Abril Mayanin Vázquez Buenfil
Expediente 1855/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1855/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Abril Mayanin Vázquez Buenfil
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Atento el estado procesal que guarda este expediente y de donde se aprecia que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad y el Actuario de su adscripción, no han informado a este Juzgado lo relativo al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada emitida en este juicio de amparo. En atención a lo antes señalado, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las nombradas responsables para que dentro del término de tres días siguientes contados desde que reciba el oficio con el que se les transcribe el presente acuerdo, se sirvan informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo o bien, los actos realizados para ese fin. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos los autos del juicio de amparo indirecto 1500/2022-ll, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria; y, (...) Por medio del oficio número AAFY/DJ/CAE/283/2023, la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, por conducto de su Director Jurídico, informó que, en consecuencia de que se dejó insubsistente la boleta de infracción de mérito, procedió a la devolución de la cantidad pagada por la parte quejosa por el concepto de la referida multa; asimismo, de las constancias que obran en los presentes autos, se advierte que dicha cantidad le fue devuelta a la parte quejosa por medio del cheque expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán número ******************** de fecha veintidós de diciembre de dos mil veintidós, y que fue recibido por la parte quejosa el veinticinco de enero de la presente anualidad. Sin que pase desapercibido para este resolutor lo manifestado por la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, por conducto de su Director Jurídico, respecto a que no le fue devuelta a la parte quejosa la cantidad de $1,715.00 (mil setecientos quince pesos, sin centavos, moneda nacional), toda vez que la misma corresponde al pago realizado por la parte quejosa, por concepto de derechos por la dotación, canje, reposición y baja de placas de circulación, así como los correspondientes a la tarjeta de circulación y calcomanía para el vehículo automotor de mérito; lo anterior sin que las partes hayan hecho manifestación al respecto dentro del término concedido mediante proveídos de seis y veintiocho de junio del año en curso. Por tanto, de lo anterior se advierte el cumplimiento de la ejecutoria, para los efectos del artículo 192 de la Ley de Amparo aplicable, por consecuencia al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento para los efectos del artículo 196 de la Ley de la Materia aplicable, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos del artículo 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifieste ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 497/2023-VII, promovido por Leidy Ruth González Salazar contra los actos que reclama al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, por violación a los artículos 4°, octavo párrafo, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el estado de Yucatán, Leidy Ruth González Salazar solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales, a su parecer, eran violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 4°, octavo párrafo, 8 y 17 de la Constitución federal. Segundo. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda relativa a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, la cual quedó registrada con el número 497/2023-VII y, previa prevención, se admitió en auto de veinticinco de abril siguiente; se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; y, se dio la intervención que correspondía a la agente adscrita del Ministerio Público de la Federación. Tercero. Emplazamiento a la parte tercero interesada. En proveído de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, se reconoció a Pedro Alberto Rivero Fernández, el carácter de tercero interesado, ordenándose su llamamiento a juicio, el cual se realizó el veinticuatro de agosto ulterior. Cuarto. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 94, primer párrafo, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclaman actos negativos que se atribuyen a una autoridad administrativa con residencia en el estado de Yucatán, ámbito territorial en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. En apoyo a lo anterior, cabe citar la tesis aislada de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 341348. Segundo. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno del más Alto Tribunal del país, con registro digital 192097. Y la tesis aislada P. VI/2004, de la referida instancia, con registro digital 181810. En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que Leidy Ruth González Salazar reclama lo siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social La negativa de aplicar el descuento por la cantidad de $33,574.53 treinta y tres mil quinientos setenta y cuatro pesos con cincuenta y tres centavos moneda nacional, en concepto de pensión alimenticia, a cargo de las percepciones mensuales que devenga Pedro Alberto Rivero Fernández, ordenada en resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del estado de Yucatán, en el juicio ordinario civil de divorcio 1995/2011, que aquel promovió contra la quejosa. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que este, por conducto de su apoderado Arturo de Jesús Salazar Moo, reconoció su existencia al rendir su respectivo informe con justificación. Aún más, la certeza apuntada se corrobora con la copia digitalizada con firma electrónica del oficio 339001400100/JDSJ/DC/OJCAEP/3174/2023 de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, remitida por la responsable, en apoyo a su informe justificado, la cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia visible con el número 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 917812. Cuarto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. El estudio de las causas de improcedencia, de oficio o a petición de parte, es una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sin número sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del país, con registro digital 395571. En el particular, este juzgador considera que respecto del acto reclamado al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los distintos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la invocada legislación, vinculada con el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. En esa tesitura, esos preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Pues bien, conforme al numeral 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, con registro digital 161133, sostuvo que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En esa ejecutoria el Máximo Tribunal del país precisó que la autoridad para efectos del juicio de amparo la constituye aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales; esto es, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. El criterio de mérito es el contenido en la tesis aislada P. XXVII/97, con registro digital 199459, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sentado lo anterior, cabe ahora precisar que, como se vio en el apartado respectivo, la quejosa reclama la negativa del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social de aplicar el descuento por la cantidad de $33,574.53 treinta y tres mil quinientos setenta y cuatro pesos con cincuenta y tres centavos moneda nacional, en concepto de pensión alimenticia, a cargo de las percepciones mensuales que devenga el tercero interesado Pedro Alberto Rivero Fernández, ordenada en resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del estado de Yucatán, en el juicio ordinario civil de divorcio 1995/2011. Siendo que la negativa de ese descuento, según lo aseverado por la responsable en su informe justificado, obedece, sustancialmente, a la necesidad de respetar el derecho al mínimo vital del deudor alimentario, por cuanto este percibe en concepto de pensión por cesantía en edad avanzada la suma mensual de $35,345.47 treinta y cinco mil trescientos cuarenta y cinco pesos con cuarenta y siete centavos moneda nacional, y cuenta con descuentos adicionales en concepto de pensión alimenticia, los cuales ascienden a la cifra de $27,068.65 veintisiete mil sesenta y ocho pesos con centavos moneda nacional, restándole únicamente la cantidad de $8,276.87 ocho mil doscientos setenta y seis pesos moneda nacional. Pues bien, se afirma se actualiza la causal de que se trata, ya que si bien la negativa del descuento solicitado es atribuible al ente de seguridad social de referencia, lo cierto es que esta deriva de un mandamiento dictado por un órgano jurisdiccional (descuento de pensión alimenticia), para lo cual la forma de cumplimentarlo o no, no es una conducta que se realice con el carácter de autoridad, sino que es obvio que más bien se despliega en calidad de patrón. En esa tesitura, la negativa de mérito constituye una cuestión que no puede desvincularse de su origen y, por tanto, debe dirimirse ante la autoridad jurisdiccional que conoce de los asuntos de índole familiar, pero no a través del juicio de amparo contra un ente administrativo en su carácter de patrón, por cuanto este únicamente actúa como auxiliar de la autoridad jurisdiccional que ordenó la retención de los ingresos mensuales del enjuiciado en concepto de pensión alimenticia. De otro modo dicho, la conducta que se atribuye a la responsable, en realidad, deriva de su carácter de empleador del tercero interesado y simple auxiliar en el cumplimiento de una determinación jurisdiccional, sin que su conducta revista las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior, porque si bien el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo establece que autoridad responsable es la es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, lo cierto es que resulta necesario de que el acto revista las características previamente apuntadas, toda vez que así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver cuándo un determinado organismo o ente cumple con los atributos para ser considerado autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, cuando el acto reclamado constituye el descuento a un trabajador en concepto de pensión alimenticia o bien, su negativa, como en el caso, el juicio constitucional resulta improcedente, por la básica consideración de que esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del referido numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, susceptibles de ser analizadas a través del procedimiento de amparo. Aún más, a pesar de que la legislación de la materia contemple la posibilidad de incluir a los particulares con la calidad de autoridades responsables, esto de modo alguno implica que todos los actos que estos realicen se consideren actos de autoridad, por mucho que sus facultades deriven de una norma general, pues para que así lo sean deben equipararse o ser equivalentes a los que realizan los órganos del Estado en sus funciones de supra a subordinación frente a los gobernados; es decir, deben ser unilaterales y obligatorios, con independencia de que el propio ente que los emita pueda lograr su cumplimiento coactivo. Sobre esa base, se insiste, el acto que reclama la quejosa no constituye, de acuerdo a su naturaleza, uno atribuible a una autoridad, toda vez que la señalada como responsable, no obra con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino como patrón, y simple auxiliar en el cumplimiento de una determinación jurisdiccional, sin que esa conducta revista la características de unilateralidad, coercitividad e imperatividad, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclaman actos de esta naturaleza resulta improcedente. Resulta aplicable, la jurisprudencia VII.2o.C. J/28, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con registro digital 168203. Por analogía, la diversa III.4o.T. J/3 (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con registro digital 2011298. Y la tesis aislada I.6o.T.26 L del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con registro digital 202602. Por las anotadas consideraciones, al haberse materializado la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este juicio constitucional, en términos de lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la invocada legislación. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, según lo dispone la jurisprudencia visible con el número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 394465. Quinto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la ley. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 76 al 78 y 217 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Leidy Ruth González Salazar contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta ejecutoria. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria, licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, en que así lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.
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