Abraham Carreño Pérez

Expediente 1233/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1233/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
18/02/2022

Partes del expediente

  • Abraham Carreño Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: I. En este expediente por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se negó la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el veinticinco de noviembre siguiente, se negó la definitiva solicitada; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. II. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 8.1.2. punto 3 relativo al tratamiento del incidente de suspensión (original) del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. V. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. VI. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. VII. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1. relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    "En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, junto con el Secretario de acuerdos, Rodrigo Rodríguez Ibarra, procede a celebrar la audiencia constitucional del presente juicio de amparo, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el Secretario hace una relación de las constancias que obran en el expediente relativo, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demandas de amparo promovidas por Abraham Carreño Pérez (ii) auto preventivo de once de noviembre de dos mil veintiuno,(iii) escrito aclaratorio del quejoso, (iv) auto de dieciocho de noviembre donde se admitió a trámite la demanda de amparo, (v) emplazamiento realizado al tercero interesado Adelfo Jarquín Avendaño, (vi) informe justificado rendido por Juez de Control en Materia Penal del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca. Acto seguido, el Juez Quinto de Distrito en Estado de Oaxaca, tiene por hecha la relación de constancias; por tanto, se ordena pasar a la siguiente etapa de la audiencia. Etapa probatoria. En esta fase se hace constar las aportadas por la autoridad responsable las cuales anexo a su informe justificado así como las ofrecidas en auto de seis de diciembre del año pasado. El Juez acuerda. Con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas enunciadas y al no haber diligencias pendientes que resolver se ordena pasar a la siguiente etapa. Etapa de alegatos. En esta etapa se hace relación de los hechos valer por el Agente del Ministerio público adscrito a este Juzgado, acordados el nueve de diciembre de dos mil veintiuno; haciéndose constar que ninguna de las demás partes formuló alegatos. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por vertidos los alegatos formulados por la quejosa y toda vez que las partes no ejercieron su derecho a alegar, se cierra dicho período; luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se dicta la siguiente:S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1233/2021, promovido por Abraham Carreño Pérez. ANTECEDENTES Según consta en autos, la autoridad señalada como responsable mediante audiencia de diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, le impuso la prisión preventiva justificada en autos de la causa penal 259/2020. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO El diez de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el quejoso presentó un escrito de demanda, mediante la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la prisión preventiva justificada que le impuso la responsable en audiencia de diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, en autos de la causa penal 259/2020 La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 20 apartado "B" fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda fue remitida a este órgano jurisdiccional, por razón de turno, admitiéndose a trámite, donde quedó registrada con el número 1233/2021, solicitó informe justificado a la responsable, dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio público adscrito y emplazó al tercero interesado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y los actos reclamados tendrían ejecución en donde este juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: La audiencia de diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, donde la autoridad responsable le impuso la prisión preventiva justificada en autos de la causa penal 259/2020. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza de los citados actos reclamados, en relación con las autoridades responsables. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La autoridad responsable al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama. VI. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia de los actos reclamados. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." El suscrito advierte que respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables consistente en la falta de contestación a la petición de ocho de julio de dos mil veintiuno, y presentada el trece siguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y.". La causa de improcedencia prevista en el reproducido dispositivo, se actualiza cuando se advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en la cual éste se emitió, de manera que de estimarse fundada la violación alegada, tornaría jurídicamente imposible restituir al peticionario de amparo en el goce del derecho fundamental vulnerado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia protectora, pues modificado el acto reclamado, sin haber dejado huella en la esfera jurídica del gobernado susceptible de reparación, impide que ese acto y sus efectos trasciendan; y por ende, que el fallo protector cumpla con su finalidad. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, correspondiente al mes de Agosto del 2000, página 357, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De igual modo, la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el del Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo VII, abril de 1998, página 241, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". Ahora bien, en el caso a estudio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia invocada, en virtud que como se aprecia de las constancias remitidas por el Juez responsable y recibidas en este Juzgado el seis de diciembre del año pasado, las cuales consisten en un DVD en copia certificada que la responsable aportó al presente juicio de amparo, continente del registro de audio y video de la audiencia incidental de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno en autos de la causa penal 259/2020, documental a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se advierte que el aquí tercero interesado Adelfo Jarquín Avendaño, victima en la causa penal referida otorgó el más amplio perdón al aquí quejoso Abraham Carreño Pérez. En efecto, en el presente asunto dejó de existir el objeto material de los actos reclamados con motivo del perdon otorgado al disidente y con ello el sobreseimiento parcial de la causa penal de mérito; por lo cual, ningún efecto práctico tendría pronunciarse de fondo sobre una acto que no podrá materializarse, ante la modificación de la situación jurídica que originó el acto controvertido, mismo que no dejó huella en la esfera del peticionario de amparo susceptible de reparación en virtud de que con el sobreseimiento de la causa penal por cuanto hace al quejoso se volvieron las cosas al estado en que se encontraban hasta antes del dictado del acto material de la litis a estudio. En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado por lo que a dicho acto respecta, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de actos que han quedado sin efecto y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. VII. DECISIÓN Consecuentemente, al hacerse patente la causa de improcedencia analizada en el apartado que antecede, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Abraham Carreño Pérez, en contra del acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, en términos del considerando VI de la presente resolución. Notifíquese."

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial, se advierte que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra de licencia, por lo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 44, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el secretario encargado se encuentra imposibilitado para firmar sentencias, salvo aquellas de carácter urgente, en cuyo caso el presente asunto no encuadra. En tales condiciones, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las QUINCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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