Abraham Seman Bitar
Expediente 395/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 395/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 17/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Abraham Seman Bitar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
MESA. II. Ciudad de México, diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veinticinco de junio del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo hubiese hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86, de la ley de la materia, en relación con los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que a la fecha no se cuente con los acuses de recibo por parte de las autoridades foráneas responsables de los oficios girados a efecto de notificarles la resolución que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, toda vez que en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, no se actualiza la hipótesis para que interpongan recurso de revisión. Tiene aplicación al respecto, la tesis XX.1 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 1995, Página: 127, Novena Época, que señala: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SOLO ESTAN FACULTADAS A INTERPONER EL RECURSO DE REVISION EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO EN QUE RESULTEN AFECTADAS. Es de explorado derecho que de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo pueden interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado, de lo que se determina que las responsables y en general todas las demás partes, sólo están legitimadas para recurrir los fallos de amparo que únicamente les afectan." Por lo anterior, archívese el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además, a juicio de este órgano jurisdiccional no tiene relevancia documental para su conservación. Tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, devuélvanse al Secretario de Acuerdos en funciones de Juez Segundo Penal Auxiliar "A" de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, tres tomos de pruebas que remitió en apoyo a su informe justificado, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiséis de junio de la presente anualidad (foja 60).
- Incidental
MESA. II. Ciudad de México, diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, se acuerda: Se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional; por lo que en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto por considerar que no tienen relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA II. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA PERSONALMENTE POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTICINCO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Agréguese el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez Segundo Penal Auxiliar "A", de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, mediante el cual hace del conocimiento que el veintiocho de mayo del año en curso, ordenó la cancelación de la orden de reaprehensión dictada contra el aquí quejoso, en virtud de que éste se presentó voluntariamente en esa data a ponerse a disposición del Juzgado oficiante; de lo que este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, del estado procesal de autos se aprecia que el aquí quejoso ***, reclamó del Juez Vigésimo Primero Penal de la Ciudad de México y otras autoridades, lo siguiente: La orden de aprehensión. La orden de reaprehensión. Atribuidas a autoridades judiciales. Su ejecución. Atribuida a autoridades ministeriales y administrativas. En ese sentido, de autos se aprecia que la autoridad responsable señalada por el solicitante de amparo como "Secretario de Seguridad Pública Federal", no existe; por ende, similar consideración debe tomarse en cuanto al acto que se le atribuye. El Juez Vigésimo Primero Penal de la Ciudad de México, el Fiscal General de la República y, el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, al rendir informe justificado negaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Por su parte, la Procuradora General de Justicia y el Jefe General de la Policía de Investigación, ambos de la Ciudad de México, al rendir informe justificado negaron la existencia del acto reclamado consistente en la ejecución de la orden de aprehensión. Lo anterior, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tales negativas. En esas condiciones, ante la inexistencia de los actos señalados, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, en términos de lo establecido en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 310, sustentada por el anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Sexta Época, página 209, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES..." Por otra parte, la Procuradora General de Justicia y el Jefe General de la Policía de Investigación, ambos de la Ciudad de México, al rendir informe justificado aceptaron la existencia del acto que se les atribuye consistente en la ejecución de la orden de reaprehensión; al respecto, refirieron que dicha orden fue girada por la Juez Segundo Penal Auxiliar "A", de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, contra el quejoso en el proceso penal *** por el delito de robo. Ahora, del oficio que en esta fecha se agrega a los autos se desprende que el Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez Segundo Penal Auxiliar "A", de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, hace del conocimiento que el veintiocho de mayo del año en curso, ordenó la cancelación de la orden de reaprehensión dictada contra el aquí quejoso, en virtud de que éste se presentó voluntariamente en esa data a ponerse a su disposición. Sentado lo anterior, este juzgador advierte que respecto a la orden de reaprehensión y su ejecución, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:... Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversas tesis, entre las que destacan la emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCIX, Página: 2443, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS..." De igual forma, la diversa tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXIX, Página: 731, Quinta Época, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS..." De las tesis que anteceden, se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, se pronuncia respecto al que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad, al ya no estar surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no haber dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, en cuanto a la orden de reaprehensión y su ejecución, reclamada por Abraham Seman Bitar, el Secretario de Acuerdos en funciones del Juez responsable informó que el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, el aquí solicitante constitucional se presentó voluntariamente a ponerse a su disposición, por tal motivo, ordenó la cancelación de la orden de reaprehensión emitida en su contra por el delito ROBO Luego entonces, resulta indudable que la orden de reaprehensión y su ejecución desaparecieron, por lo cual es innegable que se actualiza la causa de improcedencia en comento, pues el quejoso fue restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Página: 38, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL..." En consecuencia, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Página: 386, Novena Época, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE..." En consecuencia, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Sin que sea impedimento a lo anterior el hecho de que a la fecha no se cuente con el informe justificado de la autoridad responsable señalada por la parte quejosa como Fiscal General de Justicia del Estado de Quintana Roo, dado que la autoridad ordenadora canceló el acto de molestia reclamado y al tener dicho Fiscal el carácter de autoridad ejecutora, el sobreseimiento fuera de audiencia decretado en esta resolución se hace extensivo al acto de ejecución por no reclamarse por vicios propios sino en vías de consecuencia.
- Principal
MESA II. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez Segundo Penal Auxiliar "A", de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, mediante el cual hace del conocimiento que el veintiocho de mayo del año en curso, ordenó la cancelación de la orden de reaprehensión dictada contra el aquí quejoso, en virtud de que éste se presentó voluntariamente en esa data a ponerse a disposición del Juzgado oficiante; de lo que este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, del estado procesal de autos se aprecia que el aquí quejoso ***, reclamó del Juez Vigésimo Primero Penal de la Ciudad de México y otras autoridades, lo siguiente: La orden de aprehensión. La orden de reaprehensión. Atribuidas a autoridades judiciales. Su ejecución. Atribuida a autoridades ministeriales y administrativas. En ese sentido, de autos se aprecia que la autoridad responsable señalada por el solicitante de amparo como "Secretario de Seguridad Pública Federal", no existe; por ende, similar consideración debe tomarse en cuanto al acto que se le atribuye. El Juez Vigésimo Primero Penal de la Ciudad de México, el Fiscal General de la República y, el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, al rendir informe justificado negaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Por su parte, la Procuradora General de Justicia y el Jefe General de la Policía de Investigación, ambos de la Ciudad de México, al rendir informe justificado negaron la existencia del acto reclamado consistente en la ejecución de la orden de aprehensión. Lo anterior, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tales negativas. En esas condiciones, ante la inexistencia de los actos señalados, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, en términos de lo establecido en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 310, sustentada por el anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Sexta Época, página 209, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES..." Por otra parte, la Procuradora General de Justicia y el Jefe General de la Policía de Investigación, ambos de la Ciudad de México, al rendir informe justificado aceptaron la existencia del acto que se les atribuye consistente en la ejecución de la orden de reaprehensión; al respecto, refirieron que dicha orden fue girada por la Juez Segundo Penal Auxiliar "A", de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, contra el quejoso en el proceso penal *** por el delito de robo. Ahora, del oficio que en esta fecha se agrega a los autos se desprende que el Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez Segundo Penal Auxiliar "A", de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, hace del conocimiento que el veintiocho de mayo del año en curso, ordenó la cancelación de la orden de reaprehensión dictada contra el aquí quejoso, en virtud de que éste se presentó voluntariamente en esa data a ponerse a su disposición. Sentado lo anterior, este juzgador advierte que respecto a la orden de reaprehensión y su ejecución, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:... Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversas tesis, entre las que destacan la emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCIX, Página: 2443, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS..." De igual forma, la diversa tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXIX, Página: 731, Quinta Época, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS..." De las tesis que anteceden, se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, se pronuncia respecto al que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad, al ya no estar surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no haber dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, en cuanto a la orden de reaprehensión y su ejecución, reclamada por Abraham Seman Bitar, el Secretario de Acuerdos en funciones del Juez responsable informó que el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, el aquí solicitante constitucional se presentó voluntariamente a ponerse a su disposición, por tal motivo, ordenó la cancelación de la orden de reaprehensión emitida en su contra por el delito ROBO Luego entonces, resulta indudable que la orden de reaprehensión y su ejecución desaparecieron, por lo cual es innegable que se actualiza la causa de improcedencia en comento, pues el quejoso fue restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Página: 38, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL..." En consecuencia, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Página: 386, Novena Época, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE..." En consecuencia, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Sin que sea impedimento a lo anterior el hecho de que a la fecha no se cuente con el informe justificado de la autoridad responsable señalada por la parte quejosa como Fiscal General de Justicia del Estado de Quintana Roo, dado que la autoridad ordenadora canceló el acto de molestia reclamado y al tener dicho Fiscal el carácter de autoridad ejecutora, el sobreseimiento fuera de audiencia decretado en esta resolución se hace extensivo al acto de ejecución por no reclamarse por vicios propios sino en vías de consecuencia.
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