Abogados Consultores en Inversión Empresarial, Sociedad Civil Particular

Expediente 276/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
276/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
23/05/2019

Partes del expediente

  • Abogados Consultores en Inversión Empresarial, Sociedad Civil Particular

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el escrito signado por AARÓN IVÁN VILLALOBOS ZAPATA, apoderado legal de la quejosa ABOGADOS CONSTRUCTORES EN INVERSIÓN EMPRESARIAL, Sociedad Civil Particular; y en atención a su contenido, téngase como autorizada a Mónica Estefanía Puc Estrella pero con las limitaciones a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en su segundo párrafo, parte final, hasta en tanto acredite ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que por acuerdo de veintiocho de febrero del año en curso, se autorizó la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, no habiendo impedimento legal alguno, devuélvase al ocursante el documento que solicita, por los conductos que indica, previa toma de razón y recibo que del mismo se deje en estos autos. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de fecha veintiocho de febrero del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones relativas en el libro de gobierno correspondiente, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA, DE CONFORMIDAD CON LOS AR´TICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Visto: agréguese a este expediente el escrito de cuenta signado por **, con el que intenta interponer el recurso de queja en contra del acuerdo dictado en este asunto el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Ahora bien, toda vez que el apoderado ocursante únicamente exhibió con su promoción de cuenta el original del escrito de agravios del recurso que intenta, por tanto, con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte recurrente para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente, al en que surta efectos, la legal notificación que se le realice de este proveído, exhiba una copia del mismo. Lo anterior, en razón de que el original que presentó ante este órgano jurisdiccional, será remitido en su oportunidad al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, y la copia será agregada a estos autos. Apercíbase a la parte quejosa, que de no cumplir con lo anterior dentro del término concedido para tal efecto, se tendrá por no interpuesto el aludido recurso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por *********, en su carácter de apoderado legal de *********, Sociedad Civil Particular, personalidad que se acredita con el testimonio de escritura pública**, pasada ante la fe del Notario Público ** del Estado, con sede en esta ciudad, contra el acto que reclama de la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, que hace consistir en: La resolución de once de enero de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de revocación que la aquí quejosa interpuso en contra del proveído de quince de noviembre de dos mil dieciocho, en autos del juicio ejecutivo mercantil ** del índice de la responsable. Fórmese expediente, regístrese con el número 276/2019-II-B, que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, como ya se dijo, la parte quejosa reclama la resolución de once de enero de dos mil diecinueve, dictada en autos del juicio ejecutivo mercantil ** que promovió en contra de los aquí terceros interesados **. Determinación en la que se declaró improcedente el recurso de revocación que interpuso en contra del auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se determinó que no era necesario que el actor ofreciera pruebas con base en la calidad de prueba preconstituida que le revestía al título de crédito en los juicios ejecutivos, y que solamente la parte demandada tenía el deber de probar sus excepciones, por lo que desechó las pruebas que ofreció. A criterio de quien esto resuelve, debe decirse que en el caso se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, el último interpretado a contrario sensu. En este orden de ideas, los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: ":..ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:. . III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley." De los artículos transcritos se desprende que el amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el acto reclamado establecido en párrafos que anteceden, no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos, como enseguida se desarrollará. Se puntualiza que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutela la Constitución y los tratados, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, etc., porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Así las cosas, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. De esta suerte, independientemente de que el acto reclamado pueda afectar derechos fundamentales, lo cierto es que tal circunstancia no determina que cause un gravamen de imposible reparación a la quejosa, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y los tratados, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que no acontece en el caso. Así es, el acto reclamado en esta vía no está en pugna con la existencia de la parte quejosa, con sus propiedades o con la libertad de disposición de sus bienes, etcétera, ya que solamente se refiere a la resolución que declaró improcedente el recurso de revocación que hizo valer en contra del auto que no admitió a trámite una prueba testimonial, el cual, por su naturaleza, no afecta directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución y los tratados internaciones suscritos por el Estado Mexicano. Además de que ello no implica en forma necesaria que la resolución con la que culmine el procedimiento de que se trata vaya a ser contraria a sus intereses, pues aún existe la posibilidad de que le sea benéfica, aspecto en que descansa la calificativa de que no se está en presencia de un acto que tenga una ejecución irreparable. Asimismo, cabe señalar que en el caso de que la sentencia con que culmine el procedimiento de origen, sea adversa a los intereses de la parte impetrante del amparo, las infracciones procesales de mérito serán combatibles al promoverse, en su caso, el juicio de amparo directo en su contra, por afectar sus defensas al trascender al resultado del fallo, acorde a lo dispuesto en los artículos 170, fracción I y 172 fracción III de la Ley de Amparo, que estatuyen, el primero, que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; y el segundo numeral comentado, dispone que en los juicios seguidos ante tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la Ley, así como en los demás casos análogos, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..," lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Criterio que se encuentra visible en la jurisprudencia identificada con la nomenclatura P./J. 37/2014 (10a.), que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese orden de ideas, si en el caso la parte inconforme reclama la resolución de once de enero de dos mil diecinueve, que declaró improcedente el recurso de revocación que interpuso en contra del auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se desecharon las pruebas que ofreció en autos del juicio ejecutivo mercantil de origen, mismo que no afecta de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, se concluye que la demanda de amparo es de manifiesta, notoria e indudable improcedencia, pues el acto reclamado sólo constituye, una infracción procesal que puede ser remediada en favor de la parte inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo en el juicio de origen. De tal manera, que el acto reclamado en cita, en términos del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no ser un acto de imposible reparación, en su contra resulta improcedente la promoción del juicio de amparo. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción V, y 172, fracción III, interpretados los últimos en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 de la invocada ley, se desecha la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de demanda y como su autorizado a ** para los efectos indicados en el escrito de promoción. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente a la parte promovente y regístrese.

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