Abraham Alatriste Sosa

Expediente 416/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
416/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
28/06/2019

Partes del expediente

  • Abraham Alatriste Sosa

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los numerales 98 de la legislación reglamentaria, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho acuerdo. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el diverso 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, en autos no constan documentos originales y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo.

  2. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido al quejoso para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de seis de junio en curso, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, por lo que únicamente se proveerá respecto del acto de ejecución reclamado de la autoridad que no formó parte de la referida prevención. Así, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este juzgado considera que debe desecharse de plano la demanda, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los dispositivos 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena ejecuta, o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. .". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; .". Bajo este marco jurídico, es claro que los Tribunales de la Federación conocen de los juicios de amparo contra normas generales, actos u omisiones, de las autoridades que violen derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección; esto es, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, es necesario que el ente del Estado contra el que se sigue el juicio, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute, o trate de ejecutar una norma de carácter general o un acto que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En relación con lo que debe entenderse por autoridad responsable, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Precisado lo anterior, del escrito de demanda se advierte que quienes pudieron haber librado la orden de aprehensión o presentación, son aquellas autoridades judiciales señaladas como ordenadoras. Por tanto, es incuestionable que en el caso se actualiza la causal de improcedencia aludida, toda vez que no es jurídicamente posible admitir la demanda respecto de la ejecución de una orden como la reclamada, si las autoridades inicialmente señaladas como ordenadoras, ya no tienen calidad de parte en el presente controvertido, más aún cuando dicha ejecución no se reclama por vicios propios. En tales condiciones, como se adelantó, con fundamento en el artículo 113 de la ley reglamentaria, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente.

  3. Principal

    Ciudad de México, a seis de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Abraham Alatriste Sosa, contra acto(s) de los "JUECES DE CONTROL CON CEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO", y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 416/2019. Previo al análisis de la procedencia del juicio, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, el juez debe examinar el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, señalará con precisión en el auto relativo en qué consisten, a efecto de que la parte quejosa esté en posibilidad de corregirlas o subsanarlas, según sea el caso. En ese sentido, con fundamento en el último de los preceptos invocados, prevéngase al quejoso para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, mediante escrito, subsane las deficiencias en que incurrió, esto es: Proporcione algún dato que permita identificar en forma específica a los jueces de control que señaló como autoridades responsables, como son las Unidades de Gestión a las que se encuentran adscritos, o bien, los nombres completos de los servidores públicos que encarnan dichas autoridades, en tanto la forma en que señaló la denominación es genérica. Lo anterior, pues de conformidad con el numeral 51 Bis de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, así como de la página de internet oficial de dicho Tribunal, se advierte que los jueces del Sistema Procesal Penal Acusatorio de esta ciudad están adscritos a Unidades de Gestión, cuya representación recae en un juez de Trámite, de ahí que se justifique prevenirle en el sentido apuntado. Bajo esas consideraciones, no debe perderse de vista que en el juicio de amparo el señalamiento de las autoridades responsables, debe ser de tal forma que permita su específico emplazamiento, ya que de la interpretación sistemática del precepto 108, fracción III, en relación con el 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I, de la ley reglamentaria, se advierte que es obligación de este juzgado practicar el emplazamiento y las notificaciones a las mismas por medio de oficio que se entregue en el domicilio de su oficina principal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la página 186 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, septiembre de 1993, de rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS". Lo expuesto, en virtud de que a pesar de tratarse de un asunto en materia penal, la suplencia prevista en el dispositivo 79, de la ley reglamentaria, no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que la parte quejosa señaló, como lo es la indicación de las autoridades responsables. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que aparece publicada en la página 593 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, del rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO". Superado el anterior punto, bajo protesta de decir verdad, como parte de los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, indique los motivos por los cuales señala específicamente como autoridades responsables, a los referidos jueces, en tanto en los hechos que narra indica que "fui informado por un vecino que se habían presentado a mi domicilio dos personas que se ostentaron como Agentes de la Policía Judicial de la ciudad de México, quienes tocaron la puerta de mi domicilio, pero como no había nadie que les abriera la puerta le preguntaron a él, la hora en que encontraría ya que contaban con una orden de aprehensión y/o presentación en mi contra y que pensaban ejecutarla"; sin embargo, no aporta algún otro elemento que permita establecer, por lo menos indiciariamente, que aquellas autoridades judiciales hubiesen participado en la emisión del(los) acto(s) reclamado(s). Para ello, se considera necesario que realice una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo que resultan relevantes para conocer la verdad legal, pues dados los términos en que se encuentra redactada la demanda, no se cuenta con mayores elementos para acordar lo que en derecho corresponda. Máxime que para la admisión de la demanda de amparo indirecto es necesario que se reúnan los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, entre los que se encuentra el precisado en la fracción V, que dice: "...Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación...". En el entendido de que el requerimiento que se formula únicamente podrá desahogarlo el justiciable, no así sus autorizados, pues por una parte, si bien el precepto 12 de la Ley de Amparo confiere determinadas facultades a quienes son nombrados en esos términos, el señalamiento de los elementos del juicio, sólo corresponde al titular de la acción constitucional de amparo, y por otra, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, agosto de 2014, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD', ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". Con la precisión de que al desahogar tal requerimiento, deberá proporcionar las copias necesarias del escrito aclaratorio y del impreso de demanda, para correr traslado a cada una de las partes, así como para aperturar el incidente de suspensión. Ilustra al respecto, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Apercibido que de no dar cumplimiento íntegro a lo anterior, se proveerá únicamente respecto del acto reclamado de la autoridad que no formó parte de esta prevención. Como se solicita, notifíquese este proveído y las subsecuentes determinaciones a la parte quejosa, mediante lista de acuerdos que se publica en este juzgado, y ténganse por autorizadas a las personas mencionadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones, en razón de que no se proporcionaron los datos correspondientes que acrediten que se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado.

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