Abraham Ponce Guadarrama
Expediente 1221/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1221/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Abraham Ponce Guadarrama
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO, POR ASÍ ORDENARLO EL DIVERSO DE TREINTA DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE... Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a trece de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de treinta de octubre de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2, de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente proveído, dado que carece de valor institucional e histórico, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado. Finalmente, toda vez que en el expediente obra una documental exhibida por la parte quejosa catalogada como no original en términos del Capítulo Primero de las disposiciones Generales del artículo 2, fracción XVIII, del Acuerdo en cita, se deja a su disposición para que comparezca a recogerla en el plazo de tres días, previa copia simple y constancia de recibo que obren en autos, se le apercibe que de no hacerlo así una vez que transcurra el término de cinco años, tal documento será destruido junto con el expediente.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO, POR ASÍ ORDENARLO EL MISMO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE... Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de garantías promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE con el número 1221/2018; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, en relación a la referida demanda de garantías, debe decirse que se actualiza una causa notoria, manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el citado numeral 113, de la ley de la materia, pues de su contenido se aprecia que se promueve sin que para ello se manifieste expresamente la voluntad de quien insta la acción constitucional, toda vez que no estampó el original de la firma al calce del escrito de demanda ni en las copias de ésta. De acuerdo con el artículo 113, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, lo anterior atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17, de nuestra Constitución, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para prevenir crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente en un sobreseimiento. Sobre este aspecto, es importante mencionar que el desechamiento de plano de una demanda de garantías debe satisfacer determinados requisitos como son: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Sustenta lo anterior la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo sesenta y ocho, agosto de mil novecientos noventa y tres, página setenta y siete, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En efecto, a criterio del suscrito, se actualiza la causal de improcedencia que atiende el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6°, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Los artículos antes transcritos disponen primeramente, que el juicio de garantías es improcedente en los demás casos en que la improcedencia derive de alguna disposición de dicha ley pero distinta a las previstas en el numeral 61; en relación con este punto, el diverso artículo 6 de la ley de la materia dispone que la acción constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame; es decir, que resienta un perjuicio, daño o menoscabo sobre él o sobre su patrimonio, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado. Sin embargo, del contenido de la demanda de garantías que se provee, se aprecia que Abraham Ponce Guadarrama, pretende promover el presente juicio de garantías sin que para ello manifieste expresamente su voluntad de instar la acción constitucional, toda vez que no obra la firma original del ocursante, sino únicamente en fotocopia en la demanda de mérito. En efecto, el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el llamado principio de instancia de parte agraviada, y es esa disposición rectora del juicio de amparo que se traduce en el normativo transcrito en líneas anteriores, que establece que el juicio de amparo debe seguirse siempre a iniciativa o instancia de la parte agraviada por el acto de autoridad y al no existir la firma original en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que promueve. Ello es así, toda vez que la firma es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, por lo que al no obrar materialmente el original de ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto de quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o deba requerirse para subsanar tal omisión; es decir, se llega al grado de tener la falta de firma, lo que se traduce en la ausencia de la manifestación expresa de la voluntad de los promoventes, por tanto, el escrito de demanda al que le falte este requisito debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna, lo que no obliga requerir al promovente para que subsane tal omisión, sino a desecharla por improcedente. Apoya a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el tomo X, octubre de mil novecientos noventa y dos, octava época del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página trescientos quince del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." De igual manera, es aplicable la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 61, fracción XXIII de la misma ley, en relación con el artículo 6o. del propio ordenamiento." Ahora bien, es importante puntualizar que la falta de firma original en la demanda de amparo en estudio, no debe considerarse como una irregularidad en el escrito y con ello se tuviera que prevenir a la parte quejosa para que la subsanara en términos del artículo 114, de la Ley de Amparo, ya que como se indicó con antelación, al no contar con la firma autógrafa de los promovente se debe considerar como un simple documento que no incorpora la expresión de la voluntad de ninguna naturaleza. Apoya a lo anterior, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el tomo I, Segunda Parte-1, enero-junio de mil novecientos ochenta y ocho, octava época del Semanario Judicial de la Federación, página doscientos cuarenta y uno, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia". En las condiciones apuntadas, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numeral 6 y 113, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento jurídico, en consecuencia, se desecha de plano la presente demanda de amparo promovida por Abraham Ponce Guadarrama, por propio derecho, en contra del acto que reclamó del Fiscal General del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Téngase como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a *****, toda vez que cuenta con registro de su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Notifíquese personalmente.
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