18 del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. Se ordena marcar en la carátula del original y duplicado del incidente de suspensión la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las doce horas con veinte minutos del diez de agosto de dos mil veintidós, hora y fecha señalados para la celebración de la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 513/2022-F, promovido por Adán Israel Cuadras Rosas, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Penal de Primera Instancia, en esta ciudad, y otras autoridades; ante la presencia de Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia personal de las partes, ni representante legítimo de ellas, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia. Acto continuo el Secretario certifica que en auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós, se tuvieron por inexistentes a las autoridades que el quejoso señaló como responsables Fiscal del Estado de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, Fiscal del Estado de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales, Fiscal del Estado de la Unidad Mariano Matamoros, Fiscal del Estado de la Unidad La Mesa, Fiscal del Estado de la Unidad Zona Centro, Comandante de la Policía Ministerial de Aprehensiones del Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California, Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Baja California Mariano Matamoros, Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Baja California de Delitos Sexuales, Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Baja California La Mesa, Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Baja California Especializada en delitos contra la vida, Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Baja California Especializada en Delitos Patrimoniales. Tijuana, Baja California, Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California, Policía Estatal Preventiva de Baja California y Juez de Garantía y Juicio Oral Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, todas con residencia en esta ciudad. Acto seguido, el Secretario procede a relacionar las constancias que obran en autos entre las que se encuentran: a) escrito inicial de demanda; b) auto admisorio de ocho de julio de dos mil veintidós; c) constancia de notificación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; d) auto de catorce de julio de dos mil veintidós en el que se tuvo al quejoso aclarando su nombre correcto siendo Adán Israel Cuadras Rosas e) constancias de notificación a las autoridades señaladas como responsables; y f) informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida el Juez Acuerda: se tiene por hecha la relación que antecede para todos los efectos legales conducentes. A continuación, se abre la etapa probatoria y el Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. A lo que el Juez acuerda: Se tiene por precluído el derecho de las partes para ofrecer pruebas. En período de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la manifestación que realiza el Secretario y por precluido el derecho de las partes a formular alegatos; en consecuencia, al no haber alegatos pendientes por desahogar, se cierra el presente periodo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponde. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 513/2022-F, promovido por Adán Israel Cuadras Rosas, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Penal de Primera Instancia, en esta ciudad, y otras autoridades; y, Resultando Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito recibido el ocho de julio de dos mil veintidós, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido en mismo día en este órgano jurisdiccional, Adán Israel Cuadras Rosas, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables Juez de Garantía y Juicio Oral Penal del Partido Judicial de Tijuana. Juez de Primero Penal del Partido Judicial de Tijuana. Juez de Segundo Penal del Partido Judicial de Tijuana. Juez de Tercero Penal del Partido Judicial de Tijuana. Juez de Cuarto Penal del Partido Judicial de Tijuana. Fiscal del Estado de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales. Fiscal del Estado de la Unidad Especializada en delitos Sexuales. Fiscal del Estado de la Unidad Mariano Matamoros. Fiscal del Estado de la Unidad La Mesa. Fiscal del Estado de la Unidad Zona Centro. Comandante de la Policía Ministerial de Aprehensiones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California. Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Baja California, Mariano Matamoros. Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Baja California de Delitos Sexuales. Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Baja California, La Mesa. Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Baja California, Especializada en Delitos Contra la vida. Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Baja California Especializada en Delitos Patrimoniales. Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana. Policía Estatal Preventiva de Baja California. Actos reclamados "IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, la orden de aprehensión, detención o presentación dictada en mi contra y de las segundas, la ejecución de dicha orden por medio de los agentes a su mando, fuera del procedimiento legal." Segundo. Derechos humanos y garantías cuya violación se reclama. El quejoso señaló como derechos fundamentales constitucionales violados, los consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional en ocho de julio de dos mil veintidós ordenó la formación del expediente impreso bajo el registro número 513/2022-F; y admitió la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables el informe justificado y dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Cuarto. Inexistencia de autoridades. Mediante proveído de veintisiete de julio de dos mil veintidós, se tuvieron por inexistentes a las autoridades que el quejoso señaló como responsables Fiscal del Estado de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, Fiscal del Estado de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales, Fiscal del Estado de la Unidad Mariano Matamoros, Fiscal del Estado de la Unidad La Mesa, Fiscal del Estado de la Unidad Zona Centro, Comandante de la Policía Ministerial de Aprehensiones del Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California, Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Baja California Mariano Matamoros, Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Baja California de Delitos Sexuales, Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Baja California La Mesa, Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Baja California Especializada en delitos contra la vida, Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Baja California Especializada en Delitos Patrimoniales. Tijuana, Baja California, Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California, Policía Estatal Preventiva de Baja California y Juez de Garantía y Juicio Oral Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, todas con residencia en esta ciudad, por lo que la presente resolución no se ocupará de los actos reclamados a dichas autoridades. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el presente caso, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que el peticionario del amparo señala como acto reclamado, el siguiente: La orden de aprehensión, detención o presentación y su ejecución. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Conforme a lo previsto en el artículo 75, de la Ley de la materia, y la técnica que rige en el juicio de amparo, lo procedente ahora es determinar la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Por su aplicación, es de citarse la Jurisprudencia XVII.2º. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, página 68, registro 212775, de rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." No. Autoridad responsable Sentido 1 Juez Primero Penal de Primera Instancia, en esta ciudad. Niega. 2 Juez Segundo de lo Penal, en esta ciudad. Niega. 3 Juez Tercero de lo Penal por Ministerio de Ley, en esta ciudad. Niega 4 Juez Cuarto de lo Penal por Ministerio de Ley, en esta ciudad Niega En ese orden de ideas, no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas con anterioridad -en sus denominaciones actuales y correctas- consistentes en la orden de aprehensión, detención o presentación y su ejecución, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara dichas negativas, no obstante de que fue debidamente notificada de la vista concedida al haberse agregado los informes justificados. Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia del acto reclamado, ni es suficiente que los argumentos vertidos en ellas se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar las afirmaciones. Ello es así, dado que la demostración del acto reclamado es una cuestión de hechos que debe acreditarse con las pruebas adecuadas e idóneas; de ahí que, cuando la autoridad responsable niega categóricamente el acto que se le imputa, en tal supuesto, el Juez no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza del acto de que se trata y, luego, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; por tanto, es evidente que corresponde a la parte quejosa la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado haga la autoridad responsable, y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Es aplicable la jurisprudencia 308, consultable en la página 77, agosto de 1994, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Asimismo, apoya a lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." Por lo cual, al no estar demostrado que con motivo de los hechos plasmados en el escrito de demanda, las autoridades responsables hayan emitido la orden de aprehensión, detención o presentación y su ejecución. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades de mérito, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (Febrero de 2002), visible en la página 903, que establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Ello tiene sustento también, en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1989, foja 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Adán Israel Cuadras Rosas, contra actos de las autoridades señaladas como responsables en el considerando tercero, por los motivos y fundamentos expuestos en el mismo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando de la presente resolución. Notifíquese.

  3. Incidental

    [...]R e s u e l v e ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Adán Israel Cuadras Rosas, contra los actos reclamados a las autoridades responsables indicadas en el considerando tercero por los motivos expuestos en el mismo. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta se aprecia que a la fecha feneció el plazo de tres días concedido en autos de trece y catorce de julio de la presente anualidad, a fin de que la parte quejosa manifestara la denominación correcta de las autoridades que señaló como Fiscal del Estado de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, Fiscal del Estado de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales, Fiscal del Estado de la Unidad Mariano Matamoros, Fiscal del Estado de la Unidad La Mesa, Fiscal del Estado de la Unidad Zona Centro, Comandante de la Policía Ministerial de Aprehensiones del Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California, Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Baja California Mariano Matamoros, Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Baja California de Delitos Sexuales, Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Baja California La Mesa, Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Baja California Especializada en delitos contra la vida, Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Baja California Especializada en Delitos Patrimoniales. Tijuana, Baja California, Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California, Policía Estatal Preventiva de Baja California y Juez de Garantía y Juicio Oral Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, sin que lo hubiera hecho, no obstante de estar debidamente notificado para tal efecto; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado y se tienen por inexistentes a las citadas autoridades, por tanto, se ordena suspender toda comunicación con la misma, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A", a cargo del sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las modificaciones correspondientes en el expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo. Acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo. Notifíquese.

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