Abisaid Andrade Marin y Otros.

Expediente 156/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
156/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
04/08/2022

Partes del expediente

  • Abisaid Andrade Marin y Otros.
  • Alcibides Andrade Benitez
  • Abisaid Andrade Marin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de agosto de dos mil veintidós. LLEGADA DE AUTOS Agréguese a sus autos y acúsese recibo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, de su oficio 4625/2022, mediante el cual el Secretario de Acuerdos adscrito, remite a este juzgado testimonio autorizado de la sesión virtual de siete de julio de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión 153/2022, así como los autos del juicio de amparo X-156/2022. Hágase del conocimiento de las partes que el tribunal de alzada, resolvió: "PRIMERO. Se confirma, por diversas razones, el fallo sujeto a revisión. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Abisaid Andrade Marín y Alcibiades Andrade Benítez y/o Alciviades Andrade Benitez, contra las autoridades en el resultando Primero, en relación con el considerando Quinto de este fallo, por los motivos ahí expuestos. (.)." En ese tenor, glósese el cuaderno de antecedentes relativo; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior y que de la certificación que antecede se advierte que obran glosados documentos originales, que no existe en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado documento de valor alguno, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que en el presente juicio de amparo, encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción III del capítulo quinto, último párrafo del aludido acuerdo, en razón de haberse CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, sin soslayar que mediante resolución dictada por este Juzgado se haya SOBRESEÍDO en el juicio en que se actúa, y confirmado por el Tribunal de Alzada, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, debiendo conservarse el escrito de demanda y el auto por el que se concedió la medida suspensiva. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de mayo de dos mil veintidós. SE ORDENA ENVÍO DE RECURSO DE REVISIÓN AL TRIBUNAL COLEGIADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de los que se desprende que en proveído de once de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que hizo valer Salvador Molina Navarro, en cuanto defensor particular de los quejosos, en contra de la resolución de veinte de abril de dos mil veintidós, y que la interposición de dicho medio de impugnación ha sido notificada a las partes; en consecuencia, se ordena remitir el original del expediente en que se actúa, el original y copia del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del medio de impugnación de que se trata. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintidós. SE INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta recibido y signado electrónicamente por Salvador Molina Navarro, en su calidad de defensor particular de los quejosos, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución dictada en el presente asunto; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución de veinte de abril de dos mil veintidós dictada en autos; por lo tanto, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios relativo y, en su oportunidad remítase el presente juicio de garantías, un tomo de pruebas, el escrito original de agravios, así como una copia para el fiscal federal de la adscripción, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo X-156/2022 promovido por Abisaid Andrade Marín y otro, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretario, dé cuenta con el informe justificado rendido en autos. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe diversas documentales. EL JUEZ: Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que únicamente realizó lo conducente el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a través de su pedimento 135/2022. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos dichos alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo X-156/2022, promovido por Abisaid Andrade Marín y Alcibiades Andrade Benítez y/o Alciviades Andrade Benítez, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el trece de febrero del año en curso, en la Oficialía de Partes del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, Salvador Molina Navarro, quien promovió en favor de Abisaid Andrade Marín y Albiciades Andrade Benítez y/o Alciviades Andrade Benítez, demanda de amparo indirecto contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE ESTIMÓ VIOLADOS. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los reconocidos en los artículos 1°, 4°, 11, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17.1 y 17.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 25 de la Declaración Americana de Derechos humanos y el principio 24 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. En auto de trece de febrero del año que transcurre, se proveyó sobre la demanda de amparo respecto de los actos reclamados y por la autoridad señalada como responsable, registrándose la misma con el número de expediente X-156/2022 y se concedió la suspensión de plano. Por acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós, se tuvo a los quejosos directos Abisaid Andrade Marín y Albiciades Andrade Benítez y/o Alciviades Andrade Benítez, ratificando el contenido del escrito de demanda presentada el trece del mismo mes y año, por lo que se admitió a trámite y se solicitó de las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello porque la parte quejosa reclama actos de autoridad que afirma pudieran afectar su libertad personal, mismos que podrían tener ejecución dentro del ámbito territorial donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. De la lectura íntegra de la demanda y de las constancias que integran el sumario, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: 1. La incomunicación de la que son objeto por parte del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. 2. Negar el acceso a la carpeta de investigación al defensor de los quejosos, obstaculizando el ejercicio de una defensa adecuada. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que la parte quejosa le reclamó. Pues bien, pese a lo manifestado por la autoridad responsable de referencia, es preciso señalar que, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados y que los quejosos se encuentran privados de su libertad, la carga de la prueba para acreditar que dichos actos no fueron realizados corresponde a la autoridad responsable, debido a que en dicha calidad estarían imposibilitados o resultaría complejo que demostraran la conducta que aducen violatoria a sus derechos fundamentales. En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de tres de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el amparo en revisión 256/2015, señaló que en relación a los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, como la tortura, incomunicación, segregación, malos tratos, golpes, etcétera, corresponde al Juez de Distrito allegarse de las pruebas necesarias para analizar la existencia de éstos y, en su caso, emitir pronunciamiento de fondo. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la tesis 1a. CCCXXVI/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Correspondiente a la Décima Época, registro digital 2018533, de título, subtítulo y texto siguiente: "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores." Precisado lo anterior, para el presente asunto es pertinente señalar que los quejosos hacen derivar el acto reclamado consistente en la incomunicación -prohibido expresamente en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- y la negativa de acceder a la carpeta de investigación, de conformidad con su particular situación de encontrarse detenidos por la responsable. Así, dicha autoridad al rendir su informe justificado, señaló que efectivamente los quejosos fueron puestos a su disposición por la comisión de un delito, pero, en ningún momento estuvieron incomunicados ni se negó a su defensor privado el acceso a la carpeta de investigación. Para acreditar lo anterior, remitió copia certificada de diversas constancias consistentes en: a) Acuerdo de detención por flagrancia de los quejosos como probables responsables del hecho que la ley señala como el delito de secuestro, emitido el doce de febrero de dos mil veintidós, a las 22:00 horas; b) El acta de lectura de derechos como imputados a los aquí quejosos, de la misma fecha, pero a las 22:15 horas; c) La constancia en la que se les informa que tienen derecho a realizar una llamada y en la cual manifiestan que: "no era su deseo realizar una llamada toda vez que no recuerda en este momento algún número telefónico", diligencia realizada a las 22:20 horas del mismo día; d) El nombramiento de la defensora pública Adelaida Escutia Carrillo, la cual manifestó aceptar el cargo, efectuada a las 22:50 horas del día citado; Documentos de los que se advierte obran al calce las firmas de los quejosos directos, mismas que no fueron objetadas de autenticidad por la parte quejosa. e) El escrito con sello de recepción de trece de febrero de dos mil veintidós a las 14:00 horas, en la cual los quejosos directos nombran como defensor particular a Salvador Molina Navarro, el cual se observa se encuentra signado por los antes mencionados; f) El acuerdo de trece de febrero de dos mil veintidós, en el que se reconoce a Salvador Molina Navarro como defensor particular de los quejosos directos, dentro de la carpeta de investigación LZC/052/00172/2022, con número único de caso 1002202205061; en el mismo proveído se autorizó entregarle copia de la carpeta de investigación; g) Constancia de notificación personal efectuada a las 19:00 horas del trece de febrero de dos mil veintidós, a Salvador Molina Navarro, defensor particular de los quejosos director, en la que se asentó que se entregaron copias autentificadas de la carpeta de investigación citada; y, h) Constancia de recepción de copias entregadas al defensor particular de los quejosos directos, de la que se advierte como fecha de recepción el catorce de febrero de dos mil veintidós a las 07:56 horas. Ahora, no obstante que la responsable fue omisa en exhibir el pase a entrevista del defensor particular con los quejosos, también lo es, que este último reconoció que se materializó la misma después de las 19:00 horas del día trece de febrero de dos mil veintidós. También se advierte la constancia levantada por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional en cumplimiento al acuerdo de trece de febrero del presente año, diligencia efectuada el mismo día a las 19:20 horas, en la que asentó: ".quien me informa que sí se encuentra (n) en ese lugar los quejosos de referencia, motivo por el cual, lo (s) trae hasta mi presencia, quien (es) bajo protesta de decir verdad, refiere (n) responder al (los) citado (s) nombres (s), el (los) cual (es) tiene (n) los siguientes rasgos fisonómicos: 1. Abisaid Andrade Marín. 2. Alcibiades Andrade Benítez. En seguida, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo en vigor, le (s) hago saber que a partir de este momento rompo el estado de incomunicación en que pudiese encontrarse dicho (s) quejoso (s), cuestionando al (los) agraviado (s) si ha (n) estado incomunicado (s) o ha (n) sido objeto de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, consistentes en marcas, azotes, palos, tormentos, incomunicación o cualquier otro acto que contravenga su dignidad e integridad a lo que manifiesta (n): Que han sido objeto de violencia física desde el momento de su detención, lo que ocurrió en Zihuatanejo, este viernes aproximadamente a las doce de la noche hasta las veinte horas del sábado que llegaron a estos separos de secuestros, solamente les hicieron saber sus derechos, tuvieron contacto con un defensor público a través de éste, solamente el quejoso "Abisaid" pudo comunicarse telefónicamente con un familiar, no han tenido atención médica . durante su estancia en estos separos han sido objeto de violencia física solo que tienen temor de que los escuchen decir esto por miedo a represalias de la autoridad; consecuentemente, el suscrito, procedo a dar fe de las condiciones físicas del (los) quejoso (s), haciéndolo constar de la siguiente manera: A simple vista no aprecia rastros de violencia física de su persona. (.)." Dichas documentales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. De esta forma, de las constancias reseñadas permiten establecer que los solicitantes del amparo no han sido objeto de incomunicación, pues han mantenido comunicación desde el momento de su detención tanto con la defensora pública que les fue asignada y posteriormente su defensor privado; incluso uno de ellos reconoció tener comunicación vía telefónica con un familiar. Ello porque se advierte que los propios quejosos presentaron un escrito con su firma, en el cual autorizaban al defensor privado Salvador Molina Navarro, el cual se observa también está signado por dicho defensor. Lo que hace evidente que éste ya había tenido comunicación con los detenidos, aquí quejosos, desde antes de las 14:00 horas del trece de febrero de dos mil veintidós, como se advierte del sello de recepción de dicho escrito. Mismo que si bien, en el presente juicio de amparo, el defensor privado de los quejosos señaló que no se recibió a esa hora sino antes, esto es, a las 13:00 horas del mismo día, en nada le beneficia, al contrario, le perjudica, porque con ello acredita que sí mantuvo comunicación con los quejosos, pero, antes de esa hora. Además, no es suficiente para desvirtuar lo que alega el defensor privado de los quejosos directos en el sentido de que se le apoyó para que ese escrito se firmara, pero que nunca tuvo la comunicación, porque es evidente que sí mantuvo contacto con dichos quejosos, lo que le permitió elaborar y signar dicho escrito. Adicionalmente, de la diligencia actuarial referida se advierte que los propios quejosos reconocen que sí mantuvieron comunicación con la defensora pública que les fue asignada y uno de ellos -Abisaid Andrade Marín- aceptó que tuvo comunicación vía telefónica con uno de sus familiares. De esta manera, aunque el diverso quejoso -Alcibiades Andrade Benítez y/o Alciviades Andrade Benítez no realizó llamada telefónica, ello no es suficiente para desvirtuar que la autoridad responsable le hubiera negado tal derecho, a más de que éste, ante la presencia del actuario de la adscripción, no expresó encontrarse en una situación de incomunicación. En ese contexto, no existen indicios razonables que acrediten que los quejosos se encontraran incomunicados, dado que sí mantuvieron comunicación -o pudieron tenerla-, por esa razón, es evidente que no existe tal acto reclamado. Además, se advierte que el defensor privado sí tuvo acceso a la carpeta de investigación, pues el mismo día -trece de febrero de dos mil veintidós-, a las 19:00 horas se le notificó el acuerdo en el cual se autorizó como defensor privado y al día siguiente a las 07:56 horas, recibió las copias autentificadas como se advierte de la constancia respectiva en la que plasmó su firma de conformidad. Ello con independencia de que la constancia de entrega de las citadas copias se hubiera realizado hasta el día siguiente en temprana hora. Lo anterior porque la responsable allegó la constancia de notificación personal de trece de febrero de dos mil veintidós a las 19:00 horas, efectuada por el Agente Segundo del Ministerio Público de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en la que se hizo constar que le entregó copias autentificadas de la carpeta de investigación de origen. Documental que no fue objetada en cuanto a su contenido, por lo que tiene el valor probatorio suficiente para acreditar que el mismo día en que fue autorizado como defensor privado, tuvo acceso a la citada carpeta de investigación. Sin que pase inadvertido que la autoridad responsable señaló que los quejosos directos ya no se encuentran a su disposición, en razón de que, a partir del catorce de febrero de dos mil veintidós a las 05:00 horas, quedaron a disposición del Juez de Control de la Región de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y actualmente se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1, ubicado en la ciudad de Charo, Michoacán. Lo que acredita aún más que actualmente no se encuentren en un estado de incomunicación por la autoridad responsable. Por lo anterior, es que resulten inexistentes los actos reclamados. Por último, se precisa que si bien se advierte de la constancia actuarial citada que los quejosos refirieron ser víctima de violencia física por parte de la autoridad responsable, también lo es, que el diligenciario, ejerciendo fe pública, asentó que no apreciaba a simple vista rastros de dicha violencia en los quejosos. De ahí que al tener esa actuación pleno valor probatorio y no estar desvirtuado su contenido, se tiene como inexistente tal afirmación, para, en su caso, dar vista a la autoridad correspondiente. En las relatadas circunstancias, ante la inexistencia del acto reclamado, se actualiza la hipótesis legal prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en consecuencia debe sobreseerse en el presente juicio. Por otro lado, dado el sentido de la presente resolución, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea el peticionario de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo indirecto, promovido por Abisaid Andrade Marín y Albiciades Andrade Benítez y/o Alciviades Andrade Benítez, en relación con los actos reclamados al Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, por las razones señaladas en el considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.

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