Abel Salazar Ramírez

Expediente 529/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
529/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
15/08/2018

Partes del expediente

  • Abel Salazar Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a quince de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio procedente del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, a través del cual se acusa recibo del diverso 19074/2018, por el que se remitió el juicio de amparo 529/2018, promovido por Alejandro Sebastián Camacho Díaz y se informa que dicha autoridad aceptó la competencia planteada, avocándose al conocimiento del citado controvertido. Ahora, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, al tratarse de un cuaderno de antecedentes y no existir documentos originales, de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, del acuerdo en cita, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veinte de febrero de dos mil diecinueve.

  2. Principal

    Ciudad de México, a dos de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de cuenta, promovida por Abel Salazar Ramírez, por conducto de su defensor, contra el acto reclamado del Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el orden 529/2018. Ahora, de la lectura de la demanda, se advierte que el acto reclamado es la interlocutoria de ocho de junio del año en curso, emitida en el incidente de libertad preparatoria SD 374/2017. Expuesto lo anterior, es menester puntualizar que las cuestiones de competencia son de orden público y oficioso pronunciamiento. Esto, con base en la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVII, que dispone: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Asimismo, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De este dispositivo se obtiene, en lo que interesa, que en relación con los actos reclamados que requieran ejecución material, como en el caso se actualiza, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, si se toma en cuenta que el amparista está privado de su libertad personal en el Centro de Ejecución de Sanciones en Matamoros, Tamaulipas, purgando la pena de prisión impuesta en la causa 20/2011, del registro del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, respecto de la cual solicitó el beneficio de libertad preparatoria, es inconcuso que este órgano de control constitucional carece de competencia, por razón de territorio, para conocer de la demanda, pues el acto reclamado tiene ejecución en el Estado Tamaulipas, con residencia en Matamoros. En ese contexto, de conformidad con la fracción XIX, párrafo tercero, del punto cuarto del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que la competencia legal se surte a favor del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, que ejerce jurisdicción en el lugar donde se ejecuta el acto reclamado. Es aplicable, en lo conducente, dado que no se opone a la ley de la materia vigente, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 633 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, Abril de 2014, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido". Consecuentemente, fórmese cuaderno de antecedentes y remítanse los autos originales al juez que se estima competente para conocer del asunto, a quien se solicita acuse de recibo vía fax. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado, y por autorizada a la persona mencionada, únicamente para tales efectos, hasta en tanto, de ser el caso, acredite que se encuentra legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues no se proporcionan los datos correspondientes. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte que corresponda, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el artículo 27 de la ley señalada, sin necesidad de posterior acuerdo.

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