Abraham Ramírez Vásquez

Expediente 30/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 61 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
30/2020
Año
2020
Actuaciones
61
Última actuación
29/09/2022

Partes del expediente

  • Abraham Ramírez Vásquez
  • Acacio Aguilar Hernández
  • Abraham Ramírez Vásquez y Otros.
  • Agente del Ministerio Público que conoce de la causa penal 468/2019. San Pedro Pochutla, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 61.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino. Se comunica a las partes que, por haberse concedido la suspensión provisional, así como concedido y negado la definitiva a la parte quejosa, el original de este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de tres años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda. Archivo reciente. También, durante los primeros tres años el original del incidente estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, de tres años, se transferirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se dictó la suspensión definitiva, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el arábigo 86 de la normativa de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión contra el proveído dictado el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el precepto 81, fracción I, inciso e), de la legislación aplicable, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el ordinal 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los dispositivos 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el arábigo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, y no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se sobreseyó, de conformidad a lo previsto en el precepto 21, inciso a), del citado acuerdo, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho cuaderno. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otra parte, sin que pase inadvertido para el suscrito que a la fecha no se ha podido notificar la sentencia definitiva a la totalidad de las autoridades responsables; sin embargo, no resulta viable hacerlo toda vez, que como ya se dijo se sobreseyó en el sumario constitucional en el que se actúa, de ahí que a nada práctico conduciría y hacerle del conocimiento a las mismas, pues en el caso resultaría ilógico que esas dependencias interpusieran recurso de revisión en contra del fallo emitido en este asunto. Notifíquese

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guarda el presente juicio, se advierte que los autorizados de la parte quejosa Abraham Ramírez Vásquez, Sergio Venancio Ramírez Vásquez y Acasio Aguilar Hernández, no se presentaron ante este órgano de control constitucional a recoger los edictos ordenados en proveído de dieciocho de julio de esta anualidad, mismo que fue notificado a esa parte el veintisiete siguiente, a fin de emplazar a juicio a los terceros interesados 4. Eduardo Jarquín Hernández, 9. Ulber Escandón Canales y 10. Víctor Jarquín Hernández, y por ende, tampoco comprobaron haber realizado las gestiones necesarias para su publicación, como se le requirió en el citado auto; por tal motivo, en virtud de que ha transcurrido el plazo de tres y veinte días otorgado para ello, así como para que manifestaran expresamente su imposibilidad económica para sufragar el pago de los edictos correspondientes y lo acreditaran con prueba fehaciente, sin que lo haya hecho. Con motivo de lo anterior, se advierte que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que refieren: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;" Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: .III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: . b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Del precepto transcrito queda patente que: a) En primera instancia, el emplazamiento a juicio de los terceros interesados se hará mediante notificación personal. b) Cuando no conste en autos el domicilio de los terceros interesados, ni designación de casa o despacho para oír notificaciones, el empleado lo asentara así y dará cuenta al presidente del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, al Juez o a la autoridad que conozca del asunto. c) Los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio de amparo deben dictar las medidas necesarias con el propósito de investigar el domicilio del tercero referido. d) Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. De lo transcrito y señalado, se advierte que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que deben ser emplazados a juicio el o los terceros interesados, lo cual debe hacerse mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa del quejoso, si se ignora aquél. Por otro lado, de igual forma se debe tomar en consideración que los numerales 5, fracción III, inciso b) y 61 de la normativa de la materia, que establecen lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: (.) b). La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; (.)." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la interpretación sistemática de lo dispuesto en el citado arábigo 61, fracción XXIII, de la legislación aplicable, en relación con lo previsto en los diversos numerales 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, inciso b) del mismo ordenamiento, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llega al convencimiento de que la contumacia en que incurre el quejoso al no presentar la publicación de los edictos ordenados para emplazar a juicio al tercero interesado, impide cumplir con un presupuesto procesal que se rige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza una causa de improcedencia. En efecto, el ordinal 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo dispone que, si se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador Federal debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos a los terceros interesados; en esta hipótesis, y una vez que ha sido admitida la demanda de amparo se advierte que no se conoce el domicilio de éstos, ya sea porque el impetrante lo ignora, o bien, porque no corresponden al que señaló en su demanda, en términos de lo previsto en el precepto 108, fracción II, de la normativa de la materia, el juzgador de amparo dictará las medidas pertinentes para investigarlo, y cuando estime que éstas resultaron infructuosas ordenará que el emplazamiento respectivo se realice por edictos, los que serán a costa del quejoso. Es decir, el llamamiento de los sujetos procesales 4. Eduardo Jarquín Hernández, 9. Ulber Escandón Canales y 10. Víctor Jarquín Hernández, para tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que el peticionario realice el pago de los edictos respectivos y lo exhiba, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado, en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal del procedimiento. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar su esfera jurídica, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, es atribuible a la parte quejosa por la falta de exhibición de los edictos o las constancias que acrediten las gestiones necesarias para tal fin, lo que impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo sumario, pues constitucionalmente no es válido que un órgano jurisdiccional resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. En efecto, es claro que al quedar paralizado el juicio para la protección de derechos fundamentales por la falta de publicación de los edictos ordenados a costa del quejoso, para lograr el emplazamiento de los terceros interesados, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la parte impetrante está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la norma y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de los peticionarios, pues con la omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el sumario constitucional. No obsta a la anterior el que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya pronunciado en el sentido de que la falta o incorrecto señalamiento del domicilio del tercero interesado no provoca el sobreseimiento en el juicio, pues a tal conclusión se llegó considerando que, en tal caso, el juzgador de amparo debe agotar el procedimiento previsto en el numeral 27, fracción III, inciso b) de la normativa de la materia, sin que en el precedente respectivo se estudiaran las consecuencias que provoca la contumacia del justiciable, en cuanto a la obligación que le impone este último arábigo, aunado a que tal fallo no desconoció los efectos que finalmente provoca el hecho de que el legislador haya establecido como regla general la obligación de la parte peticionaria de precisar el domicilio del tercero interesado. La tesis respectiva lleva por rubro, texto y datos de identificación siguientes: Novena Época. Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 246, del Tomo: IV, noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 200519, cuyo rubro es: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO EL QUEJOSO SEÑALA DE MANERA INCORRECTA EL DOMICILIO DE AQUÉL, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA Y NO SOBRESEER EN EL JUICIO." Ahora, en proveído de dieciocho de enero y veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó la investigación oficiosa del domicilio de los terceros interesados 4. Eduardo Jarquín Hernández, 9. Ulber Escandón Canales y 10. Víctor Jarquín Hernández. Una vez agotada la búsqueda aludida, por auto de dieciocho de julio pasado, se ordenó el emplazamiento de los aludidos sujetos procesales por medio de edictos, otorgándole a la parte quejosa un término de tres días legalmente computados para recogerlos, y veinte días para que acreditara haber realizado las gestiones necesarias para su publicación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en los plazos establecidos, se decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Luego, de la certificación que antecede, se constata que el plazo otorgado a los impetrantes en el proveído referido, el primero transcurrió del veintinueve de julio al dos de agosto de la presente anualidad, y el segundo del tres al treinta de agosto del actual, sin que acudieran a recoger los edictos ordenados y acreditaran ante este órgano de control constitucional haber realizado las gestiones necesarias para la publicación de los citados edictos, no obstante de estar legal y oportunamente notificada para tal efecto. Por otro lado, tampoco hizo pronunciamiento alguno en relación con la imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, o que, en concepto de este juzgador, de los elementos que constan en autos existan indicios que demuestren que la parte agraviada no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante. En efecto, en el caso se les apercibió a los justiciables que dentro del término de tres días acudieran a las instalaciones de este órgano de control constitucional a recibir los edictos y de conformidad a lo previsto en el párrafo segundo, inciso b), de la fracción III, del dispositivo 27 de la legislación aplicable, impone a la parte quejosa la obligación de acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, para realizar el emplazamiento del tercero interesado -lo que no aconteció en la especie-; pues, dicho llamamiento permite tener constituida la relación jurídica procesal y ello está condicionado a que la parte impetrante realice el pago de los edictos respectivos, o en su caso, se tuviera por acreditada su imposibilidad para solventar dicho gasto, ya que, de estimarse lo contrario, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por tanto, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos, a costa del quejoso, para lograr el llamamiento de 4. Eduardo Jarquín Hernández, 9. Ulber Escandón Canales y 10. Víctor Jarquín Hernández, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el numeral en comento, ya que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con la falta de emplazamiento de dicho tercero interesado, se impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. En relatadas condiciones, lo procedente es SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, lo anterior con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción II, en concordancia con el 63, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Es ilustrativo el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 416, Tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 164074), cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Así también, es aplicable la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 2910, del Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época (registro 2014671), cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS A UNO DE LOS TERCEROS INTERESADOS EN UN JUICIO DE AMPARO EN MATERIA LABORAL. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR HABERLOS ENTREGADO PARA SU PUBLICACIÓN CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO AUNQUE SE HAYA PODIDO EMPLAZAR A LOS RESTANTES. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe recogerlos, entregarlos para su publicación y acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega, dentro del plazo de 20 días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo que los puso a su disposición, de no cumplir con lo anterior, se sobreseerá en el juicio, dado que los terceros interesados como "parte" deben ser emplazados como presupuesto procesal para dictar una sentencia válida que pueda perjudicarles. Por otra parte, de los artículos 870 a 891 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que el proceso laboral se rige por los principios de unidad e indivisibilidad, ya que deben resolverse en un solo laudo todos los puntos que integran la litis, sin que sea dable admitir la coexistencia de dos resoluciones de esa índole que diluciden parcialmente la controversia. Por lo anterior, cuando en un juicio laboral exista pluralidad de actores o demandados, si les resulta a una de esas partes el carácter de terceros interesados en los juicios de amparo que promueva su contraparte, todos deben ser emplazados, de tal suerte que si el quejoso no acreditó haber entregado para su publicación los edictos de uno de ellos, debe sobreseerse en el juicio aunque se haya emplazado a otros, ya que no podría analizarse el acto reclamado de manera parcial por lo que hace al quejoso y los terceros que sí fueron llamados, pues ello generaría que se infringieran los principios de unidad e indivisibilidad que rigen las resoluciones en materia laboral." Sin que obste el hecho de que dicho sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en la tramitación del juicio de amparo, una causa de improcedencia que sea notoria, manifiesta e indudable y que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento, sin necesidad de esperar la hora de la audiencia constitucional, porque de estimarse lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de la justicia, que contraviene lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572 cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III, y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de la causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente lo que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo en retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, competente e imparcial." Así también, conviene precisar que al considerar procedente sobreseer en el juicio por actualizarse una causal de improcedencia manifiesta y notoria, no se le restringe al impetrante del amparo un efectivo acceso a la justicia tutelado en el numeral 17 de Nuestro Texto Supremo, ni el diverso arábigo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues de su interpretación se advierte que garantizan el derecho fundamental a favor de los gobernados relativo al acceso efectivo a la justicia, que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas. Es así, ya que el acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan requisitos de procedencia y plazos para ejercer un derecho, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. Además, con la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil once, implica la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el Juez de Amparo deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en la Ley de Amparo para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 699, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2004823, de rubro y texto siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo." Notifíquese personalmente a las partes.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que este órgano jurisdiccional agotó la búsqueda a que hace alusión el artículo 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, aún de la investigación hecha por diversas autoridades respecto del domicilio de los terceros interesados 4. Eduardo Jarquín Hernández, 9. Ulber Escandón Canales y 10. Víctor Jarquín Hernández, para efecto de emplazarlos a este juicio. LEVANTAMIENTO DE RESERVA Ahora, dada la circunstancia apuntada, se levanta la reserva decretada en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, para acordar en los siguientes términos: A fin de no retrasar el procedimiento y lograr una pronta y expedita administración de justicia, en términos del numeral 17 de la Constitución Federal, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), de la normativa de la materia, se ordena emplazar a los sujetos procesales de referencia, por medio de edictos, los cuales en términos del primer numeral citado, correrán a cargo de la parte quejosa, y deberán contener los requisitos que previene el arábigo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación aplicable. Por otra parte, a efecto de cumplir con lo señalado, se precisa: A) Se determinó el emplazamiento de las personas citadas a través de edictos, con cargo de los impetrantes, con fundamento y por las razones desarrolladas en el presente acuerdo. B) La publicación de los edictos deberán realizarse por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación en la República Mexicana precisando que deberán realizarse en días hábiles, además se fijará en la puerta de este propio Juzgado, copia íntegra del mismo por todo el tiempo del emplazamiento. Lo edictos contendrán: *Una relación sucinta de la demanda. *El conocimiento a los terceros interesados que cuentan con el término de treinta días, a partir del siguiente de la última publicación, para que acudan a este Juzgado de Distrito a apersonarse al juicio si a sus intereses conviene, por lo que en el expediente queda a su disposición copia de la demanda. *Se les hará saber la hora y fecha señalada para desahogar la audiencia constitucional en este juicio, la cual podrá diferirse hasta en tanto el expediente esté debidamente integrado. C. Se ordena por conducto del Actuario de la adscripción, hacer entrega a la parte quejosa dos originales debidamente firmados por el secretario autorizado, de los edictos a publicar en el diario de mayor circulación y en el Diario Oficial de la Federación, con acuse de recibo por separado, conteniendo lugar y fecha de elaboración, la leyenda del escudo nacional, número de expediente, y el sello íntegro y legible de este órgano jurisdiccional. D) Asimismo, se anexan dos discos compactos, que contienen los archivos de los edictos a publicar, con formato letra arial, sin negrillas, en mayúsculas y minúsculas, tamaño nueve, espacio sencillo entre líneas y justificado; en configuración "Word for Windows" con extensión ".doc", cuyo texto coincide íntegramente con el impreso firmado; en tamaño, para el periódico de circulación nacional de nueve centímetros de altura, y nueve punto ocho centímetros de ancho y, para el Diario Oficial de la Federación el equivalente a un cuarto de su página. *** **** Conforme a dichos criterios interpretativos, se advierte que a la orden de emplazar por edictos a la parte tercera interesada, le siguen tres distintos momentos y otras tantas obligaciones a cargo de la parte quejosa, que son: Recoger los edictos; Pagar su publicación; y, Exhibir ésta. De tal suerte que el solicitante del amparo debe satisfacer todos y cada uno de esos deberes, pero es evidente que no podrá hacerlo en una sola oportunidad, sino que debe seguir una secuencia lógica que, de suyo, entraña diversos tiempos, ya que primero recoge los edictos; a continuación, los paga; y, por último, espera las publicaciones para poder exhibirlas, para lo cual es menester dejar transcurrir el plazo legalmente previsto en cuanto al espaciamiento de cada publicación, de conformidad con el imperativo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Concluyendo que no pueda exigirse a la parte quejosa que, en un solo término procesal, cumpla con las tres obligaciones a su cargo, pues podrá recoger y pagar los edictos en un breve plazo, pero las publicaciones sólo podrán exhibirlas hasta que se hayan realizado con la periodicidad legalmente prevista. En ese sentido, con fundamento en el numeral 297, fracción II, de la legislación federal supletoria, requiérase a la parte quejosa para que: a. En el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, recoja los edictos correspondientes para emplazar a los nombrados terceros interesados; b. Dentro de otro plazo de veinte días, que se computará a partir del día siguiente al en que se le entreguen los edictos, acredite haber realizado las gestiones necesarias para su publicación; y, c. Respecto a la obligación de exhibir las publicaciones, se acordará lo conducente hasta en tanto se colmen los dos requisitos anteriores y transcurra la periodicidad legalmente prevista para ello. En ese sentido, atendiendo al contexto que actualmente impera en nuestro país, con apoyo en el numeral 6, fracción II, del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se hace de su conocimiento que para efectuar la entrega de los edictos, previamente deberán generar una cita para comparecer ante esta sede judicial, a fin de ser atendido por el personal adscrito en la entrega de la documental que se refiere. APERCIBIMIENTO Apercibido que de hacer caso omiso a cualquiera de los supuestos anteriores, se decretará el sobreseimiento del presente asunto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, 63, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso dispositivo 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, del propio ordenamiento, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otro aspecto, a efecto de no hacer nugatorio sus derechos correspondientes, requiérase a los justiciables para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación de este proveído, manifiesten expresamente su imposibilidad económica para sufragar el pago de los edictos correspondientes, debiendo acreditar con prueba fehaciente tal circunstancia, para estar en aptitud de determinar si procede su publicación a costa del Consejo de la Judicatura Federal; en el entendido que el no hacer manifestación alguna dentro de la temporalidad concedida, se entenderá que sí tienen capacidad económica para sufragar el costo de los mismos. ****** En consecuencia, a efecto de dar margen a lo anterior, y no irrogar perjuicio a las partes, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, reservándose fijar nueva hora y fecha para su celebración, hasta en tanto sean emplazados los terceros interesados 4. Eduardo Jarquín Hernández, 9. Ulber Escandón Canales y 10. Víctor Jarquín Hernández. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Michelle

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