Abelardo de la Fuente Webb
Expediente 169/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 169/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Abelardo de la Fuente Webb
- Agente del Ministerio Público Adscrito A la Unidad de Investigación de Delitos de Robo de Vehiculos de la Fiscalia General del Estado de Durango
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; siete de junio de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza; siete de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que se declaró cumplida la sentencia de amparo, por lo cual en auto de esta fecha se declaró consentido el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Documentos originales. No existen Garantía. No otorgó. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración y el duplicado de destrucción, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las once horas con veinte minutos del once de marzo de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión de la licenciada Maribel Villanueva Salas, Secretaria que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación y los pedimentos de la Agente del Ministerio Público del Federación Adscrito. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos, en el que la Secretaria hace constar que el agente del Ministerio Público adscrito realizó manifestaciones en esta vía; a lo que el Juez acuerda: De acuerdo con el artículo 124 de la ley en la materia, téngase por hechas las alegaciones a dicha parte. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Abelardo de la Fuente Webb, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES. En cuanto ordenadoras y ejecutoras. 1.- Se señala como autoridad responsable de ORDENAR, al C. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Durango con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Lerdo, Durango. 2.- Se señala cómo autoridad responsable de ORDENAR, al C. Juez Segundo de Control y Enjuiciamiento de la Ciudad de Gómez Palacio, Durango con domicilio ampliamente conocido en dicha ciudad. 3.- Se señala como autoridad responsable de EJECUTAR al C. COMANDANTE DE LA POLICIA INVEVSTIGADORA DE DELITOS con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Lerdo, Durango, IV.-ACTOS RECLAMADOS. De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, la orden verbal y/o escrita de DETENCIÓN y/o APREHENSION y/o PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD y/o INVESTIGACIÓN y/o LOCALIZACION y/o PRESENTACIÓN MINISTERIAL que han decretado en mi contra dentro de la CARPETA DE INVESTIGACIÓN No. 2558/2021 y que pretenden ejecutar las restantes responsables por medio de agentes policiacos bajo su mando, con el temor fundado de que al detenerme se me apliquen golpes, tormentos y hasta privarme de la vida con tal de hacerme confesar delitos que no he cometido, así como cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo fue radicada por éste órgano jurisdiccional y procedió a la admisión de la misma en proveído de once de febrero de dos mil veintidós. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, carece de ejecución por ser de carácter omisivo y, además, la demanda de amparo fue presentada en el lugar en el cual este Juzgado de Distrito ejerce la jurisdicción referida. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa, es el siguiente: La orden de detención, aprehensión, privación de la libertad, investigación, localización y/o presentación ministerial. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Jueza Segunda de Control y Enjuiciamiento del Segundo, Tercero y Décimo Segundo Distritos Judiciales, con sede en Gómez Palacio, Durango, Comandante Regional de la Policía Investigadora de Delitos Zona III, Región Laguna, así como al Encargado de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Robo de Vehículo y agentes del Ministerio Público de su adscripción, ambos con residencia en Lerdo, Durango, al rendir su respectivo informe justificado negaron categóricamente los actos que se les reclamó, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. En efecto, ante la negativa precisa externada por las autoridades responsables al rendir su respectivo informe justificado, en torno al acto reclamado a ellas atribuidos, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones dichas autoridades se hallan en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos de que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin". Luego, si las autoridades negaron la existencia de los actos de que se trata y la parte promovente no desvirtuó tal negativa, es evidente que subsiste para efectos de este juicio de amparo, por lo cual, sin duda, son inexistentes los actos que nos ocupan. En congruencia con lo anterior lo procedente en la especie es, sin duda, sobreseer en este juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que imposibilita a quien resuelve a abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, desde luego, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el juicio respectivo. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección. Tesis: 284. Página: 305.) "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 187-192 Primera Parte. Página: 88.). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 509. Página: 335.). Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; a veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Escrito. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito signado por Wilfrido Castañeda Carrera, mediante el cual informa sobre el fallecimiento de la aquí quejosa Carolina Judith Ortiz Aguilar, con quien refiere estuvo casado bajo el régimen de separación de bienes; por tal motivo, solicita que en su momento se le haga entrega del pago relativo al cumplimiento de la sentencia. Consideraciones. Ahora bien, del escrito de cuenta aparece que se allegaron copias certificadas del acta de defunción de la referida quejosa, así como del acta de matrimonio que dicha persona tuvo con el citado promovente, por lo que se acredita tanto el deceso como el vínculo matrimonial en cuestión. No acuerda representación. No obstante lo anterior, aunque es cierto que el compareciente estuvo casado con la de cujus bajo el régimen de separación de bienes, en el caso, tal hecho por sí mismo no implica que pueda ser reconocido como representante legal de la aquí quejosa, puesto que en dicho régimen los cónyuges conservarán la propiedad y administración de los bienes que respectivamente les pertenecen y, por consiguiente, todos los frutos y accesiones de dichos bienes no serán comunes, sino del dominio exclusivo del propietario de ellos; es decir, no existe una representación común de los bienes adquiridos en caso de que uno de los cónyuges fallezca, de conformidad con los artículos 169 y 170 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza. Suspensión. En ese sentido, al no advertirse la existencia de una representación legal en favor de la peticionaria de amparo, por ende, de conformidad con lo que establece el artículo 16 de la Ley de Amparo, lo procedente es suspender el presente procedimiento durante el plazo de sesenta días, a efecto que dentro del mismo intervenga la sucesión; ello, considerando que el presente asunto involucra derechos patrimoniales de la quejosa, por lo que pueden ser reclamados por la sucesión respectiva. Requerimiento. Así las cosas y dado que a partir del fallecimiento de la quejosa sólo incumbe la defensa de aquél a su representante legal, o bien a su sucesión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, este juzgado federal considera necesario requerir al promovente Wilfrido Castañeda Carrera, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este acuerdo, informe si ya fue aperturada la sucesión de la quejosa Carolina Judith Ortiz Aguilar, y en su caso, proporcione el nombre y domicilio del albacea que fue designado, o bien del representante legal en caso de que existiera. En virtud de lo anterior, este juzgado se reserva proveer sobre la petición de pago que formula el compareciente, hasta en tanto comparezca la sucesión o en su caso se acredite con posterioridad la personalidad del solicitante como representante legal de la quejosa. Domicilio. Por otro lado, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Correo y número de teléfono. Finalmente, se tiene al promovente por señalando el correo electrónico gabrielab.ortiz@gmail.com, así como contacto telefónico el 8711221088; ello, para que se le brinde atención al justiciable en tratándose de comunicaciones no procesales, de conformidad con el artículo 5°, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al promovente.
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