Abraham Isaac Abrego Laguna
Expediente 432/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 432/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Abraham Isaac Abrego Laguna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Estado de autos. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa en acuerdo de diez de marzo de dos mil veintiuno, para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a analizar si está fue acatada en sus términos por la autoridad responsable respecto de la cual se otorgó el amparo. II. Relación de constancias. Consta en autos que se dictó la resolución constitucional en la que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, para efecto de que las autoridades responsables adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora efectuarán lo siguiente: "provean los mecanismos para el pago inmediato de la cantidad autorizada por concepto de fondo de pensiones (indemnización global)." III.- Causa ejecutoria. Mediante acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de amparo, y se requirió a las autoridades responsables por el cumplimiento. IV. Calificativo de cumplimiento. Previos requerimientos, el jefe de la unidad jurídica del instituto responsable remitió oficio fechado en tres de marzo de dos mil veintiuno, con el cual acreditó que devolvió las cantidades descontadas por concepto de fondo de pensiones indemnización global; dicha comunicación se agregó en autos mediante acuerdo dictado el diez de marzo del año en curso. V. Vista cumplimiento. Con la anterior actuación, se ordenó dar vista a la parte quejosa, quien fue notificada al respecto, el once de marzo del año en curso, sin haber hecho manifestación alguna al efecto. VI. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. De lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso, ni defecto, pues se efectúo la devolución del pago autorizado a la parte quejosa. VII. Archivo y valoración del expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo y archívese este asunto como concluido. Depúrese el presente una vez transcurridos tres años, toda vez que se concedió el amparo solicitado. VIII. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales exhibidos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dichos instrumentos serán destruidos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Se se requiere a la responsable para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se sirvan informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con doce minutos del diez de diciembre de dos mil veinte, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento de las partes y con el informe justificado rendido por las responsables. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existen terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio y se da cuenta con las documentales exhibidas por las autoridades responsables, así como la presuncional legal y humana ofrecida por la parte quejosa, El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su naturaleza los citados medios de convicción. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 432/2020; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente hábil, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Abraham Isaac Abrego Laguna solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado del subdirector de prestaciones económicas y sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, residente en esta ciudad y otras autoridades. Por proveído de trece de agosto siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado, la omisión de entregar el equivalente a las aportaciones al fondo de pensiones (indemnización global). Certeza del acto reclamado Es cierto el acto reclamado al subdirector de Finanzas Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, no obstante que al rendir su informe con justificación haya negado el acto; sin embargo dicha certeza deriva de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, de las que se desprende que presentó ante el instituto responsable su solicitud de devolución de fondo de indemnización global desde el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, así como de la documental exhibida por la aludida responsable, en su oficio agregado en auto de dieciocho de noviembre de la presente anualidad, sin que a la fecha exista noticia de que se haya realizado su pago. Por su parte, las diversas autoridades Jefe del Departamento de Créditos y la Subdirección Prestaciones Económicas y Sociales, ahora Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de esta ciudad, fueron omisas en rendir su respectivo informe justificado, no obstante habérsele solicitado oportunamente, como se advierte de los acuses de recibo de los oficios 8648/2020 y 8649/2020; por tanto, con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se les presume cierto el acto que se les reclama. Además, la entrega del concepto de indemnización de los trabajadores al servicio del Estado es facultad expresa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a través de las áreas correspondientes, a saber, la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales ahora Subdirección de Pensiones Jubilaciones y Prestaciones y la Subdirección de Finanzas, tal como se advierte de los artículos 15, fracción IV y 17, fracción IX, del Reglamento Interior de dicho instituto. Al respecto, cabe destacar que como se precisó, el pago de los fondos de indemnización global está a cargo de la Subdirección de Pensiones Jubilaciones y Prestaciones y la Subdirección de Finanzas, a través del Departamento de Créditos; aunado a que el Departamento de Control de Fondos se encuentra adscrito a la Subdirección de Finanzas del referido instituto, tal como se desprende de los artículos 63.04.03 y 63.06.01 del Manual de Organización de la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Consideraciones jurídicas Toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se configure alguna, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. En atención a la causa de pedir, son sustancialmente fundados los argumentos expuestos por la parte quejosa, en los cuales aduce, que las autoridades responsables no han realizado las medidas necesarias para el pago de las aportaciones a que tiene derecho. Con el fin de centrar la litis, es necesario precisar que, el motivo de inconformidad de la parte quejosa se traduce a una violación al derecho de pronta impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, en virtud que desde la fecha en que inició el trámite para el pago de la indemnización global, éste aún no concluye y, por ende, no se le ha entregado la suma respectiva. El referido precepto constitucional atiende la garantía de acceso a la tutela jurisdiccional, al efecto, establece que debe ser pronta y completa, y acoge el principio de ejecución de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar el cumplimiento de esta última, ya que de no hacerlo así se haría nugatoria la primera. Luego, si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, ese derecho debe verse complementado con la debida ejecución de las determinaciones que resulten favorables, con la certeza de que lo obtenido no quede sólo en una actuación de buena fe del Estado esperando la realización voluntaria del pago por parte del vencido, sino que, con dicha garantía, sea capaz de velar porque, en caso de cumplimiento forzoso de una determinación, ésta realmente se vea materializada. Por ende, las autoridades correspondientes ineludiblemente deben llevar a cabo los mecanismos jurídicos necesarios a efecto de lograr la eficaz e inmediata ejecución de las determinaciones que hayan adquirido la calidad de cosa juzgada, precisamente en respeto a esta última institución. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia P.J/113/2001, del rubro siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". También, sustenta lo afirmado la jurisprudencia 2a./J.192/2007, cuyo rubro es: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Ahora, si bien de la lectura del precepto constitucional examinado, se advierte que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de las subgarantías mencionadas son todas aquéllas que realizan actos materialmente jurisdiccionales. Es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales o bien sólo materialmente jurisdiccionales, lo cierto es que la prerrogativa de acceso a la justicia pronta, es exigible a aquellos procesos administrativos en los que no existe como tal una controversia entre partes. Lo anterior, toda vez que la interpretación del referido artículo constitucional, en concordancia con las disposiciones internacionales que el Estado Mexicano se encuentra constreñido a acatar, permite concluir que en los procedimientos administrativos a cargo de autoridades administrativas que no diriman una controversia, sino que determinen la procedencia de un derecho, también debe regir el principio de acceso a la impartición de justicia pronta. Es así, toda vez que el artículo 8, párrafo primero, de la Convención Americana de Derechos Humanos, relativo a las garantías judiciales refuerza el derecho fundamental al que se ha hecho referencia en el sentido de que los asuntos a cargo de las autoridades del Estado deben resolverse dentro de un plazo razonable; lo que concuerda con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal -justicia pronta-. Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en interpretación de dicha disposición, ha señalado que cualquier órgano del Estado cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas, está obligado a observar el derecho humano al debido proceso, tal como se confirma con la sentencia dictada en el caso Barbani Duarte y otros contra Uruguay. Además, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país sostuvo en la tesis 2a. LI/2002, que en los recursos administrativos rige, en lo esencial, el derecho fundamental analizado, lo que implica que los principios que conforman ese derecho deben adecuarse a las diversas finalidades de esos medios de defensa. Asimismo, recientemente, sustentó en la tesis 2a. CXXVIII/2017 (10a.), que en una evolución en la interpretación del artículo 17 de la Constitución Federal, se concluía que el ámbito de aplicación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se limita a los juicios o procesos tramitados ante las autoridades que desempeñan funciones materialmente jurisdiccionales, sino también a la actuación de las autoridades administrativas. De ahí que, los principios de tal derecho fundamental, además de que debían adecuarse a la naturaleza de interés público de los recursos establecidos en sede administrativa, también eran aplicables a la actuación de las autoridades administrativas, principalmente por lo que se refiere a los plazos establecidos por el legislador y que rigen su actuación. Por lo que respecto del derecho a la justicia pronta, cuando se establece un plazo en un procedimiento tramitado ante una autoridad administrativa, es porque se considera necesario sujetar a un límite temporal su actuación, ya que de otra forma no se entendería el porqué de su establecimiento. Por ejemplo: El artículo 111-C, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, establece que corresponde a la Comisión Ejecutiva, salvo algunas excepciones, resolver sobre las operaciones del Fondo dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se haga la petición correspondiente. El artículo 59, párrafo tercero, de la citada ley, impone que el instituto deberá resolver la solicitud de pensión en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que quede integrado el expediente. Así las cosas, como se observa, el actuar de la responsable se encuentra regulado en la propia ley, pues los trámites y plazos no pueden dejarse a la voluntad de las autoridades, pues dicha circunstancia se contrapondría precisamente con la garantía de justicia pronta y expedita. No obstante, es importante destacar que si bien la Ley del ISSSTESON no regula concretamente el plazo que lleva a las autoridades administrativas tramitar la solicitud de devolución de la indemnización global; lo cierto es que, a la luz de las consideraciones abordadas a lo largo de esta sentencia, dicho procedimiento no puede quedar exento de ser regulado bajo dichos parámetros. Lo anterior, tiene asidero legal en los artículos 17 y 18 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, en los cuales se establece lo siguiente: "Artículo 17. Las autoridades administrativas implementarán medidas para facilitar a los particulares el cumplimiento de los trámites que se ventilen ante las mismas. Para ello procurarán incorporar los adelantos computacionales, de comunicación e informática para el eficaz desahogo de las gestiones que efectúen los interesados. Lo anterior, sin menoscabo del debido cumplimiento de los requisitos que contemplen los ordenamientos administrativos aplicables.". "Artículo 18. Salvo que las leyes específicas establezcan otro plazo, no podrá exceder de cuarenta y cinco días hábiles el tiempo para que la autoridad administrativa resuelva, según corresponda, lo solicitado por el interesado. En el caso de procedimientos que se substancien por nulidad o anulabilidad, la autoridad competente deberá resolver en un término de 15 días hábiles, contado a partir de la interposición del escrito respectivo." En los preceptos transcritos se regula la actuación de las autoridades administrativas respecto de los trámites que estén a su cargo y, para lograr su efectivo desarrollo se les faculta para implementar los mecanismos necesarios. Asimismo, en el segundo de los artículos referidos se establece que cuando el trámite no se encuentre regulado en otro ordenamiento, la autoridad deberá resolver lo peticionado por los gobernados en un lapso no mayor a los cuarenta y cinco días hábiles. Plazo máximo al cual la autoridad responsable debe ajustar sus trámites y procedimientos, siempre y cuando la ley no lo establezca. De ahí que, en el caso se actualiza la violación al derecho fundamental señalado -justicia pronta-, porque la responsable no ha tomado las medidas necesarias para concluir con el trámite relativo al pago de las aportaciones al fondo de pensiones, a través del área correspondiente. Es así, pues de las manifestaciones realizadas por el quejoso bajo protesta de decir verdad, se advierte que el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por medio del área correspondiente, el pago por concepto de indemnización global. Lo anterior, evidencia que la omisión por parte de las autoridades responsables colisiona con el artículo 17 constitucional, pues desde el inicio de la solicitud de pago de indemnización, a la fecha en que se resuelve, ha transcurrido más de dos años tres meses, esto es, el plazo de cuarenta y cinco días para dar contestación a la petición formulada transcurrió en exceso; hecho que evidentemente le depara perjuicio a la parte quejosa, dado que la responsable aún no ha culminado el trámite relativo a la devolución de las aportaciones al fondo de pensiones (indemnización global), esto es, la entrega a la impetrante de amparo el monto por el concepto aludido. En consecuencia, al ser violatorio de derechos el actuar de las dependencias, se concede la protección constitucional solicitada por la parte quejosa. Sin que sea óbice a lo anterior lo manifestado por la responsable Subdirector de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en su oficio agregado en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en el que remite copia certificada del cheque 0045519 por la cantidad de $29,975.57 (veintinueve mil novecientos setenta y cinco pesos 57/100 moneda nacional), por concepto de indemnización global a favor de la parte quejosa, toda vez que del mismo no se advierte que se haya efectuado la entrega al beneficiario. Decisión De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, realice lo siguiente: ( Provean los mecanismos para el pago inmediato de la cantidad autorizada por concepto de fondo de pensiones (indemnización global). En la inteligencia que la obligación antes señalada será exigible, además, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Abraham Isaac Abrego Laguna, respecto del acto precisado en el punto III, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados V y VI de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Visto lo de cuenta, se advierte que mediante auto de dieciocho de noviembre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las diez horas con doce minutos del diez de diciembre de dos mil veinte, para su celebración.
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