Abraham Abadi Arari

Expediente 521/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
521/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Abraham Abadi Arari

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 521/2022-I Puebla, Puebla, veinte de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que la parte quejosa no recurrió el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. Valoración documental. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Resguardo del expediente Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO. Se instruye al oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el indicado sistema como en el libro de gobierno Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) a efecto de verificar por conducto del personal a su cargo que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 521/2022-I. Puebla, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Desahogo de prevención. Visto el escrito signado por el quejoso **, a través del cual desahoga la prevención formulada en auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, pues precisa los actos que reclama, al respecto, bajo protesta de decir verdad, manifiesta lo siguiente: "1.-) ." Asimismo, informa que no ha acudido a la controversia ante la Jueza de Ejecución de Sentencias para combatir los actos de los que se duele. Materia del juicio. En términos de su demanda de amparo y del escrito aclaratorio, los actos reclamados consisten en: La omisión de la Jueza de Ejecución de Sentencias Itinerante de computar el tiempo que aún debe permanecer recluido. La omisión de notificarle cuál es el proceso al que se encuentra sujeto (de todos los que le indicaron) y cuál es el juez que lo tramita. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Para demostrarlo, es necesario indicar que las omisiones combatidas se relacionan con: 1) La duración, modificación, y extinción de la pena y de sus efectos; y, 2) La prelación, acumulación o cumplimiento simultáneo de penas. Ahora, contra ese tipo de actos, la Ley Nacional de Ejecución de Penal dispone un recurso judicial, tal como lo establecen en los artículos 116, fracción IV, 118, fracción VI y 120 respectivamente, que son de la literalidad siguiente: "Artículo 116. ." "Artículo 118. :. VI. La prelación, acumulación y cumplimiento simultáneo de penas." "Artículo 120. Principios del procedimiento Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. ..Lo hasta aquí expuesto, permiten considerar actualizada, de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. En ese sentido, se considera que el quejoso, antes de acudir a la demanda de amparo, se encontraba obligado a agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige, ya que al no hacerlo así, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. (...)". Lo anterior, porque las eventuales omisiones de la juez responsable de no realizar el cómputo de la prisión que debe compurgar el quejoso, así como de informarle cuáles son las causas penales de las que derivan las penas que compurga; deben ser dilucidadas ante la propia Jueza de Ejecución de Sentencias, tal como lo establecen los artículos 116, fracción IV, 118, fracción VI y 120 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas; porque esos preceptos disponen que las controversias relacionadas con: 1) la duración, modificación, y extinción de la pena y de sus efectos; y 2) la prelación, acumulación y cumplimiento simultáneo de penas; son impugnables ante el propio juez de ejecución. En consecuencia, ese medio de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a al juicio de amparo. En efecto, el quejoso debe agotar la controversia jurisdiccional prevista en el artículo 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contra los actos reclamados en la demanda de amparo y escrito aclaratorio; y si la resolución que emitiera el juez de ejecución, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto, siempre que se agote el recurso ordinario correspondiente. Bajo este contexto, las omisiones atribuidas a la jueza responsable, encuentran una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, máxime que como ha manifestado el quejoso bajo protesta de decir verdad, no ha agotado el recurso ordinario que corresponde antes de promover el juicio de amparo. Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional, pues los actos reclamados por el quejoso actualizan la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues las supuestas omisiones atribuidas a las responsables, deben impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación. Notifíquese; de manera personal al quejoso (vía electrónica); y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 521/2022. Puebla, Puebla, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por +++ por propio derecho, contra actos de la Jueza de Ejecución de Sentencia Naturaleza de los actos reclamados. El quejoso señala como actos reclamados "ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DEL PROCEDIMIENTO CONTEMPALDA EN EL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMAPARO VIGENTE." Sin embargo, en el capítulo de hechos, señaló bajo protesta de decir verdad que recibió una notificación por parte del Juzgado de Ejecución de Sentencias Itinerante, a través de la cual se le informó que a partir del dos de abril de este año fenecería la pena de prisión que compurgaba, según el quejoso, de acuerdo al computó efectuado por Jueza de Ejecución de Sentencias Itinerante, quien al parecer, giró la correspondiente boleta de libertad al Director del Centro Penitenciario de Tehuacán, Puebla..... Aunado a ello, en los argumentos que esgrime vía conceptos de violación, el quejoso afirma que esa situación lo mantiene en un estado de incertidumbre, pues la jueza responsable no ha realizado un cómputo definitivo. Lo hasta aquí expuesto revela dos cuestiones fundamentales: 1. Al quejoso no se le mantiene privado de su libertad fuera de procedimiento judicial, sino que aun compurga las penas que, aparentemente, se le impusieron el diversos procesos penales; de ahí que, en el caso, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo cual no debe decretarse la suspensión de oficio y de plano ni dictar medidas extraordinarias. Sobre todo, si se toma en consideración que el propio quejoso reconoce que después del cuatro de abril de este año, promovió el diverso juicio de amparo 357/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, en el cual reclamó los mismos actos que en este juicio y ya se le concedió la medida cautelar. 2. De acuerdo con lo argumentado por el quejoso vía conceptos de violación, de lo que en realidad se duele es del hecho de que la Jueza de Ejecución de Sentencias Itinerante no ha realizado el cómputo de la pena de prisión que debe compurgar, pues aun cuanta con diversos procesos penales. Luego, si la acción de amparo presentada por el quejoso en realidad tiene el propósito de que se constriña a la Jueza de Ejecución de Sentencias Itinerante para que compute el tiempo que, en su caso, debe seguir privado de la libertad, y con ello tener la certeza del momento en el cual recobrará su libertad; entonces, será necesario que el quejoso aclare su demanda. Prevención. Como se mencionó en el apartado previo, el quejoso dice encontrarse un estado de incertidumbre al desconocer el tiempo que debe permanecer recluido en el Centro Penitenciario de Tehuacán, Puebla, ya que la Jueza de Ejecución de Sentencias Itinerante no ha realizado no ha realizado un cómputo definitivo, no obstante haberse solicitado en diversas ocasiones. En consecuencia, con fundamento en los artículos 108, fracciones III, IV, 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Aclare si lo que en realidad desea reclamar es la omisión de la Jueza de Ejecución de Sentencias Itinerante de realizar el cómputo definitivo del tiempo que debe permanecer recluido en el centro penitenciario, de acuerdo a las penas de prisión que, al parecer, se le impusieron en los diversos procesos penales que le fueron notificados por personal del área jurídica del centro penitenciario de Tehuacán, Puebla, en lugar del señalamiento genérico de "ataques a la libertad personal fuera de procedimiento"; y, 2. Deberá informar si antes de acudir a este juicio de amparo agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, esto es, si ya acudió a la controversia ante el Juez de Ejecución en términos de lo dispuesto por los artículos 116, fracción IV, 118, fracción VI, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Apercibimiento. Se formula a la parte quejosa el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Notificación en línea, expediente electrónico y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es decir, la notificación vía electrónica, porque lo solicitó de manera expresa en la demanda de amparo. Por consiguiente, se instruye al secretario encargado del presente asunto, habilite tanto la notificación electrónica como el acceso al expediente electrónico, con el siguiente nombre de usuario proporcionado en la demanda: fredyrivera47 Sobre todo porque ese nombre de usuario se encontró registrado, desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Además, quedan autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre Fredy Odilón Rivera de los Santos, porque aquél le otorgó facultades amplias y este tiene su cédula profesional 6224994 registrada en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En cambio, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, queda autorizada en términos restringidos las restantes personas nombradas por el quejoso, porque fueron señaladas para recibir notificaciones así como para consultar Correo electrónico y número telefónico. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 7/2022), del Consejo de la Judicatura Federal, se informa a la parte quejosa que en el mismo plazo otorgado en líneas anteriores, puede ofrecer una dirección de correo electrónico y número de teléfono, de algún familiar o sus autorizados, para ser contactado. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación (teléfono móvil y correo electrónico), sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran (y de estimarse necesario). Pero las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Bajo este contexto, quedan ofrecidas las direcciones de correo electrónico que proporcionó la parte quejosa en su demanda, como medios para contactarla. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa (vía electrónica) y cúmplase.

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