Abraham Ponce Guadarrama
Expediente 1248/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1248/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Abraham Ponce Guadarrama
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente proveído, dado que no obran documentos originales, ni es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado y carece de valor institucional e histórico. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
ESTRADOS...SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA...EL AUTO QUE PRECEDE, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de garantías promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado, residente en esta ciudad, y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE) con el número 1248/2018; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional: IV- ACTO RECLAMADO: De las autoridades señaladas como ordenadoras se reclama la negativa de negarme mi derecho a declarar a pesar de que de manera pacífica y mediante escrito lo he solicitado, negativa realizada con la intención de sorprenderme con una orden de presentación y/o de aprehensión, violando con ello lo establecido en los artículos 14, segundo párrafo 16 primer párrafo, y 20 apartados A fracción X y B fracciones I y II Constitucionales; y de las ejecutoras reclamo la ilegal orden de presentación y/o aprehensión que pretendan ejecutar en mi contra. De lo antes trascrito, se actualiza la causal de improcedencia relativa a la falta de interés legítimo del quejoso, en términos de la fracción XII, del artículo 61, así como en los diversos dispositivos 1, 5, 63 y 117 de la Ley de Amparo, los cuales literalmente establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (. "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior (.. "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley Máxime si se considera que el artículo 107 constitucional establece textualmente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico En efecto, de lo anteriormente transcrito se deduce que uno de los principios rectores del juicio de amparo establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y que con ello se afecte su esfera jurídica, por lo que si en el presente caso a estudio no está acreditada dicha circunstancia, es dable concluir que se actualiza al respecto la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en concordancia con lo establecido en los diversos dispositivos 1, 5, fracción I y 117 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 107, fracción I Constitucional, lo que ocasiona que al respecto se actualice una causal de sobreseimiento en términos de lo estatuido en el artículo 63, fracción V de la Ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Carta Magna, por lo que debe desecharse de plano el presente asunto de conformidad con el contenido del artículo 113 de la ley de la materia. Sin que para lo anterior obste la circunstancia de que la constitución consagra la protección de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que dicha circunstancia no se tradujo en ninguna modificación a lo dispuesto en el artículo 133 de nuestra norma fundamental, el cual establece que en nuestro sistema de derecho actual, la Constitución se encuentra por encima en la jerarquía normativa, ya que además el referido precepto establece textualmente que, en todo caso, los tratados deberán estar de acuerdo con la misma para formar parte de la Ley Suprema de la Unión; lo cual supone la vigencia del principio de parte agraviada establecido en el artículo 107, fracción I de la norma suprema, mismo que fue transcrito anteriormente, y, que, contiene el señalamiento de que dicho carácter lo ostenta quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viole los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica. Bajo esta tesitura, debe considerarse que el artículo 21 constitucional establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, lo cual acontece en el presente caso con el acto reclamado, amén de que debe considerarse que de conformidad con lo establecido en el artículo 129, fracción III de la Ley de Amparo, se considera que entre otros casos, se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando se permite la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, lo cual acontecería en el caso de negar de cualquier forma que se indaguen hechos presuntamente delictivos como los que dieron origen a la presente demanda de amparo, aunado a que en todo caso en este caso, las medidas que se adopten al respecto aún no le deparan perjuicio de forma alguna por encontrarse integrando apenas la carpeta de investigación. Así, si bien es cierto que la parte quejosa tiene derechos fundamentales, los cuales se encuentran consagrados constitucionalmente también lo es que los mismos tienen restricciones como la contenida en el artículo 21 de la constitución aunado a que debe considerarse que a todos los actos de autoridad los inspira al menos de modo formal y aparente un fin de interés público, por lo que hacer procedente el amparo respecto el citado acto reclamado, en su caso va contra dicho interés en alguna medida. *** RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos: a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna; b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales; y, c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales. De igual manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática." En el caso en concreto, se estima de suma importancia que se encuentra integrada una carpeta de investigación al quejoso por la posible comisión de delitos, lo que para efectos del presente asunto se traduce en que NO SE ACREDITA en una afectación a su esfera jurídica como lo dispone el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual a su vez se traduce en una falta de interés legítimo, debiendo recordarse en todo momento que la Carta Magna es la norma fundamental en nuestro sistema de derecho actual. Por todo lo anteriormente expuesto se concluye que actualmente no existe una afectación a la esfera jurídica del quejoso, AL NO VERSE AFECTADA AÚN DE MANERA ALGUNA, lo cual es necesario para a su vez acreditar el interés legítimo de la parte impetrante de derechos fundamentales de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción I constitucional el cual es el cuerpo de leyes que rige nuestro sistema normativo de acuerdo con lo señalado en el dispositivo 133 de la misma, aún a pesar de la reforma de derechos humanos vigente en ella. En esa misma guisa, debe recordarse que los únicos derechos que no pueden suspenderse, son los establecidos en el artículo 29 constitucional, siendo estos los relativos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos, dentro de los cuales no se encuentra contemplado ninguno de los reclamados por el aquí quejoso en el presente asunto, al señalarse textualmente en el dispositivo referido inicialmente, lo siguiente: Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la 48 esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos Aunado a que debe tomarse en consideración que de acuerdo con el principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no únicamente deben contemplarse sus derechos personales fundamentales sino los de la sociedad en su conjunto la cual está interesada en que se investiguen y persigan los delitos tal y como se corrobora con lo establecido en el artículo 129, fracción III de la Ley de Amparo. Aunado a que debe tenerse en consideración que en aras de los derechos humanos no pueden hacerse procedentes todos aquellos medios de impugnación que se hagan valer por no haber sido ese el espíritu del legislador. De igual forma, para la decisión anterior, tampoco es óbice la circunstancia de que el impetrante del amparo, de conformidad con una muy amplia interpretación de la legislación nacional e internacional, y, con, el principio pro personae establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podría considerarse que le sea favorable la suplencia de la queja a su favor por dicha situación, ya que al no verse afectada directamente en su esfera jurídica, no puede operar válidamente la referida suplencia por actualizarse al respecto una causal de improcedencia que debe ser analizada previo al estudio del fondo de la controversia constitucional que nos ocupa, de conformidad con lo establecido en los artículos 62 y 64 de la Ley de Amparo. *** IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." *** SUPLENCIA DE LA QUEJA, INOPERANCIA DE LA, POR EXISTIR CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. La suplencia de la queja a que se refiere la Ley de Amparo, artículo 76, párrafo segundo, es una cuestión relacionada con la resolución, en cuanto al fondo, de un problema de inconstitucionalidad de leyes, cuyo supuesto de aplicación de la suplencia no puede ni siquiera estudiarse si en el caso concreto se estima previamente por el Juez que operan una o más de las causales de improcedencia que determinan el sobreseimiento del juicio y, por tanto, la imposibilidad de avocarse al fondo del problema de inconstitucionalidad planteado. Asimismo, tiene aplicación al caso concreto la tesis (X Región)2o.1 P (10a.), criterio emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, que reza: INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." Sin que para todo lo anterior sea óbice ni pase inadvertido que las tesis invocadas a lo largo del presente acuerdo hayan sido emitidas con base en el análisis de artículos de la Ley de Amparo anterior, misma que fue reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, lo anterior en razón de que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley, por lo que se considera que en este caso sigue vigente. En ese orden de ideas, al haber quedado de manifiesto que NO SE AFECTA EL INTERÉS LEGÍTIMO DEL QUEJOSO RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN QUE RECLAMA por no existir aún una afectación real y actual de un derecho fundamental con la mera integración de una carpeta de investigación en su contra, es evidente que se surte la causal de improcedencia relativa a la falta de interés legítimo del quejoso, en términos de la fracción XII, del artículo 61, así como en los diversos dispositivos 1, 5, 63 y 117 de la Ley de Amparo, y por tanto, se DESECHA LA DEMANDA PLANTEADA por su notoria improcedencia. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados que se publican en este Juzgado Federal, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, toda vez que cuentan con registro de cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente. ***
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