Adalberta Hernandez Alcaraz
Expediente 1253/2008 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 101 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1253/2008
- Año
- 2008
- Actuaciones
- 101
- Última actuación
- 09/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Adalberta Hernandez Alcaraz
- ADALBERTA HERNANDEZ ALCARAZ y Otros.
- Colegio de Bachilleres del Estado . .
Actuaciones
Las 4 más recientes de 101.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexos, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1253/2008 en cuatro tomos, promovido por Adalberta Hernández Alcaráz; asimismo, envía copia certificada de la ejecutoria pronunciada el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, relativo a la inconformidad laboral 19/2017, de su índice. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien y apareciendo que la Superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo el siguiente punto: "(.) ÚNICO. Se desecha el recurso de inconformidad interpuesto por ADALBERTA HERNÁNDEZ ALCARAZ, en contra del auto de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, dictado por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, en el juicio de amparo indirecto 1253/2008, conforme a lo resuelto en el último considerando de esta resolución." En consecuencia, se ordena glosar al presente expediente el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de inconformidad laboral 19/2017; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, con fundamento en los artículos 105 y 113 de la Ley de Amparo abrogada, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DEPURADO, toda vez que se negó la protección de la justicia federal. En cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de la suscrita juzgadora no es de relevancia documental, jurídica ni histórica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, de cuyo contenido se advierte que se admitió el recurso de inconformidad interpuesto por ********************autorizada de la quejosa ******************** en contra del acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de amparo indirecto ********************, al que le fuera asignado el número de recurso de inconformidad laboral ********************.
- Principal
A sus autos el escrito de cuenta presentado por Marisol Añorve Velázquez, autorizada de la parte quejosa; en atención a su contenido; con fundamento en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo abrogada, se tiene por interpuesto el recurso de inconformidad, en contra del auto de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete (fojas 2078 a 2083). Con una copia simple del escrito de agravios fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original; distribúyanse las restantes entre las partes y una vez hechas las notificaciones correspondientes, remítase el original de dicho escrito y los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en Turno, residente en esta ciudad. .
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con base en el estudio de las constancias que obran en los mismos, la suscrita juzgadora se pronuncia si se encuentra cumplida o no la ejecutoria de amparo, para ello se tiene en cuenta lo siguiente. I. Adalberta Hernández Alcaraz, el veintinueve de octubre de dos mil ocho, promovió amparo indirecto contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, de quien reclamó: "IV.- ACTO RECLAMADO: "La negativa y/o abstención y/o omisión de la responsable en dictar las medidas necesarias para la eficaz e inmediata ejecución del laudo de fecha 19 de mayo del 2008, en términos de los artículos 939 al 966 de la ley de la materia." II. En la sentencia de cinco de febrero de dos mil once, que concedió el amparo se consideró: "TERCERO.- En consecuencia, este Juzgado de Distrito fija el acto reclamado para los efectos establecidos en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en la omisión de dictar las medidas necesarias para ejecutar el laudo definitivo dictado en el juicio donde emana el acto reclamado, así como el acuerdo de quince de octubre de dos mil ocho, mediante el cual se ordenó apertura el incidente de liquidación de laudo en los autos del juicio laboral 164/2005 del índice de la JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO con sede en esta ciudad. CUARTO.- Al no existir causal de improcedencia que las partes hayan hecho valer, ni que de oficio éste órgano jurisdiccional advierta alguna, en relación con el acto que el ahora quejoso reclama a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, a continuación se analizará la inconstitucionalidad planteada por la parte solicitante de amparo en su demanda de garantías, con base en los razonamientos que se tienen por reproducidos en este apartado para los efectos legales a que haya lugar [.] En ese orden de ideas, procede ahora emprender el estudio del acto reclamado en relación con los actos atribuidos al tribunal laboral responsable y a su presidente ejecutor. Establecido lo anterior, al emprender el estudio de los conceptos de violación se les encuentra infundados en una parte y, en otra, substancialmente fundados y suficientes para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. En la situación concreta, la omisión de que se duele el quejoso, atenta contra la garantía de pronta y expedita impartición de Justicia, contemplada por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Por tal motivo el examen de los conceptos de violación, en lo que corresponde a esta apartado de queja, se efectuará sólo a la luz de lo que dispone el citado precepto constitucional, que también se aduce vulnerado [.] Cabe señalar que la garantía que tutela el artículo 17 Constitucional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. El quejoso aduce que el tribunal de trabajo no ha emitido medida eficaz e inmediata para que el laudo sea cumplido de manera pronta. En efecto, asiste la razón al peticionario de amparo, porque de las fotocopias certificadas de las constancias que conforman el expediente laboral D. O. 165/2005, promovido por la solicitante de amparo, en contra del Colegio de Bachilleres del Estado Guerrero, se advierte que el presidente del tribunal de trabajo responsable no ha dado cabal cumplimiento a la obligación que le impone el artículo 940, de la Ley Federal del Trabajo, pues no ha dictado las medidas necesarias para que la ejecución del laudo de diecinueve de mayo de dos mil ocho, sea pronta y expedita. El citado precepto estatuye: "Artículo 940.- La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." Lo anterior es así, en consideración a que si desde el quince de octubre de dos mil ocho, el tribunal laboral responsable concluyó que el laudo definitivo dictado el diecinueve de mayo del mismo año, había causado ejecutoriedad, no fue sino hasta la fecha primeramente señalada y a petición de la parte actora, cuando determinó abrir un incidente de liquidación a efecto de resolver sobre los incrementos salariales y su monto actualizado para fijar, de ese manera, la parte líquida sobre la cual despachar ejecución y, no obstante el exceso en el tiempo transcurrido, celebró la audiencia incidental correspondiente el veintiuno de noviembre siguiente, en la que determinó admitir a la parte demandada una prueba pericial contable, de la que no existen mayores datos de su integración y desahogo, lo cual hace evidente el retardo injustificado en que ha incurrido al administrar la justicia que le fue solicitada. Consecuentemente, la conducta procesal del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que atañen a la ejecución del referido laudo, trastoca la garantía de impartición pronta y expedita de justicia que el artículo 17, de la Constitución Federal consagra a favor de los gobernados. En las relatadas condiciones, se impone otorgar la protección de la justicia federal al ahora quejoso en contra del acto que reclama a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para el efecto de que dicte todas las medidas necesarias para lograr el eficaz cumplimiento e inmediata ejecución del laudo de diecinueve de mayo de dos mil ocho, mediante el cual se condenó al Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, demandado en el juicio natural, al pago de las prestaciones laborales que le demandó la impetrante, esto con la finalidad de evitar que el procedimiento de ejecución del laudo se continúe retardando injustificadamente, y así reestablecer a la parte quejoso en su garantía individual violada, consagrada en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Concretamente deberá integrar y desahogar legalmente la prueba pericial contable que le fue admitida a la parte demandada en el incidente de liquidación de laudo definitivo, dentro de los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo para dicho fin y, hecho lo anterior, dicte la resolución interlocutoria que en derecho corresponda." III. Efectos de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, el efecto de la sentencia de amparo debe entenderse conjuntamente con el acto reclamado y la parte considerativa de la misma. Como se observa de la transcripción anterior, la oración: "[.] para el efecto de que dicte todas las medidas necesarias para lograr el eficaz cumplimiento e inmediata ejecución del laudo", no se puede tomar de forma aislada, porque en la propia sentencia se concretaron de la siguiente manera: a) Integrar y desahogar legalmente la prueba pericial contable que le fue admitida a la parte demandada en el incidente de liquidación de laudo, sobre los incrementos salariales, dentro de los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. b) Hecho lo anterior, dictar la resolución interlocutoria que en derecho procediera. Sin que sea válido que los efectos se extiendan para exigir el cumplimiento total del mismo, porque no se señaló ese alcance. Lo anterior se sustenta en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En tal contexto, se realizará un análisis de manera acucioso y exhaustivo de lo realizado por la autoridad responsable. IV. Acciones realizadas por la responsable. Para cumplir la ejecutoria de amparo, la junta responsable realizó lo siguiente: Por acuerdo de tres de julio de dos mil nueve, previo a emitir la sentencia interlocutoria sobre el incidente de liquidación del laudo, señaló fecha para el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por el Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, solicitó informe al Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad y envió oficio al Director General de Profesiones (foja 204 del tomo I). Sin embargo, el siete de julio de dos mil nueve, la quejosa mediante comparecencia ante la junta laboral, renunció a los incrementos salariales a que fue condenada la demandada y solicitó se dejara sin efectos el incidente para cuantificarlos, por lo que la responsable acordó dejar sin efectos la interlocutoria que resuelva el incidente de liquidación a la que se había reservado (foja 221 del tomo I). Por otro lado, remitió copias certificadas del auto de quince de abril de dos mil dieciséis, mediante el cual se requiere a las autoridades vinculadas Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, y Secretaría de Educación Pública Federal, para que pongan a disposición de esa autoridad laboral, la cantidad de 14´094,032.70 (catorce millones noventa y cuatro mil treinta y dos pesos 70/100 moneda nacional), mediante cheque certificado o de caja, en cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 164/2005; así como de las constancias que se describen en el mismo (fojas 1480 a 1487 del tomo III). Por auto de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, remitió copias certificadas de los oficios 1064 y 1065 dirigidos al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, y Secretario de Educación Pública Federal, mediante los cuales respectivamente se les requirió el pago de la cantidad de $14´094,032.70 (catorce millones noventa y cuatro mil treinta y dos pesos 70/100 moneda nacional), a través de cheque certificado o de caja a favor de la actora aquí quejosa Adalberta Hernández Alcaraz, en cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral D.O. 164/2005 (fojas 1492 a 1493 del tomo III). Por lo que respecta a las diversas autoridades vinculadas Secretaría de Educación Pública Federal y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, la primera de ellas, en autos de veinticuatro de mayo y ocho de junio de dos mil dieciséis, se le tuvo por informando que la citada dependencia vinculada ya había cumplido con el fallo protector en el juicio laboral 164/2005; toda vez que se han aportado recursos al Gobierno del Estado de Guerrero, para que junto con el 50% que corresponde aportar a dicho gobierno, los entregue al demandado Colegio de Bachilleres del Estado, para que cumpla directamente con su obligación derivado del laudo condenatorio (fojas 1524 a 1527 y 1536 a 1586 del tomo III). De igual forma la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a través de la Directora General de Asuntos Jurídicos, en auto de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, se le tuvo informando que mediante oficio SFA/DGAJ/1085/2016, se consignó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el cheque de caja 2219596, por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), a nombre de la quejosa Adalberta Hernández Alcaraz, en el juicio laboral 164/2005 (fojas 1474 a 1478 del tomo III). En auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo a la citada vinculada Informando que mediantes oficios SFA/DGAJ/1276/2016 y SFA/DGAJ/1335/2016, se consignó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, los cheques de caja 2219664 y 2219678, por las cantidades de $12,000.00 y $15,000.00 (doce mil y quince mil pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente, a nombre de la quejosa Adalberta Hernández Alcaraz, en el juicio laboral D.O. 164/2005 (fojas 1518 a 1521 del tomo III). Por acuerdo de diecinueve de junio y veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se le tuvo informando que mediante oficios SFA/DGAJ/2062/2016 y SFA/DGAJ/3114/2016, se consignaron respectivamente ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, los cheques de cajas 2244616 y 2269321, por las cantidades de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) y $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 moneda nacional), a nombre de la quejosa Adalberta Hernández Alcaraz, en el juicio laboral D.O. 164/2005 (fojas 1593 a 1597 y 1605 a 1607 del tomo III). Por oficio sin número de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, consigno ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, los cheques de caja 2466986 y 2466976 por las cantidades de $50,000.00 y $9,000.00 (cincuenta mil y nueve mil pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente, a favor de la actora Adalberta Hernández Alcaráz (foja 2075). Diversas comparecencias por las que la actora, aquí quejosa, Adalberta Hernández Alcaraz, recibió sendos cheques de caja exhibidos por el Ayuntamiento demandado como pagos parciales, como se ilustra a continuación. FECHA CANTIDAD FOJA 03/DIC/2012 $ 200,000.00 $ 50,000.00 312 TOMO II 06/MAY/2013 $ 25,000.00 323 TOMO II 14/NOV/2013 $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 10, 000.00 518 TOMO II 01/ABR/ 2014 $ 10.000.00 725 TOMO II 19/NOV/2015 $ 15,000.00 (cantidad no reflejada o no se advierte su aplicación) 28/ENE/2015 $ 25,000.00 (cantidad no reflejada o no se advierte su aplicación) 24/FEB/2015 $ 25,000.00 981 TOMO III 23/MZO/2015 $ 25,000.00 (cantidad no reflejada o no se advierte su aplicación) 28/ABR/2015 $ 40,000.00 1045 TOMO III 01/JUN/2015 $ 40,000.00 1072 TOMO III 09/JUL/2015 $ 60,000.00 (cantidad no reflejada o no se advierte su aplicación) 10/SEP/2015 $ 60,000.00 1158 TOMO III 07/MZO/2016 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 40,000.00 1458 TOMO III 16/MZO/2016 $ 40,000.00 1455 TOMO III 04/ABR/2016 $ 40,000.00 1461 TOMO III 27/ABR/2016 $ 10,000.00 $ 35,000.00 $ 15,000.00 (cantidad no reflejada o no se advierte su aplicación) 31/MAY/2016 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 12,000.00 $ 15,000.00 $10,000.00 1642 TOMO IV 14/JUL/2016 $ 15,000.00 $ 12,000.00 1655 TOMO IV 29/SEP/2016 $ 14,000.00 1660 TOMO IV 08/NOV/2016 *$ 14,000.00 $ 50,000.00 *(cantidad no reflejada o no se advierte su aplicación) 1700 TOMO IV 17/NOV/2016 $ 30,000.00 $ 10,000.00 $ 60,000.00 (cantidad no reflejada o no se advierte su aplicación) 04/MAY/2016 $ 15,000.00 1514 TOMO III 03/FEB/2017 $ 10,000.00 $ 50,000.00 $ 10,000.00 2016 TOMO IV 07/MZO/2017 $ 11,000.00 $ 50,000.00 2024 TOMO IV 21/MZO/2017 $ 50,000.00 $ 9,000.00 2029 TOMO IV TOTAL $ 1´008,000.00 Sin perjuicio de que en su caso, se hubieren entregado diversas, que no consten en el juicio de amparo. V. Verificación del cumplimiento. En el caso, los efectos de la concesión de la ejecutoria quedaron sin materia porque ya no se pudo llevar a cabo la prueba pericial en materia contable que tenía como objetivo la cuantificación de los incrementos salariales a los que se había condenado al Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero (foja 221, tomo I), en atención a que la misma quejosa compareció ante el tribunal responsable a desistirse de los incrementos mencionados. Entonces, si los efectos de la concesión de la ejecutoria se concretizaron en que la autoridad responsable integrara y desahogara la prueba pericial contable y a su vez, dictara la resolución interlocutoria en relación a los incrementos salariales, ello quedó sin materia, porque con el desistimiento de la quejosa, despareció cualquier perjuicio que la autoridad responsable le hubiere causado por no dictar la resolución interlocutoria en relación a este rubro. De ahí, que ya no exista la violación de sus derechos humanos que combate; por lo demás, la autoridad responsable continuó con la ejecución e impuso diversas multas al colegio demandado para cumplir con el laudo y despachó auto de ejecución (foja 410 del tomo I). No es obstáculo que este órgano jurisdiccional continuara requiriendo el cumplimiento al interpretar erróneamente los alcances de los efectos de la ejecutoria. Así, la autoridad responsable continuó con informes y por ello, se conoce que el actuario acudió a la fuente de trabajo y reinstaló a la trabajadora el catorce de octubre de dos mil once (fojas 752 a 753 del tomo I). La autoridad responsable en reiteradas ocasiones requirió de pago al Colegio de Bachilleres del Estado, con la finalidad de dar cumplimiento al laudo; luego obtuvo pagos parciales mediante cheques de caja exhibidos por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, desde diciembre de dos mil doce hasta abril de dos mil diecisiete y a la fecha no se ha obtenido el pago total de lo condenado; sin embargo, esa cuestión queda fuera de los efectos concretos de la concesión, porque en la ejecutoria no se especificó que su alcance fueran hasta cubrir el total de la deuda. Además, la continuidad de la ejecución del laudo, queda sujeta a la intervención del ejecutante, quien tiene como carga el impulso procesal para continuar con la ejecución del laudo a fin de que las acciones para ejecutar el laudo no prescriban, como lo establece el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo. Al respecto se citan los criterios sostenidos por el Primer y Tercer Tribunal Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en el incidente de inejecución 21/2016 y 3/2016, respectivamente, en el que estableció que este juzgado debe realizar el estudio del cumplimiento de las sentencias de una manera acuciosa y exhaustiva, confrontando los efectos del fallo protector con las medidas efectuadas por la autoridad responsable y que los trámites concretos de la misma bastan en función del acto reclamado, al no indicarse en la sentencia de amparo, que abarque hasta el cumplimiento total del laudo. También se cita lo resuelto en el recurso de inconformidad 2/2017, del primer tribunal indicado, en donde declaró infundado dicho medio de impugnación al cumplirse con la sentencia amparadora con los diversos trámites realizados por la autoridad responsable al no haberse especificado que el alcance era hasta lograr el pago total del laudo. Finalmente, las manifestaciones de la quejosa en cuanto a si el colegio demandado tiene la capacidad económica para realizar el pago total de la deuda, no es materia en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, al ser cuestiones que en su caso, toca resolver ante la autoridad responsable; por ende, no le beneficia el contenido del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, que ofreció como prueba (foja 2067 del tomo IV). VI. Conclusión. En esas condiciones, se aprecia que ya no hay materia para el cumplimiento, en lo toca a los efectos concretos para los que fue concedido el amparo; y por lo demás, la autoridad responsable ha tomado las medidas para la ejecución del laudo. Lo anterior sin perjuicio del derecho que tiene la parte quejosa para inconformarse con la presente resolución, en el término de cinco días de conformidad con el párrafo tercero del artículo 105 de la Ley de Amparo abrogada, pues de otro modo, ésta se tendrá por consentida. Notifíquese, personalmente a las partes.
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