Abraham Treviño Rivera
Expediente 137/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 68 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 137/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 68
- Última actuación
- 04/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Abraham Treviño Rivera
- Director Medico del Centro Federal de Rehabilitacion Psicosocial
Actuaciones
Las 4 más recientes de 68.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a) y 29, de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de cuatro de septiembre y veintinueve de agosto, ambas de dos mil diecinueve, el que señala: "Cuernavaca, Morelos, a cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial que antecede, se tiene por recibida la razón elaborada por el actuario adscrito a este Juzgado Federal, a través del cual hace constar la imposibilidad que se tuvo para notificar a la parte quejosa el auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, toda vez que fue puesto en libertad el diecisiete de agosto pasado. Atento a lo anterior, lo anterior se deberá estar a lo acordado en proveído de veintitrés de agosto pasado, en el que se señaló que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones subsecuentes aun las de carácter personal, se harían al quejoso Abraham Treviño Rivera, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. NOTIFÍQUESE." "Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el telegrama enviado por el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con residencia en Ayala, Morelos, mediante el cual en esencia informa señala que el aquí quejoso fue puesto en libertad el diecisiete de agosto pasado, lo anterior en atención al oficio 10094/2019-1 de fecha dieciséis del mismo mes y año del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros; al respecto se tienen por hechas las manifestaciones que formuló la autoridad informante, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, atendiendo la información formulada por la autoridad responsable, así como visto el estado procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa, se advierte que el quejoso fue puesto en libertad el diecisiete de agosto de la presente anualidad, por lo que resulta inconcuso que sería ocioso dejar transcurrir el termino otorgado en auto de veintidós de agosto pasado, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, misma que fue recurrida, quedando radicada con el número R.A. 443/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Penal del Decimoctavo Circuito, en la que se determinó lo siguiente: ".En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional al quejoso para los siguientes efectos: Las autoridades responsables procedan de inmediato a aplicar los exámenes médicos correspondientes a fin de analizar y determinar qué tipo de cirugía de alongamiento óseo requiere el quejoso y a que se refiere la nota informativa de diez de febrero de dos mil dieciséis, suscrita por el médico del centro de reclusión. Atento a la particular condición de salud del quejoso y a la evaluación del desnivel del miembro pélvico izquierdo, una vez practicados los estudios requeridos, en caso de ser procedente, le sea practicada la cirugía recomendada por el médico del centro de reclusión, en la institución de salud pública con que se establezca convenio para esos fines. Y en caso de que no exista algún convenio, el Director General, con el dictamen técnico del Área de Servicios Médicos, en uso de sus atribuciones gestione la partida presupuestaria necesaria para la cirugía recomendada. Se siga el tratamiento médico adecuado que el quejoso requiera, durante el tiempo que permanezca a su disposición, de acuerdo con la normatividad expuesta en esta ejecutoria. Así, el cumplimiento de la sentencia de amparo implica que la autoridad responsable considere qué medida resulta más adecuada para poder brindar al quejoso el tratamiento médico apropiado a sus padecimientos y, atento a su resultado, suministre los procedimientos quirúrgicos, medicamentos o los insumos -al menos básicos y esenciales- para su adecuado tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida del recluso, recabando constancia de ello, entendiéndose por esto, que deberá recabar las firma del quejoso-interno de que recibió la debida atención médica. En caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada no resulte compatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guardan reclusión los quejosos, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar las gestiones que estime pertinentes para que el quejoso sea atendido en algún otro hospital o las clínicas del sector salud en el que pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su padecimiento, a efecto de garantizarle el ya referido derecho a obtener el nivel adecuado de salud. Lo anterior se estima así, porque el respeto al derecho a la salud únicamente se garantiza cuando se demuestra que el Estado ha utilizado todos los recursos que están a su disposición para satisfacer dicha necesidad elemental." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, la autoridad responsable, mediante oficio con terminación 5427/2019 de fecha veintiuno de agosto de dos mil diecinueve (foja 643), informó a este juzgado federal que el aquí quejoso fue puesto en libertad el diecisiete de agosto pasado, lo anterior en atención al oficio 10094/2019-1 de fecha dieciséis del mismo mes y año del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, asimismo, para acreditar su dicho, remitió copa certificada del Acta Administrativa de Libertad número 47/2019 en la que se advierte la firma del quejoso. Por lo anteriormente narrado, este Juzgado Federal, tiene imposibilidad jurídica y material para realizar el estudio de cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, toda vez que la autoridad responsable dio a conocer una nueva situación jurídica que impide exigir a la responsable el cumplimiento de la concesión de amparo, en atención a que el aquí quejoso fue puesto en libertad el diecisiete de agosto de dos mil diecinueve, siendo por ello que no existe materia para la ejecución. Al respecto, resulta aplicable por similitud jurídica la tesis 2a. CXXIV/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 486, Tomo X, Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que al rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO.-. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la ley en comento, se declara que no hay materia para la ejecución del fallo protector dictado en éste juicio de amparo. Por lo anterior, resulta irrelevante analizar en el presente asunto lo relativo a prejuzgar necesariamente sobre posible exceso o defecto en el cumplimiento al haber una imposibilidad material y jurídica en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurable, toda vez que, se concedió la suspensión provisional. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas documentales por las cuales se formó un anexo, devuélvase a dicha autoridad las copias certificadas de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando el acuse de recibo respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dos de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio enviado por el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con residencia en Ayala, Morelos, mediante el cual en esencia informa señala que el aquí quejoso fue puesto en libertad el diecisiete de agosto pasado, lo anterior en atención al oficio 10094/2019-1 de fecha dieciséis del mismo mes y año del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros; circunstancia de la que únicamente se toma conocimiento, toda vez que mediante telegrama recibido el veintinueve de agosto pasado, se recibió idéntica información y se acordó lo conducente, teniéndose por cumplida en dicho auto la ejecutoria de amparo dictada en el expediente en que se actúa, lo que se señala para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el telegrama enviado por el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con residencia en Ayala, Morelos, mediante el cual en esencia informa señala que el aquí quejoso fue puesto en libertad el diecisiete de agosto pasado, lo anterior en atención al oficio 10094/2019-1 de fecha dieciséis del mismo mes y año del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros; al respecto se tienen por hechas las manifestaciones que formuló la autoridad informante, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, atendiendo la información formulada por la autoridad responsable, así como visto el estado procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa, se advierte que el quejoso fue puesto en libertad el diecisiete de agosto de la presente anualidad, por lo que resulta inconcuso que sería ocioso dejar transcurrir el termino otorgado en auto de veintidós de agosto pasado, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, misma que fue recurrida, quedando radicada con el número R.A. 443/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Penal del Decimoctavo Circuito, en la que se determinó lo siguiente: ".En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional al quejoso para los siguientes efectos: Las autoridades responsables procedan de inmediato a aplicar los exámenes médicos correspondientes a fin de analizar y determinar qué tipo de cirugía de alongamiento óseo requiere el quejoso y a que se refiere la nota informativa de diez de febrero de dos mil dieciséis, suscrita por el médico del centro de reclusión. Atento a la particular condición de salud del quejoso y a la evaluación del desnivel del miembro pélvico izquierdo, una vez practicados los estudios requeridos, en caso de ser procedente, le sea practicada la cirugía recomendada por el médico del centro de reclusión, en la institución de salud pública con que se establezca convenio para esos fines. Y en caso de que no exista algún convenio, el Director General, con el dictamen técnico del Área de Servicios Médicos, en uso de sus atribuciones gestione la partida presupuestaria necesaria para la cirugía recomendada. Se siga el tratamiento médico adecuado que el quejoso requiera, durante el tiempo que permanezca a su disposición, de acuerdo con la normatividad expuesta en esta ejecutoria. Así, el cumplimiento de la sentencia de amparo implica que la autoridad responsable considere qué medida resulta más adecuada para poder brindar al quejoso el tratamiento médico apropiado a sus padecimientos y, atento a su resultado, suministre los procedimientos quirúrgicos, medicamentos o los insumos -al menos básicos y esenciales- para su adecuado tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida del recluso, recabando constancia de ello, entendiéndose por esto, que deberá recabar las firma del quejoso-interno de que recibió la debida atención médica. En caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada no resulte compatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guardan reclusión los quejosos, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar las gestiones que estime pertinentes para que el quejoso sea atendido en algún otro hospital o las clínicas del sector salud en el que pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su padecimiento, a efecto de garantizarle el ya referido derecho a obtener el nivel adecuado de salud. Lo anterior se estima así, porque el respeto al derecho a la salud únicamente se garantiza cuando se demuestra que el Estado ha utilizado todos los recursos que están a su disposición para satisfacer dicha necesidad elemental." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, la autoridad responsable, mediante oficio con terminación 5427/2019 de fecha veintiuno de agosto de dos mil diecinueve (foja 643), informó a este juzgado federal que el aquí quejoso fue puesto en libertad el diecisiete de agosto pasado, lo anterior en atención al oficio 10094/2019-1 de fecha dieciséis del mismo mes y año del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, asimismo, para acreditar su dicho, remitió copa certificada del Acta Administrativa de Libertad número 47/2019 en la que se advierte la firma del quejoso. Por lo anteriormente narrado, este Juzgado Federal, tiene imposibilidad jurídica y material para realizar el estudio de cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, toda vez que la autoridad responsable dio a conocer una nueva situación jurídica que impide exigir a la responsable el cumplimiento de la concesión de amparo, en atención a que el aquí quejoso fue puesto en libertad el diecisiete de agosto de dos mil diecinueve, siendo por ello que no existe materia para la ejecución. Al respecto, resulta aplicable por similitud jurídica la tesis 2a. CXXIV/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 486, Tomo X, Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que al rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO.-. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la ley en comento, se declara que no hay materia para la ejecución del fallo protector dictado en éste juicio de amparo. Por lo anterior, resulta irrelevante analizar en el presente asunto lo relativo a prejuzgar necesariamente sobre posible exceso o defecto en el cumplimiento al haber una imposibilidad material y jurídica en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurable, toda vez que, se concedió la suspensión provisional. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas documentales por las cuales se formó un anexo, devuélvase a dicha autoridad las copias certificadas de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando el acuse de recibo respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a) y 29, de la ley de amparo, el contenido de las determinaciones emitidas el veintidós y veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, las que señalan: "Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el telegrama enviado por el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con residencia en Ayala, Morelos, mediante el cual formula diversas manifestaciones, en esencia señala que el aquí quejoso fue puesto en libertad el diecisiete de agosto pasado, lo anterior en atención al oficio 10094/2019-1 de fecha dieciséis del mismo mes y año del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros; al respecto se toma conocimiento de la comunicación oficial de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. En diverso aspecto, se tiene por recibida la razón elaborada por la actuaria adscrita a este Juzgado Federal, a través del cual hace constar la imposibilidad que se tuvo para notificar a la parte quejosa el auto de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, toda vez que de acuerdo a lo informado por el centro penitenciario donde se encontraba interno, el quejoso fue puesto en libertad el diecisiete de agosto pasado, lo anterior en atención al oficio 10094/2019-1 de fecha dieciséis del mismo mes y año, dictado dentro de la causa penal 8/2011-1 del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, por tal motivo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, la notificación del acuerdo descrito con anterioridad, la de este auto y las subsecuentes aun las de carácter personal, háganse al quejoso Abraham Treviño Rivera, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. NOTIFÍQUESE." "Cuernavaca, Morelos, a veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Arturo Cecilio Deloya Fonseca, Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexo, dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."
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