Abraham Alexander Manzanero Salazar

Expediente 1006/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1006/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
28/10/2019

Partes del expediente

  • Abraham Alexander Manzanero Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que mediante proveído de dieciocho de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a la parte quejosa el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, sin que a la fecha desahogara la vista concedida. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia firmada el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, emitiera por escrito el acuerdo correspondiente a la petición que recibió el once de julio de dos mil diecinueve, en la cual debió indicarle la razón y fundamento legal por el cual tiene retenido el numerario de mérito, en el entendido que de no haber alguna, debía devolvérselo de inmediato, sin condición alguna, previa constancia que levantara de su entrega y recepción y notificar al amparista la respuesta respectiva. Por acuerdo de ocho de octubre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la resolución de mérito y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, en representación del Secretario de esa corporación policíaca, remitió el oficio SSP/DJ/36284/2019, de fecha catorce de octubre en curso, recibido por auto de quince de octubre siguiente, con el que comunicó y acreditó que mediante misiva SSP/DJ/36283/2019, de once de octubre de esta anualidad, se dio contestación a la solicitud formulada por el aquí quejoso el once de julio de dos mil diecinueve. Posteriormente, mediante oficio SSP/DJ/36876/2019, de diecisiete de octubre de esta anualidad, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del acta devolución de fecha diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, en la que, en atención a lo solicitado por el aquí quejoso el once de julio de dos mil diecinueve, se hizo constar la entrega de la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos, moneda nacional), al aquí quejoso Abraham Alexander Manzanero Salazar, que le fue retenido con motivo de una detención administrativa. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la referida autoridad se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, ya que atendió cabalmente los puntos relativos a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los presentes autos, se acuerda: agréguese el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, así como el anexo que acompaña, que remite en relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en el presente asunto, del que se advierte que, el diecisiete de octubre último, el aquí quejoso se apersonó a las Instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, y en atención a su petición formulada el once de julio de esta anualidad, se le hizo entrega de la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos, moneda nacional), que le había sido retenida con motivo de una detención administrativa. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga con relación a lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los presentes autos, se acuerda: agréguese el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, así como el anexo que acompaña, que remite en relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en el presente asunto, del que se advierte que mediante oficio SSP/DJ/36283/2019, de fecha once de octubre de esta anualidad, se dio contestación a la petición formulada por el aquí quejoso el once de julio de esta anualidad. En atención a lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días hábiles, remita a este Juzgado la constancia de notificación relativa al oficio SSP/DJ/36283/2019, de fecha once de octubre de esta anualidad, a fin de proveer lo que en derecho corresponda con relación al cumplimiento de la sentencia constitucional. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a los artículos 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de octubre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado el diecinueve de septiembre del año en curso, con apoyo en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquélla, se declara que la expresada resolución que en su punto resolutivo primero concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra del acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, residente en esta capital, HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase al secretario responsable, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo al agraviado en el goce del derecho humano violado como lo dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

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