Abraham Alejandro Piñeda Montaño

Expediente 676/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
676/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
26/08/2021

Partes del expediente

  • Abraham Alejandro Piñeda Montaño

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Declaración de estado. Del estado de autos se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que éste ha causado estado. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, trece de julio de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexos, mediante el cual la responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, rinde el informe justificado. Pruebas. Se tiene por ofrecidas las pruebas documentales que envía la autoridad responsable, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis de las documentales anexas, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J. 59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado a la autoridad responsable consiste en la omisión de elaborar y girar exhorto dirigido a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Guaymas, Sonora, así como de velar el desahogo de las pruebas admitidas y ordenadas en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, relativas al expediente laboral 562/2016. Ahora, de las constancias que acompaña al informe, se advierte que el Tribunal responsable por conducto del actuario adscrito realizó las gestiones correspondientes al desahogo de las pruebas ofertadas en los autos del juicio laboral en mención; es decir, el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, el actuario de adscripción a la responsable, envió vía correo certificado el exhorto número P3-16/2021, dirigido a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Guaymas, Sonora, para que auxilie al desahogo de las pruebas ordenadas en la audiencia de pruebas y alegatos. De igual forma, envió vía correo certificado oficio número P3-427/2021, dirigido al Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, con el fin de que se desahogue la prueba confesional por posiciones a cargo del referido Ayuntamiento. En consecuencia, si la afectación reclamada radicaba en la omisión de proveer sobre el desahogo de las pruebas admitidas en la audiencia de pruebas y alegatos, lo que a la fecha sobrevino, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. Sirve de apoyo, la jurisprudencia III.2o.C. J/22, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1579, Novena Época, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo las condiciones apuntadas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61 fracción XXl. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Audiencia constitucional sin efectos. En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 13/JULIO/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Auto. Hermosillo, Sonora, trece de julio de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexos, mediante el cual la responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, rinde el informe justificado. Pruebas. Se tiene por ofrecidas las pruebas documentales que envía la autoridad responsable, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis de las documentales anexas, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J. 59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado a la autoridad responsable consiste en la omisión de elaborar y girar exhorto dirigido a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Guaymas, Sonora, así como de velar el desahogo de las pruebas admitidas y ordenadas en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, relativas al expediente laboral 562/2016. Ahora, de las constancias que acompaña al informe, se advierte que el Tribunal responsable por conducto del actuario adscrito realizó las gestiones correspondientes al desahogo de las pruebas ofertadas en los autos del juicio laboral en mención; es decir, el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, el actuario de adscripción a la responsable, envió vía correo certificado el exhorto número P3-16/2021, dirigido a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Guaymas, Sonora, para que auxilie al desahogo de las pruebas ordenadas en la audiencia de pruebas y alegatos. De igual forma, envió vía correo certificado oficio número P3-427/2021, dirigido al Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, con el fin de que se desahogue la prueba confesional por posiciones a cargo del referido Ayuntamiento. En consecuencia, si la afectación reclamada radicaba en la omisión de proveer sobre el desahogo de las pruebas admitidas en la audiencia de pruebas y alegatos, lo que a la fecha sobrevino, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. Sirve de apoyo, la jurisprudencia III.2o.C. J/22, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1579, Novena Época, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo las condiciones apuntadas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61 fracción XXl. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Audiencia constitucional sin efectos. En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    se admite la demanda y se señalan las diez horas con cuarenta y seis minutos del catorce de julio de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia constitucional.

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