Abraham Ahnuar Medrano García
Expediente 562/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 562/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Abraham Ahnuar Medrano García
Actuaciones
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la secretaria de acuerdos adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada dentro del conflicto competencial penal 14/2023, la cual se resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. Es legalmente COMPETENTE el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, para conocer de la demanda de amparo promovida por el quejoso. TERCERO. REMÍTANSE los autos y testimonio anexo de esta resolución, al aludido Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan de Distrito, para que se avoque al conocimiento del asunto en referencia; y con testimonio de esta ejecutoria, comuníquese al diverso juez contendiente el resultado del fallo." Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Magistrado Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración documental. Este expediente es destruible, una vez cumplidos seis meses de que se emite el presente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. No existe. Expediente electrónico. En el entendido que el secretario de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; uno de junio de dos mil veintitrés. Cheque a disposición. Agréguese a sus antecedentes, el comunicado de cuenta signado la autoridad responsable, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el sentido de que emitió en favor de la parte quejosa, el cual se encuentra a su disposición en las oficinas de dicha dependencia. Vista. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que acuda a la oficina que se indica, recoja el cheque, y lo haga efectivo, lo que debe hacer del conocimiento de este juzgado en cuanto ello suceda; asimismo, se le da vista con constancias que obran en el presente juicio de amparo, para que manifieste lo que a su interés convenga. Se comisiona. Ahora bien, con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción, para que notifique el oficio de cuenta a la parte quejosa, y le manifieste que en las oficinas de la autoridad responsable fue puesto a su disposición el cheque a su nombre con motivo del cumplimiento del fallo protector, para que acuda a recogerlo con documento oficial que le identifique. Requerimiento. Requiérase a la quejosa para que en el plazo de tres días, contado a partir de que sea legalmente notificada de este proveído, informe si ya compareció a recoger el cheque en las instalaciones de la autoridad responsable. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no comparecer dentro del término que para tal efecto se le concede, o bien, no informar la imposibilidad que tenga para ello, este juzgado, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional con las constancias que obran en autos y se le tendrá por desinteresada. Se requiere cumplimiento . Por otra parte, se advierte que la responsable no ha dado cabal cumplimiento a la totalidad de los lineamientos de la ejecutoria de amparo; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, realice la desincorporación de la esfera jurídica de la parte quejosa de los artículos tildados de inconstitucionales y, remita constancia que acredite tal situación. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, el licenciado Jorge Trejo Veloz, secretario del Juzgado Primero de Distrito, solicitó a la licenciada Ma Elena Samaniego Carnero, secretaria encargada de la caja de valores de este órgano jurisdiccional, los billetes de depósito números N 922624 y N 922625, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $12,078.94 (doce mil setenta y ocho pesos 94/100 moneda nacional) y el segundo por la cantidad de $10,058.13 (diez mil cincuenta y ocho pesos 13/100 moneda nacional), los cuales fueron exhibidos para garantizar la suspensión definitiva concedida dentro de los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1305/2021, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, actualmente con el número de expediente 7/2022, del índice de este juzgado, los cuales se extraen para hacer la devolución al autorizado de la parte quejosa, toda vez que el seis de enero de dos mil veintitrés, bajo su más estricta responsabilidad, se puso a su disposición. TORREÓN, COAHUILA ZARAGOZA, A DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN LA LAGUNA. LIC. JORGE TREJO VELOZIncidente de suspensión
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a doce de mayo de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Jalisco, con el que devuelve la demanda de amparo promovida por Abraham Ahnuar Medrano García, contra actos del Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en Zapopan, Jalisco, del Juez Primero de Distrito en el Estado de Jalisco con residencia en Guadalajara y otras autoridades, e informa que no acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional por los motivos que señala en el mismo. Cuestión que este juzgado no comparte, pues se considera que el conocimiento de la demanda de amparo 562/2023-III-B, en estudio corresponde al Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Jalisco, en virtud de que el quejoso reclama la resolución dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en Zapopan Jalisco, por medio de la cual niega el amparo solicitado respecto de la sentencia emitida en el toca penal 96/2019, que a su vez confirmó la sentencia dictada en la causa penal 255/2013-IX, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, es decir, los efectos de las resoluciones reclamadas se trasladan directamente al proceso penal. Para arribar a esa conclusión, es imprescindible tener en consideración lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Se desprenden las hipótesis de competencia siguientes: 1. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Fijado lo anterior, de la primera de las hipótesis pueden derivarse cuatro supuestos específicos en los que se establece la competencia del Juez de Distrito de acuerdo a lo siguiente: a) el lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquél en donde: 1. El acto aún no ha sido ejecutado, y 2. En virtud de las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. b) El lugar en donde trate de ejecutarse, que es aquél donde la ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que, sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud, que del conjunto de los actos tendentes a consumar el acto, no fue posible el producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. c) El lugar en donde se ejecute, es aquél en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. d) El lugar en donde se haya ejecutado, es aquél en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos, actos de tracto sucesivo y actos consumados con efectos que se prolongan en el tiempo. Como puede verse del dispositivo legal antes reseñado, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto. Como se precisó, en el caso el acto reclamado es la resolución dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en Zapopan Jalisco, por medio de la cual niega el amparo solicitado respecto de la sentencia emitida en el toca penal 96/2019, que a su vez confirmó la sentencia dictada en la causa penal 255/2013-IX, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande. En ese orden de ideas, este Juez Primero de Distrito en La Laguna, estima que carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, atento a que el proceso penal de origen, se tramita ante la autoridad judicial con residencia en Puente Grande, Jalisco, y los efectos del acto reclamado se trasladan directamente al proceso penal, por ello, tiene ejecución material en dicha ciudad; es decir, la regla prevista en la primera hipótesis contenida en el mencionado artículo 37, transcrito anteriormente. Se sustenta lo anterior en tanto que respecto a un tema similar nuestro alto tribunal consideró que cuando el quejoso promueve amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal, atendiendo a que los efectos de auto de formal prisión se trasladan directamente al proceso, ello, obedeciendo a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial. El mencionado criterio quedó plasmado en la jurisprudencia 1a./J.118/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2183, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 160608, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." De lo anterior, se desprende que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos, es aquel en donde resida el órgano jurisdiccional de primer grado que conozca de la causa penal en el que se ejecuta el acto reclamado, siendo en este caso el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Jalisco. Además, advierte que cuando la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes, (el lugar donde el inculpado está recluido y en donde se instruye la causa penal), se debe atender a la naturaleza del auto de formal prisión, ya que sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En ese sentido, es claro que la competencia para conocer del presente asunto, se surte a favor del Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Jalisco, cuya jurisdicción reside el juez que conoce de la causa penal y no el que resida en la jurisdicción donde se encuentra el quejoso, puesto que la resolución reclamada se dictó por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en Zapopan Jalisco, por medio de la cual se negó el amparo solicitado respecto de la sentencia emitida en el toca penal 96/2019, que a su vez confirmó la sentencia dictada en la causa penal 255/2013- IX, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, por ende, dichos actos tienen ejecución material en el lugar donde se instruye la causa penal y no donde se ubica físicamente detenido el inculpado. Se reitera que atendiendo a la naturaleza del acto que se reclama, sus efectos se trasladan directamente al proceso y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que está sometido el quejoso, pues tal circunstancia maximiza el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 Constitucional. En ese sentido, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo que establece que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, por lo que la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la mencionada determinación, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 174, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." Ahora bien, este juzgador no inadvierte que se reclaman actos de un tribunal superior, y que incluso se puede tratar de una incompetencia en razón de grado, como señala el Juez Homólogo, sin embargo, este juzgador considera que en primer término debe analizarse la competencia por razón de territorio, como se sostuvo en auto de trece de abril de dos mil veintitrés. Por tanto, este órgano jurisdiccional, insiste en declinar la competencia de que se trata, por las razones expuestas en el proveído de trece de abril del actual y en el presente proveído; por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, al tratarse de una cuestión de competencia planteada entre jueces de distrito de la misma jurisdicción, remítanse los presentes autos, al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, residente en esta ciudad, para que determine lo que en derecho proceda respecto del conflicto que se ha suscitado para conocer de este juicio entre este tribunal federal y el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Jalisco, solicitando a su llegada el acuse de recibo correspondiente. Se ordena notificar al Juez remitente. Infórmese lo anterior al Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Jalisco. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico de este Juzgado de este juzgado. Notifíquese personalmente.
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