Abraham Flores Garcia
Expediente 746/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 746/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Abraham Flores Garcia
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Alzada resolvió queja. Agréguese al expediente el oficio de cuenta, remitido por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 178/2023 de su índice. En consecuencia, se ordena acusar de recibo al tribunal colegiado oficiante. Ahora, de los puntos resolutivos de dicha ejecutoria se advierte que el tribunal de alzada resolvió lo siguiente: * Asunto concluido. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda quedó firme, toda vez que el recurso de queja interpuesto contra el mismo se declaró infundado. Valoración documental. Con la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión original. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó, no se aperturó incidente de suspensión. 1Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Carátula del juicio de amparo. Se instruye al secretario encargado de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa desea conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte desea conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 746/2023-VI. Puebla, Puebla, uno de agosto de dos mil veintitrés. Recurso de queja. Visto el ocurso de cuenta, con firma electrónica de ++++++, quien se ostenta como defensora particular de +++++; se advierte que interpone recurso de queja contra el proveído de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, donde se desechó de plano la demanda de protección. De igual modo, se observa que, fue omisa en señalar las constancias que en copia certificada desea sean remitidas a la superioridad para resolver dicho recurso; sin embargo, toda vez que el mismo se presentó en forma electrónica, no es necesario dicho señalamiento por así disponerlo el artículo 100, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, es innecesario proceder en términos del artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso) pues además el recurrente resulta ser la única parte en el presente juicio, dado el desechamiento de la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Remisión del recurso. Conforme a lo determinado en párrafos anteriores, se ordena el envío del escrito donde obran los agravios, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al órgano encargado de substanciar el citado recurso de queja. Ahora, toda vez que el recurso fue interpuesto a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, desde este momento se procederá a vincular el expediente electrónico con la superioridad, para su resolución, por lo que resultará innecesario remitir copias certificadas de los autos que integran el presente asunto, pues tendrá acceso a todas ellas, a través del expediente electrónico. Por lo tanto, se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "vincular con otro órgano". Informe de la queja. Entonces, con motivo de todo lo anterior, en este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque en proveído de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, por las razones desarrolladas en ese acuerdo -no agotar el principio de definitividad-. Sin suspensión del procedimiento. Se descarta suspender el procedimiento en este asunto, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial. Notificación por lista. Por último, se deja establecido que es inviable ordenar una notificación personal para la parte quejosa, con el contenido de este acuerdo, porque ya se dio trámite a su recurso y todavía falta la decisión que emita el tribunal colegiado. De ahí que este acuerdo sólo se notificará por medio de lista. Notifíquese; por oficio al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito; y cúmplase
- Principal
Puebla, Puebla, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de amparo presentada de manera electrónica por * (pues aunque se refiere que también la promueve José Luis Pérez Castro, únicamente contiene evidencia criptográfica de aquélla) quien se ostenta como defensora particular de *, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, Puebla y otra autoridad responsable. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Se omite digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue presentada de manera electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, resulta innecesario ordenar su digitalización en virtud de que la misma ya obra en el expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. 1 La lectura integral encuentra fundamento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, consultable en la página 32, de rubro: Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. * En el caso, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que la parte promovente reclama lo siguiente: 1. El auto de fecha de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro de la causa penal */2020, atribuido al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. 2. La omisión, incumplimiento, falta de responsabilidad y constancias, del seguimiento a las condiciones de vigilancia a las que se sometió el imputado, lo que atribuye a la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional al Proceso, Adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. * Para explicar lo anterior, en primer lugar resulta importante destacar que de lo expuesto por la parte promovente en su escrito de cuenta, se advierte que en la determinación recurrida de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, emitida en la causa penal */2020, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, revocó la suspensión condicional del proceso que gozaba el quejoso * por desatención a las obligaciones fijadas, y le impuso la obligación de acudir a la Unidad de Medidas Cautelares para dar seguimiento a las condiciones bajo las cuales le había sido previamente otorgado dicho beneficio -suspensión condicional del proceso-. Para lo cual, el impetrante debió agotar el medio ordinario de defensa previsto en el citado artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en lo conducente establece: * Del precepto legal transcrito se desprende que aquellas resoluciones en donde se conceda, se niegue o se revoque la suspensión condicional del proceso, pueden ser impugnadas a través del recurso ordinario de apelación. Además, el mencionado recurso está habilitado para todas las partes en el procedimiento, y se tramitará con el objeto de que el Tribunal de Alzada la examine y dicte la resolución que corresponda. Por tanto, es válido afirmar que el quejoso primero debe agotar el recurso ordinario de apelación previsto en el artículo 467, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, dictada dentro de la causa penal */2020, en la que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, revocó la suspensión condicional del proceso que gozaba el quejoso * por desatención a las obligaciones fijadas, y le impuso la obligación de acudir a la Unidad de Medidas Cautelares para dar seguimiento a las condiciones bajo las cuales le había sido previamente otorgado dicho beneficio -suspensión condicional del proceso-. Sobre todo, porque el mencionado recurso de apelación está previsto para cualquiera de las partes, entre las cuales se ubica el directo quejoso, por tener el carácter de procesado en la causa penal de origen, y puede hacerlo valer contra la determinación de la que se duele, para el efecto de que tal determinación sea examinada por el Tribunal de Alzada que corresponda. Lo que se hace extensivo al diverso acto consistente en la omisión, incumplimiento, falta de responsabilidad y constancias, del seguimiento a las condiciones de vigilancia a las que se sometió el imputado con motivo de la suspensión condicional del proceso, lo que atribuye a la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional al Proceso, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, ya que éste tiene el carácter de acto derivado de otro consentido, en tanto se trata de una consecuencia de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse -la resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés mediante el recurso de apelación-. Esto es, dicha omisión, incumplimiento, falta de responsabilidad y constancias, del seguimiento que debió darse a las condiciones de vigilancia a las que se sometió el imputado con motivo de la suspensión condicional del proceso, que se atribuye a la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional al Proceso, fue materia de análisis de la determinación de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés que se reclama, pues la parte quejosa expuso tal suceso al juez de distrito responsable para que lo tomara en consideración al momento de resolver sobre la suspensión condicional que estaba en debate. Entonces, si la parte promovente decidió no combatir mediante el recurso de apelación el acuerdo que revocó la suspensión condicional del proceso que gozaba Abraham Flores García, en el que también se planteó la omisión que se atribuye a la referida unidad de vigilancia para el efecto de que no se revocara dicho beneficio, por tanto, se entiende que éste se trata de un acto derivado de otro consentido porque aquél no se combatió mediante el recurso ordinario de defensa que la ley prevé para esos casos. Entonces, resulta indudable que antes de acudir a esta instancia de amparo, el impetrante estaba en condiciones de interponer el mencionado recurso de apelación ante la autoridad judicial responsable, quine la debe enviar al Tribunal Colegiado de Apelación, con el propósito de que fuera analizada y se emita la resolución que corresponda. De ahí la improcedencia apuntada con relación a esos actos reclamados. Con base en lo anterior procede desechar la demanda de amparo por los actos en comento, porque el quejoso decidió promover el juicio de amparo indirecto, aun cuando tuvo la posibilidad de interponer el recurso de apelación previsto en el artículo 467 del código nacional que se citó, para ser revisada la determinación que los promoventes alegan que le causan perjuicio al directo quejoso. En consecuencia, debe operar la improcedencia en este juicio por dichos actos, por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime que la desatención del quejoso a la impugnación ordinaria de los actos combatidos en la demanda, no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Lo anterior ya que resultan ajenas al caso las hipótesis de gravedad previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, porque del escrito de demanda se advierte que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla no le decretó al directo quejoso ninguna medida cautelar que lo mantenga privado de su libertad personal con motivo del proceso penal de donde derivan los actos aquí reclamados (ello con independencia de que se encuentre sujeto a prisión preventiva oficiosa, según se infiere de la integridad de la demanda, por virtud de un diverso proceso penal), así como tampoco sufría de una antes de que le fuera concedido el referido beneficio de la suspensión condicional del proceso; lo que se corrobora con el oficio de diez de marzo de dos mil veinte anexo al escrito de demanda, en donde la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, al momento de proveer sobre la referida suspensión condicional, asentó que no hacía pronunciamiento respecto de la suspensión de medidas cautelares, pues no se había decretado alguna al imputado. Como los actos tampoco encuadran en los que implican peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, entre otros de similar gravedad que prevé el artículo invocado. * Por lo que se sostiene que aquél debe agotar el recurso ordinario antes de promover el juicio de tutela, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde pueden intervenir como partes. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó la parte quejosa, contra los actos que fueron precisados en párrafos precedentes, dentro de este apartado de desechamiento. Ello porque los actos que pretende reclamar actualizan la causal de improcedencia -definitividad-, de manera manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. * Domicilio y autorizados. La parte quejosa señala un domicilio para oír y recibir notificaciones, así como el usuario "ATHENEA", para que se le practiquen las notificaciones de manera electrónica. 4 Tesis *, registro digital: En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se tiene como única vía de la parte quejosa para recibir notificaciones, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "ATHENEA", ello a fin de evitar duplicidad de notificaciones y privilegiar el uso de medios electrónicos. En consecuencia, se ordena que se realicen a la parte quejosa sólo las notificaciones que tengan el carácter personal, de manera electrónica a través de ese usuario. En el entendido de que las demás notificaciones se le harán por medio de lista. Por tanto, se instruye al personal correspondiente que habilite al usuario referido, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como la consulta del expediente electrónico. Luego, se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados, únicamente como medios de contacto para comunicaciones no procesales, pues la ley de la materia no prevé dichos medios de comunicación para oír y recibir notificaciones. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que no se libre algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).
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