Abroncia Alejandra Chim Pech
Expediente 1541/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1541/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Abroncia Alejandra Chim Pech
- Secretario de Seguridad Publica del Estado de Yucatan
- Abroncia Alejandra Chim Pech y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, de la que se desprende que el día tres de agosto de dos mil veinte, se levantó la suspensión de labores ordinarias de este órgano jurisdiccional y se reanudan los términos y plazos legales en la tramitación de los juicios de la competencia de este Juzgado. En mérito de lo anterior, comuníquese a las partes que en el presente asunto se reanudan los plazos y términos legales, lo que implica que éstos continúan su curso, tomando en consideración los días y horas transcurridas antes de la suspensión de los mismos, lo cual se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido que según lo establecido en dichos acuerdos generales, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; lo cual reafirma la fracción I del referido artículo 2º del Acuerdo General 21/2020, al señalar que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En ese sentido, atento a lo informado en la cuenta que antecede, en el sentido que por auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada; en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con el auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito; con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 196 de la invocada Ley de la Materia, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, tomando en consideración que fue el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien determinó la reanudación de los plazos y términos procesales y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, bajo un esquema que permita preservar la salud e integridad de las partes y del personal de los órganos jurisdiccionales, a través del Acuerdo General 21/2020, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de julio de dos mil veinte, resulta innecesaria la notificación personal de la presente determinación a las partes, con excepción de la autoridad responsable y el tercero interesado que se notifican por oficio, dado que es del conocimiento público, la reanudación de los términos procesales de los juicios tramitados ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las doce horas con cincuenta minutos del veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1541/2019-IV, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, quien actúa ante el licenciado Juan Armando Cortes Carabias, secretario que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. El Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. A continuación, el secretario da cuenta con el escrito de demanda, con el acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, que proveyó sobre su admisión parcial, con las constancias de notificación a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. El Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que ofreció la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y desahogadas por su naturaleza las probanzas de referencia; con lo anterior se cierra dicho periodo de prueba. Posteriormente, se abre el período de alegatos en el que el secretario da cuenta con el alegato ministerial 812/2019 de la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. En atención a lo cual el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulado el alegato ministerial de cuenta para todos los efectos legales pertinentes; con lo anterior se cierra ese periodo. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 1541/2019-IV promovido por Abroncia Alejandra Chim Pech, contra actos que reclama a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, por considerarlo violatorio de los artículos 8° y 14 Constitucional; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclamó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Segundo. Admisión parcial de la demanda. Por auto de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, se desechó la demanda respecto del acto reclamado consistente en la retención del vehículo marca Ford modelo dos mil cinco, línea Fiesta Y5C con placas YXX-928-B del Estado de Yucatán, y se admitió la demanda de amparo respecto del diverso acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el tres de septiembre del año en curso, se ordenó dar al Representante Social de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículo 35 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General número 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un juicio de amparo promovido en contra de un acto omisivo el cual carece ejecución material, pero fue presentado ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado y turnada a este Juzgado de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, cabe precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: - La omisión de dar contestación al escrito presentado el tres de septiembre del año en curso, relacionada con la devolución del vehículo marca Ford modelo dos mil cinco, línea Fiesta Y5C con placas YXX-928-B del Estado de Yucatán. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en representación del titular de dicha Secretaría, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado, ya que por las cargas de labores, esa corporación no se ha pronunciado respecto al trámite solicitado por la quejosa, motivo por el cual se tiene por existente el acto omisivo que se le atribuye. Cuarto. Estudio de los conceptos de violación. No existiendo causal de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose la existencia de alguna que deba analizarse de oficio, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la quejosa en su demanda de amparo. En primer término, resulta viable precisar que la quejosa señala como derechos violados los consagrados en los artículos 8° y 14 constitucionales; sin embargo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado que consiste en la omisión de la autoridad responsable de atender una petición que le realizó la parte quejosa; de conformidad con el numeral 76 de la Ley de Amparo dicho acto se analizara a la luz del derecho consagrado en el artículo 8 Constitucional; esto es, como una violación a su derecho de petición. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 437, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Sexta Parte, Materia Constitucional, Administrativa, Séptima Época, y con número de registro 247093 la cual a la letra dice: "PETICION, GARANTIA DE, TRATANDOSE DE BIENES SECUESTRADOS. Para que pueda pedirse amparo contra la negativa de la autoridad administrativa a devolver un bien secuestrado, deben acreditarse los siguientes elementos: a) Que sin motivo y fundamento la responsable lo retiene; b) Que se ha realizado la petición de la devolución; y, c) Que existe resolución escrita de esa negativa. Por tanto, si sólo se acreditan los primeros dos elementos, se está en el caso de la violación a la garantía de la petición contenida en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo atinente establece: "A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". En consecuencia, correctamente el Juez de amparo suplió la deficiencia de los conceptos de violación con el apoyo en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, al advertir que la violación de garantías era manifiesta en perjuicio de la quejosa, del derecho de petición al no acordar por escrito la solicitud de devolución del vehículo y hacérselo saber en breve término, pues no había constancia de la negativa reclamada." Es fundado el argumento esgrimido por la parte quejosa, que básicamente consiste en la violación por parte de la responsable de la garantía contenida en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al omitir dar contestación al escrito que presentó el tres de septiembre del año en curso, en relación a la devolución del vehículo marca Ford modelo dos mil cinco, línea Fiesta Y5C con placas YXX-928-B del Estado de Yucatán. Para dilucidar lo antedicho es menester señalar que el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.". El dispositivo transcrito, contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar: a) Dictar el acuerdo correspondiente por escrito; y, b) Que se comunique en breve término ese proveído al peticionario. Derecho humano que opera, siempre y cuando la petición se le formule al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 42/2001, contenida en la página 126, Tomo XIII, de Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Además, el derecho no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado. Entonces, no es suficiente que se dé respuesta por escrito a la petición que se le formuló a la autoridad, sino además, resulta necesario que ésta atienda de manera coherente y completa lo pedido, pronunciándose como en derecho proceda, en sentido negativo o positivo pero, resolviendo lo planteado. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia XXI.1o.P.A.J/27, visible en la página 2167, Tomo XXXIII, de Marzo de 2011, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Materia Administrativa, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual a la letra dice: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." También cabe apuntar que una característica más que define al derecho humano en estudio estriba en que, de ser necesario llevar a cabo diversos trámites tendentes a satisfacer la solicitud elevada por el gobernado, la autoridad responsable debe igualmente, hacerle saber en breve término cada uno de los trámites relativos a las gestiones conducentes para estar en aptitud de otorgar la determinación definitiva. Lo antes aseverado encuentra fundamento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número 81, en la foja 91, tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice 2000, en que se lee: "PETICIÓN, DERECHO DE. NOTIFICACIÓN DE TRÁMITES. El artículo 8° constitucional se refiere no sólo al derecho que los particulares tienen para que se les haga conocer la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también al de los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber, en breve término, a los interesados, todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones." Bajo ese contexto legal, como se dijo, resulta fundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, toda vez que, como lo asevera, la responsable no ha dado respuesta a su petición en breve término como lo exige la norma constitucional, cuyo escrito presentó el tres de septiembre del año en curso, y a la fecha han transcurrido más de tres meses; ni le ha notificado sobre las gestiones realizadas para dar contestación a la misma. Esas omisiones violan el derecho humano contenido en el artículo 8° Constitucional, pues como se anotó, ésta debe cumplirse no sólo proveyendo el escrito o solicitud respectiva, sino también dando a conocer a la parte interesada personalmente la respuesta que se emita y en breve término, para que a partir de esa fecha esté en aptitud de ejercer las defensas que considere oportunas contra la respuesta otorgada. En mérito de lo antes expuesto, lo que procede es conceder a Abroncia Alejandra Chim Pech el amparo y protección de la Justicia Federal. Quinto. Efectos del amparo. La autoridad responsable Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, deberá realizar lo siguiente: De inmediato se pronuncie respecto de la devolución del vehículo marca Ford modelo dos mil cinco, línea Fiesta Y5C con placas YXX-928-B del Estado de Yucatán, solicitado por la quejosa Abroncia Alejandra Chim Pech mediante escrito presentado el tres de septiembre de dos mil diecinueve, en el entendido que dicha respuesta podrá ser en sentido positivo o negativo, pero acorde a lo solicitado y exponiendo congruentemente los motivos de dicha determinación; y, Notificar a la quejosa dicha contestación Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. La justicia de la unión ampara y protege a Abroncia Alejandra Chim Pech, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos precisados en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el alegato ministerial número 812/2019 signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual realiza los alegatos correspondientes y solicita se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte en el presente expediente. En atención a su contenido, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable, se tienen por formulados los alegatos vertidos en el pedimento de mérito, para ser tomados en cuenta en la audiencia constitucional respectiva. Como lo solicita el representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, una vez que se dicte la sentencia en este juicio, expídasele copia certificada de la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortes Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente del cual se advierte que aún no ha transcurrido el término concedido a las partes mediante acuerdo de veintinueve de noviembre del año en curso, en el cual se puso a la vista de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, autoridad señalada como responsable en este asunto; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy fijándose como nueva fecha y hora para su celebración las doce horas con cincuenta minutos del veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables dado que el auto que se dicta no tiene trascendencia para éstas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe.
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