Abraham Ocampo Castillo

Expediente 765/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
765/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
25/06/2019

Partes del expediente

  • Abraham Ocampo Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.MIDM*

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de junio de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito del quejoso ABRAHAM OCAMPO CASTILLO, mediante el cual desahoga la prevención efectuada por auto de siete de junio del año en curso; el que se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales procedentes. DESECHAMIENTO. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral, este Juzgado Federal advierte motivos manifiestos e indudable de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que se reclama se estima consentido tácitamente, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término de quince días que señala el último precepto, como en seguida se pondrá de manifiesto. El artículo 61, en su fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones legales: El quejoso reclama del Juez Octavo de Control del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, la orden emitida en el expediente ICP 12/2019-II de seis de enero de dos mil diecinueve, por la cual se autoriza la intervención de la línea telefónica que, aduce, es de su propiedad, por un plazo de tres meses a efecto de acreditar únicamente hechos que motivan la carpeta de investigación CT-UEPD/5749/2018. Asimismo, del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión en el Estado de Morelos y Comandante de la Policía de Investigación Criminal Especializado en Combate al Secuestro y Extorsión en el Estado de Morelos, reclama el uso indebido de la información y su transcripción, obtenida con motivo de la autorización de intervención telefónica emitida en el expediente ICP 12/2019-II. Es de destacarse, de acuerdo a lo referido, que los actos que se combaten no son de tracto sucesivo, puesto que no se prolonga en el tiempo, sino que se consumaron en el instante en que se emitieron; en tanto que, particularmente, la orden de intervención telefónica concluyó el plazo para el que refiere el quejoso fue autorizada, desde el seis de abril del año en curso. Ahora bien, aduce el quejoso que el Juez Octavo de Control del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, emitió el seis de enero de dos mil diecinueve, en el expediente ICP 12/2019-II, una autorización para la intervención de la línea telefónica número 7351778588, de la que aduce ser titular, por un plazo de tres meses, y que el objetivo fue acreditar únicamente hechos que motivaron la carpeta de investigación CT-UEPD/5749/2018, relativa al homicidio de la víctima identificada con las iniciales K.R.G. Que con motivo de los datos aportados en la carpeta de investigación CT-UEPD/5749/2018, se consignaron los hechos al juez penal respectivo, quien instruye la causa penal JCC/019/2019, aclarando que en ella no es imputado. Sin embargo, que las responsables ejecutoras utilizaron los datos obtenidos de la orden de escucha telefónica en la diversa carpeta de investigación FE/UECS/2ª/2019, y que los hechos investigados fueron a la postre judicializados en la causa penal JCC/020/2019, en la que el diecisiete de enero de dos mil nueve fue vinculado a proceso, por el Juez de Primera Instancia Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial, resolución donde los datos de prueba contundente, dice, fueron precisamente obtenidos de los audios de la línea telefónica referida. Esto en opinión del quejoso fue ilegal, porque como se desprendía del contenido de la autorización de la intervención de su línea telefónica, desatendieron que sólo se había concedido para la investigación de los hechos de la carpeta de investigación CT-UEPD/5749/2018. Ahora, al manifestar Abraham Ocampo Castillo bajo protesta de decir verdad que el diecisiete de enero del año en curso fue vinculado a proceso en la causa penal JCC/020/2019, tal circunstancia constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo. En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Ahora bien, el artículo 18 de la Ley de Amparo prevé que existen tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A aquél en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Entonces, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Siendo así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, se suscite a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el artículo 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por lo tanto, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ello constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio constitucional, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Lo anterior por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).". Dicho lo anterior, como quedó apuntado, al menos desde el diecisiete de enero del año en curso fecha en que el quejoso fue vinculado a proceso en la causa penal JCC/020/2019, tuvo conocimiento de los actos que reclama y que refiere derivan de la diversa causa penal JCC/019/2019, derivada de la carpeta de investigación CT-UEPD/5749/2018. Esto es así, pues no puede soslayarse que de las manifestaciones contenidas en la demanda y en el escrito aclaratorio de ésta, se desprenden manifestaciones que evidencian ese conocimiento, ya que expresamente indicó que las ejecutoras realizaron una supuesta transcripción de los audios proporcionados por la empresa Radio Móvil Dipsa, Sociedad Anónima, sin requisitos legales y que tal informe se convirtió en un dato de prueba acerca de hechos que se le imputan y por los que se le vinculó a proceso en la causa penal JCC/020/2019, lo que supone que desde entonces tuvo noticia de la orden de intervención telefónica y de los actos de investigación desarrollados por las demás responsables, máxime que precisamente demuestra que los conoció a referir que fueron preponderantes para ser vinculado proceso. En consecuencia, toda vez que el quejoso tuvo conocimiento del acto que reclama desde esa fecha, el término de quince días hábiles para la interposición de la demanda, ha transcurrido, comenzando a partir del dieciocho de enero de dos mil diecinueve (día hábil siguiente) y feneció el once de febrero de dos mil diecinueve, sin contar los días inhábiles que mediaron en dicho plazo. En esa tesitura, si la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, como se aprecia del sello fechador, el cinco de junio de dos mil diecinueve, ha transcurrido en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para su presentación y como consecuencia legal, se ha consentido tácitamente el acto que se reclama. Por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por ABRAHAM OCAMPO CASTILLO, por su propio derecho, contra actos del Juez Octavo de Control del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones y las demás autoridades señaladas como responsables. Es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 177995, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Materia(s): Común, Tesis: IV.2o.C. J/7, Página: 1035, con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO.". Cabe precisar que el acto aquí reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción para ajustarse al término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia, en virtud de que se combate un acto distinto a los que ahí se mencionan. Es aplicable por similitud jurídica la tesis número 216152, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 235, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro es "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS.". Cabe indicar que si bien con motivo de la prevención efectuada por este Juzgado Federal, el impetrante de amparo precisó que los actos de los que se duele derivan de la causa penal JCC/019/2019, derivada de la carpeta de investigación CT-UEPD/5749/2018, lo cierto es que es enfático en mencionar que los efectos perjudiciales de la utilización de los datos obtenidos de la intervención a su línea telefónica, se materializaron en la causa penal JCC/020/2019, al constituir datos preponderantes que sirvieron para ser vinculado a proceso en la misma. En ese sentido, en dicho proceso penal conforme al artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, está en posibilidad de solicitar al juez de control, excluya las pruebas obtenidas de la orden de intervención telefónica para la audiencia de debate, alegando precisamente que están previstos en la fracción II, es decir aquéllos obtenidos con violación a derechos fundamentales. Además, la decisión del Juez de control acerca de la exclusión de medios de prueba es apelable, al señalarlo así dicha disposición en cita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil diecinueve Vista la demanda de garantías que promueve ABRAHAM OCAMPO CASTILLO, por su propio derecho, contra actos del JUEZ OCTAVO DE CONTROL DEL CENTRO NACIONAL DE JUSTICIA ESPECIALIZADO EN CONTROL DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN, ARRAIGO E INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 765/2019-V que por orden le corresponde. Ahora, el quejoso reclama del Juez Octavo de Control del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, la orden emitida en el expediente ICP 12/2019-II de seis de enero de dos mil diecinueve, por la cual se autoriza la intervención de la línea telefónica que, aduce, es de su propiedad, por un plazo de tres meses a efecto de acreditar únicamente hechos que motivan la carpeta de investigación CT-UEPD/5749/2018. Asimismo, del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión en el Estado de Morelos y Comandante de la Policía de Investigación Criminal Especializado en Combate al Secuestro y Extorsión en el Estado de Morelos, reclama el uso indebido de la información y su transcripción, obtenida con motivo de la autorización de intervención telefónica emitida en el expediente ICP 12/2019-II. De los antecedentes narrados, bajo protesta de decir verdad, se desprende que el quejoso señala que fue vinculado a proceso con motivo de la información obtenida y ofrecida por parte de las autoridades responsables ejecutoras como medio de prueba con motivo de la diversa carpeta de investigación FE/UECS/2°/007/2019. Indicado lo anterior y a efecto de proveer lo conducente respecto a la demanda de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, requiérase al peticionario de amparo para el efecto de que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente auto, por escrito, bajo protesta de decir verdad, amplíe los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado, esto es, señale lo siguiente: Indique el número de la causa penal en que refiere fue vinculado a proceso, el Juez que la conoce y la fecha en que ello aconteció. Señale la etapa y el estado procesal en que se encuentra la indicada causa penal. Lo anterior, en virtud de que, si bien plasmó los antecedentes del acto reclamado en la demanda de garantías, éstos no son suficientes ni precisos para proveer respecto a la demanda de amparo de que se trata. Tiene apoyo la anterior consideración por similitud, la tesis I.7o.A.100 K, del rubro "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN", sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época. Asimismo, sirve de apoyo por similitud a lo anterior por similitud, en lo conducente la Tesis VI.2o.C.160 K, del rubro "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. SUS EFECTOS CUANDO SE ORDENA APERCIBIR AL QUEJOSO DE TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA SI NO LA REGULARIZA", sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, de la Novena Época, visible en la página 1762. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a la anterior prevención, dentro del término concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Como lo solicita el promovente, se ordena practicarle las notificaciones por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal, lo anterior con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, Apoya lo anterior, por analogía, la tesis XXII.1o.22 K, de la materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VIII, Diciembre de 1998, Página 1067, de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Asimismo, se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas precisadas en la demanda, toda vez que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado como lo exige el artículo 12 de la Ley de la materia, por lo que una vez que registren su cédula profesional y se haga del conocimiento de lo anterior a este tribunal, se proveerá de nueva cuenta sobre el carácter y facultades con las que en el caso concreto se les autoriza y en tanto no exista este último acuerdo, se insiste, sólo será para efectos de oír y recibir notificaciones; y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a los profesionistas Dagoberto Díaz Ramos y Martín Contreras Juárez. Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice tomar fotografías de las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se autoriza a la parte solicitante, la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, del rubro "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.", localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.MIDM*

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