Abisaid Andrade Marin
Expediente 130/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 130/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 26/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Abisaid Andrade Marin
- ABISAID ANDRADE MARIN y Otros.
- Alcibiades Andrade Benitez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado de los autos, así como de la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de los artículos 15 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. Ahora bien, por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 18, fracción I, inciso a) normativa invocada, procede su depuración, debiendo conservarse únicamente el proveído y resolución donde se concedió la medida cautelar. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con artículo 20, fracción II, inciso a), de la normativa de que se trata, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo tanto, manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. De igual manera, se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conversación, devuélvase a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio y Oral de la Región Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, un disco compacto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de septiembre de dos mil veintidós. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el oficio 1807/2022 firmado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal acusatorio y oral de la Región Lázaro Cárdenas, Michoacán, por medio del cual, acusa de recibo el comunicado 16728/2022 con el que se le hizo del conocimiento de la sentencia dictada en el presente juicio; circunstancia de la que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintidós (fojas 2 a 15), vía buzón judicial, registrado al día siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Uruapan, Michoacán y turnado en la propia fecha a este tribunal, Abisaid Andrade Marín y Alcibiades Andrade Benitez por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que más adelante se precisan. SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los numerales 6°, 13, 311, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los diversos 20 y 24 del Código Penal del Estado de Michoacán. TERCERO. Trámite. Por acuerdo de catorce de marzo del presente año (fojas 16 a 25), se radicó la demanda con el progresivo 130/2022-VI-O, se admitió a trámite, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, como se advierte de las constancias correspondientes y, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional; la cual previos diferimientos, se ventiló al tenor del acta que antecede y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 103 fracción I y 107, de la Constitución Federal; 1, 35 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, Acuerdo 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior teniendo en cuenta que en la especie se reclaman actos cuyos efectos materiales se verifican dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se destaca que el acto reclamado en el presente sumario es: El auto de vinculación a proceso dictado en contra de los quejosos en la causa penal 11/2022, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Lázaro Cárdenas, Michoacán. AUTORIDAD RESPONSABLE: N° AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME FOJA 1 JUEZA DE CONTROL y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL, REGIÓN LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN. ACEPTÓ 41 a 70 TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable identificada en el punto 1, aceptó expresamente su existencia al rendir su informe de ley. Certeza que se corrobora con los índices cronológicos, así como el archivo de audio y video contenido en el disco versátil digital relativo a las audiencias celebradas el catorce y su continuación de diecinueve, ambas de febrero del año en curso, dentro de la causa penal 11/2022; que alcanza pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que constituyen videograbación de la audiencia verificada por la responsable con certificación de la fecha y lugar en que fue realizada, así como de los hechos que contienen. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, de voz: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Así como, la jurisprudencia 1ª./J.43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, página 703, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. Causas de improcedencia. Las partes no invocaron causales de improcedencia, ni este juzgado advierte la existencia de alguna que amerite su estudio, por lo que se procede a abordar el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación. En ese contexto, los quejosos señalaron en su demanda de amparo como preceptos constitucionales vulnerados, en esencia, los numerales 14, 16 y 20, de la Carta Magna, y a título de conceptos de violación, indicó el siguiente: "Único. Se estima que el Juez de Control, autoridad responsable, violentó derechos fundamentales y procesales de los quejosos directos al estimar que no era factible excluir diversos datos de prueba como son los señalamientos realizados en las personas de los ahora imputados por parte de las siguientes personas. 1. Andrea Lizeth Ruiz Medrano, realizado a las doce horas con veinte minutos, del trece de febrero de dos mil veintidós, asistiendo a los imputados la defensa pública, aún y cuando ya se había anunciado que el nombramiento de defensor recaería en el licenciado en derecho Salvador Molina Navarro, y la fiscalía impidió sistemática y reiteradamente la materialización del derecho de designar defensor a los imputados y el ejercicio de defensa adecuada. 2. Francisco Ruiz Rodríguez, realizado a las doce horas con treinta minutos, del trece de febrero de dos mil veintidós, asistiendo a los imputados la defensa pública, aún y cuando ya se había anunciado que el nombramiento de defensor recaería en el licenciado en derecho Salvador Molina Navarro, y la fiscalía impidió sistemática y reiteradamente la materialización del derecho de designar defensor a los imputados y el ejercicio de defensa adecuada. 3. Juan Carlos Ruiz Medrano, realizado a las doce horas con cuarenta minutos, del trece de febrero de dos mil veintidós, asistiendo a los imputados la defensa pública, aún y cuando ya se había anunciado que el nombramiento de defensor recaería en el licenciado en derecho Salvador Molina Navarro, y la fiscalía impidió sistemática y reiteradamente la materialización del derecho de designar defensor a los imputados y el ejercicio de defensa adecuada. 4. Álvaro Caballero Alemán, realizado a las trece horas, del trece de febrero de dos mil veintidós, asistiendo a los imputados la defensa pública, aún y cuando ya se había anunciado que el nombramiento de defensor recaería en el licenciado en derecho Salvador Molina Navarro, y la fiscalía impidió sistemática y reiteradamente la materialización del derecho de designar defensor a los imputados y el ejercicio de defensa adecuada. 5. Andrea Lizeth Ruiz Medrano, realizado a las trece horas con diez minutos, del trece de febrero de dos mil veintidós, asistiendo a los imputados la defensa pública, aún y cuando ya se había anunciado que el nombramiento de defensor recaería en el licenciado en derecho Salvador Molina Navarro, y la fiscalía impidió sistemática y reiteradamente la materialización del derecho de designar defensor a los imputados y el ejercicio de defensa adecuada. 6. Francisco Ruiz Rodríguez, realizado a las trece horas con veinticinco minutos, del trece de febrero de dos mil veintidós, asistiendo a los imputados la defensa pública, aún y cuando ya se había anunciado que el nombramiento de defensor recaería en el licenciado en derecho Salvador Molina Navarro, y la fiscalía impidió sistemática y reiteradamente la materialización del derecho de designar defensor a los imputados y el ejercicio de defensa adecuada. 7. Juan Carlos Ruiz Medrano, realizado a las trece horas con treinta y cinco minutos, del trece de febrero de dos mil veintidós, asistiendo a los imputados la defensa pública, aún y cuando ya se había anunciado que el nombramiento de defensor recaería en el licenciado en derecho Salvador Molina Navarro, y la fiscalía impidió sistemática y reiteradamente la materialización del derecho de designar defensor a los imputados y el ejercicio de defensa adecuada. 8. Ma. Mirna Medrano Soto, realizado a las trece horas con cuarenta y cinco minutos, del trece de febrero de dos mil veintidós, asistiendo a los imputados la defensa pública, aún y cuando ya se había anunciado que el nombramiento de defensor recaería en el licenciado en derecho Salvador Molina Navarro, y la fiscalía impidió sistemática y reiteradamente la materialización del derecho de designar defensor a los imputados y el ejercicio de defensa adecuada. 9. Álvaro Caballero Alemán, realizado a las trece horas con cincuenta y cinco minutos, del trece de febrero de dos mil veintidós, asistiendo a los imputados la defensa pública, aún y cuando ya se había anunciado que el nombramiento de defensor recaería en el licenciado en derecho Salvador Molina Navarro, y la fiscalía impidió sistemática y reiteradamente la materialización del derecho de designar defensor a los imputados y el ejercicio de defensa adecuada. Pues bien, el Juez de Control ahora autoridad responsable estima que no es dable excluir estos datos de prueba consistentes en señalamiento en contra de los quejosos, debido a que no se violentó el derecho de defensa adecuada al momento de desahogarlos. Lo que no se comparte, pues en la audiencia de debate, la defensa de los aquí quejosos, expuso al Juez de Control, que se apersonó en las instalaciones de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, en punto de las 12:00 doce horas, del día 44 trece de febrero de dos mil veintidós, en donde fue atendido por el ministerio público, licenciado Luis Roberto Reyna Mendoza, a quien le hizo saber que contaba con un escrito firmado por los investigados que lo designaban como defensa a fin de que el profesionista -licenciado Salvador Molina Navarro- estuviese presente asesorando a los investigados al momento de los señalamientos, ya que éstos no habían comenzado, pues el primero de éstos tuvo verificativo a las doce horas con veinte minutos; esto es, veinte minutos después de que se le había informado al ministerio público que los investigados habían designado defensa particular para esas diligencias. Sin embargo, la fiscalía obstaculizó la materialización del derecho de los investigados de designar defensa conforme a sus intereses y voluntad, e impuso a la defensa pública para llevar a cabo sendos señalamientos. Obstaculizando e impidiendo con esto la materialización al derecho constitucional y convencional que tiene el investigado de designar a defensa conforme a sus intereses. Siendo que el ministerio público les impidió que el profesionista Molina Navarro, fuera quien estuviera presente al momento de los supuestos señalamientos, aún y cuando, el derecho de designar defensa les corresponde a los ahora quejosos y no al ministerio público, quienes, a pesar de haber ya externado su voluntad al firmar un escrito para que fueran asesorados por defensor particular, la Fiscalía impidió la materialización efectiva de ese derecho; y, lejos de esto, impuso a defensa pública que ya no contaba con legitimación para llevar a cabo sendos reconocimientos. Cabe señalar que incluso, cada uno de los reconocimientos de cuenta, se llevaron a cabo de forma autónoma e independientes, cada cual consto un acto diverso y no en una sola acta o un solo acto, sino que fueron diversos los actos; y, al menos desde las 13:00 trece horas en que el ministerio público decidió ya recibir el escrito que se le presentó desde las 12:00 doce horas, todos estos reconocimientos, indudablemente fueron llevados a cabo en contraversión de lo expuesto por el numeral 277 del Código Nacional de procedimientos penales, pues se realizaron, todos y cada uno, sin presencia del defensor que los investigados habían nombrado, sino que fue con defensa pública, que ya estaba revocada, pues en el escrito de nombramiento, incluso se revocaba cualquier otro nombramiento hecho con anterioridad. En este tenor, resulta inconcuso que el Juez responsable debió haber excluido los datos de prueba consistentes en los reconocimientos y determinar, sin tomar en consideración tales actos de investigación, el sentido de su resolución, imponiendo además las consecuencias legales del caso, por haber obstaculizado el ejercicio de defesa por parte de la fiscalía. Cabe destacar que igualmente se debe anular todos los datos de pruebas y actos de investigación derivados de dichos reconocimientos, ya que fueron obtenidos a razón de una violación constitucional y convencional, como lo es evitar, obstaculizar e impedir la materialización del ejercicio de defensa adecuada por profesionistas que los investigados escojan, sin que se dable que se les imponga o se impida que externen su voluntad al respecto." Lo anterior, como se expuso, resulta infundado toda vez que la parte quejosa no ofreció medio de prueba para robustecer su dicho; esto es, para demostrar que efectivamente no le fue permitido el ingreso a su defensor particular Salvador Molina Navarro a la hora y fecha de la audiencia en la cual se desahogaron los señalamientos que indica no debieron ser considerados al momento de vincular a proceso a los quejosos; de igual forma, los imputados aquí quejosos, en el desahogo de dichos señalamientos fueron asistidos por defensor público, por lo que no quedaron estado de indefensión como lo exponen en sus conceptos de violación; además, el juez de control en la continuación de la audiencia de diecinueve de febrero de dos mil veintidós, precisamente a las once horas con dieciocho minutos, precisó el motivo por el cual no era factible excluir dichos medios de convicción (reconocimientos), pues al respecto expuso: "cuando la defensa me indica que está viciado los reconocimientos por persona, porque no se hizo en presencia de él, ya que el comparece a la sede ministerial a las 13:00 horas y presenta un escrito porque se le niega el acceso para hablar con sus representados, ahora bien, por lo que me indica de un correo electrónico a mí no se me dio cuenta, pero considero por la urgencia debía de haberse comunicado con el jefe de causa para que el personal corroborara el envió del mismo, ni tampoco me fue informado ningún amparo por el juez federal por alguna detención fuera del procedimiento, además de que con la información que tengo no me permite excluir los reconocimientos por persona, analizando y concatenando toda la información tengo por justificada la probable intervención de los imputados en la participación en la comisión del hecho con apariencia de secuestro ni una causa de excluyente del delito". De lo anterior se desprende que el juez de Control no tenía conocimiento de que dicho defensor particular se encontraba en las instalaciones que alberga el centro de justicia y contaba con un escrito firmado por los quejosos en los que autorizaban al mencionado profesionista para que los asesorara en dicha audiencia. Por otro lado, en relación a la falta de fundamentación y motivación que aducen los quejosos carece dicho acto reclamado, es pertinente señalar que el artículo 20 constitucional establece, en efecto, que el proceso penal será acusatorio y oral, y que se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Asimismo, prevé en su fracción IV, última parte, que la presentación de los argumentos y los elementos probatorios, en el proceso penal acusatorio se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral. En ese sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone, en su artículo 44, que las audiencias se desarrollarán en forma oral, pero permitiendo a las partes auxiliarse de documentos o de cualquier otro medio. De igual forma, establece que el órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones, que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto. Con la precisión de que, en términos del aludido precepto, sólo se permite la lectura de documentos como apoyo de memoria, o para demostrar o superar contradicciones, previa autorización del juez que presida la audiencia. Por su parte, el artículo 311 del Código nacional aludido, concreta la forma oral en tratándose de la formulación de la imputación en la audiencia inicial, al señalar que una vez que el imputado esté presente en dicha audiencia, después de cerciorarse de que conoce sus derechos, el juez ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público "para que este exponga" al imputado, el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, el lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, en su caso. En suma, para lo que aquí interesa, puede decirse que, en observancia de la oralidad, como característica esencial del sistema penal acusatorio, el agente del Ministerio Público se encuentra obligado a formular su imputación oralmente, mediante una exposición de los aspectos esenciales que existen en contra del imputado (el hecho atribuido, su calificación jurídica preliminar, las circunstancias de comisión, forma de intervención y nombre de su acusador), absteniéndose en lo posible de leer documentos, salvo que ello lo realice, previa autorización del juzgador, únicamente como apoyo de la memoria, o para demostrar o superar contradicciones. Ahora bien, una vez analizada la audiencia inicial de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, en su versión de índice cronológico allegada a este expediente (fojas 52 a 54), se observa que no asiste razón jurídica a los quejosos cuando señala que se vulneró en su perjuicio el principio de adecuada defensa. En efecto, en la aludida audiencia se aprecia que el agente del ministerio público, al tener el uso de la palabra, a partir de las 12:11 horas expuso en forma puntual y precisa, mediante comunicación oral, las circunstancias de comisión del hecho atribuido, así como los datos de prueba que tenía en su poder, precisando con claridad la forma de intervención, y solicitando al juzgador la vinculación a proceso por el hecho considerado en forma preliminar como secuestro. Sin que se advierta evidencia alguna, en la propia audiencia, de que en su exposición el representante social hubiera dado lectura a un documento confeccionando al efecto, al grado tal que demostrara su falta de argumentación y su desconocimiento del asunto. Por el contrario, es perceptible que la intervención de que se trata se llevó a cabo dentro de las reglas establecidas por el Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que el órgano de imputación se expresó de viva voz, dando con precisión la información existente a su disposición, y con la mirada sostenida hacia el monitor que permitía su enlace vía remota con la diligencia. No se soslaya que, ocasionalmente, el expositor acudió a sus constancias, para proporcionar con precisión las circunstancias de los hechos o los datos de prueba recabados, pero esto se trata de un comportamiento normal, que no trasciende a la vulneración del principio de adecuada defensa, en tanto que, como ya se dijo párrafos atrás, el propio ordenamiento procesal de la materia permite, que las partes apoyen sus exposiciones con documentos, siempre que no lo lean completo, o que cuenten para hacerlo con autorización del juez que preside la diligencia. Ahora, el artículo 19 de la Constitución Federal establece: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial, podrá exceder del plazo de setenta y dos horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo, y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.)" De igual forma, el numeral 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contiene: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito." Dichos numerales contienen los requisitos que debe reunir el auto de vinculación a proceso, a saber: a) Que se emita por autoridad jurisdiccional (de forma). b) Que se señale el hecho delictuoso imputado, lugar, tiempo y modo de comisión (de forma). c) Que obren datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes, que establezcan que se ha cometido el hecho delictivo (de fondo). d) La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión (de fondo). Además, ha sido criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para dictar un auto de vinculación a proceso, en principio es necesario establecer la existencia del hecho que la ley señala como delito, posteriormente, que se encuadre la conducta a la norma penal; con independencia de la metodología que adopte la autoridad judicial para demostrar esos elementos. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 35/2017, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En el caso, el primero de los requisitos de forma enunciados se acredita, al advertirse de autos que la resolución combatida proviene de autoridad judicial legalmente competente, como es el Juez de Control y Enjuiciamiento, del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Lázaro Cárdenas, de conformidad con los artículos 37 fracción III, y 47 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. La segunda y tercera de las exigencias enunciadas se acreditan, al advertirse de las constancias remitidas que, el juez responsable resolvió que se encontraba acreditado el hecho con apariencia del delito de secuestro agravado, establecido en el artículo 9, fracción l, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b), c) y d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestros, así conforme a los ordinales 8, 9 y 13, fracción III, del Código Penal Federal, en agravio de Andrea Lizeth Ruiz Medrano, determinación en la que también se advierte la descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. En cuanto a los requisitos de fondo enunciados, para acreditar el hecho fáctico, la responsable tomó en consideración los antecedentes de investigación que refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso, que valoró el juez de la causa, todos y cada uno de los medios de prueba, a saber: - Denuncia del señor Álvaro Caballero Alemán (esposo); - Entrevista de Francisco Ruiz Rodríguez (papá); - Entrevista de Ma. Mina Medrano Soto (mamá); - Informe de investigación; - Informe de investigación; - Entrevista de Carlos Ruiz Rodríguez; - Análisis de video de fecha 11 de febrero de 2022; - Informe de Investigación; - Entrevista de Francisco Ruiz Rodríguez; - Entrevista de la víctima Andrea Lizeth Ruiz Medrano; - Certificado médico de la víctima; - Cuatro estudios psicológicos realizaos a la víctima, sus padres y esposo; - Dictamen en materia de criminalística de campo, sobre inspección al lugar de la detención y al lugar del pago; - Fijación fotográfica de objetos, siendo arma de fuego, cartuchos útiles, billetes, dos teléfonos celulares, así como dos identificaciones; - Inspección al lugar de privación de la libertad de la víctima; - Entrevista a Francisco Ruiz Rodríguez, donde entrega las llamadas que recibió; - Dictamen en química; - Dictamen en materia de balística, comparativa; - Obtención de datos conservados por el juez de distrito; - Dictamen de análisis de información; - Ratificación de información telefónica; - Entrevista de Francisco Ruiz Rodríguez; - Informe pericial de análisis de memoria, donde están los audios de las llamadas; - Dictamen de identificación de IMEI; - Acta de reconocimiento de persona donde intervino la víctima; - Dictamen de reconocimiento de persona - Reconocimiento de persona donde intervino Francisco Ruiz García; - Reconocimiento de persona donde intervino Álvaro Caballero Alemán; - Reconocimiento por persona donde intervino la víctima del diverso investigado Abisaid; - Reconocimiento de persona donde intervino Francisco Ruiz García, por Abisaid; - Reconocimiento de persona donde intervino Álvaro Caballero Alemán, por Abisaid; - Dictamen pericial, sobre fijación fotográfica y descripción; - Dictamen pericial respecto de una identificación del vehículo; - Dictamen de comparativa de la serie de los billetes. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. La responsable, concluyó que con tales datos de pruebas se acredita que los hechos son constitutivos del delito de secuestro agravado, establecido en el artículo 9, fracción l, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b), c) y d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestros, así conforme a los ordinales 8, 9 y 13, fracción III, del Código Penal Federal, en agravio de Andrea Lizeth Ruiz Medrano. Ahora, en el acto reclamado, se precisó, en función de las pruebas recabadas, la forma comisiva del delito; y las circunstancias de modo, tiempo y lugar materia de imputación a los quejosos. Así es, pues de la resolución combatida se advierte que la responsable tuvo por acreditado lo siguiente: "Que el día 09 de febrero de 2022 siendo aproximadamente las 02:15 horas, ustedes llegaron al domicilio donde habita la víctima de nombre Andrea Lizeth Ruiz Medrano, junto con su esposo Álvaro Caballero Alemán, esto en la calle privada de playa azul número 6, en la colonia Brisas del Pacífico en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en ese momento llegó el señor Álvaro a bordo de su vehículo Mazda C5 modelo 2018, de color negro con placas de Michoacán, como su portón es eléctrico el señor Álvaro activo ese botón y metió su vehículo a la cochera, es ese momento que aprovecharon usted Abisaid Andrade Marín y Alcibiades Andrade Benítez, quienes obligaron al señor Álvaro a bajar de su vehículo le preguntaron en donde estaba su esposa, lo tiraron al piso, lo amarraron de los pies y de las manos e incluso le metieron una servilleta en la boca para que no pudiera gritar, una vez esto, obligaron a la señora Andrea a bajar hasta la cochera, ya en ese lugar le pidieron la llaves de la camioneta al señor Alvaro, y la obligaron a la señora Andrea a subir a su propia camioneta la Mazda de color negro, esto en la parte trasera, ocupando el lugar del conductor en ese momento el señor Alcibiades y a la señora Andrea la obligaron a ocupar el asiento trasero, comenzaron a circular y fue cuando la señora Andrea se percató de que estaba en el asiento un cortador de tortilla y aprovechando que nada más iba el conductor así como ella agarro éste y lo ataco a usted señor Alcibiades, esto ocasionó que se impactara la camioneta Mazda unas calles delante de donde la habían privado de la libertad, al suceder esto se acercó usted señor Abisaid y bajaron a la señora Andrea y la obligaron a subir a un vehículo Chevrolet de color gris en donde la subieron a ella en la parte trasera y usted señor Alcibiades subió junto con ella en la parte trasera, la trasladaron hasta un lugar que fue en la ciudad de Ixtapa-Zihuatanejo, y en el transcurso de este camino usted señor Alcibiades toco las partes íntimas de la señora Andrea, siendo los glúteos y entre sus ropas, incluso dándole toques con una máquina que llevaban. Posterior a su traslado se comenzaron a comunicar iniciando negociación de manera específica con la madre de la víctima al número 7531054312, siendo la primera comunicación a las primeras horas de ese mismo día 09 de febrero, pidiéndole a la señora Mina que es la madre de la víctima que entregara precisamente la cantidad de 5 millones de pesos, siguiente negociación a través de diferentes números siendo el 7551414932, 781127560, 7551247938, 7551426320, 7551157357 y 7555564148, así como el 7555564148, en donde posteriormente ustedes comenzaron a negociar con Francisco Ruiz Rodríguez, padre de la víctima, solicitándole que consiguiera los 5 millones de pesos, a efecto de poder realizar la liberación de la víctima, finalmente el dia 11 de febrero del 2022 pactaron un pago con el señor Francisco consistente en 3 millones de pesos el cual le ordenaron se pagara en la ciudad de Zihuatnejo, Guerrero, trasladándose hasta ese lugar a bordo de su camioneta el señor Francisco, encontrándose con usted ya el dia 12 de febrero de 2022, aproximadamente a las 03:20 horas, en la carretera en la calle del bosque, en la colonia 6 de enero en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, en ese lugar ustedes trasladaron a la víctima a bordo de un vehículo Chevrolet cavalier color azul, en la cajuela del mismo; trasladándola hasta ese lugar, una vez que llegaron bajaron a la víctima de la cajuela, y solicitaron al señor Francisco les entregara los 3 millones de pesos, así como en ese momento le entregaron a su hija liberada, posterior a ello fue en ese lugar que se presentaron ustedes junto con un tercer sujeto del cual se desconoce su identidad, en ese momento incluso ustedes también llevaron armas de fuego con la cual amenazaron al señor Francisco fue la forma en que se obtuvo su pago de rescate, posterior a ello retirándose ustedes momentáneamente ustedes de ese lugar y gracias a la información que fue proporcionada por la víctima y por su padre se realizaron operativos y filtros en la ciudad de Guerrero, por parte de la policía estatal y fueron detenidos en la carretera federal Zihuatanejo-Acapulco, a la altura del calvario en Petatlán, Guerrero, en donde se les encontró $200,000.00 pesos como parte del pago del rescate, así como dos teléfonos y el vehículo en el que fue liberada la víctima." Con ello, la responsable tuvo legalmente justificado el hecho materia de imputación antes mencionado; asimismo, que son hechos de consumación instantánea, respecto al delito imputado y en cuanto a la probable participación de los imputados en el hecho con apariencia de delito, partió del hecho de la forma que privaron de su libertad a la víctima para después pedir una cantidad de dinero para su rescate, por lo que la probable participación fue atribuido en su calidad de autores acorde a lo establecido por el artículo 13, fracción III del Código Penal Federal. Al respecto, la responsable, legalmente, determinó que los datos de prueba, de manera conjunta, para este momento procesal, permiten generar la causa probable de su intervención en la ejecución del delito de secuestro en perjuicio de realizado en perjuicio de la víctima Andrea Lizeth Ruiz Medrano; ello atendido al contexto que rodea al hecho y a la información con la que se cuenta hasta este momento. Para lo cual, tomó en consideración los momentos previos y posteriores a la ejecución al hecho, como la denuncia, entrevistas, informes, dictámenes y reconocimientos, los cuales fueron relevantes para, una vez concatenados, establecer la causa probable de su comisión. Lo anterior, pues de los hechos narrados tuvo por acreditado que el nueve de febrero del presente año, los quejosos fueron detenidos aproximadamente a las tres horas con veinte minutos, por Agentes de la Policía Estatal, sobre la carretera federal Zihuatanejo-Acapulco, a la altura de El Calvario, en Petatlán, Guerrero, al conducir un vehículo Chevrolet Cavalier color azul, donde minutos antes habían bajado a la víctima de la cajuela y al ser detenidos les fue localizado parte del dinero que habían solicitado para su liberación. Con ello, la autoridad responsable estimó que se cumplieron los requisitos establecidos por los artículos 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, pues como lo sostuvo en la resolución reclamada, con los datos de prueba aportadas, se acredita la existencia de un hecho con apariencia de delito de secuestro agravado, establecido en el artículo 9, fracción l, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b), c) y d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestros, así conforme a los ordinales 8, 9 y 13, fracción III, del Código Penal Federal, en agravio de Andrea Lizeth Ruiz Medrano, así como la probable intervención de los quejosos en su comisión. Asimismo, la responsable garantizó a los imputados su derecho a declarar o guardar silencio; y determinó que no advirtió información en audiencia de alguna causa extintiva de la acción penal o excluyente del delito. Es así, ya que, conforme al sistema de justicia penal acusatorio y oral, para dictar auto de vinculación a proceso sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Conforme a ello, es legal que el juez responsable dictara auto de vinculación a proceso, en contra de los quejosos, pues resulta apegada a derecho la ponderación que realizó de los datos de prueba sometidos a su consideración, los cuales, como legalmente lo apreció la responsable, poseen eficacia probatoria en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no se advierte falsedad en sus emitentes, o bien, que tuvieran un ánimo distinto al de simplemente dar a conocer los hechos como sucedieron. Al respecto, cabe señalar que, como así fue considerado en la resolución reclamada, el estándar probatorio para emitir un auto de vinculación a proceso no requiere de un cúmulo probatorio amplio ni de perfeccionar las pruebas; sino únicamente que de tales datos se pueda establecer, en grado de probabilidad, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión, en términos del artículo 19 Constitucional Así, como legalmente lo determinó el juez responsable, los elementos de prueba conducen a establecer que los quejosos Abisaid Andrade Marín y Alcibiades Andrade Benitez, probablemente participaron en la comisión del delito, como autores materiales. En ese sentido, es infundado el concepto de violación consistente en que el auto de vinculación carece de fundamentación y motivación, pues como cuestión previa, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sufrió modificaciones diversas de gran trascendencia, toda vez que marcaron un parteaguas en la administración e impartición de justicia penal en nuestro país, por cambios que van desde la etapa de la investigación de los delitos, hasta la sustitución del sistema inquisitorial por el acusatorio, que se vería reflejado en la oralidad en los juicios penales. Entre los artículos afectados con estas modificaciones, resalta el artículo 19 Constitucional que rige los actos como el que ahora se reclama, conforme al cual es innecesario se cumpla con el rigorismo de acreditación de elementos materiales o externos de la figura típica que son los objetivos, subjetivos y normativos, así como justificar la probable responsabilidad del inculpado, señalando todas las modificativas del delito o sus calificativas que pesaran sobre el inculpado en la comisión de la conducta delictiva. Conforme al sistema de justicia penal de corte acusatorio, sólo se requieren datos que establezcan se cometió un hecho señalado por la ley como delito y que exista la probabilidad que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe resolver el Juez y analizar el Juez de Distrito, esto es, únicamente con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso refiera el Ministerio Público, o bien, con pruebas que se desahoguen en la audiencia aludida, pero, si no es alguno de los supuestos de excepción, evitar formalizar las pruebas o exponer sobre su valoración, razonamientos que carguen de formalidad y valor irrefutable la información recabada en la carpeta de investigación. Así, en cumplimiento a dicha norma constitucional, el Juez debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad (para lo cual debe tener como factor principal, la duda razonable) y concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras la legalidad (esto es, se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario, entre otras. En el caso concreto, relativo al requisito de fondo del cual se duele los quejosos, es decir el que establece el referido numeral 19 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dictar un auto de vinculación a proceso, como el que aquí se combate, consistente en que exista la probabilidad de que el indiciado cometió un hecho que la ley señala como delito, en el caso, secuestro agravado, o participó en su comisión, se acredita, por las razones siguientes. El numeral 316 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. (.) II. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo (.)" Para comprender cabalmente el significado de lo razonable, se debe enfatizar que la capacidad de demostrar es un aspecto de la razonabilidad, pero lo razonable no es la capacidad de demostrar. Es así, pues demostrar es recorrer todos los pasos del procedimiento que reproduce el ser de alguna cosa, pero eso no agota lo razonable; por tanto, no todo en la realidad es mesurable, tangible, cuantificable; sin embargo, no por esto, se puede dudar plenamente de su certeza, sino que, como en el caso, para destruir ese grado de razón, debe atenderse a indicios o pruebas que la contradigan. En el caso, la resolución reclamada se encuentra ajustada a derecho, pues como lo precisó el juez responsable de las pruebas que el fiscal señaló, se advierten datos idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, establecido en el artículo 9, fracción l, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b), c) y d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestros, así conforme a los ordinales 8, 9 y 13, fracción III, del Código Penal Federal, en agravio de Andrea Lizeth Ruiz Medrano. En suma, con todos los datos de prueba que se han mencionado con antelación, son aptos para suponer, razonablemente, la probabilidad de que los quejosos intervinieron de manera conjunta en la ejecución de estos hechos; valoración que, con fundamento en los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estima legal, en virtud de que en términos del segundo de tales preceptos el juez goza de libertad de valoración de la prueba, con la única condición de que justifique adecuadamente el valor otorgado a las mismas, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios, esto es, basándose en la sana crítica y en el análisis objetivo de los medios de convicción, que deriven en una conclusión razonable y no caprichosa. Las reglas de la sana crítica están integradas, por una parte, con los principios fundamentales del intelecto humano, pilares de todo conocimiento racional e instrumento de certeza, en su camino hacia la verdad lógica y ontológica, y por otra parte por las reglas empíricas denominadas máximas de la experiencia. En esa virtud y acorde con el numeral 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la apreciación de los datos por el Juez de Control debe ser apta para concluir que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que los quejosos intervinieron o participaron en su comisión; por tanto, contrariamente a lo afirmado por los quejosos en sus conceptos de violación, la responsable, jurídicamente, tomó en consideración y valoró los datos de prueba reseñados, los cuales se estiman suficientes para formalizar la investigación, esto es, para advertir que se cometió el tipo penal previamente descrito y la probabilidad de que los quejosos participaron en su comisión. En tal virtud, se considera que el juez responsable realizó un análisis relativo a la existencia de los datos que establecieron que se cometió un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que los indiciados lo cometieron o participaron en su comisión, con base en un examen de los datos de prueba aportados en la audiencia respectiva, conforme a un grado de razonabilidad, sin incurrir en exceso alguno en cuanto a la prueba circunstancial, permitiendo considerar que esos datos de prueba son idóneos, pertinentes y en su conjunto útiles para justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución que quedaron advertidas. En consecuencia, no habiendo queja deficiente que suplir sobre los diversos aspectos legalmente resueltos por la autoridad responsable, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Abisaid Andrade Marín y Alcibiades Andrade Benitez, contra los actos que reclamó del juez de Control y Enjuiciamiento, del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Lázaro Cárdenas, Michoacán. SEXTO. Transparencia. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener la presente sentencia, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SÉPTIMO. Requiere acuse de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedó debidamente notificado de esta sentencia. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 65, 73, 75 y 76 relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. La justicia de la Unión NO MAPARA NI PROTEGE a Jairo Echevarría Pineda y Prisciliano Aguilar Pineda, contra las autoridades y por el acto que fue precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el quinto decisorio de la presente determinación. SEGUNDO. Elabórese versión pública en términos del considerando último del presente fallo. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de julio de dos mil veintidós. NOTIFICACIÓN AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. Agréguese el oficio de cuenta, enviado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo; en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias de emplazamiento de los Agentes del Ministerio Público que tienen intervención en la causa penal de origen, en su carácter de terceros interesados, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo; por tanto, ténganse por emplazados a juicio a dichos Agentes en dicho carácter. MEDIO DE CONTACTO. De igual manera, se toma nota de los correos electrónicos y números telefónicos proporcionados por los citados Agentes, como medios de contacto, para los efectos legales a que haya lugar. SIN MAYOR ACUERDO. Por otra parte, glósense sin mayor acuerdo el oficio enviado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo; por medio del cual devuelve el despacho 337/2022 (comunicación 732/2022); lo anterior, toda vez que en proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido acordándose lo conducente. Notifíquese.
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