Abraham Ramírez Vásquez

Expediente 9/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
9/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
24/08/2021

Partes del expediente

  • Abraham Ramírez Vásquez
  • Abraham Ramírez Vásquez y Otros.
  • Juez de Control. San Pedro Pochutla, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino. Asimismo, al tratarse de un asunto en el que se concedió la medida cautelar provisional y la definitiva a la parte quejosa, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 18 del referido Acuerdo, una vez transcurrido el término de tres años, procédase a su depuración, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el mencionado precepto, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósito documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes a devolver, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (excepción de la demanda), ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Archivo reciente. También, durante los primeros tres años el original del incidente estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, de tres años, se transferirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se dictó la suspensión definitiva, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal, contra el acuerdo de cinco de julio de la presente anualidad, en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en este juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. *** Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte.*******Sin embargo, existen los discos ópticos que en su momento la autoridad responsable remitió como justificación a su informe y cumplimiento al fallo protector; consecuentemente, devuélvanse los mismos al Juez de Control de San Pedro Pochutla, Oaxaca. Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso b), este expediente es depurable. ***Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho cuaderno. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado que guardan los autos, se advierte que por acuerdo de once de junio del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que dentro del plazo legal de tres días manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede San Pedro Pochutla, Oaxaca, sin que hubiese hecho manifestación alguna; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente a marzo del año dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión e expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el treinta de noviembre de dos mil veinte, se concedió a los quejosos Abraham Ramírez Vásquez, Sergio Venancio Ramírez Vásquez y/o Sergio Venancio Ramírez Vásquez y Acasio Aguilar Hernández el amparo y protección de la justicia de la unión para el efecto de que: "1. En audiencia privada ante el agente del Ministerio Publico solicitante el 1. Juez de Control de San Pedro Pochutla, Oaxaca, deje insubsistente la orden de aprehensión dictada el nueve de octubre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 466/2019, por la probabilidad de haber cometido el hecho que la ley señala como delito de homicidio con la calificativa de ventaja, previsto por el artículo 285 del Código Penal del Estado de Oaxaca, ello en relación con el artículo 299, 301, fracción II y 302 del Código Penal del Estado de Oaxaca, en agravio de Wilbert Méndez Martínez y proceda a negarla, única y exclusivamente con motivo de que los argumentos base de esa solicitud, no justifican la necesidad de cautela, en términos de lo expuesto en esta ejecutoria." Por acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Mediante oficio registrado con el folio 3747, el Juez de Control del Circuito de la Cuenca, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, remitió copia certificada de la versión escrita de la resolución de veintiséis de marzo del actual, dictada en la causa penal 466/2019; asimismo, mediante el diverso 4804, envió disco compacto certificado que contiene audio y video de dicha determinación; luego, de una revisión a la resolución de mérito, en proveído de diecisiete de mayo de la presente anualidad, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, por las razones ahí asentadas, requiriéndose su debido acatamiento al Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede San Pedro Pochutla, Oaxaca. Ante tal circunstancia, mediante oficio registrado con el folio 5832, el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede San Pedro Pochutla, Oaxaca, remitió copia certificada de la determinación dictada en la causa penal 466/2019, de su índice. Asimismo, con diverso oficio registrado con el folio 6439, remitió un disco en formato DVD que contiene en audio y video la audiencia celebrada el veinticinco de mayo de la presente anualidad, en la causa penal antes citada, así como en formato PDF. De las cuales se advierte que en ambas precisó lo siguiente: ". Al respecto, mención especial merece el requisito de la fracción III, en cuanto a que el Ministerio Público debe justificar la necesidad de cautela, pues dada su redacción, como primer requisito que estableció el legislador, se advierte que constituye un presupuesto o requisito de primer orden para el justificar -dado su carácter excepcional como medio de conducción al proceso- el libramiento del mandato de captura. En efecto, en cuanto a la exigencia legal prevista en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de procedimientos Penales, es dable referir que la necesidad de cautela, como requisito para justificar la orden de aprehensión como forma de conducción del imputado al proceso, reside esencialmente en una evaluación razonable de las circunstancias particulares del caso, de las que se desprenda la eventualidad de que el imputado se evada de la justicia y/o la responsabilidad de que exista resistencia de su parte a comparecer voluntariamente ante el juez de control, a efecto de que el Ministerio Público le formule imputación. Esto es, para el caso del libramiento de orden de aprehensión, la necesidad de cautela se constituye en la justificación del uso de fuerza pública para hacer comparecer al imputado ante el juez de Control, ante el establecimiento razonable de que no comparecería voluntariamente; esto es, dado el carácter excepcional del mandado de captura. Es así. Puesto que la necesidad de cautela como presupuesto o requisito de procedencia para librar una orden de aprehensión, se refiere a que en la especie existan datos objetivos para estimar que el imputado no se presentará voluntariamente en caso de ser citado y que por ende su comparecencia pudiere verse demorada o dificultada para ser conducido ante la presencia del Juez a fin de formularle imputación; cuestión que no se demuestra con so solo hecho de que el delio por el que se libra una orden de aprehensión amerite prisión preventiva oficiosa, pues sí esta circunstancia así debiera estimarse y comprenderse, el legislador lo hubiera indicado de forma expresa en el ordenamiento penal. Sobre tales acápites, debe concluirse que para que el juez de control esté en aptitud de evaluar eficazmente la necesidad de cautela, el fiscal que alegue esa circunstancia debe exponer los argumentos que razonablemente conduzcan a establecer la incomparecencia voluntaria de la persona contra quien se pretende formular imputación; lo que, desde luego, no debe descansar exclusivamente en la comisión del propio hecho materia de imputación, pues éste, por sí, no constituye un dato relevante acerca de la posible renuencia del imputado a presentarse ante el órgano jurisdiccional, atento a que ello depende aún de la evaluación del juez de control al resolver sobre la medida cautelar en la audiencia inicial. Es decir, el Ministerio Público habrá de expresar las circunstancias particulares del caso por las que advierte que existe la posibilidad de que el gobernador a quien se pretende formular imputación evada la acción de la justicia, o bien, la eventual resistencia, de que se presente voluntariamente a que se le formule imputación; respecto a lo cual, de conformidad con el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control debe pronunciarse, tomando en cuenta, como ya se dijo, únicamente el planteamiento ministerial contenido en la solicitud relativa. Orienta la tesis I.6o.P.86 P (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del primer Circuito, visible en la página 1943, libro 46, septiembre 2017, tomo III, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2015204, de rubro y texto siguientes: ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia. En el caso, se aprecia que el Ministerio Público solicitó el libramiento de orden de aprehensión contra los imputados que se mencionaron en el protocolo en el inicio de esta audiencia, para comunicarles imputación, sosteniendo la necesidad de cautela para justificar que se dictara la orden de captura, en términos de lo siguiente: ".Respecto del requisito de necesidad de cautela, considera esta representación social, que atendiendo pues a la apreciación de las circunstancias del caso particular, considera existe hay presunción razonable de que los imputados podrían no someterse a proceso lo cual resulta suficiente para sustentar la necesidad de cautela que se solicita pues es lógico saber que por este hecho delictuoso cometido y que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 constitucional, en su párrafo segundo, segunda parte, en audiencia podría imponerse de manera provisional o definitiva, precisamente la prisión preventiva oficiosa pues dicho ordenamiento establece que el Juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas; por lo tanto, tenemos que pues que nos habla dicho artículo de un homicidio doloso, que es en donde nosotros el hecho que se le imputa a éstas personas, se trata precisamente de un homicidio doloso, un homicidio calificado con ventaja, por lo tanto, considera esta representación social sea un incentivo precisamente para que los imputados no pudieran someterse de manera voluntaria a proceso y en similares términos, también así lo establece el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su párrafo tercero; por lo tanto, tenemos su señoría que ante la presencia de este hecho delictuoso que se les encuentra imputando que tiene una pena de treinta a cuarenta años de acuerdo al artículo 291 podría ser agravada es motivo por el cual podría estas personas no someterse de manera voluntaria y por lo cual es necesario señoría que se me libre ese mandamiento para hacerlos comparecer." En esa tesitura, el aspecto objetivo de la penalidad del delito atribuido a los quejosos no es suficiente para estimar que hay necesidad de la medida, dado que el fiscal no hace mayor argumentación acerca de que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que los imputados se evadan de la acción de la justicia y/o la eventual resistencia por parte de éstos para comparecer voluntariamente ante el juzgador de control, lo cual es precisamente materia de justificación por parte del Ministerio Público. Aunado a ello, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituirse formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al juez a determinar que la única forma de conducir a los imputados al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un juez de control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del imputado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: Existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, Se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, Se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos del mismo. En ese sentido, el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que, para decidir el peligro de sustracción de los imputados, el juez de control tomará en cuenta especialmente las siguientes circunstancias: El arraigo que tengan en el lugar donde deban ser juzgados determinado por el domicilio, residencia habitual. Asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio de aquellos constituye presunción de riesgo de fuga; El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales En ese tenor, tampoco es procedente señalar que si el delito que se endilga es de los que ameritan una alta pena de prisión es suficiente para justificar la orden de aprehensión, pues si bien dicha circunstancia está prevista en la fracción II del artículo 168 del Código nacional de procedimientos Penales, lo cierto es que debe ser analizada en conjunto con la actitud que voluntariamente adopten los imputados, el arraigo que tenga en el lugar donde deban ser juzgados determinado por el domicilio, residencia habitual asiento de la familiar, las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto y la falsedad sobre su domicilio; lo cual en el caso no fue expuesto por el fiscal. Acorde con lo expuesto, resulta palmario que la motivación de la necesidad de cautela no se satisface con la circunstancia de que los hechos del caso corresponden a un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, puesto que con independencia de que ello sea así (lo cual se demostrará en otra etapa de conducción al proceso, que no es la que aquí se examina), el requisito de necesidad de cautela debe justificarse de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Federal, en relación con el numeral 141 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser ésta una de las exigencias con singular importancia para librar la orden de aprehensión, frente a otras formas de conducción del imputado al proceso. ." Asimismo, en la resolución dictó el siguiente punto resolutivo: "Único. Se niega libra orden de aprehensión en contra de Abraham Ramírez Vásquez, Sergio Bernardo Ramírez Vásquez y/o Sergio Venencio Ramírez Vásquez y/o Sergio Venancio Ramírez Vásquez, Alfonso García, Acacio Aguilar Hernández, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como el delito de homicidio con la calificativa de ventaja, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de Wilbert Méndez Martínez, por no acreditarse la necesidad de cautela." Documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, de las que se advierte que acató en sus términos la ejecutoria de amparo, en virtud de que dejó insubsistente la orden de aprehensión dictada el nueve de octubre de dos mil diecinueve, dentro de dicho expediente. En consecuencia, se estima que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, toda vez que de la confrontación de los lineamientos bajo los cuales se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal y la forma en que la autoridad dio cumplimiento, se advierte que cumple la finalidad que se perseguía con la emisión de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que incurriera en exceso o defecto en su acatamiento, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes. Sirve de orientación la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, corroborable con el registro digital 165807, de texto que sigue: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese y personalmente a las partes.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Pochutla, Oaxaca, por medio del cual informa que por diverso 616/2021-J, remitió el disco DVD que refiere, acreditando su dicho con copia del acuse respectivo. De lo anterior se toma conocimiento. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta la misiva, pues no obstante que se remitió vía correo electrónico, éste es un medio de comunicación, que al ser certificada su recepción por el secretario de este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 216635, remitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." Cúmplase.

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