Abraham Daniel Silva Martínez
Expediente 675/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 675/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 12/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Abraham Daniel Silva Martínez
- Oswaldo García jarquin, Presidente Municipal Constitucional de Oaxaca de Juarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se concedió y se negó la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se concedió y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la depuración del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, debiendo conservarse el auto y la interlocutoria en que se concedió la suspensión solicitada. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las trece horas con cincuenta minutos del dieciséis de julio de dos mil veintiuno, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, con el secretario Gamaliel Sánchez Cruz procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 675/2021, entre las que se encuentran las siguientes: (i) la demanda de amparo, (ii) el auto de diecisiete de junio del año en curso, donde se admite a trámite el escrito inicial y (iii) los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Por otra parte, doy cuenta al Juez con la razón levantada por el actuario adscrito a este juzgado, en la que hace constar la imposibilidad que tuvo para hacer entrega del oficio 16897/2021 dirigido a Hermelindo Aquileo Sánchez Castellanos, Comisionado de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Oaxaca de Juárez, ya que al constituirse en la secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Oaxaca de Juárez, fue informado por la encargada de recibir notificaciones que dicha persona ya no ocupa ese cargo. De igual forma certifico que al comunicarme a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Oaxaca de Juárez, fui atendido por Daniela Álvarez, administrativo de dicha dependencia, quien manifestó que la autoridad responsable señalada como Comisionado de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Oaxaca de Juárez, ya no existe desde el año dos mil diecinueve, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Enseguida, el Juez tiene por hecha la relación de las constancias que antecede y vista la razón actuarial así como la certificación secretarial, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, se deja de tener como responsable a dicho ente público, por lo que no se emitirá pronunciamiento alguno en esta resolución respecto a dicho ente público. Etapa probatoria. En esta fase se hace constar que las ofrecidas por la parte quejosa y las autoridades responsables, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Etapa de alegatos. En este estadio de la audiencia se hace constar que ninguna de las partes formuló alegato alguno, por lo que se cierra dicho período; luego, al no existir diligencias pendientes por realizar se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 675/2021 promovido por Abraham Daniel Silva Martínez, en contra de los actos de las autoridades que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio del quejoso, las autoridades señaladas como responsables dictaron la orden verbal o escrita por parte de las autoridades responsables de desalojarlo, expulsarlo, desocupar, echar o desahucio del local que tiene ubicado en exterior del mercado "Benito Juárez Maza y artesanías José Perfecto García", caseta número 303, sobre la Calle 20 de noviembre, Centro, Oaxaca de Juárez; exhibiendo al efecto copia certificada del recibo de pago GRL00000000109280, expedido a su favor por el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en relación al contrato 1050000012095, Mercado Benito Juárez, tipo de puesto: caseta número de puesto 303, sin zona, metraje de largo 3.30 metros largo y de ancho 3.44 metros, giro jarcería, correspondiente al año dos mil veintiuno. Por ello, estima que dichas autoridades violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Abraham Daniel Silva Martínez, promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito recibido en este juzgado el pasado diecisiete de junio del año en curso, en contra de los actos y las autoridades que más adelante se precisarán. Por acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, la cual registró con el progresivo 675/2021; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que pretenden ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme señaló como autoridades responsables al Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Regidor de Bienes, Panteones, y Servicios Municipales y De Mercados y Comercio en la Vía Pública, al Director del Gobierno, al Director de Seguridad Publica, Vialidad y Protección Ciudadana, al Comisionado de Seguridad Pública y Vialidad, todos del Municipio de Oaxaca de Juárez y al Administrador del Mercado "Benito Juárez Maza y Artesanías José Perfecto García", de quienes reclamó la orden verbal o escrita por parte de las autoridades responsables de desalojarlo, expulsarlo, desocupar, echar o desahucio del local que tiene ubicado en exterior del mercado "Benito Juárez Maza y artesanías José Perfecto García", caseta número 303, sobre la Calle 20 de noviembre, Centro, Oaxaca de Juárez; exhibiendo al efecto copia certificada del recibo de pago GRL00000000109280, expedido a su favor por el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en relación al contrato 1050000012095, Mercado Benito Juárez, tipo de puesto: caseta número de puesto 303, sin zona, metraje de largo 3.30 metros largo y de ancho 3.44 metros, giro jarcería, correspondiente al año dos mil veintiuno. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables, porque al rendir sus informes justificados negaron la existencia de esas actuaciones, como se advierte del cuadro siguiente: Autoridad responsable Sentido del informe La Jefa de la Unidad Jurídica de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana, quien dio respuesta al oficio girado al director de dicha dependencia. Niega El subdirector jurídico del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quien dio respuesta a los oficios dirigidos al Presidente Municipal, al Regidor de Bienes, Panteones y Servicios Municipales y de Mercados y de Comercio en la vía pública, al Director de Gobierno todos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, así como al Administrador del Mercado "Benito Juárez Maza y Artesanías José Perfecto García". Niega Por otro lado, debe destacarse que la parte quejosa no desvirtuó tales negativas, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." No obsta lo anterior, el hecho que de la documental que acompañó el subdirector jurídico del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quien dio respuesta al informe solicitado al Administrador del Mercado "Benito Juárez Maza y Artesanías José Perfecto García", se advierta que este último, manifiesta que tiene conocimiento que el quejoso cuenta con el giro autorizado de jarcería; sin embargo, reciente comenzó a trabajar la venta de ropa típica, lo cual es una falta al reglamento de mercados; sin que por ese motivo haya realizado los actos que se le reclaman, aunado a que dirimir las cuestiones la autorización de giro que tiene el quejoso no puede ser analizada en este amparo ya que la misma no forma parte de la Litis. En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos reprochados a las referidas entidades públicas. VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto a los actos impugnados a los entes públicos responsables. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Abraham Daniel Silva Martínez, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado señalado en la cuenta. Dese vista a las partes. Notifíquese.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
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