Abraham Federico Zorrilla

Expediente 574/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
574/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
18/10/2018

Partes del expediente

  • Virginia Federico Zorrilla
  • Abraham Federico Zorrilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Por medio de lista notifico al quejoso lo siguiente: Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado en el auto de dos de octubre de dos mil dieciocho y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil dieciocho, por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección a ABRAHAM y OFELIA, ambos de apellidos RODRÍGUEZ PÉREZ, para que el Director de Ingresos de la Tesorería Municipal de Morelia, Michoacán, realizara lo siguiente. ".a) Deje insubsistente el oficio 793/2018 de doce de junio de dos mil dieciocho. b)Emita una nueva respuesta a la solicitud de catorce de mayo de dos mil dieciocho, en la que de manera fundada y motivada, exponga las razones por las cuales considera que los predios que refieren los solicitantes, son objeto del impuesto de lotes baldíos sin bordear, en términos del artículo 45 de la Ley de la Hacienda Municipal del Estado." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, por auto de veinte de septiembre siguiente se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la responsable para acatar el fallo protector. Posteriormente, por oficio presentado el uno de octubre de dos mil dieciocho el Director de Ingresos de la Tesorería Municipal de esta ciudad, allegó el original de la resolución de veintiséis de septiembre de este año, en la que por un lado deja sin efectos el acto reclamado y por el otro emite una respuesta al escrito presentado por Abraham Rodríguez Pérez el catorce de mayo del año en curso. En ese sentido, de la resolución se advierte que la autoridad responsable realizó lo siguiente: Dejó insubsistente el oficio número 793/2018 del doce de junio de dos mil dieciocho; y, En atención a los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, emitió respuesta a la solicitud planteada por el aquí quejoso, el catorce de mayo de este año pues al efecto señaló que en torno a la solicitud realizada con motivo de la autorización otorgada por Ofelia Rodríguez Pérez, debía estarse a lo ya atendido mediante oficio 536/2018 de dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Continuando con la respuesta del escrito presentado por el quejoso, le dijo que de los predios que menciona, solo uno de ellos es de su propiedad, el cual se registra con el número 101-1-239023, refiriéndole que el mismo no registra adeudo por concepto de Impuesto Sobre Lotes Baldíos, pero que de la verificación del inmueble de veintidós de mayo del año en curso, realizado por el personal autorizado de la Dirección de Ingresos, se advirtió que encuentra sin circular en sus linderos a la vía pública y que solo encuentra señalizado con tubos de PVC, por lo que determinó que era susceptible de la contribución municipal denominada Impuesto Sobre Lotes Baldíos sin Bardear o Falta de Banquetas, toda vez que se encontraba en el supuesto contenido en el artículo 45 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; pero que, no existe el cálculo a dicha contribución, ya que el numeral 48 de la misma norma, señala que se calculará dicho Impuesto conforme a la cuota o tarifa que establezca las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Michoacán y para el caso del Municipio de Morelia, la Ley de Ingresos vigente para el presente ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, no contempla cuota o tarifa para su cobro, y por ello, dicha contribución no se actualiza para el presente ejercicio fiscal. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente el oficio 793/2018 de doce de junio de dos mil dieciocho, y haber emitido respuesta a la solicitud planteada por Abraham y Ofelia, ambos de apellidos Rodríguez Pérez, ya que en relación a los inmuebles propiedad de la primera, lo remitió a la respuesta dada a través del oficio 536/2018, y respecto a su inmueble, con base en la verificación practicada por el personal de la Dirección de Ingresos, en la que indicó fecha, forma y quien la realizó el veintidós de mayo de este año, determinó que ese inmueble era susceptible de la contribución prevista en el artículo 45 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, pero que dicha contribución no se actualiza para su cobro para el presente ejercicio fiscal, ya que la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia no contempla cuota o tarifa para su cobro; con lo que se le restituyó en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Devolución de documentos Finalmente, con fundamento en el punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al de la legal notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado a recoger los escritos con sello de recibido, oficio 891/2018, recibos expedidos por la Tesorería Municipal, así como un poder notarial (fojas 21 a 47) y que adjuntó a su demanda de amparo; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se concede, dichas documentales podrán ser depuradas con el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Por lista notifico a la parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, dos de octubre de dos mil dieciocho. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Director de Ingresos de la Tesorería Municipal de Morelia, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia autógrafa de la resolución de veintiséis de septiembre de este año, dictada en respuesta a la petición formulada por el quejoso el catorce de mayo del año en curso; solicitando además la autoridad responsable que se le de vista al quejoso con la mencionada resolución, ya que ante esa instancia administrativa, fue omiso en señalar domicilio para recibir notificaciones. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Cuenta con autos. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; con fecha de engrose de treinta de agosto de dos mil dieciocho, en que por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Abraham y Ofelia ambos de apellidos Rodríguez Pérez. Declaración de ejecutoria. Se declara que la aludida resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Requerimiento a la autoridad responsable. Se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. Reiteración de la concesión de amparo. Se reitera a la autoridad responsable la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo consistente: "a) Deje insubsistente el oficio 793/2018 de doce de junio de dos mil dieciocho. b) Emita una nueva respuesta a la solicitud de catorce de mayo de dos mil dieciocho, en la que de manera fundada y motivada, exponga las razones por las cuales considera que los predios que refieren los solicitantes, son objeto del impuesto de los lotes baldíos sin bordear, en términos del artículo 45 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán.". Requerimiento por conducto del superior jerárquico. Hágase saber lo anterior al Ayuntamiento Municipal de Morelia, Michoacán, en cuanto superior jerárquico de la autoridad responsable, para los efectos precisados en el artículo 194 de la Ley de Amparo. Devolución de tomo de prueba. Finalmente, hágase devolución a la autoridad responsable de las constancias que en copia certificada remitió a este órgano jurisdiccional como sustento de su informe justificado, así como el disco óptico que se encuentra agregado a los autos, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 574/2018-X promovido por Ofelia Rodríguez Pérez, Abraham y Virginia ambos de apellidos Federico Zorrilla contra actos del Director de Ingresos de la Tesorería Municipal dependiente del Ayuntamiento de Morelia, con residencia en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado recibido con antelación y rendido por: Director de Ingresos de la Tesorería Municipal dependiente del Ayuntamiento de Morelia, con residencia en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación del informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Copia certificada de diversas constancias que integran la materia del reclamo en esta instancia de control constitucional, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas por separado, así como un disco óptico, documentales que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo se tuvieron por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que ninguna de las partes formulo alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 574/2018-X promovido por Abraham y Virginia, ambos de apellidos Rodríguez Pérez, por propio derecho, y por Federico Zorrilla Escudero en cuanto apoderado de Ofelia Rodríguez Pérez, contra actos del Director de Ingresos de la Tesorería del Municipio de Morelia, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado seis de julio de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, remitido por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito, Abraham y Virginia, ambos de apellidos Rodríguez Pérez, por propio derecho, y Federico Zorrilla Escudero en cuanto apoderado de Ofelia Rodríguez Pérez, comparecieron a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Director de Ingresos de la Tesorería del Municipio de Morelia, Michoacán, en los términos siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO.- 1.- De la autoridad antes mencionada se reclama: A).- No haber fundado en ley, además de carecer de motivación los oficios números 793/2018 y 893/2018, de fechas 12 de junio, y 26 veintiséis de junio ambos del año en curso, respectivamente, que recayeron a las solicitudes que mi mandante y demás suscritos realizamos el día 14 catorce de mayo y 15 de junio del año 2018 dos mil dieciocho, mediante los cuales se solicita que se retiren o dejen de cobrar los impuestos por concepto de lotes baldíos sin bordear respecto de los predios registrados con las cuentas 1) 101-1-236025; 2)101-1236032; 3) 101-1-237503; 4)101-1-237504; 5) 101-1-235265; 6) 101-1-236023; 7) 101-1-233004; 8) 101-1-236029, ubicados en la calle Sin Nombre S/N L 42, 43, 46, 49, 8 MZ 3 Z 1; I 17, 18 MZ 6 Z1; L 37 MZ 33 Z 1; L 28 MZ 136Z 1, todos en la Colonia La Soledad de esta ciudad de Morelia, Michoacán, registrados a nombre de los ahora quejosos; y de igual forma, se informe o especifique el monto y porque concepto es lo que se adeuda por cada uno de los lotes baldíos en mención, inobservando los derechos fundamentales de legalidad, certeza y seguridad jurídica, sin expresar con precisión los preceptos legales aplicables a sus contestaciones plasmadas en los oficios mencionados, ni señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión de los actos reclamados; siendo necesario que exista una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas, tal y como más adelante se expondrá en diverso apartado.". En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Previo cumplimiento de una prevención formulada a la parte promovente, mediante auto de diecinueve de julio del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito admitió a trámite el libelo constitucional bajo el expediente 574/2018; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, quien no formuló pedimento. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema que tratan, ello con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se impugnan actos de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que los actos reclamados, son los siguientes: El oficio número 793/2018 de doce de junio de dos mil dieciocho, emitido en respuesta al escrito presentado el catorce de mayo anterior ante la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de Morelia, Michoacán, en el que básicamente se solicitó el retiro del impuesto de lotes baldíos sobre diferentes predios registrados en el padrón catastral. El oficio número 893/2018 de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, emitido en respuesta al escrito presentado el quince de junio anterior ante la propia Dirección de Ingresos, en el que se informó a los aquí quejosos los montos adeudados por diferentes contribuciones municipales. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. Por lo que hacer al acto reclamado precisado en el inciso b) del considerando anterior como el oficio número 893/2018 de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se estima que en términos de la jurisprudencia 2a./J. 153/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede ser un acto imputable a la autoridad responsable, Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de Morelia, Michoacán; por lo que éste es inexistente. Se explica. Al resolver la contradicción de tesis 91/2007-SS, la Segunda Sala del Alto Tribunal tuvo en cuenta que la otrora Cuarta Sala consideró que la autoliquidación de un tributo no es un acto atribuible a las autoridades recaudadoras. Ello pues el sistema fiscal mexicano es autodeclarativo, lo que significa que corresponde a los propios contribuyentes determinar y liquidar el crédito fiscal que, en su caso, resulte a su cargo. En ese tenor, la autoliquidación de los tributos realizada por los contribuyentes, implica determinar motu proprio, en cantidad líquida, las contribuciones a su cargo, mediante la realización de las operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las fórmulas tributarias establecidas en la ley hacendaria, con el correspondiente deber de enterar al fisco las cantidades que resulten; constituye pues, el producto de la voluntad del gobernado, mediante el cumplimiento espontáneo y en tiempo de sus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal. Se trata de una forma de colaboración con la administración tributaria que no supone un acto de autoridad de por medio, porque esta modalidad respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente, está sujeta a ser supervisada por la autoridad fiscal mediante el ejercicio de sus facultades de revisión y comprobación en materia tributaria, de manera que, en el momento de la autoliquidación, la autoridad no externa su voluntad ante el actuar del particular, pues su actuación, en su caso, será posterior. Así pues, la autoliquidación no obedece a una orden o requerimiento expreso de la autoridad encargada de recaudar los tributos, sino que atiende al cumplimiento de una obligación establecida en la ley, a la cual el contribuyente sujetará al orden constitucional cuando la impugne con motivo del acto de aplicación, consistente en la realización del pago respectivo. Tampoco es posible señalar que la autodeterminación que realizan los particulares, se deba a los actos realizados por las autoridades exactoras tendientes a lograr u obtener el cobro respectivo, pues en tal caso, ya no se estaría hablando de una autoliquidación en estricto sentido, sino del cumplimiento de una obligación requerida o solicitada. Incluso en la propia ejecutoria que se comenta se indicó que el hecho de que la autoridad exactora reciba el importe autoliquidado por el contribuyente, no envuelve un actuar positivo de aquélla, pues no constituye una conducta tendiente a querer que se realice el acto en sí, o que desee que se manifiesten sus efectos, pues poco le importa a la unidad receptora del pago si el contribuyente lo realiza o no, pues en tal caso, posteriormente, sólo el contribuyente deberá soportar las consecuencias de su omisión. Por ello, en su caso, tal situación únicamente implica una actitud de mero trámite, ante la voluntad manifestada por el propio particular que acude espontáneamente a la oficina recaudadora a enterar el impuesto que, por medios propios, se ha autoliquidado, es decir, se trata de una actitud pasiva frente a la recaudación voluntaria que realiza el particular. Por tanto, es posible concluir que cuando el quejoso, con motivo de la autoliquidación del tributo, considera que ha sufrido en su perjuicio un acto de aplicación de la disposición legal que le impone la carga tributaria reflejada en el pago correspondiente y, por tal motivo, la sujeta al orden constitucional mediante la interposición del juicio de amparo indirecto, los actos consistentes en la determinación, cuantificación, liquidación, recaudación, cobro y recepción del pago del impuesto enterado, que de manera general atribuyen a las autoridades ejecutoras, no son imputables a éstas. Lo anteriores razonamientos vertidos en la ejecutoria que se comenta quedaron plasmados en la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, de rubro y texto siguiente: Época: Novena Época Registro: 171860 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 153/2007 Página: 367 "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Contradicción de tesis 91/2007-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 27 de junio de 2007. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Óscar Palomo Carrasco. Tesis de jurisprudencia 153/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del quince de agosto de dos mil siete.". Por su principio rector, se cita la jurisprudencia 2a./J. 158/2016 de la Segunda Sala aludida en la que corrobora el criterio anterior relativo a que la preliquidación de una contribución constituye una mera propuesta realizada por la autoridad fiscal para exhortar al contribuyente en el cumplimiento de su obligación, tal como quedó asentado en la tesis que se transcribe: Época: Décima Época Registro: 2012939 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 158/2016 (10a.) Página: 726 "REVISIÓN ELECTRÓNICA. LA PRELIQUIDACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS CONSTITUYE UNA PROPUESTA DE PAGO. La preliquidación de las contribuciones omitidas contenida en la resolución provisional, se traduce en un acto declarativo a través del cual la autoridad hacendaria exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de los hechos u omisiones advertidos al verificar el cumplimiento de obligaciones relacionadas con los pagos definitivos de una contribución, señalando la cantidad que, en su caso, deberá cubrir para acogerse al beneficio previsto en la fracción II del artículo 53-B del Código Fiscal. Por esa razón, la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente opte por corregir su situación fiscal, no así un requerimiento de pago, ya que éste sólo podrá verificarse una vez que, habiéndose otorgado al contribuyente la oportunidad de alegar y probar lo que a su derecho convenga en el procedimiento de fiscalización respectivo o en el recurso de revocación, la autoridad hacendaria dicte una resolución definitiva en la que califique los hechos u omisiones advertidos y, de ser el caso, determine el monto de las contribuciones omitidas. Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Tesis de jurisprudencia 158/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." En el caso, mediante escrito de quince de junio de dos mil dieciocho, los aquí quejosos solicitaron al Director de Ingresos de la Tesorería Municipal de Morelia, Michoacán, les informara cuál era el monto que se adeudaba y en qué concepto, en relación a los predios siguientes: No. No. de predio No. L y No. Mz 1 101-1-236025 L 42 Mz 03 3 101-1-236032 L 49 M 03 4 101-1237503 L 17 M 06 5 101-237504 L 18 M 06 6 101-1-235265 L 42 M 03 7 101-1239023 L 49 M 03 8 101-1236004 L 28 M 03 9 101-1-236029 L 46 M 03 Como respuesta a lo anterior, el Director de Ingresos expidió el oficio número 893/2018 de veintiséis de junio de dos mil dieciocho que en esta vía se impugna, mediante el cual informó a los peticionarios los estados de cuentas de cada uno de los predios arriba señalados, en los que básicamente se observa el cálculo de los conceptos: "impuesto predial", "DAP" y "Baldíos" por los periodos ahí señalados. En tal virtud, toda vez que lo anterior constituye un acto tendente a la determinación y cuantificación de los impuestos relativos que debe entenderse como una mera propuesta por parte de la autoridad fiscal, emitida a petición de los aquí quejosos, es de considerarse que tal actuación no es imputable a la autoridad señalada como responsable; pues acorde con la dinámica del sistema fiscal mexicano, dicha propuesta de pago no es vinculante y, por tanto, no implica la aplicación de la norma tributaria, la cual se actualizará hasta que el propio particular se autoaplique las disposiciones fiscales al enterar las contribuciones respectivas. Por esta razón, en este momento, no puede hablarse propiamente de un acto de autoridad emitido por el Director de Ingresos de la Tesorería Municipal de Morelia, Michoacán, precisamente porque su proceder no puede ser imputable a dicha entidad para efectos del juicio de amparo, sino hasta en tanto se ejerzan las facultades de revisión y comprobación, por lo que debe concluirse su inexistencia. En consecuencia, al ser inexistente el acto que aquí se analiza, lo que procede es sobreseer en el presente juicio respecto de aquel, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en el oficio número 793/2018 de doce de junio de dos mil dieciocho, pues no obstante que al rendir su informe justificado la autoridad responsable lo negó, es el caso que tal manifestación se encuentra desvirtuada con el contenido de su propio informe del cual se colige que en efecto dicha autoridad expidió el oficio aquí reclamado. Es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada que enseguida se transcribe: Época: Octava Época Registro: 211004 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: Página: 391 "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las reponsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 628/92. Camilo Abrajan Moreno. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Tarcicio Obregón Lemus. Secretario: Guillermo Báez Pérez". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias digitales remitidas por la autoridad responsable -no objetadas por la parte quejosa- y que adminiculadas con las documentales adjuntas a la demanda de amparo, se desprende la existencia del oficio 793/2018 de doce de junio de dos mil dieciocho. Lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, por tratarse de constancias expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. SEXTO. Estudio de causales de improcedencia. Establecida la existencia de uno de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". Al rendir su informe justificado el Director de Ingresos de la Tesorería Municipal de Morelia, Michoacán, señaló que el presente juicio de amparo es improcedente y debe sobreseerse porque no se agotó el principio de definitividad contenido en la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal, pues la parte quejosa no agotó el juicio de nulidad que constituye un medio ordinario defensa previsto en el artículo 154 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. Es infundada la causal invocada. El artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.]". [Lo destacado no es de origen]. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" [Lo destacado no es de origen]. Conforme a lo anterior se tiene que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo, obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquéllos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Ahora bien, el citado principio no es aplicable en todos los casos, pues en términos de la fracción IV del artículo 107 constitucional, cuando los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que contemplen algún medio ordinario de defensa, deberá agotarse siempre y cuando conforme a las mismas leyes sea factible se suspendan los efectos de dichos actos, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, y sin exigir mayores requisitos que los que ésta consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley; amén que también establece que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, en los supuestos siguientes: ? Si el acto reclamado carece de fundamentación; ? Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; y, ? Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En la especie la autoridad responsable alega que debió agotarse el juicio que contempla el artículo 154 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, que establece: "Artículo 154. El Tribunal será competente para conocer y resolver en forma definitiva de las controversias que en juicio se promuevan en contra de los actos o resoluciones definitivos, dictados, ordenados, ejecutados o que se pretenda ejecutar, según corresponda, por el Poder Ejecutivo, de la Auditoría Superior de Michoacán, por los ayuntamientos, por los organismos autónomos, las entidades u organismos descentralizados o desconcentrados, estatales o municipales: I. Que determinen la existencia de una obligación fiscal, la fijen en cantidad líquida o den las bases para su liquidación; II. Que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por las leyes fiscales indebidamente percibidos por el Estado o los municipios; o cuando se niegue por las mismas autoridades la devolución de un saldo a favor del contribuyente; III. Que sean dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, siempre y cuando se afirme, en los casos siguientes: a) Que se es poseedor, a título de propietario, de los bienes embargados en el procedimiento administrativo de ejecución seguido contra otras personas; o que se es acreedor preferente al fisco, para ser pagado con el producto de los mismos; y, b) Que un tercero sea propietario de los bienes o negociaciones, o titular de los derechos embargados; entonces podrá promover el juicio en cualquier tiempo antes de que se finque el remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor del fisco estatal o municipal. El tercero que afirme tener derecho a que los créditos a su favor se cubran preferentemente a los fiscales estatales o municipales, podrá promover el juicio antes de que se haya aplicado el importe del remate a cubrir el crédito fiscal. En los juicios que se promuevan por alguna de estas causas, no podrá discutirse la existencia del crédito fiscal; IV. Que causen un agravio en materia fiscal o administrativa, distinto a los precisados en las fracciones anteriores, así como todos aquellos actos realizados por cualquier autoridad administrativa, estatal o municipal, fuera del procedimiento de ejecución fiscal; V. Que impongan sanciones por infracción a las leyes y reglamentos estatales o municipales, de carácter administrativo o fiscal; VI. Que hayan sido dictados en materia de pensiones con cargo al erario estatal o a cargo de los municipios de la Entidad, o de las instituciones estatales o municipales de seguridad social; VII. Que se trate de resoluciones negativas fictas, configuradas por el silencio de la autoridad para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que las normas fijen o, a falta de éste, en el término de treinta días; VIII. Que se promuevan en contra de actos o resoluciones que por su naturaleza o por disposición de otras normas se consideren como competencia del Tribunal; IX. Que se refieran a la interpretación, cumplimiento o incumplimiento de contratos administrativos, en los que sean parte el Estado o los municipios, o sus entidades paraestatales o paramunicipales; X. Que consistan en cualquier acto u omisión definitivos de las autoridades administrativas del Estado, de los ayuntamientos y de sus entidades paraestatales o municipales, que afecten los intereses jurídicos de los particulares; XI. Que resulten derivados de la prestación de servicios de policías municipales o estatales y las instituciones de seguridad pública; XII. Que consistan en sanciones impuestas por los órganos que realicen funciones de contraloría o de la Auditoría Superior de Michoacán, derivadas de los procedimientos de fiscalización; y, XIII. Que sean resoluciones dictadas por las autoridades administrativas, estatales o municipales, al resolver los recursos establecidos por las normas respectivas cuando: a) La resolución recaída a un recurso administrativo o de revisión, no satisfaga el interés jurídico del recurrente, y éste la controvierta en el juicio administrativo, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso; y, b) La resolución a un recurso administrativo o de revisión que lo declare por no interpuesto o improcedente, siempre que el Magistrado Instructor determine la procedencia del mismo, el juicio administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.". En efecto, en términos del artículo 154 transcrito es competencia del Tribunal de Justicia Administrativa conocer del juicio promovido contra actos emitidos por entidades que forman parte de la administración pública y otras entidades, en lo que interesa, se prevé la hipótesis de procedencia ese juicio contencioso contra cualquier acto u omisión definitivo de las autoridades administrativas de los ayuntamientos municipales que afecten intereses jurídicos de los particulares (fracción X), supuesto normativo que tiene relevancia si se recuerda que el acto reclamado en este juicio de amparo lo es el oficio 793/2018 de doce de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Director de Ingresos de la Tesorería Municipal de Morelia, Michoacán. Sin embargo, se considera que la parte quejosa no se encuentra obligada a agotar dicho medio de defensa porque se actualiza una excepción al principio de definitividad, en virtud de que el Código de Justicia Administrativa del Estado, establece mayores requisitos que la Ley de Amparo, para conceder la medida suspensional. El artículo 240 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, establece: "Artículo 240. La suspensión del acto impugnado podrá concederse de oficio, en el mismo auto que admita la demanda cuando el acto o resolución impugnada, de llegar a consumarse, dificultara restituir al particular en el goce de su derecho; o, a petición de parte en cualquier momento del juicio. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia. Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Magistrado Instructor en la resolución que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento sin demora. No se otorgará la suspensión si se causa perjuicio evidente al interés social, orden público, o a terceros, si se contravienen normas o se deja sin materia el juicio". De dicho precepto se desprende que cuando la suspensión pueda causar perjuicio evidente no sólo al interés social y al orden público sino también a terceros o, bien, cuando con tal medida precautoria se contravengan normas de cualquier naturaleza, no se otorgará la suspensión solicitada. En cambio, el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo sólo limita la concesión de la suspensión cuando con ella pueda causarse perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, empero no cualquier tipo de norma; de ahí que, aquella disposición sí exige mayores requisitos que la ley de amparo para suspender el acto reclamado, pues bastaría sostener que la suspensión solicitada contraviene una norma, cualquiera que esta sea, para que por ese simple hecho no fuera procedente la medida precautoria. Además, en el juicio de amparo procede conceder la suspensión aun cuando con ello se puedan ocasionar perjuicios a terceros, hipótesis en la que el artículo 132 de la Ley de Amparo sólo exige que se otorgue fianza para poder reparar el daño o indemnizar a aquéllos de los perjuicios que se les ocasionaran; en cambio, conforme al citado precepto del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, no se concederá la suspensión de la resolución reclamada si con ello se causa perjuicio a terceros. De ahí que, conforme a la interpretación del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos que deban ser revisados de oficio o por virtud de algún recurso, juicio o medio de defensa que proceda contra ellos, siempre y cuando -conforme a las leyes que regulen tal medio de defensa- se suspendan los efectos de los actos reclamados mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que hiciera valer el agraviado, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia ley de la materia consigna, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de ser suspendido o no, es dable concluir que en la especie era innecesario que la parte quejosa promoviera el juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, porque dicha ley exige mayores requisitos que la ley de la materia para suspender el acto impugnado, con lo que se actualiza la excepción al principio de definitividad y se desestima la causal de improcedencia invocada. Lo anterior en términos de la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/45 (9a.) que sustenta el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, que establece: Época: Décima Época Registro: 160459 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Materia(s): Común Tesis: XI.1o.A.T. J/45 (9a.) Página: 3984 "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE MICHOACÁN SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE EL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL, AL PREVER LA LEY QUE LO RIGE MAYORES REQUISITOS QUE LA RELATIVA AL JUICIO DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN. Del artículo 240 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo se advierte que no se otorgará la suspensión de los actos o resoluciones impugnados en el juicio administrativo cuando pueda causar perjuicio evidente no sólo al interés social y al orden público, sino también a terceros o, bien, cuando con tal medida precautoria se contravengan normas -de cualquier naturaleza-. En cambio, el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo sólo limita su concesión cuando pueda causar perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; de ahí que la citada disposición local exige mayores requisitos para suspender el acto reclamado, pues bastaría sostener que se contraviene una norma, cualquiera que ésta sea, para que sea improcedente la medida. Además, en el juicio de amparo procede conceder la suspensión aun cuando con ello se puedan ocasionar perjuicios a terceros, hipótesis en la que el artículo 125 de la ley de la materia sólo exige que se otorgue fianza para reparar el daño o indemnizar a aquéllos de los perjuicios causados si no se obtiene sentencia favorable, en cambio, conforme al precepto mencionado inicialmente no se concederá la suspensión si con ello se causa perjuicio a terceros. De ahí que conforme a la interpretación del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone que el juicio es improcedente contra actos administrativos que deban ser revisados de oficio o por virtud de algún recurso, juicio o medio de defensa que proceda contra ellos, siempre y cuando -conforme a las leyes que regulen tal medio de defensa- se suspendan los efectos de los actos reclamados mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que hiciera valer el agraviado, sin exigirse mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de ser suspendido, se concluye que el juicio de amparo indirecto procede contra las resoluciones administrativas de las autoridades del Estado de Michoacán sin necesidad de agotar previamente el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 121/2009. 2 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Juan Ramón Barreto López. Amparo en revisión 163/2009. Camelia Ponce de León León. 23 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Juan García Orozco. Secretaria: Norma Navarro Orozco. Amparo en revisión 304/2009. Josué Hernández Rodríguez. 29 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Juan García Orozco. Secretaria: Norma Navarro Orozco. Amparo en revisión 339/2010. Germán Guzmán Camarena. 3 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Juan Ramón Barreto López. Amparo en revisión 32/2011. Silvia Georgina Villanueva Cossío. 26 de mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretaria: Minerva Gutiérrez Pérez. Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 3, octubre de 2011, página 1434; se publica nuevamente con la modificación que el propio tribunal ordena sobre la tesis originalmente enviada.". Ahora bien, examinadas las causales de improcedencia invocadas por las partes, de oficio este juzgador federal advierte que por lo que hace al acto que se tuvo por cierto y que también reclama Virginia Rodríguez Pérez, únicamente respecto de dicha persona se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. Conviene mencionar que los artículos 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, son del tenor siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De las porciones normativas transcritas, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Corrobora lo anterior, la tesis que a continuación se transcribe: Época: Décima Época Registro: 2006503 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común, Civil Tesis: I.13o.C.12 C (10a.) Página: 2040 "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias. Amparo en revisión 6/2014. Moisés Alejandro Juan Ugalde Hernández. 12 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio Solorio Campos. Secretario: Gabriel Zúñiga Roque. Amparo en revisión 36/2014. José Luis Medina Camargo. 5 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio Solorio Campos. Secretario: Gabriel Zúñiga Roque. Amparo en revisión 39/2014. Moisés Alejandro Juan Ugalde Hernández. 20 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio Solorio Campos. Secretario: Gabriel Zúñiga Roque.". Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Amparo en revisión 1441/88. Guadalupe Henderson Calderón. 29 de agosto de 1988. Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Jaime Raúl Oropeza García. Amparo en revisión 1522/97. Comisariado Ejidal de Mixquic, Delegación Tláhuac, Distrito Federal. 2 de diciembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert. Amparo en revisión 204/2002. Enseñanza y Educación de Occidente, A.C. e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 18 de septiembre de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez. Amparo en revisión 964/2005. Jorge Francisco Durán Olvera y/o Jorge Durán Olvera. 10 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Joaquín Cisneros Sánchez. Amparo directo en revisión 1035/2007. Tenedora Global, S.A. de C.V. 5 de septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Miriam Flores Aguilar.". Esto quiere decir, que para solicitar el amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, para efectos del juicio de amparo, existe interés jurídico cuando el peticionario acredite fehacientemente una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos). En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, sostiene lo siguiente: Época: Décima Época Registro: 2004501 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: 2a. LXXX/2013 (10a.) Página: 1854 "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Amparo en revisión 256/2013. Luis Miguel Padilla Martínez. 7 de agosto de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.". Como se observa, en el decir de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las condicionantes para demostrar el interés jurídico son: La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Sentado lo anterior, es menester señalar que el acto reclamado del cual se corroboró su certeza lo es el oficio 793/2018 de doce de junio de dos mil dieciocho signado por el Director de Ingresos de la Tesorería Municipal de Morelia, Michoacán; que se emitió en respuesta a la petición que previamente formuló ante dicha autoridad Abraham Rodríguez Pérez, quien a su vez relacionó esa solicitud con el diverso oficio 536/2018 de dieciséis de abril del mismo año que constituye también una respuesta al escrito que Ofelia Rodríguez Pérez realizó ante la misma autoridad. En efecto, tal como se observa del contenido del oficio 793/2018 de doce de junio de dos mil dieciocho aquí reclamado, éste se encuentra dirigido a Abraham Rodríguez Pérez -quien actúo en un principio bajo la autorización de Ofelia Rodríguez Pérez-, no así a Virginia Rodríguez Pérez, motivo por el cual se estima que el acto administrativo no afecta los derechos subjetivos de esta última persona, precisamente por no estar dirigido hacia ella. Lo anterior es de esta manera con independencia de que en el contenido del oficio se señalen y describan determinados predios que son objeto del impuesto sobre lotes baldíos, de los cuales se señala que se encuentran registrados a nombre de Ofelia, Abraham y Virginia, todos de apellidos Rodríguez Pérez; ya que si bien la autoridad administrativa señaló en dicho oficio a esas personas como titulares de las cuentas catastrales de aquellos predios, de ninguna manera ello implica que la manifestación de la voluntad administrativa plasmada en el acto aquí reclamado se encuentre dirigida hacia Virginia Rodríguez Pérez, dado que se tiene en cuenta que en esencia el acto de autoridad derivó de solicitudes efectuada por diversas personas -Abraham Rodríguez Pérez con relación a la solicitud que realizó Ofelia Rodríguez Pérez-. Incluso, este órgano federal no pasa desapercibida la circunstancia de que en realidad alguna o algunas de las cuentas catastrales ahí mencionadas pudieran estar inscritas en el padrón relativo a nombre de la quejosa Virginia Rodríguez Pérez, y que conforme a ello, la potestad administrativa sostuviera que dicha persona es sujeto obligado al pago del impuesto relativo; sin embargo, se insiste, el acto de autoridad per se no afecta los intereses jurídicos de la quejosa mencionada, porque sus efectos jurídicos no se surten frente a esta persona, de manera que este juzgador concluye que no se advierten daños o perjuicios que resulten apreciables en forma objetiva y fehaciente con dicha actuación. Así, al quedar evidenciada una causal de improcedencia descrita respecto del acto reclamado, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio únicamente por lo que se refiere a la quejosa Virginia Rodríguez Pérez. En las relatadas condiciones, al no existir alguna otra causal de improcedencia que de oficio se advierta lo que procede es realizar el estudio de fondo del asunto de acuerdo a los conceptos de violación hechos valer por el resto de los quejosos, Ofelia y Abraham, ambos de apellidos Rodríguez Pérez. SÉPTIMO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de la demanda de garantías, mismos que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que se transcribe: Época: Novena Época Registro: 196477 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/129 Página: 599 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca.". OCTAVO. Estudio de fondo. En principio se destaca que el estudio de los conceptos de violación que en este considerando se emprende, se realiza a partir de la apreciación del acto reclamado tal y como aparece probado ante la autoridad responsable, sin que se admitan pruebas no rendidas ante dicha autoridad, tal y como lo establece el artículo 75 de la Ley de Amparo. En su primer concepto de violación la parte quejosa alega la falta de fundamentación y motivación del oficio reclamado, toda vez que la autoridad responsable no expone los argumentos lógicos-jurídicos por los cuales considera que los lotes baldíos se encuentran circulados en forma parcial, ni en qué porcentaje lo están, además de que tampoco expone el procedimiento que llevó a cabo para determinar lo anterior, pues no exhibe la revisión técnica realizada y el expediente relativo. Alega que la autoridad no es precisa al citar el artículo 45 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, pues no especifica el año al que corresponde la ley o si ésta se encuentra o no vigente para efectos del ejercicio fiscal correspondiente Lo anterior es parcialmente fundado. Para demostrar lo anterior, conviene citar el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal, en su primer párrafo, que en lo conducente dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [...]". Dicho precepto establece que todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente, además de estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por fundado que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso; y, por motivado, que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En relación con el tema, existen entre otras, las jurisprudencias siguientes: Época: Séptima Época Registro: 238212 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 97-102, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 143 "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Sexta Época, Tercera Parte: Volumen CXXXII, página 49. Amparo en revisión 8280/67. Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Secretario: José Tena Ramírez. Séptima Época, Tercera Parte: Volumen 14, página 37. Amparo en revisión 3713/69. Elías Chaín. 20 de febrero de 1970. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Secretario: Juan Díaz Romero. Volumen 28, página 111. Amparo en revisión 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coagraviados. 26 de abril de 1971. Cinco votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez. Volúmenes 97-102, página 61. Amparo en revisión 2478/75. María del Socorro Castrejón C. y otros y acumulado. 31 de marzo de 1977. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretaria: Fausta Moreno Flores. Volúmenes 97-102, página 61. Amparo en revisión 5724/76. Ramiro Tarango R. y otros. 28 de abril de 1977. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Secretario: Luis Tirado Ledesma.". Época: Novena Época Registro: 170307 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Febrero de 2008 Materia(s): Común Tesis: I.3o.C. J/47 Página: 1964 "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.". El artículo y jurisprudencias transcritos revelan que la garantía de legalidad obliga a todas las autoridades a fundar y motivar debidamente sus determinaciones; ésta es la única forma que tiene el gobernado para conocer las causas que las originan, para en su caso, combatirlas legalmente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en varios criterios ha establecido que la fundamentación, es la precisión del precepto legal aplicable al caso; y la motivación, el señalamiento exacto de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; para ello se requiere además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. La inobservancia al mandato constitucional que exige la expresión de ambos requisitos (fundamentación y motivación) en los actos de autoridad, puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta (ausencia total), que constituye una violación formal; y aquella que es incorrecta o indebida, que produce una violación material o de fondo. Se dice que hay una incorrecta fundamentación cuando el precepto legal invocado resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste, que impiden su adecuación en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas no concuerdan con el contenido de la norma legal aplicable al caso. De manera que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de las normas y los razonamientos formulados por la autoridad, con el caso concreto. La importancia de esta diferencia radica en el orden en que habrán de estudiarse los argumentos que haga valer el quejoso, ya que la ausencia de tales requisitos constitucionales (fundamentos y motivos), es decir, una violación formal, dará lugar a la concesión del amparo para que la autoridad responsable subsane la irregularidad, y exprese la fundamentación y motivación de su determinación. En cambio, en la violación material o de fondo, que también da lugar a un fallo protector, el efecto se limita a que la autoridad aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente, dado que si bien cumplió con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, unos y otros son incorrectos. Ahora, trasladas estas premisas al caso concreto, se tiene en cuenta que en atención a las solicitudes de Abraham y Ofelia, ambos de apellidos Rodríguez Pérez, la autoridad responsable emitió el oficio 793/2018 de doce de junio de dos mil dieciocho, en el cual señaló entre otras cosas lo siguiente: "Esta autoridad es competente para conocer y resolver la presente solicitud; me permito hacer de su conocimiento, que con base en la verificación realizada por el Área de Lotes Baldíos dependiente de la Dirección de Ingresos, se desprende que los predios propiedad de los mencionados en el párrafo que antecede, se encuentran aun sin ser circulados en su totalidad, por lo que de tal manera se le hace una cordial y atentan invitación a que circule completamente los predios, que se registran con las cuentas prediales siguientes y así estar en condiciones de brindarle un descuento. No. No. De predio Ubicación Estatus 1 101-1-236025 Calle sin nombre L 42 MZ 3 Z 1 La Soledad Cercado parcial 2 101-1-236026 Calle sin nombre L 43 MZ 3 Z 1 La Soledad Circulado Sin Adeudo 3 101-1-236032 Calle sin nombre L 49 MZ 3 Z 1 La Soledad Cercado parcial 4 101-1-237503 Calle sin nombre L 17 MZ 6 Z 1 La Soledad Cercado parcial 5 101-1-237504 Calle sin nombre L 18 MZ 6 Z 1 La Soledad Cercado parcial 6 101-1-235265 Calle sin nombre L 42 MZ 3 Z 1 La Soledad Cercado parcial 7 101-1-239023 Calle sin nombre L 49 MZ 3 Z 1 La Soledad Cercado parcial 8 101-1-236004 Calle sin nombre L 28 MZ 3 Z 1 La Soledad Cercado parcial 9 101-1-236029 Calle sin nombre L 46 MZ 3 Z 1 La Soledad Cercado parcial Así mismo me permito informar a Usted el sustento legal para la aplicación de este Impuesto, señalado en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán en su Artículo 45 que a la letra dice: 'Son objeto de este impuesto, sobre lotes Baldíos sin Bordear o Falta de Banquetas, los terrenos que carezcan en sus linderos a la vía pública de una cerca o tapia de adobe, ladrillo, material prefabricado u otros similares, de dos o más metros de altura, así como aquellos que no tengan banquetas o que teniéndola, estas se encuentren en ,mal estado; siempre y cuando dichos lotes baldíos se localicen dentro de la zona urbana de los Municipios del Estado'.". De lo anterior se colige que en el oficio referido la autoridad responsable consideró que con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, los predios que ahí señala son objeto del impuesto sobre lotes baldíos sin bordear o falta de banquetas, porque a partir de la verificación realizada por el área de lotes baldíos dependiente de esa Dirección, se desprende que los predios no se encuentran circulados en su totalidad, por lo que realizó una atenta invitación para circularlos en su totalidad, para estar en condiciones de brindar un descuento. La anterior determinación carece de motivación, por lo que se considera actualizada una violación formal que amerita la concesión del amparo solicitada. En principio cabe señalar que la parte quejosa se duele del hecho de que la autoridad responsable no especificó la vigencia de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán; sin embargo, es el caso que esa alegación se desestima en la medida de que tal circunstancia no es indispensable para cumplir con el requisito constitucional de fundamentación, toda vez que basta que la autoridad cite el precepto legal que estima aplicable para lo anterior. Por ello, si en la especie la autoridad responsable transcribió el precepto relativo, se estima que tal proceder otorga seguridad jurídica al gobernado frente a la norma que se estima aplicable; por lo que en todo caso es carga del quejoso demostrar que el precepto a que se alude no se encuentra vigente y, por tanto, no le es aplicable. Disconformidad que en la especie no se hace valer, pues la alegación relativa se encuentra dirigida a demostrar la falta de fundamentación de la autoridad, no así la indebida fundamentación por considerar que el precepto es incorrectamente aplicado a partir de su ámbito de vigencia temporal. Por tales motivos, queda desestimada la alegación relativa. Por otra parte, en relación con la falta de motivación del acto reclamado, asiste razón a los amparistas porque la autoridad fiscal no expone detalladamente la valoración de los elementos que haya tomado en consideración para sostener que se está en el supuesto de la norma; lo cual es indispensable para que el gobernado se encuentre en posibilidad de controvertir las consideraciones de la autoridad. Es decir, la autoridad responsable no expone la forma en la cual constató que los predios mencionados, no se encuentran circulados, específicamente, por lo que hace a sus linderos hacia la vía pública y la manera en que ello debe realizarse, en términos del propio precepto que invoca. Por ello, si bien se consideró que los predios no se encontraban circulados, el señalamiento de que ello se desprende de la verificación realizada por el área de lotes baldíos es insuficiente, toda vez que no especifica la data en que ello aconteció, la forma en que se realizó, el propio funcionario facultado para hacerlo y si se tomaron en cuenta conocimientos técnicos para emitir la determinación. En esa medida, era indispensable que la autoridad responsable pormenorizara los motivos por los cuales consideraba que los predios a que se aluden eran objeto del impuesto relativo, precisamente por no encontrarse circulados en términos del artículo 45 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, para que de esta manera el particular se encontrara en posibilidad de controvertir las aseveraciones de la autoridad administrativa y demostrar que en efecto no se encuentra en el supuesto normativo. Es decir, en armonía con el principio de legalidad, únicamente de esta manera se permite al gobernado conocer los motivos y valoración que específicamente se hayan tomado en cuenta para que, de acuerdo a la hipótesis legal, se emita un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica. Por último, esta potestad federal no soslaya el hecho de que en su informe justificado la autoridad responsable intenta complementar la motivación del acto reclamado, exponiendo la forma en la cual constató que los predios se encontraban circulados parcialmente, según las observaciones asentadas en las cédulas de registro del padrón de impuesto predial, así como la evidencia fotográfica que adjuntó a su informe justificado; sin embargo, es el caso que tales manifestaciones no pueden ser tomadas en cuenta por esta potestad federal, porque tal como se señaló al inicio de este considerando, el análisis del acto reclamado se realiza tal y como aparece probado ante la autoridad responsable sin tomar en consideración prueba alguna que ante ella misma no hubiera sido ofertada, pues ello implicaría variar el acto reclamado y crear inseguridad jurídica a la parte quejosa. Así las cosas, al quedar demostrada la indebida motivación del oficio reclamado que al mismo tiempo se traduce en un vicio formal del que adolece el acto de autoridad, lo que procede es conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que el Director de Ingresos de la Tesorería Municipal de Morelia, Michoacán: Deje insubsistente el oficio 793/2018 de doce de junio de dos mil dieciocho. Emita una nueva respuesta a la solicitud de catorce de mayo de dos mil dieciocho, en la que de manera fundada y motivada, exponga las razones por las cuales considera que los predios que refieren los solicitantes, son objeto del impuesto de lotes baldíos sin bordear, en términos del artículo 45 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guanajuato. Lo anterior sin que se el caso de la aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 23/2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que más adelante se transcribe, toda vez que dicho criterio se refiere a un acto materialmente administrativo que es emitido en forma unilateral por parte de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos; dado que es evidente que el acto administrativo derivó de una petición formulada por un particular u otra autoridad, de manera que esa petición no puede quedar sin respuesta alguna sino que, por el contrario, la autoridad administrativa debe motivar adecuadamente su proceder para subsanar el vicio formal de su actuación para restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado. Época: Décima Época Registro: 2008753 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 23/2015 (10a.) Página: 1239 "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL. La porción normativa que establece: "En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración.", debe entenderse referida exclusivamente a los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos, toda vez que cualquier acto administrativo, que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario, quedaría inaudita la violación alegada bajo el argumento de que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que, por tanto, existe "un impedimento para reiterarlo", lo que no es acorde con el objetivo del juicio de amparo de restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a respetarlo. Contradicción de tesis 327/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Cuarto Circuito y Primero del Sexto Circuito, ambos en Materia Administrativa. 11 de febrero de 2015. Cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Oscar Vázquez Moreno. Tesis contendientes: Tesis IV.2o.A.72 K (10a.), de título y subtítulo: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. LA CONSECUENCIA PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, DE QUE ANTE LA FALTA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS SE ESTIMARÁ QUE EXISTE UN VICIO DE FONDO QUE IMPIDE A LA AUTORIDAD SU REITERACIÓN, SE REFIERE SÓLO A AQUÉLLOS, A EXCEPCIÓN DE LOS DE NATURALEZA FISCAL.", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de julio de 2014 a las 8:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, Tomo II, julio de 2014, página 969, y Tesis VI.1o.A.73 A (10a.), de título y subtítulo: "REGLA ESPECIAL PREVISTA DE MANERA COMPLEMENTARIA EN LOS PÁRRAFOS FINALES DE LOS ARTÍCULOS 117 Y 124 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA FALTA O INSUFICIENCIA DE LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. DEBE APLICARSE SIN EXCEPCIÓN A TODOS AQUELLOS VINCULADOS A LA MATERIA ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de septiembre de 2014 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2558. Tesis de jurisprudencia 23/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cuatro de marzo de dos mil quince. Esta tesis se publicó el viernes 27 de marzo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de marzo de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.". Por las mismas razones apuntadas, se estima que no se está en presencia de la excepción que se contempla el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que hace permisible a la autoridad administrativa mejorar la fundación y motivación del acto reclamado, supuesto en el cual se otorga la oportunidad al quejoso de perfeccionar su defensa, garantizando que en la sentencia se efectúe un análisis integral del acto, tanto en sus aspectos formales como sustantivos, toda vez que como queda demostrado no se trata de un acto materialmente administrativo. Sirve de apoyo a lo anterior a contrario sensu, las consideraciones contenidas en la tesis aislada que enseguida se transcribe: Época: Décima Época Registro: 2005735 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III Materia(s): Constitucional, Común Tesis: IV.2o.A.54 K (10a.) Página: 2230 "AMPARO INDIRECTO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO GENERAL DE INMUTABILIDAD DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO RELATIVO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, CONSISTENTE EN QUE, TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS A LOS QUE SE ATRIBUYA LA AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, DEBERÁ COMPLEMENTAR DICHOS ASPECTOS, NO CONTRAVIENE EL DERECHO HUMANO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Del artículo 117, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, se advierte que en el juicio de amparo indirecto se adopta, como regla general, el principio de inmutabilidad del acto reclamado, pues éste debe ser apreciado tal como aparezca probado, sin que sea dable a las autoridades al rendir su informe justificado, variar o mejorar la fundamentación del acto ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso. No obstante, esa regla halla una excepción en el último párrafo del propio precepto, conforme al cual, tratándose de actos materialmente administrativos, al rendir su informe, la autoridad deberá complementar la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto, caso en el cual, el quejoso podrá ampliar su demanda, a fin de impugnar los aspectos complementados. Así, dicha excepción permite que, previo al dictado de la sentencia en la audiencia constitucional, excepcionalmente, tratándose de actos materialmente administrativos, se anticipe la verificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación y, concomitantemente, en función de la complementación del acto en cuanto a esos aspectos, se dé al quejoso la oportunidad de perfeccionar su defensa, garantizando que en la sentencia se efectúe un análisis integral del acto, tanto en sus aspectos formales como sustantivos, con lo cual se logra, en principio, inmediatez en la reparación de las violaciones que, por ser fuente de inseguridad jurídica, impedían al quejoso ejercer una defensa adecuada; también se aseguran el estudio y restauración de las violaciones sustantivas que llegasen a existir, evitando el dictado de una resolución que atienda sólo a los vicios formales pero que postergue el estudio de los sustantivos, en detrimento del deber de no repetición como subprincipio del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, en la medida en que conforme al contenido de este derecho humano, corresponde a los tribunales evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto y, en todo caso, en la restauración de los derechos vulnerados, a través de un procedimiento eficiente y eficaz, el párrafo final del artículo 117 de la Ley de Amparo no lo contraviene, pues anticipa al dictado de la sentencia la verificación del respeto al requisito constitucional de fundamentación y motivación, como garantía instrumental del derecho humano a la seguridad jurídica y, además, garantiza al gobernado la aptitud de defenderse y tiene como primer alcance el superar un estado de incertidumbre denunciado en su demanda, de suerte que si la autoridad complementa dichos aspectos, se adelanta un efecto restauratorio de la violación a un derecho humano y se logra que el quejoso conozca dentro del procedimiento de amparo, con mayor precisión, la naturaleza del acto, para perfeccionar su defensa ante el acto y dado su conocimiento integral. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez. Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación.". Por último, se señala que de acuerdo al sobreseimiento que quedó asentado en el considerando cuarto de este fallo, no se entra al estudio del resto de los conceptos de violación hechos valer, habida cuenta de que aquellos se encuentran dirigidos a controvertir el cobro una contribución municipal que, como quedó expuesto, su determinación y autoliquidación no son actos imputables a la autoridad fiscal. Por lo expuesto y con fundamento legal, además, en los artículos 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por Abraham y Virginia, ambos de apellidos Rodríguez Pérez, por propio derecho, y por Federico Zorrilla Escudero en cuanto apoderado de Ofelia Rodríguez Pérez, contra el acto que quedó precisado en el inciso b) del considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Virginia Rodríguez Pérez, contra el acto que quedó precisado en el inciso a) del considerando tercero de esta resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Abraham y Ofelia, ambos de apellidos Rodríguez Pérez, en relación con el acto atribuido a la autoridad que quedó precisada, para los efectos señalados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy fe. lfsl

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano