Adalberta Hernández Alcaraz

Expediente 1641/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1641/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • Adalberta Hernández Alcaraz
  • Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se desprende que la parte quejosa ni el tercero interesado realizaron manifestación alguna respecto del cumplimiento dado por la responsable; por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, el que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. I. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante sentencia de dos de junio de dos mil diecinueve; se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para efecto de que el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad realice lo siguiente: Acuerde lo que en derecho corresponda sobre los escritos de uno de abril y tres de septiembre, ambos del dos mil diecinueve que le presentó la parte quejosa en el juicio labora D.O. **** de su índice. El veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia emitida en autos, y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. II. Trámites de la responsable. El Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por oficio 5282 de tres de febrero de dos mil veintidós remitió copia certificada de los autos de cinco de junio de dos mil diecinueve y doce de marzo de dos mil veinte en el que acordó, entre otros, los escritos de uno de abril y tres de septiembre de dos mil diecinueve, que le presentó ******, autorizado legal de la parte quejosa ********, dentro del juicio laboral D.O. ******. III. Vista y notificaciones. Mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a las partes con el oficio antes descrito para que en el término de tres días manifestaran lo que a sus intereses legales convinieran, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó a la parte quejosa el ocho de febrero de dos mil veintidós y al tercero interesado el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, como se advierte de las constancias que obran agregadas en autos. IV. Verificación del cumplimiento. La autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que, en proveído cinco de junio de dos mil diecinueve, le tuvo por exhibiendo a la parte actora los acuses de los oficios 891 y 892 de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, que le presentó el uno de abril de dos mil diecinueve, el autorizado de la parte aquí quejosa Fausto Tavira Solís. Asimismo, en proveído de doce de marzo de dos mil veinte, la autoridad responsable acordó el escrito presentado el tres de setiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual le solicitó girar oficios a las instituciones bancarias, Santander (MEXICO) Banco Nacional de México, y HSBC para que procedan a la retención de los recursos económicos habidos en cuentas bancarias aperturadas por el Colegido de Bachilleres del Estado de Guerrero y la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a efecto de que pongan a disposición mediante cheque de caja certificado a nombre del actor. Colmando con ello, los efectos precisados en la sentencia de dos de junio de dos mil diecinueve. V. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO, sin existir exceso o defecto en el cumplimiento; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, toda vez que se concedió la protección de la justicia federal. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad capital, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno remite copia certificada de los autos de cinco de junio de dos mil diecinueve y doce de marzo del año dos mi veinte, emitidos en el juicio laboral D.O. 632/2011. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada por el término de tres días, contados a partir al en que les surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, corriéndoles traslado con copia de las constancias que acreditan el cumplimiento al fallo protector; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubieran recurrido la sentencia de dos de junio de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE Y AMPARA Y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que la obligan a: Acuerde lo que en derecho corresponda sobre los escritos de uno de abril y tres de septiembre, ambos de dos mil diecinueve, que presentó la parte quejosa en el juicio laboral D.O. 632/2011 de su índice. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Ricardo Quiñonez Orozco, en su carácter de Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aun en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Finalmente, devuélvanse a su lugar de origen las copias certificadas del expediente laboral D.O. 623/2011 que remitió el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, con el que se ordenó la apertura de un legajo por separado en proveído de veintinueve de enero de dos mil veinte; sin necesidad de acusar recibo, toda vez que no se trata de actuaciones originales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Francisco Herrera García Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho, por periodo vacacional concedido al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión celebrada en dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CR./CJD./003/4636/2021, que actúa ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se aprecia que a través de los oficios 7943/2020 y 7944/2020, de dos de junio de dos mil veinte, dirigidos respectivamente al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, se ordenó notificar la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que a la data se cuenta con los acuses de recibo de los oficios aludidos. Ahora bien, por lo que se refiere a la falta de notificación del oficio ante relacionado se ordena al actuario correspondiente que de forma inmediata se presente en las instalaciones que ocupa la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y realice la entrega del mismo, no obstante lo dispuesto en el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por el que suspende plazos y términos, por cuestiones relacionadas con la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19); esta autoridad jurisdiccional considera que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, párrafo segundo; 25 párrafo segundo; 26 fracción II, inciso A); 28, fracciones I, párrafo segundo y III; 30 fracción I y 31 fracción I, de la Ley de Amparo, el citado acuerdo administrativo es contrario a los citados preceptos legales, por lo que si existe alguna negativa para la recepción del oficio en que se notifiquen la determinación de esta autoridad judicial federal, por parte de la autoridad responsable, cuya sede se encuentra en esta ciudad capital, la notificación por oficio correspondiente se tendrá por hecha para todos los efectos legales procedentes. Lo anterior, pues conforme a lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo, Reglamentaria delos Artículos 103 y 107 de dicha Constitución, tiene mayor jerarquía normativa que el referido acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictado por el Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Asimismo, implicaría violación evidente al principio de igualdad procesal, contenido en el artículo 3o del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su artículo 2o, que este juzgado reconociera, a cualquiera de las partes la atribución de definir el momento en el que se le practicarían las notificaciones, o bien, que pudiesen negarse a recibirlas contrariando el texto expreso de la Ley, en el caso de las autoridades responsables. Por lo que respecta a la falta de notificación del oficio 7944/2020 dirigido a la responsable Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, al suspender actividades por la pandemia del virus originado por el SARS-CoV2 (COVID-19); se advierte de la circular FAD/UAJ/872/2021, de diecinueve de septiembre del año en curso, firmada por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en la que comunica que se continua con el cierre de las actividades laborales en las oficinas que ocupa la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, y que solo se realizaran actividades esenciales bajo el formato de guardias; sin embargo, tal circunstancia no es obstáculo para que se realice la notificación a la autoridad que tenga sus residencia en el citado recinto; ello, con apego en lo establecido en los artículos 26 fracción ll, 28 fracción l, párrafo segundo y lll, 30 fracción l y 31 fracción l, de la Ley de Amparo. Por tanto, se ordena al actuario judicial adscrito encargado del trámite del presente asunto, para que realice la notificación del oficio citado en párrafos que antecede con base en lo establecido en los artículos 26 fracción ll, 28 fracción l, párrafo segundo y lll, 30 fracción l y 31 fracción l, de la Ley de Amparo. Se faculta al actuario judicial para realizar la notificación correspondiente en términos del segundo párrafo de la fracción ll del artículo 28 de la Ley de amparo, siempre que la autoridad responsable se niegue a recibir la notificación correspondiente, bajo el argumento de que solo se encuentra trabajando por guardias; ello, siempre que la misma no tenga cerrada sus puertas. Lo anterior en razón que de actuar conforme a lo establecido en dicho comunicado implicaría una violación evidente al principio de igualdad procesal contenido en el artículo 3 de Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, pues se estaría en el absurdo de que este juzgado reconociera a las partes la facultad de definir el momento en que se le practicaran las notificaciones o bien que pueden negarse a recibirlas. Para ilustrar lo anterior y realizar un estudio atingente, en primer término, se considera pertinente destacar que los artículos 19, 22, 26, fracción I, 28, fracción I, 31, fracción I de la ley de la materia, sobre lo que interesa, establecen lo siguiente: "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento.- Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva. "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. Por oficio: a) A la autoridad responsable, salvo que se trate de la primera notificación a un particular señalado como tal, en cuyo caso se observará lo establecido en el inciso b) de la fracción I del presente artículo; b) A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado; y c) Al Ministerio Público de la Federación en el caso de amparo contra normas generales." "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente.- Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha;" "Artículo 31. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas: I. Las que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, desde el momento en que hayan quedado legalmente hechas." La interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, permite establecer que en los juicios de amparo el cómputo de los términos comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación; se incluirá en ellos el día del vencimiento, se contarán por días naturales, con exclusión de los inhábiles. No se computarán dentro de los términos, los días hábiles en que se hubiesen suspendido las labores del juzgado o tribunal en que se trámite el juicio de amparo. En los juicios de amparo de la competencia de los Juzgados de Distrito, las notificaciones se harán a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, por medio de oficio que deberá entregarse en el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, en el entendido de que si existe una negativa a recibir los oficios se tendrán por hechas la notificaciones encomendadas. También se advierte que las notificaciones así practicadas surtirán todos sus efectos legales desde que se entreguen los oficios respectivos, o bien, desde el momento en que se tenga por hecha por parte del actuario correspondiente. Por tanto, la suspensión de labores decretada por las autoridades responsables o terceros interesados, no interrumpe los términos, ni la continuación del juicio de amparo, en atención a que conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley de la materia son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los previstos en el propio precepto, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, en la especie, el Juzgado de Distrito respectivo. Asimismo, debe decirse que la suspensión de mérito carece de trascendencia para el cómputo de los términos legales y la actuaciones que se han de practicar, pues conforme al marco normativo que rige al juicio de amparo, la suspensión temporal de labores de las autoridades, no es un componente previsto en las citadas normas, de lo que se colige que no suspende la prosecución del procedimiento, pues no debe soslayarse que durante la suspensión de labores en comento, de las autoridades que tienen su domicilio en la Instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, se ordena continuar con un sistema de guardias, lo que evidencia que tiene la infraestructura necesaria para contar con personal de guardia capacitado tanto para la recepción de notificaciones, como para el cumplimiento que la Ley de Amparo le impone con motivo de la substanciación de un juicio de garantías en el que figura como autoridad responsable o tercero interesado. Se cita para apoyar consideraciones expuestas, la tesis III.1o.A.150 A emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Materia Administrativa, página 3178, registro 166288, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA INTERRUPCIÓN DE LAS LABORES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN VIRTUD DE DISFRUTAR DE UN DESCANSO TEMPORAL (VACACIONES), NO SUSPENDE EL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE DICHO RECURSO. Del análisis sistemático de los artículos 24, 26, 28, fracción I, 33, 34, fracción I, 83, fracción IV y 86 de la Ley de Amparo, relativos a la regulación de las notificaciones y término para la interposición del recurso de revisión en el juicio de garantías indirecto, se advierte que la interrupción de las labores de la autoridad responsable, en virtud de disfrutar de un descanso temporal (vacaciones), no es un componente previsto en las citadas normas, de lo que se colige que no suspende el aludido término, pues ésta, como parte integrante de la organización estatal, tiene la infraestructura necesaria para contar con personal de guardia capacitado o comisiones de receso, encargados de la recepción de notificaciones y, en su caso, de la presentación de los medios de impugnación que se requieran, precisamente en tales lapsos de descanso. Además, en atención al principio de paridad procesal que debe regir entre las partes, el quejoso o tercero perjudicado, como particulares, tendrían desventaja, si únicamente a la autoridad disconforme se le descontara del plazo legal para la interposición de los medios de defensa, el tiempo en que esté de vacaciones, pues ese beneficio no podría ser alegado por aquéllos, precisamente por no existir disposición jurídica que así lo permita." De igual forma, no debe soslayarse que la Constitución dispone, en sus artículos 103 y 107, que el juicio de amparo se reglamenta a través de una ley emitida por el Congreso de la Unión, por tanto, las legislaturas de los Estados como las autoridades pertenecientes a éstos, como en la especie sucede la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, no tienen competencia para regular el juicio de amparo; de aceptarse el criterio propuesto, se llegaría al absurdo de reconocer que la citada Secretaría tiene competencias legislativas para reglamentar los cómputos de los plazos en el juicio de amparo, lo que sin duda conformaría una falacia de falsa autoridad, en la medida de que nuestra Constitución Federal no faculta a un órgano local para regular o reglamentar los términos procesales que rigen en el juicio de amparo. Además, permitir que los Estados y, en su caso, las autoridades responsables regulen las reglas sobre los días hábiles aplicables en su perjuicio, diluiría el valor normativo del juicio de amparo como un medio de control constitucional. Los plazos en el juicio de amparo conforman una garantía orgánica del derecho de acceso a la justicia en sede constitucional, ya que los justiciables tienen la certeza de que dichos plazos son aquellos que condicionarán el tiempo de resolución de un juicio; sin embargo, si cualquier autoridad responsable se entiende habilitada para alterar los plazos del juicio de amparo mediante la regulación de los días hábiles, ello le daría un poder a los órganos controlados de postergar, a su conveniencia, la resolución de un medio de control. No sucede lo mismo con el periodo vacacional de la autoridad responsable, pues en este supuesto, resulta inconcuso que no pudo actuar materialmente al no trabajar, habida cuenta que se trata de un período de receso en el que no se puede ni siquiera entregar una notificación al encontrarse cerrado al público el edificio correspondiente. La jurisprudencia 2ª./J. 9/2018 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO LLEVADO EN FORMA DE JUICIO.", no resulta aplicable al caso, pues basta su lectura, para advertir que la misma se refiere al término con el que cuentan los quejosos para promover una demanda de amparo indirecto; empero, sin que de la misma se desprenda que la autoridad responsable está facultada para suspender los términos procesales que rigen en el trámite de un juicio que no es su competencia conocer. Máxime, que la teleología de ese criterio jurídico deriva del hecho relativo a que el término para la promoción de una demanda de amparo conforma un derecho de los particulares en aras de potencializar el derecho con el que cuenta, inherente al acceso a la justicia a que se contrae el artículo 17 Constitucional, de lo que deriva, por exclusión que la precitada prerrogativa no puede hacerse extensiva a las autoridades responsables, cuando tal extremo conllevaría a generar un desequilibrio procesal entre las partes. Además, de la versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada a distancia el veintiocho de abril de dos mil veinte al resolver la contradicción de tesis 275/2018, se advierte en lo medular que seis Ministros (mayoría) votaron en contra del proyecto presentado, al considerar que no es posible tomar como plazo adicional a los ya estipulados en la Ley de Amparo, los días que las autoridades locales designen como vacacional o que declaran como inhábiles, debido a que las entidades federativas no pueden ajustar los plazos del juicio de amparo, al ser parte en el procedimiento y conocer de antemano los días inhábiles para esos efectos, por lo que están obligados a acatarlos. Si bien, a la presente fecha, el engrose y la tesis se encuentran pendientes de publicar, también lo es que la decisión que antecede es determinante, como se lee de la misma versión taquigráfica: "SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: En esa virtud, aquí hay algunas posibilidades: una, desechar el proyecto y returnarlo; sin embargo, parece que la decisión ya es muy clara, es determinante. Hemos ya discutido mucho este tema y yo consultaría al Ministro ponente si él estaría en posición y en posibilidad de poder hacer el engrose con el criterio mayoritario. SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Lo intentaría, señor Presidente, con mucho gusto. SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Muchas gracias, se lo apreciamos muchísimo porque esto nos ahorra tiempo en la decisión del asunto. ENTONCES, QUEDA RESUELTO EN ESOS TÉRMINOS EL PROYECTO." En consecuencia, se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que notifique los oficios 7943/2020 y 7944/2020 dirigidos a las responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, lo anterior, a efecto de que cause ejecutoria la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

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