Abril Elena Acosta Fuentes
Expediente 1350/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1350/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Abril Elena Acosta Fuentes
- Sophia Isabella Acosta Fuentes
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que el quejoso, hubiese recurrido el auto de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de un análisis integral a los mismos, se advierte que mediante cédula de notificación personal del veintidós de agosto de dos mil diecisiete, el directo quejoso en el acto de la notificación, desistió a su más entero perjuicio del presente juicio de amparo; de lo anterior, emerge la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, en la que se dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. [.]". El desistimiento que contempla la fracción I, del artículo 63 transcrito, constituye una abdicación o renuncia a la potestad o derecho del sujeto, para que el órgano de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; implica, por tanto, un desistimiento de la acción, como ha sido reconocido dentro de la doctrina del juicio de amparo. Es así, porque la figura del desistimiento ha sido considerada en la doctrina procesal como la abdicación al ejercicio de una acción, el abandono de una instancia o de la reclamación de un derecho. Uno de los principios fundamentales en que se sustenta el juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, contenido en la fracción I, del artículo 107 constitucional, de los artículos 5º, fracción I, y 6º de su ley reglamentaria, que establecen que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Así, el juicio de amparo, por disposición constitucional, sólo puede seguirse a instancia de parte agraviada, es lógico que quien considere resentir ese perjuicio por un acto de autoridad, pueda abdicar de su pretensión para que el órgano de control constitucional proceda al análisis de la juridicidad de dicho acto. Lo anterior, fue reconocido por el legislador, al establecer como una de las causas de sobreseimiento en el juicio de amparo, el desistimiento de la demanda, como señala el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, en el caso particular, la parte quejosa reclama ante esta instancia constitucional, la falta de atención médica y suministro de alimentos para la menor; sin embargo, mediante diligencia de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, la directa quejosa desistió de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, es decir, expresó su voluntad en desistirse del presente juicio de amparo, documental que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, del que se advierte que la parte impetrante de amparo ratificó su pretensión en desistirse de la acción constitucional instaurada, ante la presencia de un funcionario judicial. En ese tenor, tomando en consideración que a través de la documental referida, la parte accionante del amparo manifestó expresamente su voluntad de desistir de la instancia constitucional que promovió contra el acto reclamado, la cual fue ratificada ante la presencia judicial, con lo cual existe certeza y seguridad jurídica de que es la persona a quien interesa culmine el procedimiento constitucional que instó. Es aplicable al caso la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 119/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 295, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Agosto de 2006, Materia Común, que dice: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio". Asimismo, por su contenido substancial, la Tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, Julio de 1991, en la página 153, del texto y rubro siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA ACCION DE AMPARO, NO IMPIDE ATENDER EL, CUANDO SU RATIFICACION SE REALIZA FUERA DEL TERMINO CONCEDIDO. Desatender el desistimiento de la acción de amparo por haberse formulado fuera del término que se concedió para hacerlo, resulta violatorio del principio de libertad del ejercicio de la acción que rige nuestro sistema jurídico, consagrado en la fracción I, del artículo 107, de la Constitución General, que señala que para la prosecución del juicio de garantías se requiere de instancia de parte agraviada, de donde resulta evidente que quien puede accionar, puede de igual manera desistirse de hacerlo, en cualquier momento anterior a la resolución del procedimiento, máxime que, respecto de la acción de amparo, el único requisito que se exige cuando el desistimiento se hace directamente por el quejoso, es que el mismo sea ratificado ante la presencia judicial o funcionario con fe pública, conforme a la jurisprudencia que citan los recurrentes y que aparece publicada bajo el número 1805, página 2906, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, por lo que si el escrito en que se reiteró el desistimiento aparece ratificado ante notario público, ello debió de ser suficiente para acordarlo de conformidad, independientemente de que se haya presentado fuera del término de tres días que para su ratificación se le había otorgado, toda vez que, si bien es regla general, que cuando una parte no ejerce algún derecho procesal dentro del término que al efecto se le señale, el ejercicio de tal derecho precluye; sin embargo, ello sólo puede atenderse respecto de los derechos adjetivos que la ley procesal otorga a las partes, tendientes a la instrucción y resolución del juicio, más de ninguna manera puede aplicarse tal preclusión al ejercicio de un derecho, como es el de la acción o el de su desistimiento, por revestir el mismo carácter de orden público al estar vinculado con la garantía constitucional de libertad". La manifestación de voluntad de la parte quejosa externada de modo fehaciente ante el juez constitucional, constituye la renuncia o abdicación del derecho a que el órgano de control constitucional despliegue su actividad para proceder al examen de la juridicidad del acto reclamado, produciendo la causa de sobreseimiento señalada en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, a virtud del sobreseimiento en el juicio, los efectos que se producen es que se ponga fin al procedimiento, sin hacer una declaración sobre la constitucionalidad del acto reclamado, dejando las cosas tal como se encontraban al momento de promoverse la demanda. Esto, porque el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada que tutela el artículo 107, fracción I de la Constitución General de la República, en relación con los artículos 5º, fracción I, y 6º de la Ley de Amparo, es evidente que atendiendo a ese principio, si aquel a quien perjudica el acto reclamado desiste en su perjuicio del amparo interpuesto, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, al actualizarse la causal de sobreseimiento del juicio de amparo, prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. ... Por otra parte, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con un minuto del dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el telegrama y oficio relativo a la suspensión de plano que rinde la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos"; al respecto, con fundamento en el artículo 126, de la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como corresponda, teniendo por hecha la comunicación que vierten y por satisfecho el requerimiento que se le hizo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. Se agrega a los presentes autos el escrito de demanda signada por Abril Elena Acosta Fuentes, madre de la menor Sophia Isabella Acosta Fuentes, mediante el cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Directora General del Centro Federal Femenil CPS 16 en el Estado de Morelos, de quienes reclama la falta de atención médica y suministro de alimentos para la menor. Registro de la Demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1350/2017-V-E, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Admisión de la Demanda En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. De la suspensión de plano Respecto de la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la falta de atención médica y suministro de alimentos para la menor Sophia Isabella Acosta Fuentes, se hace el siguiente pronunciamiento con fundamento en los artículos 125 y 126, en relación con el artículo 15, todos de la Ley de Amparo vigente, se decreta la suspensión de plano, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la falta de atención médica especializada, para el efecto de que: Se otorgue la atención médica, es decir, continúe con el tratamiento y reciba la alimentación prescrita por el especialista consistente en el suministro de leche y dieta para la menor Sophia Isabella Acosta Fuentes; de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del Centro de reclusión, o bien, que la canalicen a la institución que corresponda de acuerdo con lo que permita la normatividad aplicable. Cabe destacar que si bien los actos reclamados no encuadran exactamente en lo previsto en el artículo 22 Constitucional; procede conceder la suspensión de plano por su estrecha vinculación con los estrictamente prohibidos, máxime que se aducen violaciones a derechos humanos y que esta medida es acorde con el principio pro-persona. Por otra parte, se requiere a las autoridades responsables para que, en el término de veinticuatro horas, informen a este Juzgado sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, en relación con los artículos 103 y 107 Constitucionales, significándoles que queda a cargo y bajo su responsabilidad la integridad y salud de la quejosa. Del incidente de suspensión Sin que sea el caso de ordenar la apertura del incidente de suspensión, toda vez que el acto del cual se adolece la quejosa encuadra dentro de los previstos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Requerimiento a las autoridades responsables Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la ley de la materia invocada, pídase el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir dentro del término de quince días, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias en que se apoye el acto que se le reclama. Solicitando se acompañe al citado informe copia certificada de las constancias necesarias para apoyar el mismo. Apercibidas que de no rendirlo, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traduciría en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en este juicio de amparo. En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 del cuerpo normativo en cita, comuníquese a las autoridades responsables que de rendir su informe con justificación expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en los términos que señale dicho precepto. Asimismo, se les hace saber que de conformidad con el artículo 28 de la ley reglamentaria, en caso de negativa a recibir oficios, debido a la imprecisión de la denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente y si a pesar de ello subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la misma. En el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. Denominación de las autoridades responsables Se previene a la parte quejosa de que si las autoridades que señaló como responsables no existen con la denominación que indica en la demanda que se acuerda, se tendrán por inexistentes, salvo prueba en contrario o que durante la tramitación de este juicio se rectifique el señalamiento en su correcta denominación de las responsables, lo anterior es así, toda vez que en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es obligación de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, sin que este órgano jurisdiccional esté obligado a subsanar tal deficiencia, al no operar la suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la ley de la materia, ya que la misma no tiene el alcance de autorizar al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.2º.P.36/K, sustentada por los Tribunales Colegiados, visible en la página 2329, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA." Además, de que no es obligación de este juzgado de Distrito en términos de la Ley de Amparo, cerciorarse de la existencia de las autoridades señaladas con el carácter de responsables, pues tal señalización compete única y exclusivamente a la parte quejosa. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis visible en la página 464, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XII, del mes de agosto de 1993, Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. No existe ningún precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación para los jueces del orden federal en cuanto a que tengan que cerciorarse de la existencia de las autoridades señaladas como responsables, y esto es así, precisamente porque le corresponde a quien promueve la acción de amparo el indicar la autoridad o autoridades a quienes se les atribuyen los actos reclamados, en los términos del artículo 116, fracciones III y IV, de la ley de la materia, numeral que en su parte relativa expresa que en la demanda de amparo se debe precisar ".La autoridad o autoridades responsables." y ".la ley o acto que de cada autoridad se reclame.". De la audiencia constitucional Se señalan las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional. Intervención del agente del ministerio público de la federación En términos del numeral 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que compete al Ministerio Público Federal de la adscripción, y, con fundamento en el diverso numeral 26, fracción III del ordenamiento legal invocado, notifíquese el presente acuerdo, así como los subsecuentes por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Obligación de las partes de informar causal de sobreseimiento Hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traduciría en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en este juicio de amparo. Domicilio procesal y autorizados En otro aspecto, con base en el dispositivo 26, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo en cita, se tiene por señalado como domicilio para recibir y oír notificaciones personales, el lugar donde se encuentran recluidas las peticionarias de amparo, esto es, en el Centro Federal CPS 16 en el Estado de Morelos, lugar en donde deberán notificarse de manera personal todos y cada uno de los proveídos, autos y resoluciones que se dicten en este juicio de amparo. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Actuario adscrito Se comisiona al Actuario adscrito a este juzgado para los efectos de que al momento de notificar el presente acuerdo, requiera a la parte quejosa ratifique la firma y el contenido de la demanda de amparo que promueve ante este órgano de control constitucional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión.
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