Abraham Moises Martínez Blanco

Expediente 76/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
76/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
17/05/2021

Partes del expediente

  • Abraham Moises Martínez Blanco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    MESA. V.Ciudad de México, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial, así como el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la determinación de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2º y 86, de la ley de la materia, en relación con los numerales 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En tales condiciones, se determina que es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. *

  2. Incidental

    MESA. V. Ciudad de México, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación, así como el estado de autos, tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, se acuerda: Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo de este expediente. Se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, inciso a), del artículo 18, de dicho acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional, y se negó por una parte y concedió la definitiva. *

  3. Principal

    MESA. V. Ciudad de México, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio y anexo signado por la Juez de Control adscrita a la Unidad de Gestión Judicial número Uno, Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual informa que en audiencia de cumplimiento a la orden de aprehensión de catorce de abril del año en curso, fue ordenada la libertad del quejoso Abraham Moisés Martínez Blanco, dentro de la carpeta judicial *** Ahora bien, visto el estado de autos, se advierte que: El quejoso Abraham Moisés Martínez Blanco, mediante escrito de nueve de marzo del presente año, presentó demanda de amparo en la cual reclamó: LA ORDEN DE APREHENSIÓN, decretada en contra del quejoso, en la carpeta judicial *** Atribuido a todos los jueces del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscritos a la Unidad de Gestión Judicial Número Uno del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.. SU EJECUCIÓN. A cargo del Procurador General de Justicia de la Ciudad de México y Agentes de la Policía Ministerial a su cargo. En virtud de lo anterior, mediante proveído de la misma fecha, se admitió a trámite respecto a dichos actos y se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables. Al rendir su informe justificado, el Juez encargado del Trámite de la Unidad de Gestión Judicial Número Uno del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México negó los actos que se le atribuían a los jueces de su adscripción, salvo la Juez de Control María Angélica Fernández Nardo, precisando que en audiencia de veintiséis de febrero de esta anualidad, libró orden de aprehensión al quejoso dentro de la carpeta judicial en mención. En este contexto, al rendir su informe justificado la referida juez y la autoridad administrativa aceptaron el acto que les atribuyen, sin embargo esta última negó que la haya ejecutada. Ahora bien, resulta un hecho notorio para este juzgador, que en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, en audiencia incidental de dieciséis de marzo del año en curso, se concedió la suspensión definitiva al quejoso, para el efecto de que no fuera detenido con motivo de la orden de aprehensión hasta en tanto se resolviera en definitiva el juicio de garantías; medida cautelar que por acuerdo de cinco de los corrientes dejó de surtir efectos en virtud que el quejoso incumplió con los requisitos fijados en la citada interlocutoria. En consecuencia, se ordenó hacer del conocimiento de las autoridades responsables, indicándoles que quedaban expeditas sus facultades para ejecutar el mandamiento de captura. En ese contexto, del oficio recibido el dieciséis de abril del año en curso y constancias que remitió la Juez responsable, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia, por tanto, es necesario hacer algunas consideraciones al respecto. La improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado es constitucional y motiva que el Juzgador Federal no dirima la controversia planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman esa institución, ya que se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas descritas en la Ley de Amparo, así como en la Carta Magna y en la jurisprudencia emitida por nuestro más alto Tribunal.*** En ese sentido, dicho acto se encuentra consumado, en virtud de que ha producido todos sus efectos de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, ya que de concederse la protección constitucional la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Lo anterior es así, dado que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados; por lo que el principio que rige para su procedencia, es la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del quejoso que lo haya promovido. Por tanto, resulta incuestionable que el acto reclamado se ha consumado de manera irreparable, porque ni jurídica ni materialmente puede obtenerse la restitución del acto reclamado.**** Razón por la cual, continuar con el trámite del presente juicio biinstancial, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resulta ocioso y atenta contr el principio de prontitud y expeditez en la administración de justicia previstos por el artículo 17 de la Constitución. En consecuencia, como ha quedado plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XVI del numeral 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en términos de la fracción V del normativo 63 de la mencionada ley. *** En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo, del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena al Secretario supervise que el Analista Jurídico Especializado encargado del aludido sistema capture la presente resolución, y a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa.

  4. Principal

    MESA V. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA. V. Ciudad de México, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio y anexo signado por la Juez de Control adscrita a la Unidad de Gestión Judicial número Uno, Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual informa que en audiencia de cumplimiento a la orden de aprehensión de catorce de abril del año en curso, fue ordenada la libertad del quejoso Abraham Moisés Martínez Blanco, dentro de la carpeta judicial *** Ahora bien, visto el estado de autos, se advierte que: El quejoso Abraham Moisés Martínez Blanco, mediante escrito de nueve de marzo del presente año, presentó demanda de amparo en la cual reclamó: LA ORDEN DE APREHENSIÓN, decretada en contra del quejoso, en la carpeta judicial *** Atribuido a todos los jueces del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscritos a la Unidad de Gestión Judicial Número Uno del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.. SU EJECUCIÓN. A cargo del Procurador General de Justicia de la Ciudad de México y Agentes de la Policía Ministerial a su cargo. En virtud de lo anterior, mediante proveído de la misma fecha, se admitió a trámite respecto a dichos actos y se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables. Al rendir su informe justificado, el Juez encargado del Trámite de la Unidad de Gestión Judicial Número Uno del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México negó los actos que se le atribuían a los jueces de su adscripción, salvo la Juez de Control María Angélica Fernández Nardo, precisando que en audiencia de veintiséis de febrero de esta anualidad, libró orden de aprehensión al quejoso dentro de la carpeta judicial en mención. En este contexto, al rendir su informe justificado la referida juez y la autoridad administrativa aceptaron el acto que les atribuyen, sin embargo esta última negó que la haya ejecutada. Ahora bien, resulta un hecho notorio para este juzgador, que en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, en audiencia incidental de dieciséis de marzo del año en curso, se concedió la suspensión definitiva al quejoso, para el efecto de que no fuera detenido con motivo de la orden de aprehensión hasta en tanto se resolviera en definitiva el juicio de garantías; medida cautelar que por acuerdo de cinco de los corrientes dejó de surtir efectos en virtud que el quejoso incumplió con los requisitos fijados en la citada interlocutoria. En consecuencia, se ordenó hacer del conocimiento de las autoridades responsables, indicándoles que quedaban expeditas sus facultades para ejecutar el mandamiento de captura. En ese contexto, del oficio recibido el dieciséis de abril del año en curso y constancias que remitió la Juez responsable, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia, por tanto, es necesario hacer algunas consideraciones al respecto. La improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado es constitucional y motiva que el Juzgador Federal no dirima la controversia planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman esa institución, ya que se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas descritas en la Ley de Amparo, así como en la Carta Magna y en la jurisprudencia emitida por nuestro más alto Tribunal.*** En ese sentido, dicho acto se encuentra consumado, en virtud de que ha producido todos sus efectos de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, ya que de concederse la protección constitucional la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Lo anterior es así, dado que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados; por lo que el principio que rige para su procedencia, es la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del quejoso que lo haya promovido. Por tanto, resulta incuestionable que el acto reclamado se ha consumado de manera irreparable, porque ni jurídica ni materialmente puede obtenerse la restitución del acto reclamado.**** Razón por la cual, continuar con el trámite del presente juicio biinstancial, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resulta ocioso y atenta contr el principio de prontitud y expeditez en la administración de justicia previstos por el artículo 17 de la Constitución. En consecuencia, como ha quedado plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XVI del numeral 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en términos de la fracción V del normativo 63 de la mencionada ley. *** En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo, del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena al Secretario supervise que el Analista Jurídico Especializado encargado del aludido sistema capture la presente resolución, y a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa.

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