Abraham Pérez Oribe
Expediente 438/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 438/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 06/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Abraham Pérez Oribe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito firmado por Abraham Pérez Oribe; en su atención, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley, expídase a su costa las copias que solicita relativas a las constancias del cuaderno principal, previa toma de razón y recibo que quede en autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan. Se tiene por autorizado únicamente para los efectos de recoger la copia solicitada a la persona propuesta para ello. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 438/2018-II B promovido por Abraham Pérez Oribe, asimismo remite testimonio de la ejecutoria dictada el treinta de agosto de dos mil dieciocho, en el amparo en revisión 85/2018, a través de la cual, el Tribunal de Alzada resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo de los autos originales del juicio de amparo 438/2018-II B, y testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 85/2018. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, agréguense el cuaderno antecedentes, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, tomando en consideración que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimoctavo Circuito, confirmó la sentencia de amparo en la que determinó negar el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso y quedó registrado con el número 85/2018; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.Erika*
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido del auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, a la parte tercero interesada SERVANDO RAMÓN ORTIZ OVIEDO como encargado de la persona moral SERVICIOS INTEGRADOS DE CONSULTORÍA FRAM, S.A. DE C.V. y SERVANDO RAMÓN ORTIZ OVIEDO, por las razones que en la misma expone; asimismo, de autos se advierte que no se encuentran notificados de la sentencia dictada el catorce de mayo del año en curso. En mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la sentencia de catorce de mayo del año en curso y del acuerdo de cinco de junio actual, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Aletia González Huerta, que autoriza y da fe...sentencia y auto que en lo conducente establecen: ...Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 438/2018-II-B, promovido por Abraham Pérez Oribe por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el quince de marzo de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día en este juzgado, Abraham Pérez Oribe por propio derecho, solicitó el amparo de la justicia federal contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho se desechó la demanda por cuanto a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y admitió a trámite por cuanto a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito, se solicitó el informe justificado, se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y tercero interesado. (fojas 8 a 14). Seguida la secuela procesal, por auto de trece de abril de dos mil dieciocho se fijaron las once horas con dos minutos del treinta de abril de dos mil dieciocho para celebrar la audiencia constitucional (foja 52). CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, es: La omisión de desahogar la diligencia de remate ordenada en el juicio laboral 01/1883/2011. La omisión de acordar el escrito presentado el doce de marzo de dos mil dieciocho registrado con folio 1498 en el expediente 01/1883/2011. Del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, reclama: La omisión de llevar a cabo la notificación de las partes de la diligencia de remate señalada en el juicio laboral 01/1883/111, así como la fijación de convocatorias. TERCERO. Certeza de los actos. Son ciertos los actos reclamados, ya que así lo manifestaron la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Actuario adscrito, al rendir sus informes justificados. Además, la Presidenta de la junta responsable exhibió como prueba diversas documentales relativas al juicio laboral 01/1883/11-JE1 (fojas 35 a 48), de las que se evidencia la existencia de los actos impugnados; constancias que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. El Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, manifestó adherirse a las manifestaciones vertidas por la Presidenta de la Junta, así como a las copias certificadas remitidas. (foja 50) CUARTO. Causales de improcedencia. La presidenta de la Junta responsable arguyó que la omisión no obedece a mala fe, sino a la excesiva carga de trabajo; asimismo, que en virtud de que el estudio que se realiza en el juicio de amparo debe limitarse al acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en que se sitúe, no es factible considerar como acto de molestia una omisión o dilación en el trámite, como pretende la parte quejosa, ya que el juicio de amparo debe constreñirse al acto reclamado y de ninguna manera a actos subsecuentes, por lo que debe sobreseerse en términos del artículo 63 de la Ley de Amparo. El argumento relativo a que el acto reclamado está justificado y no afecta a la parte quejosa, debe desestimarse porque está estrechamente relacionado con el fondo del asunto. Además, el argumento de la autoridad responsable de que sea decretado el sobreseimiento en términos del artículo 63 de la Ley de Amparo, se desestima porque no constituye causa de sobreseimiento de obvia y objetiva constatación, en virtud de que no indicó, cuál causa de las que dicho numeral prevé en sus fracciones I a V, opera y actualiza el sobreseimiento del juicio de amparo. Lo sustentado en este considerando se apoya en la jurisprudencia P./J. 135/2001, de la Novena Época, respaldada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Así como en la tesis 2a./J. 137/2006, de la Novena Época, de la Segunda Sala del máximo Tribunal de Justicia en la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN." Con independencia de lo anterior, este juzgador no advierte que opere alguna causa de improcedencia. QUINTO. Estudio del concepto de violación. Aún suplidos en su deficiencia con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, los conceptos de violación que la parte quejosa formuló, son infundados e insuficientes para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal por los motivos que se explicaran más adelante. Para apreciar lo anterior, debe señalarse que conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007 de la Novena Época, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". Para cumplir con el principio de justicia pronta, la autoridad encargada de su impartición debe administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. Antes de continuar, se precisa que los artículos de la Ley Federal del Trabajo que en adelante se citen, corresponderán a la ley reformada el diecisiete de enero de dos mil seis, porque el conflicto de origen fue iniciado en el año dos mil once, y la siguiente reforma fue realizada en fecha posterior al inicio del juicio de origen, esto es, el nueve de abril de dos mil doce. De las documentales exhibidas por la responsable, se desprende lo siguiente: El veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, fue señalado para el desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda de un bien inmueble. Sin embargo, la autoridad responsable ordenó su diferimiento con motivo de que no compareció postor alguno, en virtud de que no obraba constancia en autos de haberse fijado las convocatorias de remate en los tableros de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación Arbitraje del Estado de Morelos, en la Tesorería del Gobierno del Estado de Morelos y en uno de los Periódicos de mayor circulación que se editan en esta Ciudad; por tanto, requirió a la parte actora ahora quejosa, para que al momento de la diligencia exhibiera certificado de gravamen actualizado y con ello estar en aptitud de desahogar el remate correspondiente. Luego, en preparación a la citada diligencia, comisionó al Actuario de su adscripción a efecto de fijar convocatorias a remate del inmueble embargado y notificara a las partes personalmente. De igual forma, ordenó girar oficio a diversas autoridades a efecto de allegarse de los domicilios de los acreedores. Asimismo, ordenó la notificación de los demandados por medio de boletín judicial. El dos de febrero de dos mil dieciocho, fecha señalada para el desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda del inmueble embargado, se señaló nueva data para el verificativo de ésta, por los motivos expuestos con anterioridad. Circunstancia que se repitió el nueve de marzo de dos mil dieciocho, por el que se difirió la diligencia de remate para las ocho horas con treinta minutos del veintisiete de abril del año en curso. El doce de marzo del año que transcurre, el actor ahora quejoso, presentó el escrito registrado bajo el folio 1498, mediante el cual, informó que la posible acreedora CONFÍA S.A. Institución de Banca Múltiple, Abaco Grupo Financiero fue fusionada a CITIBANK MÉXICO S.A. Grupo Financiero CITIBANK; además, solicitó que se comisionara al fedatario a fin de que le notificara en el domicilio propuesto y llevara a cabo las medidas necesarias para la notificación del diverso acreedor Jerónimo Torres Ortiz; asimismo, pidió que se requiera de pago a la demandada y en caso de negativa se impusiera alguna medida de apremio regulada por la ley de la materia. Ahora bien, previo a continuar con el estudio de fondo del asunto debe señalarse que el acto impugnado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, en el caso el quince de marzo de dos mil dieciocho; para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que dan origen a la queja. En consecuencia, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, las omisiones reclamadas existían, pues en el juicio de origen no se ha desahogado la diligencia de remate, no se ha notificado a las partes la hora y fecha señalada para su desahogo, ni se han fijado las convocatorias de mérito, y tampoco, se ha acordado el escrito presentado el doce de marzo de dos mil dieciocho. La aludida regla general se funda en la jurisprudencia 1a./J. 36/98 de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN." Acto consistente en: omisión de desahogar la diligencia de remate, de notificar a las partes la hora y fecha señalada para su desahogo y de fijar las convocatorias de mérito. Respecto a la diligencia de remate, la Ley Federal del Trabajo establece: "Artículo 967.- Concluidas las diligencias de embargo, se procederá al remate de los bienes, de conformidad con las normas contenidas en este Capítulo. Antes de fincarse el remate o declararse la adjudicación, podrá el demandado liberar los bienes embargados, pagando de inmediato y en efectivo el importe de las cantidades fijadas en el laudo y los gastos de ejecución." En el caso de que los bienes embargados sean inmuebles, se observaran las reglas establecidas por el artículo 968 apartado B del ordenamiento en cita, que dispone: ". I. Se tomará como avalúo el de un perito valuador legalmente autorizado, que será designado por el Presidente de la Junta; II. El embargante exhibirá certificado de gravámenes expedido por el Registro Público de la Propiedad, de diez años anteriores a la fecha en que ordenó el remate. Si en autos obrare ya otro certificado, sólo se pedirá al Registro, el relativo al período o períodos que aquél no abarque; y III. El proveído que ordene el remate, se fijará en los tableros de la Junta y se publicará, por una sola vez, en la Tesorería de cada Entidad Federativa y en el periódico de mayor circulación del lugar en que se encuentren ubicados los bienes, convocando postores. Se citará personalmente a los acreedores que aparezcan en el certificado de gravámenes, a efecto de que hagan valer sus derechos." De los preceptos transcritos, se desprenden los pasos que la Junta debe seguir para llevar a cabo la diligencia de remate en el caso de que el bien embargado sea un inmueble, entre las que destacan, la exhibición del certificado de gravámenes, fijar el proveído que ordene el remate en los tableros de la Junta y publicar por una sola vez en la Tesorería de cada Entidad Federativa y en el periódico de mayor circulación del lugar en que se encuentren ubicados el o los bienes, la convocatoria a los postores. Así como citar personalmente a los acreedores que aparezcan en el certificado de gravámenes, a efecto de que hagan valer sus derechos. En razón de lo expuesto, debe decirse que en el caso concreto, el concepto de violación formulado en contra de los actos reclamados antes identificados, con base en el cual se aduce transgresión al principio de acceso a la impartición de justicia es infundado, por las razones sucesivas: Cierto, de las constancias reseñadas se aprecia que el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable, ordenó la diligencia de remate, requirió a la parte actora la exhibición del certificado de gravamen respectivo, estableció la notificación de las partes y comisionó al actuario de su adscripción para fijar las convocatorias de mérito; sin embargo, se aprecia: Que la parte actora no ha exhibido el certificado de gravámenes expedido por el Registro Público de la Propiedad, de diez años anteriores a la fecha en que ordenó el remate; ni tampoco, que en autos obre otro certificado, a fin de solicitar al citado Registro, el relativo al período o períodos que aquél no abarque. Consecuentemente, la autoridad no ha fijado las convocatorias a remate del inmueble embargado, en la Tesorería de cada Entidad Federativa y en el periódico de mayor circulación del lugar en que se encuentra ubicado el bien. Por tanto, el Actuario tampoco ha notificado a los acreedores la convocatoria respectiva. Destacando que acorde a lo dispuesto por el artículo 950, en la etapa de ejecución corresponde a la parte vencedora impulsar el procedimiento, so pena de prescripción. Por lo expuesto, se desprende que las omisiones reclamadas no son imputables a la autoridad responsable, pues depende de que la parte actora ahora quejosa, exhiba el certificado de libertad de gravamen señalado por el artículo 968 apartado B fracción ll de la Ley Federal del Trabajo, para que la responsable se encuentre en condiciones de fijar las convocatorias establecidas por la fracción lll del precepto aludido, y así, comisionar al actuario de su adscripción para que realice la citación personal de los acreedores que aparezcan en el certificado de mérito, a efecto de que hagan valer sus derechos. No obstante que la parte actora, se encuentra notificada del último requerimiento efectuado al respecto, pues de la actuación de nueve de marzo de dos mil dieciocho, se advierte que compareció Edrisis Joshua Gómez Mendoza como apoderado legal de Abraham Pérez Oribe, quien quedó debidamente notificado del requerimiento relativo a la exhibición del certificado de libertad de gravamen actualizado y, con ello estar en aptitud de desahogar el remate correspondiente. Motivo por el cual, en el caso en particular la inacción que se reprocha a las responsables no constituye una violación a la garantía de acceso a la justicia que plantea la parte quejosa, al resultar evidente que ello deriva de la propia omisión en que ha incurrido la accionante, en tanto que la junta responsable por disposición expresa de la ley, no está facultada para actuar de oficio en la forma planteada. De ahí que, al no encontrarse satisfecha la exigencia legal indicada (exhibición de certificado de gravamen), resulta infundado el concepto de violación y procede negar el amparo y protección de la justicia federal contra los actos reclamados antes precisados. Acto reclamado: omisión de acordar el escrito de doce de marzo de dos mil dieciocho. Ahora, por cuanto a la omisión de acordar la petición efectuada el doce de marzo de este año registrada bajo el folio 1498; la Junta responsable, aportó la constancia que acredita que recibió el escrito sobre el que versa el acto reclamado; aunado a que en el informe justificado fue aceptada su falta de acuerdo. Por su parte, el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, impone a la Junta el deber de acordar las promociones que le sean presentadas, por regla, general, dentro de las cuarenta y horas siguientes a su recepción. Para mayor ilustración, el mencionado artículo se cita textualmente: "(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." Conforme al precepto transcrito, la Junta debe resolver las promociones que presenten las partes, por regla general, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recepción; por tanto, si la petición fue presentada por la parte quejosa el doce de marzo de dos mil dieciocho, debió ser acordada el catorce de marzo del año en curso. Luego, la demanda de amparo fue presentada el quince de marzo de dos mil dieciocho; consecuentemente en la temporalidad en que fue incoada la acción de amparo, se evidencia que no existe una abierta dilación en el juicio 01/1883/11-JE1 del índice de la Junta responsable, ni una paralización total en el procedimiento, toda vez que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, había transcurrido un día de dilación. Ello es así, atento a la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", que sostiene que una dilación u omisión en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará, cuando implique una abierta dilación o su paralización total, lo que en el caso no ocurre, pues como se dijo anteriormente, a la fecha en que fue presentado el amparo 438/2018-ll-B, había transcurrido un día, sin que la responsable se hubiese pronunciado respecto al escrito del quejoso registrado bajo el folio 1498. En consecuencia, aun cuando la omisión existe, no es violatoria del derecho a la impartición de justicia, en razón de que, al quince de marzo de dos mil dieciocho, sólo había transcurrido un día, sin que la autoridad haya emitido contestación alguna al escrito de referencia; habida cuenta de que el acto reclamado debe examinarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Máxime, que la sentencia no puede asumir violaciones futuras, ya que implicaría prejuzgar sobre hechos ulteriores y dar por sentado que la autoridad incurrirá en nuevas omisiones y dilaciones que deben prevenirse desde ahora, soslayando incluso, la presunción de constitucionalidad de la que gozan los actos de autoridad. El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se fundan principalmente en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Ante lo infundado del concepto de violación, procede negar el amparo y protección de la justicia federal contra el acto reclamado antes indicado. Sin que obste a la determinación anterior, la falta de emplazamiento de la parte tercera interesada, pues esta sentencia no les finca responsabilidad alguna, ni obliga a la autoridad responsable a hacerlo. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación y no existir queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección solicitada en contra de los actos y autoridades antes señalados. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Abraham Pérez Oribe, contra los actos reclamados y por los motivos indicados en el considerando quinto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe hasta el día de hoy catorce de mayo de dos mil dieciocho que lo permitieron las labores de este juzgado...Cuernavaca, Morelos, cinco de junio de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el escrito de Gisela Gama Alpizar, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el catorce de mayo del año en curso; téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DEL TRABAJO DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Finalmente, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. NOTIFÍQUESE, CORRIÉNDOLE TRASLADO A LAS PARTES CON COPIA SIMPLE DEL ESCRITO DE AGRAVIOS, CON EXCEPCIÓN DE LA RECURRENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe....
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