Abraham Duarte Fuentes

Expediente 1080/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1080/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2022

Partes del expediente

  • Abraham Duarte Fuentes

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído de doce de abril de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo, de igual manera, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Por otro lado, se hace la precisión de que en el presente asunto no se solicitó el trámite del incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado Acuerdo General, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, este órgano de control constitucional considera importante traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente, lo constituye la omisión de las autoridades responsables, de aplicar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la enfermedad denominada COVID-19, a fin de autorizar que los menores con iniciales S.J.C.A. y J.B.C.A, fuera inoculados con las dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa se duele, en esencia, de la omisión de las autoridades responsables, de aplicar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la enfermedad denominada COVID-19, a fin de autorizar que los menores con iniciales S.J.C.A. y J.B.C.A, fuera inoculados con las dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech. Debiéndose precisar que los menores quejosos que los menores con iniciales S.J.C.A. y J.B.C.A, fuera inoculados cuentan con la edad de quince y catorce años, de conformidad con el acta de nacimiento, cuyos originales fue adjuntado al escrito de demanda de amparo que nos atañe. Ahora bien, en ese sentido, resulta un hecho notorio para esta Juzgadora Federal, que el veintiocho de abril anterior, se abrió el registro de vacunación contra coronavirus para los adolescentes de doce a diecisiete años, sin comorbilidades, siendo que la Secretaría de Salud informó que se les aplicaría la vacuna Pfizer/BioNTech. Incluso, para ese efecto, era menester ingresar al sitio oficial mivacuna.salud.gob.mx e introducir la Clave Única de Población del respectivo adolescente, así como seleccionar la entidad y municipio donde se encuentra y un número telefónico de contacto; con lo que, una vez hecho lo anterior, es factible descargar e imprimir el expediente de vacunación. Esto, tal y como se advierte del link https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, el cual aparece en la página oficial del Gobierno de México, en el que obran los requisitos necesarios para que los menores de entre doce a diecisiete años de edad, sin comorbilidades, se registren y sean candidatos a ser inoculados con la vacuna antes referida. Siendo que, en lo que corresponde a esta entidad federativa, a partir del cinco de mayo del año en curso, comenzó a aplicarse la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a jóvenes de doce a diecisiete años de edad, en un horario de las ocho horas a las dieciséis horas; ello, de conformidad con el calendario propuesto por el Gobierno Federar en coordinación con el Gobierno del Estado. Ello, como es dable advertir del link https://coronavirus.yucatan.gob.mx, el cual deriva de la página oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en el cual aparece el comunicado de prensa de la Secretaría de Salud de Yucatán, mismo en el que se señala que, como se asentó supralíneas, a partir del cinco de mayo en curso, inició en el Estado de Yucatán la vacunación de adolescentes de entre doce y diecisiete años de edad. E incluso, en las redes sociales tanto de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, como del Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Yucatán, se advierte informan el calendario en que los citados adolescentes habrían de ser vacunados en la entidad, iniciando el cinco de mayo de dos mil veintidós en esta ciudad de Mérida, Yucatán, en lo que respecta a los nacidos en los meses de enero a abril, el seis correspondió a los nacidos en los meses de mayo a agosto, y el siete a los nacidos de septiembre a diciembre; mientras que en los restantes municipios, también inició la vacunación el cinco de mayo de dos mil veintidós, conforme al calendario específico para dichas localidades. Debiéndose destacar que la información contenida en las citadas páginas de Internet, constituye un hecho notorio, por formar parte del conocimiento público a través de tales medios, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, cuenta habida que el acceso al uso de Internet para buscar información sobre cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate; máxime que se trata de información difundida por páginas oficiales de entidades gubernamentales, por lo que es evidente que cuenta con total credibilidad en cuanto a lo en ellas expuesto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 1373, del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso a estudio, han cesado los efectos de la omisión reclamada por la parte quejosa, cuenta habida que, como quedó evidenciado, las autoridades federales en materia de salud han autorizado la vacunación de los menores de edad de entre doce a diecisiete años (rango de edad en el que se encuentra el menor quejoso), con la vacuna Pfizer/BioNTech, e incluso, en el Estado de Yucatán, la ejecución de dicha autorización a través de la aplicación física de la primera dosis de la vacuna, inició el cinco de mayo en curso. De lo que se sigue que la omisión de las responsables de aplicar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la enfermedad denominada COVID-19, a fin de autorizar que el citado menor quejoso, fuera inoculado con las dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, ha cesado, precisamente porque se ha autorizado la inoculación de los menores en cuyo rango de edad se encuentra el directo quejoso, aunado a que la ejecución de dicha autorización ya ha tenido verificativo, en su primera dosis, cuenta habida que en esta entidad donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción y que es donde radica el menor quejoso, inició el cinco de mayo en curso. Por lo tanto, se reitera, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, ya que es evidente que al haber sido autorizada a nivel federal la vacunación de los menores de entre doce a diecisiete años (rango de edad en que se ubica el menor quejoso), y estarse materializando ya la aplicación de la vacuna en el Estado de Yucatán a partir del cinco de mayo en curso, han cesado los efectos de la aludida omisión. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Así mismo, también se deja sin efectos la audiencia incidental señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, dejándose sin efecto las medidas suspensionales decretadas en los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  3. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación Secretarial de cuenta, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días, que refiere el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto a la vista que se dio a las partes en acuerdo de cinco de abril del año en curso, del informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el invocado numeral, se difiere la audiencia constitucional que debía tener verificativo este día y se señalan las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva fecha y hora para su celebración. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y suGaceta, con número de registro 191,995, del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Por otra parte, visto el estado de los presentes autos, se advierte que en proveído de once de febrero del año en curso, se reservó acordar lo relativo a la prueba testimonial a cargo de Mariano Oxté Pech y Ángel Cayetano Bastarrachea Peña, ofrecida por el quejoso Edgar Gilmer Domenzain Chacón, y a quienes se comprometió a presentar ante este Juzgado en el momento procesal oportuno; ello, hasta en tanto obraran en autos los informes justificados de las autoridades responsables, lo cual ya aconteció. En tal virtud, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la prueba testimonial a cargo de Mariano Oxté Pech y Ángel Cayetano Bastarrachea Peña, toda vez que se consideran idóneas para el presente asunto; para ser desahogada el día de la celebración de la audiencia constitucional; distribúyase la copia del interrogatorio exhibido por la parte quejosa entre las demás partes, para que dentro del término de tres días hábiles, siguientes al en que queden debidamente notificadas del presente acuerdo, puedan adicionar el referido interrogatorio, o bien, formular repreguntas si así lo estimaren pertinente. Ahora, toda vez que la parte quejosa manifestó que se compromete a presentar a los referidos testigos; por tanto, prevéngase al quejoso, a fin de que presente ante este Tribunal a los nombrados testigos, el día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, esto es, a las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS; debiendo traer los testigos de mérito, identificación actualizada con fotografía, a satisfacción de este Tribunal; en el entendido que de no cumplir con anterior, la aludida probanza se tendrá por desierta. Ahora, atento a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, infórmese a la parte quejosa que deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ", a fin de programar una cita a través del citado Portal de Servicios en Línea, a efecto de estar en aptitud de comparecer a este Juzgado de Distrito a la audiencia constitucional señalada en autos y presentar a los testigos de mérito. En el entendido de que, con apoyo en el propio Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en virtud de la pandemia que se vive en el país, las partes que deseen estar presentes en el desahogo de la audiencia, deberán ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ", a obtener la cita correspondiente para acudir al Juzgado. Por otro lado, agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso Edgar Gilmer Domenzain Chacón; y en atención a su contenido, se acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, así como la documental que adjunta al escrito de mérito, las cuales se admiten y serán relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones en vía de alegatos del ocursante para ser relacionadas y tomadas en consideración al verificarse la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, intégrese a estos autos, el diverso escrito del quejoso, mediante el cual manifiesta que pretende presentar a los testigos Mariano Oxté Pech y Ángel Cayetano Bastarrachea Peña, por lo que anuncia dicha probanza con la debida anticipación y que cuenta con el sistema adecuado para que se lleve a cabo el desahogo de dicha prueba; luego, por lo que se refiere a la manifestación del oferente en relación a que cuenta con el sistema para el desahogo de dicha prueba para llevarla a cabo por medio del sistema de videoconferencia, dígasele que la aludida probanza se desahogará en los términos precisados en párrafos precedentes, máxime, que en su escrito con número de folio 2864 con el que ofreció dichos testimonios se comprometió a presentar a los nombrados testigos para el desahogo de dichas diligencias. Notifíquese personalmente.

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