Adan Albino Gonzalez
Expediente 1640/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1640/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 01/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Adan Albino Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, uno de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del ocho al veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de diez de abril de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 56 a 77), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez de lo Penal de Tepeaca, Puebla, realizara lo siguiente: "Deje insubsistente la orden de aprehensión de catorce de octubre de dos mil dieciséis, únicamente por lo que respecta al aquí quejoso ADÁN ALBINO GONZÁLEZ, librada en la causa penal número 262/2016 de su índice; y, con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decide lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: En el estudio de las agravantes deberá motivar su determinación, precisando en qué consiste cada una de las agravantes que considere se encuentran previstas en el artículo 380 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla. En lo que se refiere al estudio de la probable responsabilidad penal del aquí quejoso en la comisión del delito que se le atribuye, deberá desarrollar el estudio condigno; debiendo expresar además las razones que tiene para considerarlo así: e, Indicar el grado de autoría o participación que el quejoso tuvo en la ejecución del delito que se le imputa, lo que implica señalar las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se le atribuye." Resolución que el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 101 a 103). Ahora bien, mediante oficio 1504 de seis de abril de dos mil diecisiete (fojas 113 a 125), el Juez de lo Penal de Tepeaca, Puebla, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en la causa penal 262/2016 de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada de catorce de octubre de dos mil dieciséis, únicamente por cuanto hace al quejoso Adán Albino González. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, volvió a librar orden de aprehensión contra el aquí quejoso Adán Albino González, por el delito de ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción VI y 380, fracciones I, XI y XVII, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de José Hernández López. Resolución en la cual, precisó en qué consiste cada una de las agravantes previstas en el artículo 380, fracciones I, XI y XVII del Código Penal para el Estado de Puebla, al decir que respecto de la primera fracción referente a que "si el robo se ejecuta con violencia contra la víctima de aquél o contra otra u otras personas que se encuentren en el lugar de los hechos", se encuentra acreditada con las declaraciones del conductor de la unidad afecta Edgar Elí Sánchez Coleote y su acompañante Manuel Sayas Rojas, quienes refirieron que para desapoderarlos de la retroexcavadora, el grupo de personas llevaban machetes y palos, asimismo, comenzaron a arrojarles piedras e incluso de una pedrada tiraron de la retroexcavadora a Manuel Sayas Rojas, además arrojaron diesel al referido automotor. Respecto de la fracción XI del referido artículo, referente a "cuando sean los ladrones dos o más", dijo que se tiene por acreditada con las declaraciones de Edgar Elí Sánchez Coleote, Manuel Sayas Rojas y José Antonio Rufino Hernández Domínguez, quienes refirieron que fue una pluralidad de activos quienes cometieron el delito de robo de vehículo. Y, por cuanto hace a la agravante prevista en la fracción XVII del aludido dispositivo legal, referente a "cuando se cometa estando la víctima en un vehículo particular o de transporte público", se encuentra acreditada con las declaraciones de Edgar Elí Sánchez Coleote, Manuel Sayas Rojas y José Antonio Rufino Hernández Domínguez, quienes estaban a bordo del vehículo automotor afecto del cual fueron desapoderados con violencia. Por otro lado, en el estudio de la probable responsabilidad del delito en estudio, el juez de la causa estableció los medios de prueba con los cuales se tiene por acreditada la misma por cuanto hace al aquí quejoso, además de indicar su grado de autoría o participación, señalando las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se le atribuye. Lo anterior al decir que dicha probable responsabilidad se acredita en términos del artículo 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, con el dicho de los referidos testigos Edgar Elí Sánchez Coleote, Manuel Sayas Rojas y José Antonio Rufino Hernández Domínguez, quienes describen la mecánica de los hechos que cada uno de los mismos percibió, al mencionar que Antonio Barrales Salvador fue quien dio la orden a Gelacio Barrales Salvador, Rosalio Barrales Salvador y al aquí quejoso Adán Albino González que se llevaran la máquina, orden que fue ejecutada. Asimismo, refirió que obra copia certificada del expediente 266/2008 del Tribunal Agrario Distrito 37 de la ciudad de Puebla, en la que consta el acta de ejecución de sentencia de quince de abril de dos mil quince, de la que se advierte que el actuario ejecutor hizo constar que fueron sorprendidos por Antonio Barrales Salvador, con un grupo de personas, aproximadamente cuarenta, quienes obstruyeron el paso, diciéndoles que no querían que se ejecutara la sentencia y sin dar explicaciones comenzaron a golpear al presidente del comisariado ejidal y a algunas personas que lo acompañaban. Por lo anterior, concluyó que la intervención del quejoso Adán Albino González, fue de manera directa y material, puesto que mediante la ejecución de acciones coordinadas con tres sujetos más, logró apoderarse del vehículo automotor afecto, a sabiendas que no tenía derecho a ello, por lo que participó como coautor. Por lo que determinó, que el quince de abril de dos mil quince, aproximadamente a las diez horas con quince minutos, cuando Edgar Elí Sánchez Coleote y Manuel Sayas Rojas, se encontraban a bordo de la unidad automotor afecto, realizando delimitaciones en los terrenos que el Tribunal Unitario Agrario daba en posesión a los integrantes del comisariado ejidal, legaron de momento un grupo de personas quienes les impidieron el paso, empezando a golpear al piloto y copiloto de la retroexcavadora, siendo identificado el aquí quejoso Adán Albino González como una de las personas que se llevó la retroexcavadora. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, en términos del artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de diez de abril de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 56 a 77), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez de lo Penal de Tepeaca, Puebla, realizara lo siguiente: "Deje insubsistente la orden de aprehensión de catorce de octubre de dos mil dieciséis, únicamente por lo que respecta al aquí quejoso ADÁN ALBINO GONZÁLEZ, librada en la causa penal número 262/2016 de su índice; y, con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decide lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: En el estudio de las agravantes deberá motivar su determinación, precisando en qué consiste cada una de las agravantes que considere se encuentran previstas en el artículo 380 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla. En lo que se refiere al estudio de la probable responsabilidad penal del aquí quejoso en la comisión del delito que se le atribuye, deberá desarrollar el estudio condigno; debiendo expresar además las razones que tiene para considerarlo así: e, Indicar el grado de autoría o participación que el quejoso tuvo en la ejecución del delito que se le imputa, lo que implica señalar las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se le atribuye." Resolución que el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 101 a 103). Ahora bien, mediante oficio 1504 de seis de abril de dos mil diecisiete (fojas 113 a 125), el Juez de lo Penal de Tepeaca, Puebla, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en la causa penal 262/2016 de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada de catorce de octubre de dos mil dieciséis, únicamente por cuanto hace al quejoso Adán Albino González. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, volvió a librar orden de aprehensión contra el aquí quejoso Adán Albino González, por el delito de ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción VI y 380, fracciones I, XI y XVII, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de José Hernández López. Resolución en la cual, precisó en qué consiste cada una de las agravantes previstas en el artículo 380, fracciones I, XI y XVII del Código Penal para el Estado de Puebla, al decir que respecto de la primera fracción referente a que "si el robo se ejecuta con violencia contra la víctima de aquél o contra otra u otras personas que se encuentren en el lugar de los hechos", se encuentra acreditada con las declaraciones del conductor de la unidad afecta Edgar Elí Sánchez Coleote y su acompañante Manuel Sayas Rojas, quienes refirieron que para desapoderarlos de la retroexcavadora, el grupo de personas llevaban machetes y palos, asimismo, comenzaron a arrojarles piedras e incluso de una pedrada tiraron de la retroexcavadora a Manuel Sayas Rojas, además arrojaron diesel al referido automotor. Respecto de la fracción XI del referido artículo, referente a "cuando sean los ladrones dos o más", dijo que se tiene por acreditada con las declaraciones de Edgar Elí Sánchez Coleote, Manuel Sayas Rojas y José Antonio Rufino Hernández Domínguez, quienes refirieron que fue una pluralidad de activos quienes cometieron el delito de robo de vehículo. Y, por cuanto hace a la agravante prevista en la fracción XVII del aludido dispositivo legal, referente a "cuando se cometa estando la víctima en un vehículo particular o de transporte público", se encuentra acreditada con las declaraciones de Edgar Elí Sánchez Coleote, Manuel Sayas Rojas y José Antonio Rufino Hernández Domínguez, quienes estaban a bordo del vehículo automotor afecto del cual fueron desapoderados con violencia. Por otro lado, en el estudio de la probable responsabilidad del delito en estudio, el juez de la causa estableció los medios de prueba con los cuales se tiene por acreditada la misma por cuanto hace al aquí quejoso, además de indicar su grado de autoría o participación, señalando las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se le atribuye. Lo anterior al decir que dicha probable responsabilidad se acredita en términos del artículo 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, con el dicho de los referidos testigos Edgar Elí Sánchez Coleote, Manuel Sayas Rojas y José Antonio Rufino Hernández Domínguez, quienes describen la mecánica de los hechos que cada uno de los mismos percibió, al mencionar que Antonio Barrales Salvador fue quien dio la orden a Gelacio Barrales Salvador, Rosalio Barrales Salvador y al aquí quejoso Adán Albino González que se llevaran la máquina, orden que fue ejecutada. Asimismo, refirió que obra copia certificada del expediente 266/2008 del Tribunal Agrario Distrito 37 de la ciudad de Puebla, en la que consta el acta de ejecución de sentencia de quince de abril de dos mil quince, de la que se advierte que el actuario ejecutor hizo constar que fueron sorprendidos por Antonio Barrales Salvador, con un grupo de personas, aproximadamente cuarenta, quienes obstruyeron el paso, diciéndoles que no querían que se ejecutara la sentencia y sin dar explicaciones comenzaron a golpear al presidente del comisariado ejidal y a algunas personas que lo acompañaban. Por lo anterior, concluyó que la intervención del quejoso Adán Albino González, fue de manera directa y material, puesto que mediante la ejecución de acciones coordinadas con tres sujetos más, logró apoderarse del vehículo automotor afecto, a sabiendas que no tenía derecho a ello, por lo que participó como coautor. Por lo que determinó, que el quince de abril de dos mil quince, aproximadamente a las diez horas con quince minutos, cuando Edgar Elí Sánchez Coleote y Manuel Sayas Rojas, se encontraban a bordo de la unidad automotor afecto, realizando delimitaciones en los terrenos que el Tribunal Unitario Agrario daba en posesión a los integrantes del comisariado ejidal, legaron de momento un grupo de personas quienes les impidieron el paso, empezando a golpear al piloto y copiloto de la retroexcavadora, siendo identificado el aquí quejoso Adán Albino González como una de las personas que se llevó la retroexcavadora. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, en términos del artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza de lo Penal de Tepeaca, Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de veintiocho de marzo pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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