Ada Hernandez Castelan

Expediente 425/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 22 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
425/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
28/11/2018

Partes del expediente

  • Ada Hernandez Castelan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho (fojas 312 a 314), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del cinco al veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitieron los Magistrados que integran la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, consistente en copias certificadas del toca de apelación 1016/2016, de su índice (anexo I), se ordena devolver dicha documental a la autoridad responsable citada, sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda notificar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental antes descrita.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de diez de octubre de dos mil dieciocho (foja 300), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por la parte quejosa mediante escrito presentado el diecinueve de octubre ante este juzgado. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el doce de julio de dos mil dieciocho (fojas 53 a 71) se concedió el amparo a la quejosa ********************para que los Magistrados que integran la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla realizaran lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que los 1. Magistrados que integran la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realicen lo siguiente: 1. Dejen insubsistente la resolución emitida el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, en el toca ********************que confirmó la de veintidós de agosto de dos mil dieciséis del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dictada en el proceso penal ********************, que negó la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, por delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad en contra de ********************; y, 2. Con libertad de jurisdicción, dicten otra, debidamente fundada y motivada, la que podrá ser en el mismo sentido o, en sentido contrario, pero purgando los vicios formales que la afectan, y que han quedado precisados en esta sentencia, esto es motivarán debidamente las razones que tomaron en consideración para emitir el acto, debiendo existir adecuación de éstas con el contenido de la norma legal o normas legales que se aplicaron en el caso, en concreto deberá fundar debidamente su dicho en el sentido de que no consta en autos: a) que con respecto a la medida de apremio consistente en el arresto por treinta y seis horas, la misma se haya hecho efectiva; b) que ante la resistencia del demandado se le haya apercibido que de no hacerlo se procedería en su contra personalmente por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad; y, c) que ante la resistencia del demandado se haya decretado la desobediencia a un mandato legítimo de autoridad; pues el numeral en que funda su dicho no lo establece." Inconformes con dicha resolución, el tercero interesado ******************** y la quejosa ********************interpusieron recuso de revisión (fojas 86 a 91 y 99 a 118), medios de impugnación que correspondieron al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, órgano jurisdiccional que los radicó con el número de expediente 218/2018 de su índice (foja 182), los admitió a trámite; y, en ejecutoria de veinte de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 187 a 240) confirmó la sentencia sujeta a revisión, por lo que en acuerdo de dos de octubre de la presente anualidad (fojas 241 a 243) se requirió el cumplimiento del fallo protector. Mediante oficio ********************de ocho de octubre de dos mil dieciocho (foja 258), la Sala responsable remitió copia certificada de la resolución emitida en la misma fecha en el toca de apelación ********************de su índice (fojas 259 a 299). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, los Magistrados que integran la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla realizaron lo siguiente: 1. En resolución de ocho de octubre de dos mil dieciocho, dejaron sin efectos la diversa emitida el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, en el toca ********************que confirmó la determinación judicial de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, pronunciada por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dictada en el proceso penal ********************, en la que negó la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público contra ********************, por el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad (foja 298). 2. La Sala responsable emitió otra resolución en diverso sentido que aquella que constituyó el acto reclamado en esta instancia constitucional, en virtud de que revocó la resolución apelada y, en la fecha indicada (ocho de octubre de la presente anualidad), libró orden aprehensión con ********************, por su probable participación en la comisión del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 200 del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla (foja 298 vuelta). 3. En la resolución que se analiza, los Magistrados que integran la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla observaron las consideraciones vertidas en la sentencia de amparo ya que señalaron lo siguiente: Establecieron que el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad se encuentra previsto por el artículo 200 del código sustantivo penal para el Estado de Puebla, que señala: "Artículo 200.- Al que sin causa legítima rehusare prestar un servicio de interés público, a que la ley lo obligue, o desobedeciere un mandato legítimo o una cita de la autoridad, se le aplicará prisión de quince días a un año y multa de uno a diez días de salario." Del dispositivo legal transcrito, desglosaron los elementos que conforman el cuerpo del ilícito referido de la siguiente manera: "a) La existencia de mandato legítimo de autoridad, dirigido a una persona. b) Que el agente tenga conocimiento del mandato; c) No obre a su favor causa justificada para desobedecerlo." La autoridad responsable señaló que el numeral transcrito, no exige que se agoten, previamente a la acción penal, todas las medidas de apremio establecidas en la ley que rigen el mandato judicial inobservado por el agente activo (foja 293). Estableció que el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad tutela la ejecución de un mandamiento proveniente de autoridad formalmente válido, y lo que la ley sanciona es la resistencia a la ejecución de dicho mandato, y que el principio de autoridad no debe romperse, al dejar que el gobernado no cumpla con tal mandamiento (foja 293). Así mismo, reprodujo el contenido del artículo 1067 Bis del Código de Comercio, vigente en la época de los hechos, que dice: "Artículo 1,067 Bis. Para hacer cumplir sus determinaciones el juez puede emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio que estime pertinentes, sin que para ello sea necesario que el juzgador se ciña al orden que a continuación se señala: I. Amonestación; II. Multa hasta de $6,477.17, monto que se actualizará en términos del artículo 1253, fracción VI; III. El uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras si fuere necesaria, y IV. Arresto hasta por treinta y seis horas; Si el juez estima que el caso puede ser constitutivo de delito, dará parte al Ministerio Público." La Sala responsable indicó que el ordinal reproducido señala todas las medidas de apremio establecidas en la Ley (Código de Comercio) que rigen los requerimientos o mandatos judiciales que se dirigieron a la parte demandada y que para considerar que los medios de apremio previstos en dicho artículo han quedado agotados, es innecesario que se hayan empleado todos, pues del mismo numeral se advierte que queda al prudente arbitrio del juzgador, en atención a las circunstancias del caso específico, ordenar los que estime idóneos (foja 293 vuelta). Posteriormente, la autoridad responsable analizó los elementos de prueba que obran en la casusa penal de origen y concluyó que se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 200 del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla (fojas 294 a 296 vuelta); así como la probable participación de ******************** en su comisión (fojas 297 y 298). Sin embargo, tales cuestiones no son susceptibles de ser analizadas en este juicio de garantías, en virtud de que no fueron objeto del análisis realizado en la sentencia de amparo ni formaron parte de los efectos del fallo protector, pues se concedió libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para que emitiera el fallo correspondiente. Por otra parte, mediante escrito presentado ante esta autoridad el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, el quejoso solicitó se declare cumplida la sentencia de amparo, pero expresó que, a su juicio, existe una imprecisión en la resolución que se analiza, pues señaló que fue ********************, en su carácter de endosatario en procuración de ********************quien promovió el juicio ejecutivo mercantil contra ******************** y no ********************como afirmó la autoridad responsable; así mismo, advirtió una imprecisión en el nombre del aquí tercero interesado, pues la autoridad responsable lo citó como ********************cuando el correcto es ********************. Sin embargo, tales cuestiones no son susceptibles de ser analizadas en este expediente, en virtud de ello no fue objeto de la litis constitucional ni de los efectos del fallo protector. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  3. Principal

    (citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA JOSÉ SANTANDER ARTURO ZARAGOZA EL PROVEÍDO DE 24 DE OCTUBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de diez de octubre de dos mil dieciocho (foja 300), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por la parte quejosa mediante escrito presentado el diecinueve de octubre ante este juzgado. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el doce de julio de dos mil dieciocho (fojas 53 a 71) se concedió el amparo a la quejosa ********************para que los Magistrados que integran la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla realizaran lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que los 1. Magistrados que integran la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realicen lo siguiente: 1. Dejen insubsistente la resolución emitida el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, en el toca ********************que confirmó la de veintidós de agosto de dos mil dieciséis del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dictada en el proceso penal ********************, que negó la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, por delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad en contra de ********************; y, 2. Con libertad de jurisdicción, dicten otra, debidamente fundada y motivada, la que podrá ser en el mismo sentido o, en sentido contrario, pero purgando los vicios formales que la afectan, y que han quedado precisados en esta sentencia, esto es motivarán debidamente las razones que tomaron en consideración para emitir el acto, debiendo existir adecuación de éstas con el contenido de la norma legal o normas legales que se aplicaron en el caso, en concreto deberá fundar debidamente su dicho en el sentido de que no consta en autos: a) que con respecto a la medida de apremio consistente en el arresto por treinta y seis horas, la misma se haya hecho efectiva; b) que ante la resistencia del demandado se le haya apercibido que de no hacerlo se procedería en su contra personalmente por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad; y, c) que ante la resistencia del demandado se haya decretado la desobediencia a un mandato legítimo de autoridad; pues el numeral en que funda su dicho no lo establece." Inconformes con dicha resolución, el tercero interesado ******************** y la quejosa ********************interpusieron recuso de revisión (fojas 86 a 91 y 99 a 118), medios de impugnación que correspondieron al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, órgano jurisdiccional que los radicó con el número de expediente 218/2018 de su índice (foja 182), los admitió a trámite; y, en ejecutoria de veinte de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 187 a 240) confirmó la sentencia sujeta a revisión, por lo que en acuerdo de dos de octubre de la presente anualidad (fojas 241 a 243) se requirió el cumplimiento del fallo protector. Mediante oficio ********************de ocho de octubre de dos mil dieciocho (foja 258), la Sala responsable remitió copia certificada de la resolución emitida en la misma fecha en el toca de apelación *************de su índice (fojas 259 a 299). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, los Magistrados que integran la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla realizaron lo siguiente: 1. En resolución de ocho de octubre de dos mil dieciocho, dejaron sin efectos la diversa emitida el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, en el toca ********************que confirmó la determinación judicial de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, pronunciada por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dictada en el proceso penal ********************, en la que negó la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público contra ********************, por el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad (foja 298). 2. La Sala responsable emitió otra resolución en diverso sentido que aquella que constituyó el acto reclamado en esta instancia constitucional, en virtud de que revocó la resolución apelada y, en la fecha indicada (ocho de octubre de la presente anualidad), libró orden aprehensión con ********************, por su probable participación en la comisión del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 200 del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla (foja 298 vuelta). 3. En la resolución que se analiza, los Magistrados que integran la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla observaron las consideraciones vertidas en la sentencia de amparo ya que señalaron lo siguiente: Establecieron que el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad se encuentra previsto por el artículo 200 del código sustantivo penal para el Estado de Puebla, que señala: "Artículo 200.- Al que sin causa legítima rehusare prestar un servicio de interés público, a que la ley lo obligue, o desobedeciere un mandato legítimo o una cita de la autoridad, se le aplicará prisión de quince días a un año y multa de uno a diez días de salario." Del dispositivo legal transcrito, desglosaron los elementos que conforman el cuerpo del ilícito referido de la siguiente manera: "a) La existencia de mandato legítimo de autoridad, dirigido a una persona. b) Que el agente tenga conocimiento del mandato; c) No obre a su favor causa justificada para desobedecerlo." La autoridad responsable señaló que el numeral transcrito, no exige que se agoten, previamente a la acción penal, todas las medidas de apremio establecidas en la ley que rigen el mandato judicial inobservado por el agente activo (foja 293). Estableció que el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad tutela la ejecución de un mandamiento proveniente de autoridad formalmente válido, y lo que la ley sanciona es la resistencia a la ejecución de dicho mandato, y que el principio de autoridad no debe romperse, al dejar que el gobernado no cumpla con tal mandamiento (foja 293). Así mismo, reprodujo el contenido del artículo 1067 Bis del Código de Comercio, vigente en la época de los hechos, que dice: "Artículo 1,067 Bis. Para hacer cumplir sus determinaciones el juez puede emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio que estime pertinentes, sin que para ello sea necesario que el juzgador se ciña al orden que a continuación se señala: I. Amonestación; II. Multa hasta de $6,477.17, monto que se actualizará en términos del artículo 1253, fracción VI; III. El uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras si fuere necesaria, y IV. Arresto hasta por treinta y seis horas; Si el juez estima que el caso puede ser constitutivo de delito, dará parte al Ministerio Público." La Sala responsable indicó que el ordinal reproducido señala todas las medidas de apremio establecidas en la Ley (Código de Comercio) que rigen los requerimientos o mandatos judiciales que se dirigieron a la parte demandada y que para considerar que los medios de apremio previstos en dicho artículo han quedado agotados, es innecesario que se hayan empleado todos, pues del mismo numeral se advierte que queda al prudente arbitrio del juzgador, en atención a las circunstancias del caso específico, ordenar los que estime idóneos (foja 293 vuelta). Posteriormente, la autoridad responsable analizó los elementos de prueba que obran en la casusa penal de origen y concluyó que se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 200 del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla (fojas 294 a 296 vuelta); así como la probable participación de ******************** en su comisión (fojas 297 y 298). Sin embargo, tales cuestiones no son susceptibles de ser analizadas en este juicio de garantías, en virtud de que no fueron objeto del análisis realizado en la sentencia de amparo ni formaron parte de los efectos del fallo protector, pues se concedió libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para que emitiera el fallo correspondiente. Por otra parte, mediante escrito presentado ante esta autoridad el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, el quejoso solicitó se declare cumplida la sentencia de amparo, pero expresó que, a su juicio, existe una imprecisión en la resolución que se analiza, pues señaló que fue ********************, en su carácter de endosatario en procuración de ********************quien promovió el juicio ejecutivo mercantil contra ******************** y no ******************como afirmó la autoridad responsable; así mismo, advirtió una imprecisión en el nombre del aquí tercero interesado, pues la autoridad responsable lo citó como ********************cuando el correcto es ********************. Sin embargo, tales cuestiones no son susceptibles de ser analizadas en este expediente, en virtud de ello no fue objeto de la litis constitucional ni de los efectos del fallo protector. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  4. Principal

    CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de diez de octubre de dos mil dieciocho (foja 300), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por la parte quejosa mediante escrito presentado el diecinueve de octubre ante este juzgado. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el doce de julio de dos mil dieciocho (fojas 53 a 71) se concedió el amparo a la quejosa ********************para que los Magistrados que integran la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla realizaran lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que los 1. Magistrados que integran la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realicen lo siguiente: 1. Dejen insubsistente la resolución emitida el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, en el toca ********************que confirmó la de veintidós de agosto de dos mil dieciséis del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dictada en el proceso penal ********************, que negó la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, por delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad en contra de ********************; y, 2. Con libertad de jurisdicción, dicten otra, debidamente fundada y motivada, la que podrá ser en el mismo sentido o, en sentido contrario, pero purgando los vicios formales que la afectan, y que han quedado precisados en esta sentencia, esto es motivarán debidamente las razones que tomaron en consideración para emitir el acto, debiendo existir adecuación de éstas con el contenido de la norma legal o normas legales que se aplicaron en el caso, en concreto deberá fundar debidamente su dicho en el sentido de que no consta en autos: a) que con respecto a la medida de apremio consistente en el arresto por treinta y seis horas, la misma se haya hecho efectiva; b) que ante la resistencia del demandado se le haya apercibido que de no hacerlo se procedería en su contra personalmente por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad; y, c) que ante la resistencia del demandado se haya decretado la desobediencia a un mandato legítimo de autoridad; pues el numeral en que funda su dicho no lo establece." Inconformes con dicha resolución, el tercero interesado ******************** y la quejosa ********************interpusieron recuso de revisión (fojas 86 a 91 y 99 a 118), medios de impugnación que correspondieron al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, órgano jurisdiccional que los radicó con el número de expediente 218/2018 de su índice (foja 182), los admitió a trámite; y, en ejecutoria de veinte de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 187 a 240) confirmó la sentencia sujeta a revisión, por lo que en acuerdo de dos de octubre de la presente anualidad (fojas 241 a 243) se requirió el cumplimiento del fallo protector. Mediante oficio ********************de ocho de octubre de dos mil dieciocho (foja 258), la Sala responsable remitió copia certificada de la resolución emitida en la misma fecha en el toca de apelación ********************de su índice (fojas 259 a 299). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, los Magistrados que integran la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla realizaron lo siguiente: 1. En resolución de ocho de octubre de dos mil dieciocho, dejaron sin efectos la diversa emitida el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, en el toca ********************que confirmó la determinación judicial de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, pronunciada por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dictada en el proceso penal ********************, en la que negó la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público contra ********************, por el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad (foja 298). 2. La Sala responsable emitió otra resolución en diverso sentido que aquella que constituyó el acto reclamado en esta instancia constitucional, en virtud de que revocó la resolución apelada y, en la fecha indicada (ocho de octubre de la presente anualidad), libró orden aprehensión con ********************, por su probable participación en la comisión del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 200 del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla (foja 298 vuelta). 3. En la resolución que se analiza, los Magistrados que integran la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla observaron las consideraciones vertidas en la sentencia de amparo ya que señalaron lo siguiente: Establecieron que el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad se encuentra previsto por el artículo 200 del código sustantivo penal para el Estado de Puebla, que señala: "Artículo 200.- Al que sin causa legítima rehusare prestar un servicio de interés público, a que la ley lo obligue, o desobedeciere un mandato legítimo o una cita de la autoridad, se le aplicará prisión de quince días a un año y multa de uno a diez días de salario." Del dispositivo legal transcrito, desglosaron los elementos que conforman el cuerpo del ilícito referido de la siguiente manera: "a) La existencia de mandato legítimo de autoridad, dirigido a una persona. b) Que el agente tenga conocimiento del mandato; c) No obre a su favor causa justificada para desobedecerlo." La autoridad responsable señaló que el numeral transcrito, no exige que se agoten, previamente a la acción penal, todas las medidas de apremio establecidas en la ley que rigen el mandato judicial inobservado por el agente activo (foja 293). Estableció que el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad tutela la ejecución de un mandamiento proveniente de autoridad formalmente válido, y lo que la ley sanciona es la resistencia a la ejecución de dicho mandato, y que el principio de autoridad no debe romperse, al dejar que el gobernado no cumpla con tal mandamiento (foja 293). Así mismo, reprodujo el contenido del artículo 1067 Bis del Código de Comercio, vigente en la época de los hechos, que dice: "Artículo 1,067 Bis. Para hacer cumplir sus determinaciones el juez puede emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio que estime pertinentes, sin que para ello sea necesario que el juzgador se ciña al orden que a continuación se señala: I. Amonestación; II. Multa hasta de $6,477.17, monto que se actualizará en términos del artículo 1253, fracción VI; III. El uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras si fuere necesaria, y IV. Arresto hasta por treinta y seis horas; Si el juez estima que el caso puede ser constitutivo de delito, dará parte al Ministerio Público." La Sala responsable indicó que el ordinal reproducido señala todas las medidas de apremio establecidas en la Ley (Código de Comercio) que rigen los requerimientos o mandatos judiciales que se dirigieron a la parte demandada y que para considerar que los medios de apremio previstos en dicho artículo han quedado agotados, es innecesario que se hayan empleado todos, pues del mismo numeral se advierte que queda al prudente arbitrio del juzgador, en atención a las circunstancias del caso específico, ordenar los que estime idóneos (foja 293 vuelta). Posteriormente, la autoridad responsable analizó los elementos de prueba que obran en la casusa penal de origen y concluyó que se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 200 del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla (fojas 294 a 296 vuelta); así como la probable participación de ******************** en su comisión (fojas 297 y 298). Sin embargo, tales cuestiones no son susceptibles de ser analizadas en este juicio de garantías, en virtud de que no fueron objeto del análisis realizado en la sentencia de amparo ni formaron parte de los efectos del fallo protector, pues se concedió libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para que emitiera el fallo correspondiente. Por otra parte, mediante escrito presentado ante esta autoridad el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, el quejoso solicitó se declare cumplida la sentencia de amparo, pero expresó que, a su juicio, existe una imprecisión en la resolución que se analiza, pues señaló que fue ********************, en su carácter de endosatario en procuración de ********************quien promovió el juicio ejecutivo mercantil contra ******************** y no ********************como afirmó la autoridad responsable; así mismo, advirtió una imprecisión en el nombre del aquí tercero interesado, pues la autoridad responsable lo citó como ********************cuando el correcto es ********************. Sin embargo, tales cuestiones no son susceptibles de ser analizadas en este expediente, en virtud de ello no fue objeto de la litis constitucional ni de los efectos del fallo protector. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

Quedan 18 actuaciones en este expediente

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