Abraham Israel Baeza Acosta
Expediente 2418/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2418/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Abraham Israel Baeza Acosta
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veinte de enero de dos mil veintidós; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que adjunta, consistente en diversas actuaciones del juicio laboral 927/2019. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye la paralización por parte de la Junta responsable, al no acordar sobre de la admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio laboral 927/2019. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la paralización por parte de la Junta responsable, al no acordar sobre de la admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio laboral 927/2019. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta responsable en su informe justificado, mismas que integran este juicio de amparo, se desprende que dicha autoridad no había acordado sobre la admisión o desechamiento de las partes en el juicio laboral de origen, siendo que con fecha diez de enero del año en curso, la responsable dictó un acuerdo mediante el cual resolvió lo conducente con respecto a las probanzas ofrecidas y señaló fecha y hora para el desahogo de las que requieren de perfeccionamiento, continuándose de esa forma con la secuela procedimental en el expediente 927/2019, del índice de dicha Junta responsable. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable dictó un acuerdo mediante el cual resolvió lo conducente con respecto a las probanzas ofrecidas por las partes y señaló fecha y hora para el desahogo de las que requieren de perfeccionamiento; de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de no acordar lo relativo a las pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el referido acuerdo de pruebas. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, la Junta responsable acordó sobre las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del aludido juicio, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día de hoy (veinte de enero de dos mil veintidós, a las diez horas con siete minutos). Finalmente, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." En base a ello, no obsta que les recaiga el carácter de tercero interesada a la persona moral "DIARIO LA VERDAD", Sociedad Anónima de Capital Variable, y que no haya sido emplazada en este juicio de amparo, pues ello no impide a este juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno.Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión promovido por WARRY EDHER QUINTAL BASULTO, contra los actos que reclama del Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado; con fundamento en los artículos 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se tramita por cuerda separada y por duplicado, el incidente de suspensión solicitado. Con fundamento en el numeral 138 de la citada ley, entréguese copia simple de la demanda de amparo a la autoridad responsable y pídasele su informe previo, el que deberá rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrá rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión, en el entendido que deberán contar con el acuse de recibo por parte de este Juzgado de la recepción del mismo, para considerarse rendido. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTITRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la ley en comento; en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 144 de la Ley de Amparo y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita.Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio electrónico a la autoridad responsable, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio.Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/cir cuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita:"NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."En diverso orden, y una vez sentado lo anterior, en relación a la suspensión solicitada por el impetrante de amparo, respecto de los actos reclamados, y que hace consistir en los proveídos de quince de abril, tres de junio, y uno de julio, todos de dos mil veintiuno, dictados en autos del procedimiento 1168/2015, del índice de la Juez responsable, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria promovidas por Warry Edher Quintal Basulto y Guadalupe de la Concepción Ávila Lizama, en el que declaró formal embargo sobre la cantidad de dos mil pesos Moneda Nacional, de manera mensual del total de los sueldos o emolumentos, asimismo, se requirió al aquí quejoso que en el término de tres días depositara la cantidad de veintiséis mil pesos moneda nacional, en concepto de pensión alimenticia adeudada diciembre de dos mil diecinueve y enero de dos mil veinte; apercibiéndolo que de no cumplir con lo anterior, se le aplicaría la multa por la cantidad de mil setecientos noventa y dos pesos, con cuarenta centavos, moneda nacional, además de que no admitió el recurso de apelación instado, negándole la información solicitada al Fondo Auxiliar de Administración del Poder Judicial del Estado.Así, respecto de dichos actos se niega dicha medida cautelar, por tratarse de actos consumados, habida cuenta que de hacerlo, dada la naturaleza del mismo, equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente. Tiene aplicación al caso, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia con el rubro siguiente: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. "Ahora bien, en cuanto a las consecuencias derivadas de los actos reclamados, es necesario atender a la naturaleza del acto a fin de apreciar si es o no susceptible de suspensión, la violación alegada y que se satisfagan los requisitos que establece el invocado numeral 128, que consisten: a) Que lo solicite el quejoso; b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.Por otra parte, el artículo 107 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; a su vez el artículo 138 de la Ley de Amparo, dispone que promovida la suspensión el acto reclamado deberá efectuarse el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, y en su caso acordará lo conducente respecto de tal medida cautelar.Por lo que atañe a la figura jurídica de la apariencia del buen derecho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en la jurisprudencia 15/96, que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera posibilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, implicando con ello que debe atenderse al derecho violado y también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia.De tal manera que el juzgador, para evitar que la medida cautelar concedida sea ineficaz con la sola paralización del acto reclamado, tiene la facultad de dictar las medidas pertinentes que no impliquen propiamente una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado para resolver posteriormente, en forma definitiva (sentencia de fondo), si los actos impugnados son o no constitucionales. Esto es, el análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados y teniendo en cuenta siempre que la suspensión sólo tiene el carácter provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones.De manera que la apariencia del buen derecho deberá sopesarse con el perjuicio que pueda sufrir el interés social, esto es, si es mayor aI daño que pueda sufrir la parte quejosa, ya que la preservación deI interés social está por encima del interés particular afectado.En el caso particular, por lo que respecta a la resolución de quince de abril y tres de junio de dos mil veintiuno, dictados en autos del procedimiento 1168/2015, del índice de la Juez responsable, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria promovidas por Warry Edher Quintal Basulto y Guadalupe de la Concepción Ávila Lizama, en el que declaró forma embargo sobre la cantidad de dos mil pesos Moneda Nacional de manera mensual del total de los sueldos o emolumentos, requirió al aquí quejoso que en el término de tres días deposite la cantidad de veintiséis mil pesos moneda nacional, en concepto de pensión alimenticia adeudada diciembre de dos mil diecinueve y enero de dos mil veinte; en el que incluso se le apercibió con imponerle una multa por la cantidad de mil setecientos noventa y dos pesos moneda nacional, en caso de incumplimiento.Sentado lo anterior, se sostiene que si bien, conforme lo dispone el artículo 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado por la parte quejosa, cuando se actualizan los dos requisitos que en él se señalan y la naturaleza del acto lo permita, debe concederse, procurando el juzgador de amparo fijar la situación en que deban de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes; sin embargo, tratándose de alimentos, conforme lo dispone el artículo 129, fracción IX, de la ley de la materia, cuando se impida su pago, se considera que de concederse la suspensión, se siguen perjuicios al interés social y se contravienen disposiciones de orden público.En efecto, en materia de alimentos es sabido que el derecho de recibirlos, como facultad jurídica concedida a una persona denominada acreedor alimentario para exigir a otra llamada deudor alimentista, lo necesario para subsistir, implica una cuestión de orden público porque proviene de la ley misma y tiene como finalidad proteger la subsistencia de dicho acreedor, más aún cuando se trata de menores, que por sus propias características no están en posibilidad de proporcionarse sus propios satisfactores, de modo que existe interés general de la sociedad en que se satisfaga y, por esa razón, contra lo sostenido por el juzgador federal, resulta improcedente, en términos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, otorgar la suspensión en contra de aquella resolución que los concede, ya que de ser así, se atacaría el orden público y el interés social, tal como lo ha interpretado la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia, con registro electrónico 9129824 Por su parte, el marco normativo previsto en la Ley de Amparo, en forma categórica y sin hacer distingo alguno señala en su artículo 129, fracción IX, que se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión, se impida el pago de alimentos.En ese orden, como la suspensión en general se solicita respecto a la ejecución del acto reclamado y, en el caso, está vinculado con la condena a pagar a Guadalupe de la Concepción Avila Lizama y sobre todo a sus menores hijos de iniciales W.H.Q.A, P.G.Q.A, y M.F.Q.A, una pensión alimenticia decretada por el Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; por lo que, de concederse la suspensión se estaría impidiendo el pago en concepto de alimentos por la cantidad que fue fijada en el acto reclamado, lo cual redundaría en una afectación al interés superior de sus tres menores hijos, habida cuenta que la cantidad que se le está requiriendo que pague versa, respecto de cantidades atrasadas, que no fueron pagadas en su momento y con ello, dichas menores han dejado de percibir lo necesario para satisfacer sus necesidades alimenticias, que son de orden público, por lo que en la especie no es dable conceder la medida cautelar solicitada, ya que con ello, pretende paralizar o evitar la ejecución de la resolución reclamada que fijó el monto que el quejoso deberá cubrir por concepto de pensión alimenticia.Lo expuesto hasta aquí conlleva a la que resuelve, con apoyo en la fracción IX del artículo 129 de la Ley de Amparo, a determinar que debe de negarse a la parte quejosa, la suspensión provisional respecto de la consecuencia del acto reclamado que pide, pues de concederse podría impedirse el pago de alimentos en los términos decretados por el Juez Familiar, en favor de menores.Similar criterio sostuvo el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al resolver el toca I.R. 31/2020, derivado del juicio de amparo 1337/2019, del índice de este órgano jurisdiccional.Cabe señalar que esta determinación se emite con base en las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad realizó el quejoso, por lo que es posible que, conforme a las constancias remitidas por el juez responsable o las que exhiba, pueda motivar que finalmente se modifique el criterio hasta ahora adoptado. Por lo anterior, a fin de que esta autoridad cuente con mayores elementos al resolver la suspensión definitiva de los actos, requiérase al Juez Quinto en Materia de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para que al rendir su informe previo indique el estado que guarda el expediente de origen, debiendo remitir las constancias conducentes de los actos reclamados y las demás que estime necesarias para la resolución de la audiencia incidental.Apercibido, que de no cumplir con lo anterior en el plazo señalado, se le impondrá una multa mínima equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en relación con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente asunto.Ahora bien, por lo que respecta al diverso acto reclamado consistente en el proveído de uno de julio de dos mil veintiuno, dictado en autos del procedimiento 1168/2015, del índice de la Juez responsable, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria promovidas por Warry Edher Quintal Basulto y Guadalupe de la Concepción Ávila Lizama, en el que resolvió que no admitió el recurso de apelación instado en contra de los autos de tres de junio y quince de abril del año en curso, y le negó la información solicitada al Fondo Auxiliar de Administración del Poder Judicial del Estado.Así, respecto de dichos actos se considera que debe negarse dicha medida cautelar, toda vez que tal acto por su naturaleza, tiene el carácter de negativo y contra éste resulta improcedente otorgar tal medida, pues de lo contrario se daría a esta resolución efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el expediente principal del que deriva este incidente; esto, de conformidad a la tesis jurisprudencial cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS NEGATIVOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra ellos es improcedente conceder la suspensión." Notifíquese.Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos y lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, en el sentido de que hasta la presente fecha el Secretario de Salud del Gobierno de México, con sede en Ciudad de México, no ha rendido su respectivo informe previo, ni obra en autos el acuse de recibo del oficio con los que se les requirió; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, sin que sea el caso fijarla dentro del plazo de cinco días que prevé la ley de la materia, toda vez que la autoridad responsable tiene su residencia fuera de la demarcación donde tiene jurisdicción este Juzgado. Por tanto, a fin de optimizar recursos humanos y materiales y para no realizar diferimientos innecesarios, se fija como nueva fecha y hora para su celebración, las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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